*La militarización del control de las manifestaciones y reuniones públicas representa un riesgo para la población. Los uniformados actuarán basados en apreciaciones, no sobre hechos
@javiermayorca
*El Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado
de CICPC elaboró un informe con las fichas de los diez delincuentes más
buscados de todo el Distrito Capital.
Cinco de ellos pertenecen a dos grupos que se disputan el control del
Guarataro. El 22 de diciembre, estos sujetos y sus compinches protagonizaron un
enfrentamiento que mantuvo aterrorizados a los demás residentes del sector.
Efectivos policiales fueron enviados a aplacar las cosas, pero no pudieron
entrar hasta que se acabó la munición en poder de las bandas. Otros tres antisociales operan en El
Cementerio. En esta lista también figura un sujeto de apellido Espinoza, alias
Bolulo, señalado de comandar una organización dedicada al secuestro y la
extorsión en San José de Barlovento.
El
23 de enero, el Ministerio de la Defensa emitió una resolución con las normas
de actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en funciones de
control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en
reuniones públicas y manifestaciones. Fue publicada en Gaceta Oficial cuatro
días después. La firma el general en jefe del Ejército Vladimir Padrino.
Todos
los venezolanos deberían empaparse del contenido de esta resolución,
identificada con el número 8610, pues pretende regular desde una perspectiva
militarista el derecho de todo venezolano a manifestar públicamente su disenso
hacia las decisiones del Ejecutivo. Incluso, como reza el título de la norma, también
afecta el derecho de participar en reuniones públicas.
En
términos generales, el texto es una expresión más de la llamada "deriva
autoritaria" del régimen, un nuevo indicio de la intención de acallar la
protesta, utilizando para ello exclusivamente las fuerzas militares.
En
este espacio se pondrán de relieve solamente algunos aspectos que llaman
poderosamente la atención:
-Se militariza el control del orden
público. En Venezuela el uso de las fuerzas armadas tradicionalmente fue visto
como el último recurso para la contención de las manifestaciones. Antes de 1999
ya se reivindicaba el principio de progresividad en el uso de la fuerza. Esto
implicaba entre otras cosas que las protestas convertidas en desórdenes eran
contenidas en primer término por unidades especializadas de los cuerpos
civiles. Si no lograban su cometido salía la Guardia Nacional. Y si el desorden
adquiría proporciones de revuelta popular se enviaba al Ejército. Para que eso
ocurriera tenía que mediar una orden del ministro de la Defensa. Este principio
estaba plasmado en el Reglamento de Servicio en Guarnición. La resolución 8610
prefigura escenarios en los que los militares de todos los componentes
(incluida la Milicia) salen directamente a resguardar las manifestaciones, sin
tomar en cuenta la necesidad de una coordinación con las policías civiles.
Estas instituciones solo son mencionadas de manera marginal.
En
esta militarización además se le resta peso específico a la GN como fuerza cuya
atribución constitucional es mantener el "orden interno". Este
componente posee unidades especializadas y entrenadas para tal fin. Aún asi,
hay en ella elementos de tropa que constantemente incurren en excesos y que se
permiten expresar a través de las redes sociales su desprecio por los que
disienten del régimen,convirtiéndose asi en un factor más del conflicto. Si eso
ocurre en la GNB, cabría preguntarse cómo será la situación en las otras
fuerzas que carecen de tradición en esta actividad.
-La valoración subjetiva como detonante. El
artículo 15 establece que antes de entrar en acción los militares evaluarán
factores como el número de manifestantes y su "actitud", es decir la
disposición mostrada por quienes participan en protestas y no su conducta
concreta. En un esquema de alta polarización como el vivido en Venezuela es de
esperarse que la actitud de las personas que protestan no sea la más amigable,
y que la percepción de los militares esté condicionada por el clima de opinión
existente en los cuarteles.
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| Así aplacó GN a manifestantes en 2014 |
-Uso de armas de fuego y sustancias
químicas. Visto lo anterior, es aún más preocupante el hecho de que la
resolución contemple abiertamente la posibilidad de utilizar armas de fuego y
sustancias o agentes químicos contra los manifestantes. Los escenarios que se
abren con esto son múltiples. Todos muy peligrosos. Además, esto va
directamente contra la letra de la Constitución. A estas alturas, no sabemos si
eso realmente importa.
-¿Cuándo será oportuno? El uso de la fuerza
tradicionalmente está regido por principios de progresividad, proporcionalidad
y oportunidad. Este último es importante para evaluar el accionar de las
autoridades. En esencia restringe la acción de los cuerpos de seguridad a un
momento específico, después del cual ya no es necesaria e incluso puede ser ilegal.
En cuestiones de orden público, si la persona ha depuesto su conducta violenta
no puede continuar siendo perseguida, a menos que haya un delito en flagrancia.
Este aspecto de la oportunidad no está bien delimitado en la norma. Por lo
tanto, se deja al criterio de los militares actuantes.
A
partir de febrero de 2014 el país presenció numerosos excesos por parte de los
militares que actuaron en la contención de las protestas. Desde uniformados
enganchados en riñas contra manifestantes indefensos hasta el uso de mecanismos
de coacción sicológica contra sectores urbanos enteros. A este respecto, la
experiencia en Chacao fue aleccionadora. La norma lanzada por el general
Padrino para nada contribuye a delimitar el poder de los militares, cada vez
más inmiscuidos en la conculcación de los derechos de la sociedad civil.
