@javiermayorca
¿Por qué un comerciante venezolano paga “prote”?¿Qué le hace destinar
parte de sus ganancias a la corrupción de un oficial de policía o de algún
militar, generalmente de la Guardia Nacional, para que la delincuencia –tradicional
o policial- no lo estorbe?¿Por qué pagaría a un colectivo o grupo armado, de
esos que pululan en la avenida Sucre de Catia o en Candelaria?
Estas eran las preguntas que me hacía mientras trataba de corroborar un
dato extraoficial que llegó a la mesa de redacción de El Nacional dos semanas
antes de las elecciones de alcaldes y concejales del pasado 8 de diciembre. El
confidente indicó a uno de los jefes que los dueños de algunos comercios en
Candelaria supuestamente pagaban ciertas sumas a los policías y miembros de la
Guardia del Pueblo para evitar que los saquearan, en el fragor de la “guerra
económica” planteada por el presidente Nicolás Maduro.
La información en principio no era descabellada, mucho menos en esta
Venezuela donde todo parece posible. Mi primera apreciación, antes de hacer
cualquier trabajo de campo, fue que tal escenario se plantearía con más
facilidad en aquellas partes de Caracas donde ya están constituidas redes de
extorsión policial. Verbigracia, Catia. Allí hay una tradición de pago a los
agentes, desde los tiempos de la Policía Metropolitana. Esta práctica fue la
que por desgracia sentó las bases para el secuestro de los jóvenes Faddoul y de
Miguel Rivas, el hombre que conducía el carro en el que ellos se transportaban,
hace ya ocho años.
No obstante, en el diario insistieron que se debía chequear otras zonas
de Caracas donde la extorsión fuese novedosa. La misión se concretó a un
recorrido por los comercios de Candelaria y Chacao.
Que el dueño de una tienda confiese que le paga a un policía para que le
de una protección extra resulta harto difícil. Mucho más en estas
circunstancias de sospecha generalizada en la que vivimos los venezolanos.
Pocos creen en la buena fe del trabajo periodístico.
Luego de una mañana, la búsqueda resultó estéril.
En medio de la caminata y las conversaciones en voz baja, no se obtuvo
ninguna revelación que apuntara hacia la “prote”. Por el contrario, lo que los
comerciantes confesaron fue una gran demanda insatisfecha de servicio de
seguridad. Para ellos, la perspectiva de un asalto se previene básicamente con
limitaciones en el horario de trabajo. Es decir, abriendo más tarde y cerrando
más temprano.
Vino entonces un paréntesis de diez días. Hasta que en vísperas de las
elecciones ocurrió un hecho poco común: los carniceros de dos avenidas de
Candelaria cerraron sus puertas en forma simultánea. La decisión no fue
producto de una planificación sino de la desesperación y del miedo, ante la
posibilidad de que un colectivo armado, presumiblemente los Tupamaros, tomaran
sus instalaciones para obligarlos a vender la mercancía a los precios que
consideraban justos.
El recorrido por estos lugares, con la misma técnica de entrevistas más
o menos estructuradas que se aplicó en la oportunidad anterior, esta vez dio
sus frutos. Pero en un sentido extraño, es decir, para constatar que los
comerciantes se negaban a pagar, y por eso los asediaban y cesaron sus
operaciones espontáneamente durante toda una tarde. La suma exigida era siempre
la misma, 15.000 bolívares, 2380 dólares al cambio oficial. Sólo uno de estos
nueve carniceros presumiblemente canceló lo que le pedían. Pero ese no confesó.
Por el contrario, negó incluso el estado de sitio que todos los demás
relataron.
Un episodio parecido a este ocurrió hace cuatro años en Catia, donde los
empresarios de origen asiático cerraron sus tiendas para protestar contra la
extorsión de la que eran víctimas por los agentes de la Policía del Municipio
Libertador (http://www.eluniversal.com/2009/09/20/sucgc_art_contra-policaracas-p_1578402).
Todo esto diera la impresión
de que los empresarios en Caracas nunca pagan “prote”. Pero eso no es así. De
hecho, existe toda una cultura al respecto, especialmente entre panaderos y
dueños de pequeños abastos. Cuando Ud vea la moto de un policía parada frente a
uno de estos comercios, lo más probable es que el dueño del local paga al
agente. Especialmente si el vehículo es estacionado en las horas de cierre de
caja.
De eso hay constataciones
empíricas, desgraciadamente asociadas a hechos violentos. La última fue el
propio día de las elecciones de alcaldes y concejales, cuando se originó un
tiroteo entre cuatro asaltantes y un oficial de Policaracas, que para ese
momento se encontraba de permiso, frente a un supermercado de la avenida
Victoria. Durante las indagaciones, se determinó que el oficial de marras
actuaba como cuidador del local en sus tiempos libres. El hombre murió al
recibir un disparo en la cabeza. También dos de los antisociales.
Los propios policías
denominan parceros a los colegas que
tratan de redondear su salario con estos trabajos. En la extinta Metropolitana
hubo varios episodios de agentes, uniformados o no, caídos en esta faena. Entre
los últimos casos está el de un sargento ultimado al enfrentar a asaltantes de
una panadería en La California Norte, en julio de 2012.
Entonces queda la pregunta: ¿por qué los comerciantes pagan a estos
funcionarios?
