El deterioro de la situación económica hará que el
delito violento en las principales ciudades del país se oriente también a la búsqueda de los
bienes de consumo básicos
@javiermayorca
El año pasado cerró en Venezuela con un repunte en los
delitos violentos más importantes, como el homicidio, el secuestro y el robo de
vehículos. Esta aceleración de la criminalidad coincidió con la entrada en el
ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la actual titular,
Carmen Meléndez. Es posible que al hacer un balance general los totales de algunos
rubros como el secuestro tuviesen una disminución con respecto a 2013. Pero lo
llamativo en esto es que actividades criminales que parecían “neutralizadas” de
repente mostrasen un estallido.
En el caso del secuestro, por ejemplo, la aceleración
entre noviembre y diciembre fue superior al 20% con respecto al ritmo de casos
denunciados que mostró el resto del año. Esto nos dice mucho del reagrupamiento
de organizaciones criminales, y el aprovechamiento ya descarado de áreas en las
que se produjo una cesión de autoridad por parte del Estado, como son las
llamadas “zonas de paz”. El alcalde de Baruta Gerardo Blyde advirtió este
repunte del secuestro en recientes declaraciones, y explicó que uno de los
factores ha sido el escape de detenidos en retenes policiales. Solamente en diciembre
fueron reportados 107 en todo el país. La verdadera Cayapa.
Así entramos en 2015.
El ránking asomado por el Observatorio Venezolano de
la Violencia indica que Venezuela sería el segundo país del mundo en cuanto a
tasa de homicidios, solo superado por Honduras. Un centro de estudio (Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal) estableció que la
criminalidad en Caracas solamente es superada por la de San Pedro Sula, una
ciudad al norte del referido país centroamericano en la que el delito organizado
hizo una especie de gran caleta de drogas, generalmente enviadas desde aquí.
Esto nos habla de la constante actividad del delito
organizado en Venezuela.
En el país la criminalidad violenta es de tal magnitud
que el ciudadano pierde la capacidad para apreciar los matices, los pequeños
cambios que se van produciendo en la actividad delictiva. Todo tiende a
parecerle igual, y hasta cierto punto normal.
En estas líneas se observará solamente un aspecto de
la criminalidad, que dice mucho de los momentos que vivimos y probablemente
viviremos en el país. Se refiere al robo de alimentos.
Hace seis años, en medio del efecto riqueza ocasionado
por los altos precios del petróleo, los alimentos eran robados solo de vez en
cuando como parte de la actividad de piratas de carretera. Los sujetos
interceptaban camiones con mercancías que consideraban se podían revender en
comercios cómplices o a través de la buhonería. No solo eran alimentos. También
medicinas, herramientas, ropa y una larga lista de bienes.
Desde 2014, con la agudización de la escasez,
comenzamos a apreciar que la actividad de los antisociales puso énfasis en la
obtención de bienes que difícilmente se encontraban en los anaqueles de los
comercios formales. Los habitantes de la parroquia Sucre de Caracas,
especialmente los que frecuentan las calles Argentina, Colombia y Bolívar de
Catia, han sido testigos de este cambio. Primero fueron pequeños y esporádicos
hurtos al camión que quedaba abierto mientras se despachaba la mercancía.
Ahora, el delito para apropiarse de bienes de primera necesidad se ha tornado
más violento, más frecuente, multitudinario en cuanto a la cantidad de
antisociales participantes y difuso desde el punto de vista geográfico.
En Caracas, si hace un año los casos eran
reportados solamente en Catia, ahora también ocurren en Antímano, Petare, El
Valle-Coche y últimamente en el eje La Vega-La Paz. El 23 de enero, por
ejemplo, una banda de aproximadamente 6 sujetos sometió con armas a un
despachador de quesos cuando entregaba el contenido de un camión en la calle
Rotaria de La Paz. El robo fue de 39 cajas de queso.
En los casos reportados en Catia desde finales de
diciembre participan entre 15 y 20 personas. Antes, el máximo era de 6 personas.
A veces simulan un saqueo.
 |
| Un saqueo "controlado" |
Los cuerpos de seguridad siguen el modelo de actuación
mostrado por los oficiales de Polinacional ya en septiembre de 2013, cuando
fungieron como ductores ante el robo descarado del contenido de un camión para
transporte de productos cárnicos accidentado en el distribuidor Los Ruices de
la Fajardo. La misma conducta complaciente ante el robo de Daka en Valencia a
manos de una poblada, dos meses después.
Ante esta situación, el liderazgo del país luce
nuevamente entrampado, silente, con los ojos puestos en otra parte. El Presidente
ha optado por hacerse sordo y ciego. En su discurso de Memoria y Cuenta no hubo
ninguna mención al problema de la criminalidad en el país. Durante su breve
campaña electoral, y apenas asumió en Miraflores este tema era el centro de sus
intervenciones públicas. Ahora, solamente se refiere a algunos de los fallecidos
durante las protestas de 2014. Nada con respecto a las 24930 víctimas restantes
de la violencia.
El delito que viene, entonces, se parece al que
teníamos pero tendrá mucha más intensidad, frecuencia y violencia. Aparecerá en
lugares antaño considerados tranquilos, y afectará a más personas.
Paradójicamente, será menos denunciado en virtud de la creciente desconfianza
en los cuerpos de seguridad. Y el hombre que auspició los vientos del dakazo difícilmente será escuchado
cuando intente recoger estas tempestades.
