@javiermayorca
De la noche a la mañana, el presidente Nicolás Maduro sacó de la
chistera Habilitante cuatro normas relacionadas con temas de seguridad
ciudadana. Desde luego, en medio del ahogo ocasionado por un tsunami de 45 leyes,
es posible que los venezolanos no hayan digerido bien de qué trata cada una y
cuáles son sus pretensiones.
Todos los textos fueron publicados en la Gaceta Oficial
extraordinaria 6.156. Tiene fecha 19 de noviembre, pero sabemos que eso es un
mero formalismo. Maduro no podía dar aprobación express en días posteriores a
las leyes que tenía en agenda, pues ya habría vencido el plazo que le otorgó la Asamblea Nacional
para que legislara por su propia cuenta.
Aquí nos referiremos a los decretos con rango, valor y fuerza de
leyes sobre el Régimen para la
Revisión , Rectificación, Reimpulso y Reestructuración del
Sistema Policial y Organos de Seguridad Ciudadana, y del Cuerpo Nacional contra
la Corrupción ,
así como las reformas a las leyes orgánicas sobre Seguridad de la Nación y sobre la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.
La lectura a estos textos se hizo desde una
perspectiva de periodismo independiente. De manera que algunos elementos podrán
quedar en el tintero. Seguramente, un abogado o estudioso de temas legales
pondría el acento en otros aspectos.
La primera en la lista es la ley sobre el Régimen para la Revisión , Rectificación, Reimpulso y
Reestructuración del Sistema Policial y Organos de Seguridad Ciudadana. Fue
hecha a la medida del comisionado para la transformación de los cuerpos
policiales, Freddy Bernal. Pero luce como algo totalmente inútil.
Al ex alcalde de Libertador le asignaron la investidura mediante
un decreto presidencial. Pero el tiempo que inicialmente le dieron para el
cumplimiento de su tarea era perentorio. Si la idea entonces era prolongar sus
funciones, como de hecho lo hicieron hasta el 31 de diciembre de 2015, bastaba
con otro decreto. No era necesario usar la Habilitante para eso.
Bernal además no podrá pasar sobre lo dispuesto en la
Ley Orgánica del Servicio de Policía y del
Cuerpo de Policía Nacional, ni sobre el Estatuto de la Función Policial.
Allí por cierto le asignan al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y
Paz la función de “órgano rector” en materia policial. En ningún lado de estas
normas se habla de comisionados. Por lo tanto, el diputado queda como un simple
asesor. Sus decisiones y recomendaciones deberán ser refrendadas por el titular
del MRI. Si no cumple con este formalismo, todo lo que haga estará viciado de
nulidad.
Otro decreto de la misma gaceta da pie para la creación del Cuerpo Nacional contra la Corrupción. Toda la norma está impregnada de la intención de hacer
del sistema de justicia un apéndice del Ejecutivo, especialmente en una materia
tan delicada como la lucha contra los ilícitos en la administración de los
dineros públicos. Al finalizar su lectura queda la impresión
de que fue diseñada precisamente para que la ciudadanía no sepa nada sobre el
robo descarado al erario público, o que en todo caso se sepan solo aquellas
cosas que se considere apropiadas desde el punto de vista del Gobierno.
El Cuerpo Nacional contra la Corrupción tiene
atribuciones de órgano asesor. También es una “superpolicía”. Sus
integrantes son seleccionados por el Centro Estratégico de Seguridad y
Protección de la Patria ,
pero en última instancia estarán allí con el aval presidencial.
El artículo 5 de la ley indica además que la “identificación y
ubicación de sus miembros tendrá carácter confidencial”. Esto habla más de un
cuerpo de inteligencia, no de una entidad destinada precisamente a lograr la
transparencia de la administración pública. ¿Cómo se exigirá la rendición de
cuentas a partir de un despacho que operará desde las sombras?
El cuerpo contará con una Superintendencia Nacional, una
Intendencia Nacional y una Policía Nacional contra la Corrupción. Sus
integrantes deberán estar articulados con todos los poderes públicos. Habrá que
ver qué se entiende por articulación en el contexto de un despacho como este,
investido de tantos poderes y con escasos o nulos contrapesos.
La publicidad de las investigaciones efectuadas por este cuerpo
no será decidida por los juzgados ni por la Fiscalía. El artículo
20 de la ley atribuye esta función directamente al Jefe del Estado. Más
adelante se ordena que el Ministerio Público designe fiscales especiales “a fin
de garantizar el carácter reservado, indispensable en estos casos” (artículo
23).
Hay además atribuciones de este cuerpo que se solapan con las de
la Contraloría General
de la República ,
como por ejemplo la imposición de sanciones administrativas y la decisión de
pasar los casos correspondientes al ámbito penal.
