La violencia normalizada

Twitter: @javiermayorca

El gobierno municipal de Chacao presentó recientemente los resultados de una encuesta de victimización contratada a la consultora Delphos. El sondeo efectuado en hogares de los cinco municipios de la capital venezolana refleja la profunda inseguridad con la que deben lidiar sus habitantes. Un primer dato relevante es que el 48% de los hogares encuestados tiene por lo menos a una persona victimizada. Esto equivale a 44% más que la cifra arrojada por un sondeo similar llevado a cabo en 2007.

El trabajo pone de manifiesto otra realidad: que los caraqueños, y quizá en buena medida todos los venezolanos, hemos aprendido a convivir con la criminalidad. Las llamadas “conductas evitativas” inciden primordialmente en la escogencia de los lugares en los que el habitante de esta urbe pasará su tiempo de ocio o recreación. Pero también está influyendo en la escogencia de los lugares y horarios de trabajo.

Nuevo ministro, viejas tácticas

Desde luego, en un esquema como éste es muy sencillo que la gente pierda la noción sobre quién o quiénes son los responsables de que Caracas esté en la lista de las tres urbes más violentas de Latinoamérica (sólo superada por Ciudad Juárez y San Pedro Sula), y que Venezuela sea la quinta nación con mayor tasa de homicidios del mundo.

Del discurso de “la seguridad es problema de todos” al otro según el cual no es problema de nadie hay un pequeño paso. La gente, confundida, no entiende que en un Estado cada vez más centralizado como el venezolano el auge delictivo es cada vez más la consecuencia de las decisiones u omisiones del poder central. El ciudadano promedio por ejemplo  no comprende a cabalidad que la ausencia de uniformados en Araguita tiene que ver directamente con la reducción de presupuesto para las gobernaciones, decidida por Miraflores. Cualquier intento por señalar la verdad es descalificado desde el Ejecutivo y señalado como parte de una campaña antipatriota.

Mientras tanto, Venezuela se consume en la violencia criminal. Uno de los datos más relevantes del sondeo es que se detectó un uso creciente de las armas de fuego en delitos violentos. En promedio aparecen en el 68% de los casos (33% más que en 2007), y para los homicidios son usadas en 92% de los casos (dato de la Comisión Desarme). Esto indica que más allá de la propaganda oficialista las iniciativas para sacar de circulación pistolas, revólveres, escopetas y hasta los rifles de aire en manos del malandraje han fracasado.

El relevo de Tareck El Aissami y su grupo de criminòlogos del MRI no implicará un giro en el concepto que orienta al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. En fin de cuentas, todo este disparate recibió un aval tácito de la mayor parte de la población durante las últimas elecciones presidenciales.

Breves

*El comisario Adolfo Romero Gómez cuenta las horas para salir de la prisión del estado de Georgia, donde se encuentra recluido desde 1994. En una llamada telefónica, pidió que el actual ministro de Relaciones Interiores, general de brigada Néstor Reverol, se acuerde de los viejos tiempos en los que ambos hacían operativos como agentes del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional. Romero fue figura central de un escàndalo que involucró al finado general de brigada Ramón Guillén Dávila. Ahora, saldrá del encierro y ofrece al gobierno venezolano toda la información que posee sobre la supuesta implicación de la DEA y la CIA en el tráfico de drogas. “Yo soy capaz de cualquier cosa por salir de aquí”, advirtió.

*El caso de los llamados “narcopesistas” venezolanos presos en Argentina apunta a una organización internacional bien aceitada, que opera en Venezuela desde hace por lo menos siete años. Son los mismos traficantes que enviaron a un grupo cargado de cocaína con la excusa de asistir a una fiesta gay en Milán, y cuyos miembros fueron apresados durante una escala en el aeropuerto de Roissy, Francia. Los mismos que ese mismo año (2006) fueron responsabilizados por la detención de los miembros de una orquesta sinfónica que llevaban la misma droga a España. Hay viejas conexiones policiales que nos remiten al llamado grupo de Los Magnates, enquistado en CICPC desde la época en que Marcos Chávez fue director de esa institución.

*La conmemoración del golpe fallido del 27 de  noviembre de 1992 puso en evidencia una crisis de operatividad en la Fuerza Aérea. Un jet K-8 que no tenía más de tres años de vida útil se estrelló al dar un “toque” a otra nave similar durante las maniobras del desfile, en la base aérea Libertador de Maracay. La tripulación se eyectó a baja altura, ocasionando lesiones a sus tres integrantes. Luego, un helicóptero Cougar, recientemente repotenciado en Francia, llegó a hacer el rescate y se fue a pique cuando las cuerdas de una silla de eyección se enredaron en el rotor de cola. Este, sin duda, ha sido el desfile más caro de la historia castrense venezolana. Al día siguiente, un Sukhoi 30 tuvo que regresar de emergencia a Barcelona cuando uno de los trenes de aterrizaje no se retrajo. Hasta el momento, van 16 militares muertos este año en accidentes aéreos.

*La ausencia de gobernabilidad debido a la afección presidencial comienza a verse en detalles como que aún no ha sido designado el nuevo director de la Policía Nacional. Como se recordará el comisionado Luis Fernández fue promovido desde ese cargo a de Viceministro del Sistema Integrado de Policía. Pero la vacante dejada por él no ha sido llenada, simplemente porque un cargo de esa importancia debe ser decidido por el Presidente, hoy día en tratamiento en Cuba. La Policía Nacional es el tercer cuerpo armado del país, sólo superado por el Ejército y la Guardia Nacional.