Twitter @javiermayorca
Esta semana se cumplió un mes desde que la Fiscalía y el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional comenzaron las averiguaciones sobre el traslado de 1382 kilos de cocaína en un jet de Air France que aterrizó en el aeropuerto de París el 11 de septiembre. Con las limitaciones de información impuestas por la “reserva de actas” decretada en un tribunal de Vargas (especie de vuelta a la vieja figura del sumario) podemos hacer un balance de lo que ha ocurrido hasta ahora.
Esta semana se cumplió un mes desde que la Fiscalía y el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional comenzaron las averiguaciones sobre el traslado de 1382 kilos de cocaína en un jet de Air France que aterrizó en el aeropuerto de París el 11 de septiembre. Con las limitaciones de información impuestas por la “reserva de actas” decretada en un tribunal de Vargas (especie de vuelta a la vieja figura del sumario) podemos hacer un balance de lo que ha ocurrido hasta ahora.
-El
decomiso fue producto de una operación encubierta. En ella
participaron policías de Francia, Italia,
Inglaterra y Holanda. Esta pesquisa permitió la detención en Europa de cinco personas ligadas al crimen
organizado calabrés, además del decomiso de toda la droga. Venezuela hizo
una rogatoria a Francia para conocer la información levantada en ese
expediente. Esto representa una situación muy delicada desde el punto
de vista diplomático. Si Francia envía los documentos solicitados, confirmará que hizo una pesquisa policial en Venezuela
sin contar con autorización previa del Ministerio Público y de los juzgados del país, tal y como mandan las leyes. Si no atienden
a la solicitud, quedará desvirtuada toda la retórica sobre cooperación internacional contra el tráfico de drogas. Creo que escogerán la segunda opción, entre otras razones porque
con seguridad se posee data sobre los verdaderos gestores de la ruta de la
droga por el país. Es decir, militares y politicos
en el poder. “Por donde pasa la droga, hay
corrupción”, me dijo alguna vez un policía ya fallecido. Una verdad como un templo.
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Franceses callaron hasta el 21-9 |
-El
Gobierno y los demás poderes subsidiarios
quedaron aturdidos. La policía francesa sospechaba que
esto sucedería. Por eso retardó diez días la divulgación de la noticia sobre el decomiso. Luego,
comenzó en Venezuela una operación sicológica para diluir el efecto de
este escándalo. La Fiscalía, nuevamente aplicando el principio de
selectividad represiva, ha detenido a veintiocho personas, ocho de ellas
efectivos de la GN, una gerente de la línea aérea, así como trabajadores y miembros de Seguridad del
aeropuerto. Cualquiera se sorprendería por esta cifra. Pero en
realidad cuando se va a la individualización de responsabilidades nos
damos cuenta de que poco se ha avanzado sobre el enganche politico y militar
que debían tener los brokers de la
droga para pasarla desde Colombia hasta el principal terminal aéreo del país, meterla en 31 maletas y
llevarlas a las bodegas del jet.
-Esta
operación sicológica ha avanzado en otros ámbitos. Nos enteramos de que la FAN comenzó a aplicar con fuerza las disposiciones de la
Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo. El jefe del Comando
Estratégico Operacional, mayor
general Vladimir Padrino, divulgó por twitter la foto de una
de las dos aeronaves que supuestamente fueron "inmovilizadas", por
estar incursas en actividades consideradas sospechosas. Posteriormente, se
filtró a Ultimas Noticias la
información de que no habían sido dos sino seis las avionetas
intervenidas por los militares este año. Estos hechos han sido
convenientemente puestos sobre el tapete para mitigar el enorme desprestigio
internacional ocasionado por el caso de las "narcomaletas", y las
fundadas sospechas sobre la participación de elementos militares de
alta graduación en esta audaz operación de tráfico de drogas. Ahora bien,
la necesidad de mostrar "mano dura" contra el delito organizado puede
generar situaciones peligrosas. La evidencia fotográfica mostrada hasta ahora
indica que las aeronaves fueron atacadas en tierra y quemadas. No derribadas.
Esto no quiere decir que no puedan hacerlo en un futuro. Y entonces uno se
pregunta: ¿es que el transporte de
drogas en el país, o algún vuelo ilícito para cometer otro delito
amerita la pena capital? ¿Qué justifica el uso de aviones
de guerra contra naves civiles? ¿Qué probabilidades tiene un
piloto civil de sobrevivir al ataque de un caza, léase un F 16 o un Sukhoi?
