Operación Levantamiento de la Popularidad

*Las incursiones militares y policiales iniciadas en todo el país para erradicar a las bandas criminales tienen muy poco de rescate de la institucionalidad y mucho de propaganda electoral

De repente, al gobierno del presidente Nicolás Maduro le preocuparon las bandas criminales. De la noche a la mañana el tema de la inseguridad ciudadana, que apenas ocupó un discreto séptimo lugar en sus prolongadas intervenciones públicas del año 2014, ahora compite en su mapa mental con la “guerra económica” y el despojo guyanés.

Un primer intento de lo que anunciaban sus palabras fue la redada en el sector San Vicente del estado Aragua, el 13 de mayo, con un saldo de tres muertos y 836 “retenidos”. Luego quedarían solamente dieciséis, al pasar por la criba del Ministerio Público. Participaron desde policías estatales hasta soldados del Ejército y la Guardia Nacional. Todo un despliegue pomposo para un saldo que terminó diluido como sal en agua. Tanto que pocos días después fue necesario reproducir la actividad en el mismo lugar, aunque sin tanta propaganda del Sibci.

La incursión en la Cota 905, llevada a cabo un mes después, tuvo más muertos (16), menos “retenidos” (134) y mucha más proyección noticiosa pues ocurrió en el corazón del municipio Libertador. De allí que algunos analistas lo llamen el “Cotazo”, en reminiscencia de la sorpresiva jugada de Maduro contra la cadena de tiendas Daka, que en 2013 le valió un importante repunte en las encuestas (cinco puntos según Datanálisis).

Durante la redada, 134 detenidos. Sólo quedarían 16

Y eso es precisamente lo que Maduro busca con la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP): recuperar aunque sea un pequeño porcentaje de aquellos seguidores que le dejó en herencia su “padre político” Hugo Chávez. Olvidémonos del rescate de la institucionalidad, del abatimiento de la impunidad y del retorno de la tranquilidad a las calles del país. Lo que vemos son acciones para mostrar “mano dura” frente al hampa, y ponerse así en sintonía con las encuestas que colocan a la delincuencia como la segunda preocupación de los venezolanos afectos a todas las corrientes políticas, sólo superada por el desabastecimiento unido a la inflación.

Para dar la impresión de “mano dura” no hace falta un plan o proyecto, no hay que explicar un antes y un después. Sólo mostrar las armas, los francotiradores con pasamontañas, las tanquetas y helicópteros, patear algunas puertas y dejar que los policías salden las cuentas pendientes.

Como los problemas económicos del país parecieran insolubles para el actual régimen, se inició una campaña de acciones relámpago tipo blitzkrieg, para dar a entender que aquí por lo menos había la intención de hacer algo, para que así los electores no se la cobren tan cara al Gobierno en las elecciones parlamentarias de diciembre.

Al respecto se recoge aquí parte de unas reflexiones del criminólogo Keymer Avila, ex asesor del Consejo Nacional de Policía, a propósito de lo ocurrido en la Cota 905: “El problema de la inseguridad ciudadana (,,,) sirve como receptáculo para esconder dentro de sí otras incertidumbres: la económica (inflación y escasez), la laboral, la política, la institucional. Es más fácil ejecutar a unas cuantas personas (delincuentes o no, eso es lo de menos) que dar respuestas a través de la transformación económica y productiva del país, o despolarizar y fortalecer la institucionalidad democrática del Estado”.

Si este Gobierno estuviera comenzando, uno le daría por lo menos el beneficio de la duda. Pero en las actuales circunstancias a Maduro y su equipo le resultará muy difícil escurrir el bulto. La explosión de criminalidad que cruza a toda Venezuela, aparejada al surgimiento de las llamadas “megabandas”, es simplemente el producto de una cadena de desaciertos entre los que se cuentan (sin ser exhaustivos) la partidización de los cuerpos de seguridad y del sistema de justicia; el aislamiento internacional que hace del país territorio apetecido por las más variadas expresiones de la delincuencia organizada, propia y foránea; la desastrosa ejecución del “nuevo modelo policial”; el fortalecimiento político y económico de los colectivos armados aunado a la militarización del aparato de seguridad y, como guinda para el pastel, la puesta en marcha del programa de las “zonas de paz”, donde los grupos criminales han encontrado terreno fértil para operar con impunidad y diversificar sus áreas de acción.

En otras palabras, el Gobierno ahora pretende erigirse en la solución de una crisis generada por sus propias contradicciones y desaciertos acumulados en quince años.

Chávez podía despachar estos problemas echándole la culpa al ministro de turno. Su popularidad era tan grande que crecía a pesar de sus propios errores. Y en materia de seguridad ciudadana fueron recurrentes. La gente terminaba atribuyendo el auge de la criminalidad al matón de la esquina, al policía corrupto o la “falta de valores”. La responsabilidad se atomizaba. Incluso los chavistas se culpaban a ellos mismos por haber estado al lado de un hampón en mal lugar y peor hora. Pero con Maduro esta realidad ha cambiado. Ya desde mediados del año pasado las encuestas comenzaban a asomar un creciente descontento que le asigna directamente a él la culpa por el hampa sin freno.