En este caso se dispone la creación de un “sistema de protección
para la paz”, entendida como la integración de todos los poderes públicos “con
el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal”, con la finalidad de
incrementar la participación en el diseño de las políticas criminales “y la
consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas
externas e internas a la seguridad de la Nación ”. Este planteamiento aún resulta un poco
etéreo. La propia ley establece que deberá ser complementado por otras normas.
Hasta el momento todo sugiere la apertura de espacios para que los consejos
comunales, y a través de ellos los colectivos, participen en la formulación de
planes de seguridad ciudadana y, lo que es más grave, en la identificación de
lo que habrá de considerarse como “amenaza” para el régimen.
La nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana ameritaría
una entrega completa en este mismo espacio. En un gobierno militarista como el que tenemos, la norma
que rige a la institución castrense debería ser objeto de análisis especiales.
Por lo tanto, estas líneas deben ser tomadas como un abrebocas.
Cabe destacar que las últimas dos reformas a la referida
legislación (2011 y 2014) no han pasado por el Parlamento. En ambos
casos fueron emitidas gracias a los poderes habilitantes. Con ello se omite el
debate necesario sobre lo que es y lo que debe ser la Fuerza Armada.
Esta es la quinta modificación a la normativa castrense
durante la era de Hugo Chávez-Nicolás Maduro.
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Nueva Lofanb: el país-cuartel |
Se mantiene el carácter presidencialista y autárquico de la
institución militar, con una clara visión expansionista del mundo cuartelario
sobre el ámbito civil. Si en 1983 las Fuerzas Armadas tenían seis funciones
básicas, ahora tienen 22. Entre ellas la relativa al mantenimiento del “orden
interno” y el ejercicio de funciones policiales, a contrapelo de lo establecido
en la Constitución.
Se consolida además la incorporación de la Milicia Bolivariana
como un componente más, el quinto, tampoco mencionado en la Carta Magna.
Se avanza también en el trazado de zonas estratégicas y zonas
operativas de defensa integral, que implican un incremento en la burocracia
castrense. Esto explicaría por qué durante el último proceso de ascensos fueron
favorecidos 245 oficiales dentro del generalato, cuando hace apenas diez años
el promedio anual de generales ascendidos estaba entre 55 y 60.
Otro de los aspectos llamativos tiene que ver con la criminalización
de la divulgación de informaciones sobre temas militares. El asunto ahora será
considerado un delito conocido por los tribunales castrenses. No se especifica
si la norma será aplicable a los civiles que difundan tales datos o a los
militares que los hayan suministrado.
Estamos, en fin de cuentas, ante un paquete de normas encaminado
a la consolidación de un Estado autoritario y centralista, donde predominan los
excesos del Poder en un ambiente de escasa transparencia. Esto quizá no le diga
mucho al venezolano común, que ya normalizó la cesión de sus libertades
fundamentales.
Breves
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Allanamientos sin órdenes |
*1386 aeronaves han sido inspeccionadas en el desarrollo de la
operación Cielo Soberano, ejecutada por la Guardia Nacional ,
la Oficina Nacional
Antidrogas (que es casi una dependencia del referido componente) y el Seniat.
Los militares además han revisado 1280 hangares en nueve aeropuertos. El
resultado ha sido la retención de 422 aparatos desde que comenzó esta extraña
actividad, el 27 de noviembre. Según el vicepresidente Jorge Arreaza, Cielo
Soberano forma parte de una estrategia para impedir el transporte de drogas por
el espacio aéreo nacional. Es cierto que Venezuela se ha convertido en un
portaviones de la cocaína fabricada en los países andinos. Los vuelos ilícitos
o sospechosos ocurren una vez cada tres días, según los cálculos más
conservadores. Pero expertos en aviación civil consultados sostienen que todos
los días sale o entra de Venezuela una avioneta en forma ilegal, aprovechando
los puntos ciegos de los radares de control, o la “ceguera voluntaria” de los
militares encargados de impedir este ilícito. Pero estos delitos no pueden ser
combatidos desde la ilegalidad. ¿Dónde están las órdenes de allanamiento que
justifican la revisión al interior de las aeronaves y de los hangares, que son
propiedades privadas? ¿Cuáles fueron las razones de hecho que suscitaron
sospechas hacia los 1386 aparatos registrados? Bajo esta premisa, por ejemplo,
los militares podrían allanar todas las viviendas de una urbanización donde se
desarrolle una protesta antigubernamental. En otro contexto, cualquier juez con
criterios de legalidad y debido proceso declararía nulas todas estas
actuaciones. Hay otro detalle que llama a suspicacia. Si revisamos las siglas
de las aeronaves detectadas este año en procedimientos de interdicción aérea
nos daremos cuenta de que la gran mayoría no tiene siglas venezolanas (YV) sino
de otros países como por ejemplo Estados Unidos (N) o México (XB). Este dato
desde luego lo tiene el Ejecutivo. Se puede pensar entonces en la existencia de
un propósito no declarado en esta famosa operación.
