Twitter: @javiermayorca
El gobierno
municipal de Chacao presentó recientemente los resultados de una encuesta de
victimización contratada a la consultora Delphos. El sondeo efectuado en
hogares de los cinco municipios de la capital venezolana refleja la profunda inseguridad con la que deben
lidiar sus habitantes. Un primer dato relevante es que el 48% de los
hogares encuestados tiene por lo menos a una persona victimizada. Esto equivale
a 44% más que la cifra arrojada por un sondeo similar llevado a cabo en 2007.
El trabajo
pone de manifiesto otra realidad: que los caraqueños, y quizá en buena medida
todos los venezolanos, hemos aprendido a convivir con la criminalidad. Las
llamadas “conductas evitativas” inciden primordialmente en la escogencia de los
lugares en los que el habitante de esta urbe pasará su tiempo de ocio o
recreación. Pero también está influyendo en la escogencia de los lugares y
horarios de trabajo.
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Nuevo ministro, viejas tácticas |
Desde
luego, en un esquema como éste es muy sencillo que la gente pierda la noción
sobre quién o quiénes son los responsables de que Caracas esté en la lista de
las tres urbes más violentas de Latinoamérica (sólo superada por Ciudad Juárez
y San Pedro Sula), y que Venezuela sea la quinta nación con mayor tasa de
homicidios del mundo.
Del discurso
de “la seguridad es problema de todos” al otro según el cual no es problema de
nadie hay un pequeño paso. La gente, confundida, no entiende que en un Estado
cada vez más centralizado como el venezolano el auge delictivo es cada vez más
la consecuencia de las decisiones u omisiones del poder central. El ciudadano
promedio por ejemplo no comprende a
cabalidad que la ausencia de uniformados en Araguita tiene que ver directamente
con la reducción de presupuesto para las gobernaciones, decidida por Miraflores.
Cualquier intento por señalar la verdad es descalificado desde el Ejecutivo y
señalado como parte de una campaña antipatriota.
Mientras
tanto, Venezuela se consume en la violencia criminal. Uno de los datos más
relevantes del sondeo es que se detectó un uso creciente de las armas de fuego
en delitos violentos. En promedio aparecen en el 68% de los casos (33% más que
en 2007), y para los homicidios son usadas en 92% de los casos (dato de la Comisión Desarme).
Esto indica que más allá de la propaganda oficialista las iniciativas para
sacar de circulación pistolas, revólveres, escopetas y hasta los rifles de aire
en manos del malandraje han fracasado.
El relevo
de Tareck El Aissami y su grupo de criminòlogos del MRI no implicará un giro en
el concepto que orienta al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. En fin
de cuentas, todo este disparate recibió un aval tácito de la mayor parte de la
población durante las últimas elecciones presidenciales.
Breves
*El
comisario Adolfo Romero Gómez cuenta las horas para salir de la prisión del
estado de Georgia, donde se encuentra recluido desde 1994. En una llamada
telefónica, pidió que el actual ministro de Relaciones Interiores, general de
brigada Néstor Reverol, se acuerde de los viejos tiempos en los que ambos
hacían operativos como agentes del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.
Romero fue figura central de un escàndalo que involucró al finado general de
brigada Ramón Guillén Dávila. Ahora, saldrá del encierro y ofrece al gobierno
venezolano toda la información que posee sobre la supuesta implicación de la DEA y la CIA en el tráfico de drogas.
“Yo soy capaz de cualquier cosa por salir de aquí”, advirtió.
*El caso de
los llamados “narcopesistas” venezolanos presos en Argentina apunta a una
organización internacional bien aceitada, que opera en Venezuela desde hace por
lo menos siete años. Son los mismos traficantes que enviaron a un grupo cargado
de cocaína con la excusa de asistir a una fiesta gay en Milán, y cuyos miembros
fueron apresados durante una escala en el aeropuerto de Roissy, Francia. Los
mismos que ese mismo año (2006) fueron responsabilizados por la detención de
los miembros de una orquesta sinfónica que llevaban la misma droga a España.
Hay viejas conexiones policiales que nos remiten al llamado grupo de Los
Magnates, enquistado en CICPC desde la época en que Marcos Chávez fue director
de esa institución.
*La
conmemoración del golpe fallido del 27 de
noviembre de 1992 puso en evidencia una crisis de operatividad en la Fuerza Aérea. Un jet K-8 que no
tenía más de tres años de vida útil se estrelló al dar un “toque” a otra nave
similar durante las maniobras del desfile, en la base aérea Libertador de
Maracay. La tripulación se eyectó a baja altura, ocasionando lesiones a sus
tres integrantes. Luego, un helicóptero Cougar, recientemente repotenciado en
Francia, llegó a hacer el rescate y se fue a pique cuando las cuerdas de una
silla de eyección se enredaron en el rotor de cola. Este, sin duda, ha sido el
desfile más caro de la historia castrense venezolana. Al día siguiente, un
Sukhoi 30 tuvo que regresar de emergencia a Barcelona cuando uno de los trenes
de aterrizaje no se retrajo. Hasta el momento, van 16 militares muertos este
año en accidentes aéreos.
*La
ausencia de gobernabilidad debido a la afección presidencial comienza a verse
en detalles como que aún no ha sido designado el nuevo director de la Policía Nacional.
Como se recordará el comisionado Luis Fernández fue promovido desde ese cargo a de Viceministro del Sistema Integrado de Policía. Pero la vacante dejada por él no ha sido llenada,
simplemente porque un cargo de esa importancia debe ser decidido por el
Presidente, hoy día en tratamiento en Cuba. La Policía Nacional es el tercer
cuerpo armado del país, sólo superado por el Ejército y la Guardia Nacional.
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