En este contexto se desarrolla la OLP. No obstante, se debe tomar en cuenta que estas razzias, más propias de los tiempos en que estaba vigente la Ley de Vagos y Maleantes, impactan de manera negativa a las comunidades en las que se llevan a cabo. Muchas de ellas fueron consecuentes seguidoras del oficialismo. Basta con ver las manifestaciones frente a la Fiscalía de madres indignadas porque a sus hijos los tildaron de “paramilitares” pues tuvieron la mala suerte de estar en las calles de la Cota 905 cuando llegaron los policías.

El día en que ocurrió la toma de este sector los comercios de todos los alrededores cerraron, el transporte público no prestó servicio y nadie (salvo el líder de la megabanda del lugar, alias Coki) podía entrar ni salir. La gente común se preguntaba por qué tenían que pagar por los delitos de unos pocos. Igual ha ocurrido en los Altos Mirandinos, y seguramente en otros lugares donde las quejas han sido acalladas por la censura y la autocensura.

Luego, sobre la marcha, en el Ejecutivo se dieron cuenta de que había necesidad de improvisar algún plan para que la operación no se quedara en redada, para que la gente creyera que seguían algún modelo como el aplicado en las favelas de Río de Janeiro. Una semana después, el alcalde Jorge Rodríguez anunció que por órdenes presidenciales se instalaría “de manera definitiva” en la zona. Esto está por verse. Cabría preguntarse si esta orden presidencial será la misma en aquellos lugares donde los alcaldes o los gobernadores no estén alineados con el oficialismo.

Una última reflexión, pero no por eso menos importante. Creemos que estas operaciones están destinadas al fracaso, entre otras razones pues no parten de la legalidad. ¿Le mostraron a los residentes de la Cota 905 o de los Valles del Tuy aunque sea una orden de allanamiento debidamente expedida y razonada por un juez de control? Acciones en flagrancia no eran, pues al menos en el caso de la barriada caraqueña se sabe que tenían días planificándola. En este punto uno recuerda lo señalado por el ex juez español Baltazar Garzón: el Estado no se puede imponer desde la violación de las normas. Por el contrario, tiene que hacerlo reivindicando el cumplimiento riguroso de las leyes. Nada de esto vimos en la OLP. Y lo peor de todo es que una porción de la población directamente afectada por estas incursiones policiales y militares está dispuesta a avalar con su silencio la matanza. Por supuesto, siempre y cuando los cadáveres no sean los de su hermano o su hijo.

Breves

*El homicidio del ex oficial de la Policía del Municipio Sucre Gustavo Enrique Pulido se dirige a engrosar la lista de crímenes impunes. Un ataque armado efectuado a plena luz del día (era el sábado 18 de julio a eso de las 2 pm) ante por lo menos 3 testigos presenciales y una cámara de vigilancia instalada en el estacionamiento del Unicentro El Marqués probablemente será tapado por otros tantos asesinatos de más fácil resolución, que sí ocuparán las energías de los detectives de CICPC, presionados por incrementar la famosa “efectividad”. Pulido era jefe de escoltas de un empresario venezolano de origen portugués, ex concesionario del Mercado Mayor de Coche, cuya riqueza creció notablemente durante los últimos años. El comerciante, copropietario de dos restaurantes de Las Mercedes, fue detenido en abril de 2013 en La Romana, República Dominicana, cuando intentaba salir de esa isla con más de 165.000 dólares en efectivo, junto a otras cinco personas. El dinero supuestamente estaba destinado a saldar una cuantiosa deuda con un socio venezolano. Días después quedó en libertad, pero no pudo llevarse el dinero. Compromiso pendiente, conflicto en ciernes. En junio, CICPC  y PoliHatillo atendieron un extraño incidente en una quinta de la calle P3 de La Lagunita. Lanzaron una granada a la fachada del inmueble y luego dejaron allí una corona de flores, similar a las usadas en los funerales, con el nombre del deudor. El mensaje estaba muy claro. Desde entonces, Pulido había contactado a varios profesionales de la seguridad para fortalecer la protección del empresario. Fue cuando lo mataron. Este contexto es bien conocido por la policía judicial. Una de las teorías de investigación es que al ex PoliSucre le dieron 10 tiros para enviar un nuevo mensaje a quien era su empleador. Esto indica, entre otras cosas, que la disputa es entre grupos que se consideran a sí mismos intocables.

