A Juan Manuel Mayorca (1937-2014)
In memoriam
*El
mayor general Hugo Carvajal Barrios fue seducido para que entrase por voluntad
propia en una jaula de la que difícilmente saldrá. Ahora, el Estado venezolano
se moviliza como un todo para salvarlo
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@javiermayorca
El
miércoles 23 de julio a las 10 pm la policía de Aruba detuvo en el aeropuerto
internacional de Oranjestaad al mayor general del Ejército Hugo Armando
Carvajal Barrios. Sobre él pesa una orden de detención con fines de extradición
emitida por Estados Unidos, como consecuencia de por lo menos seis
investigaciones penales que se ventilan en juzgados de varias regiones de ese
país por delitos tales como conspiración para el tráfico de drogas así como la ejecución
directa de este crimen, legitimación de capitales, obstrucción de la justicia y
asistencia a un grupo incorporado en la lista de las organizaciones terroristas
del Departamento de Estado, como es las FARC. Con este panorama, a Carvajal le
espera prisión perpetua.
Se
trata de un hecho histórico que no se circunscribe meramente al ámbito
policial. En un régimen militar y militarista pocos profesionales de armas
llegaron a concentrar tanto poder como Carvajal. Más allá de los numerosos
cargos que ocupó en el área de inteligencia, fue los ojos y oídos de Hugo
Chávez en la FANB. Nicolás Maduro recogió esa herencia. La mayoría de los
análisis divulgados hasta el momento ha pasado por alto que el actual
presidente lo reincorporó a las filas militares y paradójicamente lo llevó al
viceministerio de lucha contra la delincuencia organizada, luego de pasar por
la dirección de Contrainteligencia Militar, un despacho creado a su medida.
Carvajal
es, entonces, uno de los puntos de fusión entre lo militar, lo político y lo
netamente criminal. El símil hecho por la revista Semana ya en 2008, al
equipararlo con el exjefe de inteligencia peruano durante el régimen de
Fujimori, Vladimiro Montesinos, es casi perfecto. Sólo que alias Pollo nunca
tuvo un Chavín de Huántar. Por el contrario, mucha camaradería con grupos
irregulares que han extorsionado y secuestrado a sus anchas en todo el país.
Quizá ahora se sepa lo que realmente pasó con los banqueros Azpúrua y García
Velutini.
Muchos
a estas alturas todavía se preguntan cómo un hombre aparentemente tan avezado
pudo cometer semejante error de cálculo. Son cosas que se piensan después de
que se le ve detenido y esposado. Antes del 23 de julio, Carvajal estuvo por lo
menos otras dos veces en Aruba, sin problemas. Allá lo cobijaba un empresario
zuliano que ha hecho inversiones en las áreas hoteleras y en casinos. Es el
propietario real del jet siglas N9GY registrado a nombre de una empresa de
papel en Dellaware, Estados Unidos, que trasladó al exjefe de inteligencia
hasta Aruba.
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Difícil misión la del viceministro Ortega |
Para
Carvajal todo parecía marchar sobre ruedas. Lo único que le molestaba era la
tardanza del Reino de los Países Bajos en otorgarle el placet, con el que ya
podría empezar a ejercer funciones como representante diplomático venezolano en
la isla. Siete meses habían pasado, y la oficina consular seguía sin titular. Al
mayor general le hicieron entender, sin embargo, que esta vez sí le darían el
beneplácito. Y cayó en la trampa. No es cierto, por lo tanto, que él haya concertado
su entrega, al mejor estilo de los hermanos Calle Serna, también conocidos como
los Comba. Si Carvajal hubiese querido entregarse no habría tratado de
escudarse en su pasaporte diplomático. Esta es otra historia. Para Estados
Unidos, el Pollo es un trofeo. “La joya de la corona”, según un agente de la
DEA que declaró para la prensa estadounidense. De allí que su ocaso se
aproxime. Más de tres meses de seguimiento y pesquisas evitarán entre otras
cosas los errores de cálculo que cometieron con Walid Makled, y que impidieron
trasladarlo a territorio norteamericano desde Colombia.
En
esta circunstancia el régimen venezolano se ha movilizado como un todo para
impedir la inminente extradición. Hay presiones diplomáticas y económicas sobre
la isla, amenazas y lobby. Todos los poderes como uno solo. El viceministro Calixto
Ortega encabeza los oficios en el propio terreno insular. En Venezuela el Jefe
del Estado anuncia que meterá las manos en el fuego por Carvajal. El presidente
del Parlamento ve una nueva conspiración. El Tribunal Supremo en ponencia de su
presidenta emite un amparo alocado, sin guardar la mínima formalidad de
verificar la plena identificación del beneficiario. Todo en medio de una
profunda angustia. Quieren silencio, no verdad. Mucho menos justicia.
