*Las
incursiones militares y policiales iniciadas en todo el país para erradicar a
las bandas criminales tienen muy poco de rescate de la institucionalidad y
mucho de propaganda electoral
De repente,
al gobierno del presidente Nicolás Maduro le preocuparon las bandas criminales.
De la noche a la mañana el tema de la inseguridad ciudadana, que apenas ocupó
un discreto séptimo lugar en sus prolongadas intervenciones públicas del año
2014, ahora compite en su mapa mental con la “guerra económica” y el despojo
guyanés.
Un primer
intento de lo que anunciaban sus palabras fue la redada en el sector San
Vicente del estado Aragua, el 13 de mayo, con un saldo de tres muertos y 836
“retenidos”. Luego quedarían solamente dieciséis, al pasar por la criba del
Ministerio Público. Participaron desde policías estatales hasta soldados del
Ejército y la Guardia Nacional.
Todo un despliegue pomposo para un saldo que terminó diluido como sal en agua.
Tanto que pocos días después fue necesario reproducir la actividad en el mismo
lugar, aunque sin tanta propaganda del Sibci.
La
incursión en la Cota
905, llevada a cabo un mes después, tuvo más muertos (16), menos “retenidos”
(134) y mucha más proyección noticiosa pues ocurrió en el corazón del municipio
Libertador. De allí que algunos analistas lo llamen el “Cotazo”, en reminiscencia
de la sorpresiva jugada de Maduro contra la cadena de tiendas Daka, que en 2013
le valió un importante repunte en las encuestas (cinco puntos según
Datanálisis).
Durante la redada, 134 detenidos. Sólo quedarían 16 |
Y eso es
precisamente lo que Maduro busca con la llamada Operación de Liberación del
Pueblo (OLP): recuperar aunque sea un pequeño porcentaje de aquellos seguidores
que le dejó en herencia su “padre político” Hugo Chávez. Olvidémonos del
rescate de la institucionalidad, del abatimiento de la impunidad y del retorno
de la tranquilidad a las calles del país. Lo que vemos son acciones para
mostrar “mano dura” frente al hampa, y ponerse así en sintonía con las
encuestas que colocan a la delincuencia como la segunda preocupación de los
venezolanos afectos a todas las corrientes políticas, sólo superada por el
desabastecimiento unido a la inflación.
Para dar la impresión de “mano dura” no hace falta un plan o proyecto, no hay que explicar un
antes y un después. Sólo mostrar las armas, los francotiradores con
pasamontañas, las tanquetas y helicópteros, patear algunas puertas y dejar que
los policías salden las cuentas pendientes.
Como los
problemas económicos del país parecieran insolubles para el actual régimen, se
inició una campaña de acciones relámpago tipo blitzkrieg, para dar a entender que aquí por lo menos había la
intención de hacer algo, para que así los electores no se la cobren tan cara al
Gobierno en las elecciones parlamentarias de diciembre.
Al respecto
se recoge aquí parte de unas reflexiones del criminólogo Keymer Avila, ex asesor
del Consejo Nacional de Policía, a propósito de lo ocurrido en la Cota 905: “El problema
de la inseguridad ciudadana (,,,) sirve como receptáculo para esconder
dentro de sí otras incertidumbres: la económica (inflación y
escasez), la laboral, la política, la institucional. Es más fácil ejecutar a
unas cuantas personas (delincuentes o no, eso es lo de menos) que dar
respuestas a través de la transformación económica y productiva del país, o
despolarizar y fortalecer la institucionalidad democrática del Estado”.
Si este Gobierno estuviera comenzando, uno le daría por lo
menos el beneficio de la duda. Pero en las actuales circunstancias a Maduro y
su equipo le resultará muy difícil escurrir el bulto. La explosión de
criminalidad que cruza a toda Venezuela, aparejada al surgimiento de las
llamadas “megabandas”, es simplemente el producto de una cadena de desaciertos
entre los que se cuentan (sin ser exhaustivos) la partidización de los cuerpos
de seguridad y del sistema de justicia; el aislamiento internacional que hace
del país territorio apetecido por las más variadas expresiones de la
delincuencia organizada, propia y foránea; la desastrosa ejecución del “nuevo
modelo policial”; el fortalecimiento político y económico de los colectivos
armados aunado a la militarización del aparato de seguridad y, como guinda para
el pastel, la puesta en marcha del programa de las “zonas de paz”, donde los grupos
criminales han encontrado terreno fértil para operar con impunidad y
diversificar sus áreas de acción.
