Twitter @javiermayorca
El sábado 15 de junio, el presidente en ejercicio
Nicolás Maduro puso el ejecútese a la
Ley para el Desarme, el Control de Armas y Municiones. Con
esto viene a reemplazar una norma vigente desde 2002, cuya aplicación en el
país fue escasa o nula. Prueba evidente de ello son los crecientes índices de
homicidios con armas de fuego en el país. Para 2012, 92% de los crímenes
reportados en Venezuela fue cometido con una pistola, un revólver, una escopeta o un fusil.
Nada hace pensar que la nueva ley modificará esta
realidad de manera sustantiva. Como tampoco han servido las leyes especiales
contra el secuestro, el robo y hurto de vehículos, la violencia contra la
mujer, etc. "El problema de las muertes con armas de fuego no es de leyes
sino de actitud", me comentó el criminólogo de la Universidad de Los
Andes Freddy Chacón, quien realiza un estudio comparativo para explicar por qué
países con mayor proporción de armas en el mundo, como Estados Unidos o Israel,
tienen apenas una pequeña fracción de los homicidios que hay en Venezuela.
Esto debe decirse claramente: el problema de la
violencia no es mundial. Ni siquiera latinoamericano, aunque se debe reconocer
que en esta parte del mundo hay naciones que figuran en el ránking de las más
peligrosas como Honduras, Jamaica, El Salvador y desgraciadamente Venezuela. Pero
en países del Cono Sur, donde por cierto hay sólidas industrias armamentistas,
la tasa de homicidios es relativamente baja y tolerable. Perú tampoco figura en
el mapa mundial de la violencia. En fin, aunque la preocupación por el tema es
creciente, las estadísticas crudas y puras reflejan otra realidad.
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Colectivos desnudan discurso oficial |
En Venezuela, además, hay una gran disparidad
entre el discurso y las acciones. El Gobierno por una parte pide el desarme y
por la otra se hace de la vista gorda ante los denominados
"colectivos" que se apoderaron de importantes zonas de Caracas y del
interior del país, imponiendo su ley. En una visita realizada la semana pasasa
se pudo constatar que el 23 de Enero es un lugar sin policías. "Aquí no
viene Polinacional, y la GN
sólo cuando la llamamos", indicó un exjefe civil de la parroquia, que
pidió la reserva de su nombre.
Esto ocurre en la antesala del Palacio de
Miraflores. Desde el sector más oriental del 23 de Enero se puede lanzar una
piedra y cae en el patio de la sede del Poder Ejecutivo. No obstante, nada se
hace por recuperar el imperio de la ley. Esta realidad choca con el discurso
oficialista, lo descalifica y le quita todo contenido y credibilidad. El
desarme, entonces, queda como consigna a aplicarse sólo a una parte de la
población. Las normas, nuevamente, tendrán una ejecución diferenciada. Estamos
ante una nueva constatación del principio de "selectividad
represiva". 14 años ya es mucho tiempo como para no aprender.
Si estuviésemos ante un proceso real de rescate
de la institucionalidad y la paz, podría pensarse que la amnistía para la
entrega de armas de fuego es una oportunidad para disminuir la violencia
imperante en el país. Pero en este marco sólo representa una oportunidad más
para que el hamponato corone su impunidad: el arma entregada será destruida sin
reseña ni experticias. Es el paraíso de los homicidas. El crimen perfecto.
Breves
*La Coordinadora Simón Bolívar divulgó una carta
enviada por el llamado "cantante de las FARC" Guillermo Torres,alias
Julián Conrado, al presidente Nicolás Maduro para solicitarle que lo ponga en
libertad y le conceda asilo político. Torres está detenido desde 2011, debido a
una solicitud cursada por Colombia a través de Interpol. Tanto la fiscal Luisa
Ortega como miembros del Consejo de Estado se han pronunciado en contra de la deportación
o extradición del guerrillero, quien le sugirió a Maduro enviarlo a Argentina,
Uruguay, Nicaragua o Cuba, si es que el asilo se considera inconveniente por
"razones diplomáticas". Venezuela participa en las conversaciones de
paz entre la guerrilla más antigua de Latinoamérica y el gobierno de Santos en La Habana. Lo hace a
petición de las FARC.
*Luego de la liberación en el Cabo de la Vela de dos turistas
españoles fuentes policiales advierten sobre la existencia de una banda
binacional conformada por miembros de etnia wayúu, que aprovecha las divisiones
fronterizas para secuestrar tanto en Colombia como en Venezuela, y enviar a las
víctimas al otro lado de la línea limítrofe, e igualmente escapar de la
persecución de las autoridades. Esto hace que se prolonguen los lapsos de
cautiverio.
*El 18 de junio, la División contra la Delincuencia Organizada
de la policía judicial inició una averiguación por supuesta estafa atribuida a
la empresa Vialidad y Construcciones Viaconsca, luego de recibir la correspondiente
denuncia de la firma brasileña Lena Engenharia e Construccoes CA, representada
por Antar Zatar Muna. El señalamiento indica que la compañía venezolana se
habría apropiado de 6,22 millones de bolívares bajo "engaños,artificios y
artimañas". Estos fondos pertenecen a la Gran Misión Vivienda Venezuela .
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