Un
detalle interesante: el primer documento hecho público para sustentar la
solicitud de extradición de Carvajal se refiere a una acusación aprobada por un
Gran Jurado en Miami en mayo de 2013, que lo vincula con el líder de una
importante facción del cartel del Norte del Valle, Wilber Varela, alias Jabón, asesinado en 2008 en un hotel de Mérida. Por lo tanto,
nada tiene que ver con los señalamientos sobre las relaciones entre el exjefe
de la DIM y las FARC. Este tema motivó
la incorporación de Carvajal en la lista Clinton del Departamento del Tesoro,
en 2008. Y seguramente, será motivo de otros procesos judiciales cuando el
mayor general esté en territorio estadounidense.
Breves
*La
detención en el aeropuerto de Miami del exjuez quinto de control del Estado
Miranda Benny Palmeri-Bacchi es consecuencia de una averiguación por tráfico de
drogas, obstrucción de la justicia y lavado de dinero que también abarca al
exjefe de la oficina de Interpol en Caracas comisario Rodolfo McTurk en
combinación con el traficante colombiano Jaime Alberto Marín Zamora, alias Beto
Marín. La acusación ventilada ante un Gran Jurado de Miami y archivada en
diciembre de 2013 (número 13-20930 CR-Ungaro) no menciona al mayor general Hugo
Carvajal, aunque fuentes policiales estadounidenses filtraron informaciones en ese
sentido. Los datos recabados hasta el momento sugieren que luego del asesinato
de Wilber Varela en Mérida las actividades del cartel del Norte del Valle
pasaron a ser conducidas en Venezuela por Marín, en complicidad con un grupo del
Ejército para beneficio de Carvajal. En ese momento, Walid Makled ejercía un
importante dominio de las rutas de drogas que pasaban por el centro del país,
junto a generales de la Guardia Nacional y altos oficiales de la Armada.
Simultáneamente, el Loco Barrera también mandaba alijos con las FARC y los
grupos que surgieron de la diáspora de las AUC. Nada de ideologías, sólo
negocios. Por lo tanto, contrario a lo que inicialmente se ha sugerido, el país
era y es un territorio abierto y en disputa por numerosos grupos de
traficantes, hoy aliados y mañana enfrentados.
*El
asesinato a cuchilladas del alcalde de Rio Caribe Enrique Antonio Franceschi
conmocionó a todo el país. Es la segunda vez que un gobernante municipal
venezolano muere como consecuencia de un hecho violento mientras se encuentra
en ejercicio de sus funciones (el primero fue el del municipio Panamericano de Táchira, Lluvane Alvarez, en septiembre de 2009). Desde un principio el crimen desató todo tipo de
conjeturas. Ese sector del estado Sucre, como se sabe, es importante punto de
salida de los cargamentos de drogas destinados al Caribe oriental. El primer
análisis del sitio del suceso revelaba que el hombre de 35 años de edad
probablemente fue ultimado por un grupo en el que había al menos una persona de
alta confianza. Según la policía judicial, los atacantes fueron a la residencia
de la víctima en la madrugada del 20 de julio con la intención de robar. Pero
no se indica qué buscaban. El dato
faltante fue aportado para esta entrega por un abogado con intereses en esa
región. Franceschi supuestamente tenía Bs 50.000 en efectivo para cancelar una
celebración por el Día del Niño que se llevaría a cabo ese mismo domingo. El dinero
desapareció. El primero en caer detenido pocas horas después fue Frank Borman
Rodríguez Jiménez, de 20 años de edad. Apareció
sin razón lógica en una estación de la policía estatal (Rio Caribe no tenía
cuerpo de seguridad municipal). La entrega de este sujeto sin antecedentes
permitió esclarecer el caso y apresar a otros tres implicados. Se indicó que la
presión sobre Rodríguez fue hecha precisamente por los grupos paramilitares que
controlan el transporte de drogas, cuyos líderes se preocuparon por la excesiva
atención que podría colocar el Ejecutivo sobre esa olvidada población del
oriente del país. Aclarado todo, la pax
mafiosa volvió a Rio Caribe.