En otras
palabras, el Gobierno ahora pretende erigirse en la solución de una crisis generada por sus propias contradicciones y desaciertos acumulados en quince
años.
Chávez
podía despachar estos problemas echándole la culpa al ministro de turno. Su
popularidad era tan grande que crecía a pesar de sus propios errores. Y en
materia de seguridad ciudadana fueron recurrentes. La gente terminaba atribuyendo el auge de la criminalidad al matón de la esquina, al policía corrupto o la “falta
de valores”. La responsabilidad se atomizaba. Incluso los chavistas se culpaban
a ellos mismos por haber estado al lado de un hampón en mal lugar y peor hora.
Pero con Maduro esta realidad ha cambiado. Ya desde mediados del año pasado las
encuestas comenzaban a asomar un creciente descontento que le asigna
directamente a él la culpa por el hampa sin freno.
En este
contexto se desarrolla la OLP. No
obstante, se debe tomar en cuenta que estas razzias,
más propias de los tiempos en que estaba vigente la Ley de Vagos y Maleantes,
impactan de manera negativa a las comunidades en las que se llevan a cabo. Muchas
de ellas fueron consecuentes seguidoras del oficialismo. Basta con ver las
manifestaciones frente a la
Fiscalía de madres indignadas porque a sus hijos los tildaron
de “paramilitares” pues tuvieron la mala suerte de estar en las calles de la Cota 905 cuando llegaron los
policías.
El día en
que ocurrió la toma de este sector los comercios de todos los alrededores
cerraron, el transporte público no prestó servicio y nadie (salvo el líder de
la megabanda del lugar, alias Coki) podía entrar ni salir. La gente común se
preguntaba por qué tenían que pagar por los delitos de unos pocos. Igual ha
ocurrido en los Altos Mirandinos, y seguramente en otros lugares donde las
quejas han sido acalladas por la censura y la autocensura.
Luego,
sobre la marcha, en el Ejecutivo se dieron cuenta de que había necesidad de
improvisar algún plan para que la operación no se quedara en redada, para que
la gente creyera que seguían algún modelo como el aplicado en las favelas de Río
de Janeiro. Una semana después, el alcalde Jorge Rodríguez anunció que por
órdenes presidenciales se instalaría “de manera definitiva” en la zona. Esto
está por verse. Cabría preguntarse si esta orden presidencial será la misma en
aquellos lugares donde los alcaldes o los gobernadores no estén alineados con
el oficialismo.
Una última
reflexión, pero no por eso menos importante. Creemos que estas operaciones
están destinadas al fracaso, entre otras razones pues no parten de la
legalidad. ¿Le mostraron a los residentes de la Cota 905 o de los Valles del Tuy aunque sea una
orden de allanamiento debidamente expedida y razonada por un juez de control?
Acciones en flagrancia no eran, pues al menos en el caso de la barriada
caraqueña se sabe que tenían días planificándola. En este punto uno recuerda lo
señalado por el ex juez español Baltazar Garzón: el Estado no se puede imponer
desde la violación de las normas. Por el contrario, tiene que hacerlo
reivindicando el cumplimiento riguroso de las leyes. Nada de esto vimos en la
OLP. Y lo peor de todo es que una porción
de la población directamente afectada por estas incursiones policiales y
militares está dispuesta a avalar con su silencio la matanza. Por supuesto,
siempre y cuando los cadáveres no sean los de su hermano o su hijo.
Breves
*El
homicidio del ex oficial de la
Policía del Municipio Sucre Gustavo Enrique Pulido se dirige
a engrosar la lista de crímenes impunes. Un ataque armado efectuado a plena luz
del día (era el sábado 18 de julio a eso de las 2 pm) ante por lo menos 3
testigos presenciales y una cámara de vigilancia instalada en el
estacionamiento del Unicentro El Marqués probablemente será tapado por otros
tantos asesinatos de más fácil resolución, que sí ocuparán las energías de los
detectives de CICPC, presionados por incrementar la famosa “efectividad”.