Mark Cohen, en su libro The Costs of Crime and Justice (2005)
refiere que una de las formas de medir el costo general por la inseguridad, e
incluso los costos ante ciertos tipos específicos de delitos, es preguntando en
determinados sectores cuánto están sus integrantes dispuestos a pagar para
superar la situación. La teoría indica que si las sumas son bajas, el riesgo
percibido se acerca a cero, o según la perspectiva del “comprador” el servicio
obtenido como contraprestación no asegura que la situación será superada, y por
lo tanto vale poco.
Por otra parte, la
inseguridad (objetiva y subjetiva) implica ciertos costos. El caso de los
vehículos es emblemático. En Venezuela, para pedir un crédito para automóvil
hay que comprar una póliza y además colocarle por lo menos tres dispositivos de
protección. En otras partes del mundo eso no es así. Al comparar estas
realidades nos damos cuenta de los costos asociados a la inseguridad. El nuevo
dueño del vehículo tiene que incurrir en ellos si realmente desea andar sobre
ruedas. En ese sentido, su margen de elección es escaso. Pero luego, cuando ya
pagó el crédito, generalmente renueva la póliza y escoge lugares protegidos
para estacionarse. Conclusión: uno presume que el riesgo percibido es muy alto.
Y si atendemos a las cifras de robos o hurtos de vehículos tiene toda la razón.
Diariamente cambian de manos por fuerza del hampa más de cien unidades en todo
el país. El promedio en Caracas es de 25 a 30 todos los días.
En el caso de los
comerciantes de lugares caraqueños como Catia y Petare, es decir en los
extremos del oeste y del este de la ciudad, el riesgo percibido también debe
ser muy alto para cancelar una suma a los policías “quince y último”.
Algunos comerciantes de las
mismas zonas y de los mismos ramos, sin embargo, optan por no pagar “prote”.
Tienen, por decirlo así, un nivel de tolerancia más alto hacia la delincuencia
o más bajo hacia los riesgos asociados a la corrupción a los funcionarios. Lo
cierto entonces es que estamos ante una decisión racional por parte del
comerciante, en la que el riesgo percibido opera como una especie de impulsor,
y los niveles de tolerancia como retardadores.
En la Sicilia del siglo XIX,
la Cosa Nostra nació como un servicio de protección. Desde luego, se trataba de
zonas olvidadas por las autoridades. Por lo que los labriegos, especialmente
los sembradores de cítricos, tenían muy poco margen para elegir. La oferta, por
decirlo así, era plegarse al paraguas de la Mano Negra o sufrir las
consecuencias nefastas del accionar de los bandoleros independientes o de la incipiente
mafia. Algo parecido ocurre en la frontera venezolano-colombiana, donde los
hacendados pagan a los grupos guerrilleros en búsqueda de la seguridad que no
les brindan las instituciones del Estado.
Entonces, en Sicilia y la
Venezuela fronteriza (hay otros ejemplos) los factores retardadores tienen poca
fuerza.
En Caracas, bastaría con un
cambio en el servicio policial para mitigar la extorsión. Básicamente,
supliendo el déficit de atención a la ciudadanía, es decir, incrementando la
oferta del servicio. Algo de esto ocurrió en 2010, cuando la Policía Nacional
reemplazó a la Metropolitana en los lugares donde los últimos más
extorsionaban.
Ahora bien, en una ciudad
como Caracas, donde el servicio policial padece un déficit crónico (faltan más
de 20.000 agentes), la suplantación de funcionarios de un cuerpo por los de
otro mitigará la extorsión por poco tiempo. Pero luego las redes delictivas
uniformadas volverán a cimentarse, tal y como ya se está viendo, especialmente
en aquellos lugares donde el servicio es monopolizado por una sola institución.
Breves
*Los resultados de las
elecciones de alcaldes hacen pensar que la división política continuará
incidiendo sobre la coordinación (o ausencia de ella) entre los cuerpos
policiales del Distrito Capital. Esta situación es de tal nivel que el director
de la Policía de Libertador ni el alcalde de ese municipio han asistido jamás a
las sesiones del Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana.
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Lozada: incógnitas |
*La desaparición durante dos
semanas del general de brigada retirado de la GN Ramón Lozada Saavedra es por
lo menos extraña. El oficial fue “abducido” por sujetos armados cuando llegaba
a su residencia en Montalbán, en presencia de un testigo que luego fue dejado
en libertad. El martes 10 de diciembre, reapareció en Mantecal, estado Apure,
es decir a unos 800
kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha negado a
declarar. Este silencio de quien se convirtió en asesor de la Mesa de la Unidad Democrática en temas agroalimentarios también da mucho qué pensar. Se debe destacar que
durante su ausencia nunca llamaron a los familiares para exigir dinero, bienes
o prebendas. Ante este escenario, cualquier investigador se plantearía las
siguientes posibilidades: 1)Lozada estuvo en poder de un grupo armado con tanta
capacidad logística que lo dejó en la frontera, simplemente porque así lo
deseaban sus líderes; 2) Iba a ser secuestrado, pero luego los captores
desistieron; 3) El general fingió su desaparición y se trasladó por sus propios
medios hasta la zona limítrofe, hasta que optó por reaparecer. Hay desde luego
opciones intermedias, como por ejemplo que un grupo se lo llevó y lo puso en
manos de otra organización. El silencio del general no ayuda a esclarecer estos
hechos. Si se presume la buena fe, uno tiende a creer que él iba a ser víctima
de un secuestro o una desaparición forzada. En este último caso, no se entiende
por qué lo dejaron con vida.
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