-Simultáneamente, se inició un trabajo de “contención de daños”. En él participa el propio presidente
Maduro, en gira frenética por unidades de los cuatro componentes militares. Su
primera escala fue la Guardia Nacional, donde dijo ante el alto mando de la
institución apenas una semana después de iniciadas las pesquisas sobre este caso
que ya estaban presos “todos los implicados”. Desde luego, si las diligencias de
investigación son hechas por el Comando
Antidrogas de la GN las cosas llegarán hasta donde quieran los superiores
en la cadena de mando. No habrá sorpresas.
-Empiezan
las cabezas de turco. En este mes se ha filtrado maliciosamente la información sobre un supuesto “financista”de la compleja operación que permitió el traslado de las maletas con cocaina hasta
París. Sería un tal Harry Romero, mecánico de Vargas residenciado en una urbanización de clase media-baja, Las Tunitas. O sea, según la version oficiosa, este
señor habría aportado la plata para la corrupción de funcionarios en un alijo valorado entre
250 y 270 millones de euros en las calles europeas. No sabemos realmente si
Romero tuvo alguna participación en este caso, más allá de haberle dado 2,3 millones
de bolívares a la esposa de un
fiscal aeronáutico. Dinero que dicho sea
de paso pudo provenir de otro hecho, legal o ilegal. En fin de cuentas, eso se
sabrá cuando lo capturen. Romero
supo del frenesí por detener a cuanto
ciudadano fuese interrogado en este caso como testigo, y huyó apenas recibió la citación.
-Falta
mucho para conocer la verdad en este caso. El interés deliberado de los poderes
nacionales por tapar lo ocurrido no hace más que alimentar la sospecha
de que algo muy grande se oculta en este expediente. Algo que probablemente nos
remita a redes constituidas con mucha anterioridad al hallazgo de este alijo en
el aeropuerto de París. No creo que las cosas se
conozcan “naturalmente”. Será necesario un esfuerzo
persistente para determinar con certeza qué sucedió. Los datos más importantes están al otro lado del Atlántico.
Breves
*Desde
agosto han sido reportados en Caracas por lo menos 16 ataques a piedras,
botellas, palos o puños contra agentes de la Policía Nacional, CICPC o Tránsito Terrestre. No cuenta en
esta lista el asedio al que fue sometida la sede principal de Polinacional en
junio. Algo de esto se ha visto también en Guárico, Zulia y Sucre contra unidades de la
Guardia Nacional, Polinacional y CICPC. Queda en evidencia una pérdida acelerada de capacidad por parte del
Estado para ejercer un control formal a través de las instituciones
designadas para ello. A veces pareciera que desde el propio poder se conspira
para que esto ocurra, con fines inconfesables. Uno no sabe hacia dónde van a derivar estas situaciones.
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Amenaza distribuida en El Marqués |
*Esta pérdida de control se evidencia además en dos hechos concretos, reportados en
Caracas durante el mes de octubre. Por una parte, miembros de colectivos armados
realizaron una operación combinada con efectivos de
la Guardia del Pueblo para disolver una reunión pública en la redoma Los Mangos
de Lídice. La situación fue descrita como humillante por algunos de
los afectados. Por la otra, en vista del auge de criminalidad que se vive en El
Marqués comenzó a divulgarse en esa urbanización un panfleto que amenaza con iniciar una “temporada de caza” contra hampones. Con él hemos ilustrado esta columna. Es
aparentemente el anuncio sobre la formación de lo que en Colombia se
conoció como “brigada de limpieza”. Algo muy peligroso para la
preservación de la institucionalidad.
También puede ser un blof. Los
hechos en el futuro inmediato lo confirmarán.
*Los
grupos Antiextorsión y Secuestro de la Guardia
Nacional en todo el país enviaron a Caracas los
respectivos diagnósticos sobre los principales
delitos en las regiones donde operan, así como la capacidad para
investigarlos y atacarlos. Algunos informes señalan claramente la presencia
de grupos irregulares colombianos en el país, como por ejemplo en Táchira y Mérida. Todos los documentos preocupan pues a pesar
de la asignación de importantes contingentes
para cada región, los uniformados carecen de
medios para trabajar más allá de sus fusiles de
reglamento. En su mayoría no disponen de tecnología para hacer análisis de telefonía ni intercepciones telefónicas. Los GAES de regiones como Lara y
Portuguesa han solicitado la adquisición de equipos para inhibir
comunicaciones por celular, y así mitigar la alta incidencia
de extorsiones telefónicas desde las prisiones.
Veremos si les hacen caso.