Breves
*3481 oficiales han salido del Cuerpo de Policía
Nacional desde la fundación de esa institución en 2008. Una auditoría interna
llevada a cabo en noviembre de 2014 determinó que 769 egresos han sido por
destitución derivada de una sanción administrativa o penal. No obstante, muchos
agentes también han quedado inválidos durante el ejercicio de sus funciones o
debido a accidentes de distinta naturaleza. Lo que más preocupa es el número de
renuncias, 1718, pues significa que existe poco atractivo para que el
funcionario permanezca y haga carrera en ese cuerpo. Una situación similar fue
detectada luego de una encuesta de opinión a los agentes de una policía
municipal capitalina, donde el 50,1% de ellos expresó su disposición de migrar
a la empresa privada con un salario similar al que devengan en la actualidad.
*14 cuerpos policiales han sido intervenidos por el
Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde 2014, 12 de ellos por
recomendación del comisionado presidencial Freddy Bernal. En las últimas cinco
intervenciones se ha determinado que los agentes participan en la violación
continuada de los Derechos Humanos. Tres corresponden a policías de municipios
mirandinos (Acevedo, Brión y Zamora). Son las únicas en las que se aportó una
motivación. En el caso de la Policía de Caracas (el más relevante por el peso
histórico y político de ese cuerpo) Bernal solo argumentó que hubo una petición
del alcalde Jorge Rodríguez, pero la razón de fondo no se indica en la
resolución publicada en la Gaceta Oficial. Nada se ha dicho, por ejemplo, sobre
ese tercio de la nómina que pierde su tiempo en servicios de escoltas de
personalidades. En fin, el comisionado apenas está comenzando a morder el
problema de la corrupción policial y ya ha declarado en dos oportunidades que él
no podrá resolverlo. Así será la podredumbre detectada…
*La Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) reveló
en un informe divulgado en enero que durante todo 2014 fueron ultimados 338
efectivos policiales o militares en todo el país, 18% más que los fallecidos de
igual forma en 2013. La Guardia Nacional y la Policía Nacional fueron los
cuerpos con mayor número de muertos por homicidio. Un dato interesante es que
la mitad de las víctimas policiales o militares tenía menos de 30 años de edad,
y que la mayoría de los ataques mortales (70%) ocurrió cuando el funcionario
estaba franco de servicio. En apenas dos años el país acumula la escandalosa
cifra de 633 policías o militares víctimas de la violencia. Esto debería
ameritar estudio, reflexión y decisiones de parte del Ejecutivo, que en fin de
cuentas se atribuyó la función de “órgano rector” en cuestiones de seguridad
ciudadana. Pero nada, el silencio es la norma. A Freddy Bernal se le preguntó
al respecto y sólo atinó a decir sin mayores detalles que meditaba una
disposición especial en un proyecto de ley sobre seguridad social para
policías.
 |
| El piloto de las FARC |
*Mucho silencio ante la detención en Apure del
colombiano Germán Rodríguez Ataya, señalado como uno de los pilotos más
importantes al servicio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los
integrantes de la comisión mixta CICPC/ONA que lo detuvieron en Achaguas
recibieron una palmadita en sus hombros, y listo. El hombre de 48 años de edad tenía
documentos de identidad venezolanos, que según las autoridades fueron obtenidos
de forma fraudulenta. Esta circunstancia se ha repetido con tanta frecuencia
que ya no sorprende. Pero es uno de los factores por los que la comunidad
internacional aplica controles cada vez más rigurosos a cualquier viajero de
nuestro país. En lo que respecta al aviador, se plantean tres alternativas: la
deportación sumaria, un juicio de extradición o el lobby con el Ejecutivo para
prolongar en lo posible la estadía en el país, tal y como ha hecho con éxito
Guillermo Torres Cuéter, alias Julián Conrado o el Cantante de las FARC.
*El Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia
Nacional detectó la existencia de un “grupo paramilitar” dedicado a extorsionar
a comerciantes y hacendados en el Valle Mocotíes, así como también en el Sur
del Lago de Maracaibo, Santa Bárbara del Zulia y Coloncito (Táchira). La
organización está conformada por 15 personas, en su mayoría colombianos, que
amedrentan por teléfono a sus víctimas para luego cobrar sumas variables de
dinero. Si no les pagan, amenazan con secuestros o asesinatos. Parte de sus
datos, indica el reporte, la obtienen de prostitutas que trabajan en La
Tendida. No se indica si esta organización pertenece a alguna derivación de las
extintas AUC o si son guerrilleros de las FARC o del ELN, ya incorporados
plenamente al mundo del crimen.
 |
| Ricardo Segovia |
*El próximo 6 de febrero, el niño que aparece en la
foto cumplirá su décimo cuarto cumpleaños. No estará con su familia, sino en
poder de un grupo que se lo llevó de su vivienda en Betijoque, estado Trujillo,
en octubre de 2011. La gráfica de Ricardo Segovia Alvarado es publicada por
petición expresa de su mamá Yajaira Coromoto Alvarado, quien desde luego desea
mantener viva la imagen de su niño, para que el caso no caiga en el olvido,
para que las autoridades mantengan aunque sea una pequeña dosis de interés. Es
probable que el cautivo, ya en la pubertad, no conserve algunos rasgos del
infante retratado. Extraoficialmente se conoció que la última imagen de
la víctima fue enviada desde su lugar de cautiverio poco después del
secuestro. En sus manos tiene un periódico.