*Hay
un grupo que se dedica al robo a estudiantes de universidades privadas en
Caracas. Testimonios de primera mano indican que la banda está conformada por
al menos tres personas, una de ellas mujer joven. En los casos conocidos, esta
muchacha es la encargada de buscar conversación y engatusar a universitarias solas
en el interior de los campus. Cuando ha entablado cierta familiaridad entran en
acción los otros miembros de la banda, simulando un hecho inesperado como la
caída de una billetera. Entonces, la antisocial entrega a la víctima una bebida
que en ese momento tiene entre manos, aderezada con escopolamina, mejor
conocida como burundanga, con la excusa de ayudar a la persona que dejó caer
sus pertenencias. Cuando la droga hace efecto, la estudiante pierde el dominio
de su voluntad y queda a merced de la banda. Al recobrar la razón ya ha sido
despojada de sus pertenencias y está en el exterior del centro de estudios. En
las universidades Metropolitana y Católica Andrés Bello han recibido denuncias
con este modus operandi.
*Mediante
circulares internas, los jefes de regiones de la policía judicial llamaron la
atención a los agentes encargados de la instrucción de los expedientes sobre la
necesidad de mejorar la redacción de las minutas. No se trata solo de superar
las frecuentes faltas a la ortografía. Hay cuestiones de fondo. Estos
documentos por regla general omiten datos valiosos como la correcta
identificación de las víctimas y los posibles victimarios, así como las de los
lugares, horas y medios de comisión de los delitos. Hay archivos sobre
secuestros en los que ni siquiera se coloca el lugar donde la víctima fue
interceptada, ni el sitio de su liberación. Se manejan además expresiones
ambiguas como “presión policial”, que luego son usadas por el Ejecutivo en sus
campañas propagandísticas. Finalmente, comenzaron a prohibir el uso de la frase
“ajuste de cuentas” entre los móviles o razones de los homicidios. Esto, desde
luego, incidirá en la forma como la policía organiza sus estadísticas al final
del año.
*La
tercera semana de julio se recibió información sobre la reactivación (con leves
variaciones) de una modalidad de secuestro que era aplicada inicialmente en los
estados orientales del país. La denuncia recibida en la policía judicial indica
que las víctimas son potenciales compradores de vehículos, captados a través de
avisos en páginas web de ventas, que han cobrado mucho auge durante los últimos
meses en virtud de las limitaciones impuestas por el Gobierno al mercado
formal. Los plagiarios operan en Caracas y buscan personas que residan en el
interior del país. Les indican que debe tener la disponibilidad de dinero para
cerrar la negociación una vez revisado el vehículo. En el caso denunciado se
trataba de una camioneta Chery, importada de China. El hombre viajó desde
Maturín hasta la capital con la intención de regresar a casa manejando su
adquisición. En el terminal La Bandera lo buscaron, tal y como estaba
convenido. Inmediatamente le indicaron que estaba secuestrado y lo llevaron a
la habitación de un hotel en la carretera Panamericana, donde vaciaron sus
cuentas haciendo transferencias electrónicas. Casos como éste fueron conocidos
en Anzoátegui y Sucre entre 2011 y 2013. Los antisociales tenían nexos con los
sindicatos que operan en las ensambladoras de Toyota y Mitsubishi. Ofrecían
unidades de las “cuotas” asignadas a estos representantes gremiales. Cuando los
interesados iban a concretar el negocio los obligaban a punta de pistola a
cobrar los cheques y entregarles el dinero en efectivo. Por uno de estos casos
fue aprehendido el jugador de los Guaros de Lara, Carlos Morris.
*Dedico
estas líneas a la memoria de Juan Manuel Mayorca, mi papá, fallecido a los 77 años.
Abogado de profesión, entregó su vida a la investigación y la docencia de la
sociología y la criminología tanto en colegios como en instituciones de
educación superior. Durante el gobierno de Rómulo Betancourt fundó la dirección de Prisiones en el Ministerio de Justicia y en la primera administración de Rafael Caldera la dirección de Prevención del Delito. También
fue asesor presidencial en materia criminológica durante el gobierno de Luis
Herrera Campíns. Esos fueron breves “préstamos” de tiempo que este
librepensador hizo a la política. Entre sus 31 obras escritas figura Criminalidad de la burguesía (1977), tan
vigente ahora como en la fecha de su impresión. En realidad, su casa y refugio
fueron siempre las aulas. En estos días de mucho dolor he recibido testimonios
de la pasión con la que él se entregaba en cada clase. La Universidad Central
de Venezuela nunca lo abandonó. Este amor fue recíproco. Al salir estas líneas,
las cenizas de mi padre ya están esparcidas en algún rincón de ésa, su casa. Paz a su alma.
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