Breves
*El
estado Nueva Esparta vive una crisis de criminalidad. En el hotel Villa Maloka
de Guacuco una banda de aproximadamente 10 personas sometió a los participantes
de la celebración prematrimonial de un diplomático venezolano destacado en
Polonia y de su prometida, una austríaca, así como a otros turistas que estaban
en esa instalación, el 9 de febrero. Hubo por lo menos 30 víctimas. A algunas
las golpearon y las obligaron a ingerir gasolina. Hasta ahora han sido
apresadas dos personas, una de ellas de 17 años de edad. El 20 de diciembre el
ex jugador de la NBA Carl Herrera fue herido por el disparo de un asaltante
cuando se encontraba en un restaurant de Playa El Agua. Los atacantes tenían
plena conciencia de que estaban ante el afamado deportista. En enero la Guardia
Nacional elaboró un informe en el que advierten que en la isla operan 52 bandas
delictivas. En el municipio Tubores fueron identificados 5 grupos. Igual número
en Maneiro y Marcano. En Gómez hay otras tres, mientras que en Macanao,
Villalba y Arismendi hay seis. En García hay ocho bandas, nueve en Díaz
y,finalmente, en Mariño fueron detectados 23 grupos delictivos.
*El
general de brigada retirado de la Guardia Nacional Orlando Hernández Villegas
solicitó una réplica a propósito de la publicación del trabajo Mitos y
realidades del cartel de los soles, inicialmente divulgado a en la revista Simón
Bolívar Analytic y recientemente reproducido en el portal www.runrun.es. El documento recuerda que el
oficial fue enjuiciado en el expediente sobre la denominada Operación Norte,
que también involucró a su predecesor en el Comando Antidrogas de la GN,
general de brigada Ramón Guillén Dávila, ya fallecido. Hernández sostuvo que él
nunca fue señalado por tráfico de drogas sino por simulación de hecho punible.
Recordó que debido a varias operaciones llevadas a cabo con la Agencia Central
de Inteligencia estadounidense (CIA) a principios de la década de los noventas
quedó almacenado en el despacho militar, ubicado entonces en Colinas de Las
Acacias, un alijo de aproximadamente 600 kilos de cocaína. Hernández llegó a la
conclusión de que esa droga no podía ser enviada al exterior en nuevas
“entregas controladas”, debido a la crisis desatada con la pesquisa contra
Guillén Dávila. Decidió por lo tanto simular una incautación. El alijo,
efectivamente, fue colocado sobre un camión estaca junto a una carga de
tomates, y abandonado en Anare.
*La
defección y posible incorporación como testigo del Departamento de Justicia de
EEUU del capitán de corbeta Leamsy Salazar debe ser tomada con cautela. Hasta
ahora, solo se conoce un reporte del diario español ABC que refiere este hecho,
en el que hay señalamientos de mucha gravedad que involucran al actual
presidente del Parlamento, capitán Diosdado Cabello y a uno de los hijos del
difundo expresidente Hugo Chávez en tráfico de drogas. Pero no se aportan
mayores indicios que permitan corroborar estas informaciones. La secuencia de
hechos indica que Salazar planificó su salida del país a propósito de su luna
de miel en segundas nupcias. De manera que no sería sino hasta mediados de
enero cuando él pudo iniciar sus conversaciones formales con agentes de la
Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Esto
implica que Salazar debió ser sometido a extensos interrogatorios, e incluso
pruebas de polígrafo, para determinar la veracidad de sus afirmaciones. El
proceso, entonces, apenas comienza. Aún así, será cuesta arriba corroborar la
existencia del llamado Cartel de los Soles. Como teoría conspirativa, desde
luego, suena muy bien.
*CICPC
está padeciendo las consecuencias de años de deterioro, propiciado desde los
más altos
niveles. La policía que hace tiempo era ejemplo de eficiencia fue
mermando sus capacidades hasta convertirse en lo que hoy es. Los resultados
están a la vista, en los índices de impunidad (92% en homicidios) y en la
enorme desconfianza que suscitan sus funcionarios. Todos los días nos enteramos
de un caso, más vergonzoso que el anterior: los agentes que tenían a un
comerciante secuestrado en la subdelegación de El Valle, la extorsión de
investigadores de homicidios en Yaracuy, los funcionarios detenidos por
contrabando de carne en Apure, y pare de contar. Por supuesto, mucho de tal
situación se debe a la pérdida de los mecanismos de supervisión requeridos por
un despacho tan importante. Por eso llama la atención la circular divulgada en
la primera semana de febrero a todos los jefes de delegaciones. El documento de
once páginas contiene directrices “de obligatorio cumplimiento para incrementar
los niveles de supervisión y control” en todo el personal de ese cuerpo. Las
líneas rectoras de este nuevo esquema consisten en tener alerta temprana y
corrección oportuna de las fallas. En la tercera página se habla de la
necesidad de aplicar el régimen disciplinario: “Hay delitos y faltas que
cometen subalternos con el aval o conocimiento de sus jefes. Se debe
reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos. El “dejar pasar”, el “no
hacer nada”, el “apoyar esas acciones”, o ser “permisivo”, constituye una de
las principales causas del deterioro de la base moral y ética de la institución,
que en algunos casos origina desmotivación o desmoralización en el resto del
personal “.
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| Los supervisores de CICPC exigen supervisión |
*El
Ministerio de la Defensa adelanta la conformación del llamado Sistema Popular
de Protección para la Paz. Se trata de una estructura que aglutina bajo un
manto militar a todos los elementos de que alguna forma están llamados a
participar en la defensa del proceso político, actualmente liderado por el
presidente Nicolás Maduro. En el nivel más bajo, es decir, en las parroquias,
establece una coordinación entre sargentos activos, delegados del Partido
Socialista Unido de Venezuela y “patriotas cooperantes”, hombres y mujeres que
suministran información sobre posibles movimientos antigubernamentales en sus
comunidades. El despacho de Fuerte Tiuna tiene una base de datos con todos los
participantes en este esquema, descrito simplemente con las siglas SP³.