Pulido era jefe de escoltas de un empresario venezolano de origen portugués, ex
concesionario del Mercado Mayor de Coche, cuya riqueza creció notablemente
durante los últimos años. El comerciante, copropietario de dos restaurantes de
Las Mercedes, fue detenido en abril de 2013 en La Romana, República
Dominicana, cuando intentaba salir de esa isla con más de 165.000 dólares en
efectivo, junto a otras cinco personas. El dinero supuestamente estaba
destinado a saldar una cuantiosa deuda con un socio venezolano. Días después
quedó en libertad, pero no pudo llevarse el dinero. Compromiso pendiente,
conflicto en ciernes. En junio, CICPC y
PoliHatillo atendieron un extraño incidente en una quinta de la calle P3 de La Lagunita. Lanzaron
una granada a la fachada del inmueble y luego dejaron allí una corona de
flores, similar a las usadas en los funerales, con el nombre del deudor. El
mensaje estaba muy claro. Desde entonces, Pulido había contactado a varios
profesionales de la seguridad para fortalecer la protección del empresario. Fue cuando lo mataron. Este contexto es bien conocido por la policía
judicial. Una de las teorías de investigación es que al ex PoliSucre
le dieron 10 tiros para enviar un nuevo mensaje a quien era su empleador. Esto
indica, entre otras cosas, que la disputa es entre grupos que se consideran a
sí mismos intocables.
*El 21 de
julio, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) publicó una segunda
lista de aeronaves declaradas en “abandono” tras la ejecución de la operación
Cielo Soberano, motivo de profusa propaganda a través de los medios oficiales.
Esta lista difiere de la primera pues aparentemente fueron liberadas cuatro
avionetas. Ahora, el Estado tiene en custodia 1064 aeronaves. Para que sus
legítimos dueños puedan recuperarlas deberán presentar “escritos razonados” que
comprueben la propiedad. Además, tendrán que cancelar el equivalente a mil
unidades tributarias “por omitir información a la autoridad aeronáutica
nacional”. No está claro qué ocurrirá si el Gobierno llegase a considerar
definitivo el abandono de estos vehículos. ¿Los subastarán como se hacía
anteriormente o tendrán el mismo destino que otros bienes incautados, que luego
son destinados al uso personal de altos y no tan altos funcionarios? Quien
tenga dudas que revise las denuncias sobre la entrega subrepticia a civiles y
militares de los yates decomisados en procedimientos de drogas.
*El 17 de
julio comenzó a divulgarse en las grandes unidades militares del país la orden
de ejecución del “Plan para el Llamado a la Reserva Activa”. Una circular
anunció que en la Fuerza Armada
Nacional quieren “tener localizados a todos los ciudadanos y ciudadanas que han
pasado a esta situación y de esta manera ser convocados y llamados a filas ante
una situación irregular que pudiera presentarse en nuestra República
Bolivariana de Venezuela y por ende en su área jurisdiccional”. Las
dependencias castrenses deberán efectuar “las coordinaciones necesarias a fin
de que estos combatientes participen en ejercicios de entrenamiento”. La
situación, por lo tanto, es más delicada de lo que públicamente se conoce. Los
militares no sólo estarían previendo un rebrote de la conflictividad interna.
El conflicto con Guyana, reactivado por el presidente Maduro en época
preelectoral, por ahora se mantiene en el plano meramente diplomático. No
obstante, es claro que esta escalada podría trasladarse a otros ámbitos. Desde
el punto de vista teórico y legal, en tiempos de conflicto armado los
reservistas son llamados a filas cuando se considera que deben complementar el
pie de fuerza de los distintos componentes. Este principio quedó plasmado en un
decreto presidencial emitido en abril de 2005, que establece que el Comando de la Reserva tiene entre sus
funciones “proporcionar reemplazos entrenados y especializados a las
unidades activas y de la Reserva Nacional
empeñadas en operaciones de combate”.