*Para continuar con el tema, ¿álguien recuerda el escándalo
internacional suscitado a propósito del supuesto derribamiento de un jet Hawker
matrícula mexicana XB-MGM, en noviembre de 2013? El caso fue referido en
alocuciones públicas por el presidente Maduro como una demostración de la
supuesta protección militar a los cielos venezolanos. El aparato había
despegado de un aeropuerto mexicano rumbo a Bonaire, con cinco pasajeros más
piloto y copiloto. En la isla caribeña el capitán Carlos Chávez Padilla dio un
plan de vuelo a Honduras, pero en el trayecto se desvió hacia una pista
clandestina en Apure, al norte del río Meta. Pues bien, en un libro del
periodista mexicano J. Jesús Esquivel que salió al mercado en agosto,
titulado La CIA ,
Camarena y Caro Quintero, se refiere la declaración de un informante de la Administración para
el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) según la cual esa aeronave
supuestamente trasladó hasta suelo apureño a uno de los narcos más buscados del
mundo, líder del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien
supuestamente huyó de tierras aztecas junto a su familia. Todos ellos usando
falsas documentaciones. Caro, como se recordará, había salido de prisión en
agosto tras una controversial decisión tribunalicia que anuló la sentencia de
40 años de prisión por el secuestro y asesinato del agente antidrogas
Enrique Kiki Camarena Salazar, en 1985. El jet usado para este
viaje, en fin de cuentas, no fue derribado sino abandonado por sus ocupantes.
Horas después, los militares lo quemaron. Con la llamas se perdió la evidencia
que hubiese permitido la constatación del dato aportado por el informante.
*Un documento que circuló hace meses en la FANB confirma lo que ha sido
un “secreto a gritos”: que el estado Apure se ha convertido en una retaguardia
activa para el Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia. En esa región habría seis enclaves de la principal guerrilla
suramericana. Tres en el municipio Rómulo Gallegos, uno en Achaguas y el resto
en Pedro Camejo. El más importante serviría como albergue ocasional al actual
comandante del bloque Jaime Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo o el
Médico. Otros han cobijado a elementos del frente 10 de la organización. Las
FARC reanudaron las conversaciones de paz en La Habana con el
acompañamiento del gobierno venezolano. Estas negociaciones, como se recordará,
fueron suspendidas por el secuestro del general Rubén Alzate y dos soldados en
Arauca. Los efectivos de tropa revelaron tras su liberación que los irregulares
intentaron ocultarlos en territorio venezolano, pero que no pudieron debido al
cerco tendido por el Ejército colombiano.
*Continúa la sangría de policías y militares en Distrito Capital
y las principales ciudades del país. Al momento de escribir estas líneas iban
121 uniformados ultimados a tiros en la Gran Caracas. Otros
59 han fallecido en Carabobo y 38 en Aragua. 228 solo en tres regiones del
país. Un informe de la Policía
de Miranda indica que a partir de 2013 el mayor número de muertos en Caracas lo
ha aportado la
Policía Nacional (58 en total). Luego figuran la Guardia Nacional
(30) y CICPC (26). El informe revela que el 80% de estas muertes ha ocurrido
durante el tiempo libre de los funcionarios, y no en actos de servicio. El 5 de
diciembre, una circular distribuida entre todos los jefes de delegaciones de la
policía judicial, con la firma del director de la institución José Gregorio
Sierralta, indicó a los funcionarios que las armas y distintivos de esa
institución son “de uso exclusivo en los actos de servicio”. En consecuencia,
se ordenó a los agentes abstenerse de acudir a centros o locales donde expendan
bebidas alcohólicas, por considerar que eso daña la imagen de la institución y
pone en peligro a los propios funcionarios; evitar estados de embriaguez y
mantener un comportamiento acorde con la investidura de “garantes de la
legalidad”. El texto enfatiza en la necesidad de que los jefes de delegaciones
regionales den el ejemplo en esta materia.
*El alto mando de la Guardia Nacional ordenó la elaboración de
informes que precisen los lugares y horarios donde se llevaron a cabo con mayor
frecuencia los bloqueos de vías públicas conocidos como “guarimbas” a partir de
febrero de este año. En Aragua, por ejemplo, fueron las avenidas Casanova
Godoy, Constitución y Bolívar. En Carabobo las urbanizaciones Prebo, La Isabelica , Los
Tulipanes, Guataparo y Jardines de Mañongo fueron escenario de la mayor
conflictividad. En Caracas, otro documento indica que las protestas ocurrieron
en Cafetal, Santa Fe, Cumbres de Curumo y Las Mercedes. Chacao no tuvo mención
alguna. Fuentes castrenses indicaron que cada reporte fue ilustrado con numerosas
fotos para explicar el desarrollo de las protestas en cada localidad. En el
Gobierno aparentemente creen que resurgirán las protestas.
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