La cabeza, tapada con una sábana |
*Honda conmoción causó en el oriente del país la colocación
de la cabeza de un hombre al pie del busto del prócer Francisco de Miranda en
Pariaguán, estado Anzoátegui, durante la madrugada del 14 de julio. Es la primera
vez que un hecho con semejante carga simbólica ocurre en el país. Sugiere un
proceso de “mexicanización” de la criminalidad venezolana. En México ciertos
homicidios son cometidos con la clara intención de transmitir mensajes en
distintas direcciones: a las comunidades donde ocurren, a los policías y
militares y especialmente a los integrantes de grupos rivales. Los cadáveres
amanecen guindados de puentes, desmembrados, quemados y a menudo cubiertos con
lo que se ha llamado en ese país “narcomantas” o mensajes escritos sobre telas.
Más que cadáveres son advertencias. Estos casos generalmente son catalogados
como “crímenes de delincuencia organizada”. Según el autor Ioan Grillo obedecen
a un proceso de “insurgencia criminal”, es decir, violencia de grupos
hamponiles con ribetes de terrorismo. En Pariaguán, la cabeza fue dejada al pie
de la estatua precisamente cuando se iban a celebrar en esa plaza diversos
actos para conmemorar los 199 años de la muerte de Miranda. La víctima de este
caso fue identificada como Rosalio Gamboa, alias Roso, de 27 años de edad,
señalado extraoficialmente como integrante de una banda dedicada al abigeato y
el robo de vehículos. La policía judicial lo vinculó con cuatro homicidios. El
último de ellos fue reportado dos días antes del hallazgo del decapitado. Hubo
dos fallecidos: José Miguel Sumoza, obrero de taladros de Pdvsa de 28 años de
edad, y Rafael Augusto Azócar, de 52 años. Ambos murieron luego de recibir
múltiples disparos en un terreno baldío de la vía Pariaguán-Valle de la Pascua. Allí fueron quemados
por los propios matones. Según CICPC este doble crimen se originó por una
disputa en torno a un vehículo.
Juvenal y uno de sus botines |
*Escribe un habitante de Guárico, a propósito de la
situación de criminalidad que se presenta en las carreteras de ese estado y del
sur de Aragua. “Da temor transitar en la carretera Chaguaramas-El
Sombrero-Barbacoas-Camatagua. Allí el Estado dejó de ejercer autoridad en ese
territorio inmenso, dejándolo en manos del hampa”, señala. En ese lugar se ha
enseñoreado la organización de Juvenal, ya referida en otras entregas. Según el
remitente, este hombre es ampliamente conocido en el sector. No se esconde. En
junio fue visto junto a varios integrantes de su grupo disfrutando una jornada
de toros coleados en la población de Memo, en la frontera Aragua-Guárico. Aún
así las autoridades no hacen nada. “Vivimos cercenados en nuestro derecho de
viajar al centro del país por la vía mas corta que tenemos y temerosos de que
familiares, amigos o conocidos terminen en manos de estas bandas”, dice. Este
testimonio contrasta con los discursos emitidos desde Caracas por funcionarios
del Gobierno, quienes aseguran una lucha frontal contra estas bandas.
*Vienen noticias sobre el asesinato del informante de la Administración para
el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y presidente de la
fundación Ceotad de Carabobo Luis Rodríguez Santacruz. Este hombre de 51 años
de edad fue ultimado en junio de 2007. Su cadáver fue encontrado en un costado
de la autopista Valencia-Campo de Carabobo. Tenía huesos rotos y contusiones
que evidenciaban una prolongada tortura, además de 15 disparos en la boca y
otras partes del cuerpo, señal inequívoca de que le cobraban haber delatado
alguna operación de drogas. Rodríguez Santacruz fue víctima de una celada que
le tendieron personas conocidas por él, quienes lo convencieron vía telefónica para
que saliera de su vivienda y se introdujera en un vehículo. Más nunca lo vieron
con vida. El caso era investigado por la fiscalía 11 de Carabobo, pero desde
luego los autores del crimen continúan impunes. La ex presidenta de la Conacuid Mildred
Camero señaló en una entrevista hecha por el periodista Héctor Landaeta que en
este crimen estaban involucrados militares y policías del aparato de
inteligencia del momento.