*El 21 de julio, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) publicó una segunda lista de aeronaves declaradas en “abandono” tras la ejecución de la operación Cielo Soberano, motivo de profusa propaganda a través de los medios oficiales. Esta lista difiere de la primera pues aparentemente fueron liberadas cuatro avionetas. Ahora, el Estado tiene en custodia 1064 aeronaves. Para que sus legítimos dueños puedan recuperarlas deberán presentar “escritos razonados” que comprueben la propiedad. Además, tendrán que cancelar el equivalente a mil unidades tributarias “por omitir información a la autoridad aeronáutica nacional”. No está claro qué ocurrirá si el Gobierno llegase a considerar definitivo el abandono de estos vehículos. ¿Los subastarán como se hacía anteriormente o tendrán el mismo destino que otros bienes incautados, que luego son destinados al uso personal de altos y no tan altos funcionarios? Quien tenga dudas que revise las denuncias sobre la entrega subrepticia a civiles y militares de los yates decomisados en procedimientos de drogas.

*El 17 de julio comenzó a divulgarse en las grandes unidades militares del país la orden de ejecución del “Plan para el Llamado a la Reserva Activa”. Una circular anunció que en la Fuerza Armada Nacional quieren “tener localizados a todos los ciudadanos y ciudadanas que han pasado a esta situación y de esta manera ser convocados y llamados a filas ante una situación irregular que pudiera presentarse en nuestra República Bolivariana de Venezuela y por ende en su área jurisdiccional”. Las dependencias castrenses deberán efectuar “las coordinaciones necesarias a fin de que estos combatientes participen en ejercicios de entrenamiento”. La situación, por lo tanto, es más delicada de lo que públicamente se conoce. Los militares no sólo estarían previendo un rebrote de la conflictividad interna. El conflicto con Guyana, reactivado por el presidente Maduro en época preelectoral, por ahora se mantiene en el plano meramente diplomático. No obstante, es claro que esta escalada podría trasladarse a otros ámbitos. Desde el punto de vista teórico y legal, en tiempos de conflicto armado los reservistas son llamados a filas cuando se considera que deben complementar el pie de fuerza de los distintos componentes. Este principio quedó plasmado en un decreto presidencial emitido en abril de 2005, que establece que el Comando de la Reserva tiene entre sus funciones “proporcionar reemplazos entrenados y especializados a las unidades activas y de la Reserva Nacional empeñadas en operaciones de combate”.

La cabeza, tapada con una sábana

*Honda conmoción causó en el oriente del país la colocación de la cabeza de un hombre al pie del busto del prócer Francisco de Miranda en Pariaguán, estado Anzoátegui, durante la madrugada del 14 de julio. Es la primera vez que un hecho con semejante carga simbólica ocurre en el país. Sugiere un proceso de “mexicanización” de la criminalidad venezolana. En México ciertos homicidios son cometidos con la clara intención de transmitir mensajes en distintas direcciones: a las comunidades donde ocurren, a los policías y militares y especialmente a los integrantes de grupos rivales. Los cadáveres amanecen guindados de puentes, desmembrados, quemados y a menudo cubiertos con lo que se ha llamado en ese país “narcomantas” o mensajes escritos sobre telas. Más que cadáveres son advertencias. Estos casos generalmente son catalogados como “crímenes de delincuencia organizada”. Según el autor Ioan Grillo obedecen a un proceso de “insurgencia criminal”, es decir, violencia de grupos hamponiles con ribetes de terrorismo. En Pariaguán, la cabeza fue dejada al pie de la estatua precisamente cuando se iban a celebrar en esa plaza diversos actos para conmemorar los 199 años de la muerte de Miranda. La víctima de este caso fue identificada como Rosalio Gamboa, alias Roso, de 27 años de edad, señalado extraoficialmente como integrante de una banda dedicada al abigeato y el robo de vehículos. La policía judicial lo vinculó con cuatro homicidios. El último de ellos fue reportado dos días antes del hallazgo del decapitado. Hubo dos fallecidos: José Miguel Sumoza, obrero de taladros de Pdvsa de 28 años de edad, y Rafael Augusto Azócar, de 52 años. Ambos murieron luego de recibir múltiples disparos en un terreno baldío de la vía Pariaguán-Valle de la Pascua. Allí fueron quemados por los propios matones. Según CICPC este doble crimen se originó por una disputa en torno a un vehículo.

Juvenal y uno de sus botines

*Escribe un habitante de Guárico, a propósito de la situación de criminalidad que se presenta en las carreteras de ese estado y del sur de Aragua. “Da temor transitar en la carretera Chaguaramas-El Sombrero-Barbacoas-Camatagua. Allí el Estado dejó de ejercer autoridad en ese territorio inmenso, dejándolo en manos del hampa”, señala. En ese lugar se ha enseñoreado la organización de Juvenal, ya referida en otras entregas. Según el remitente, este hombre es ampliamente conocido en el sector. No se esconde. En junio fue visto junto a varios integrantes de su grupo disfrutando una jornada de toros coleados en la población de Memo, en la frontera Aragua-Guárico. Aún así las autoridades no hacen nada. “Vivimos cercenados en nuestro derecho de viajar al centro del país por la vía mas corta que tenemos y temerosos de que familiares, amigos o conocidos terminen en manos de estas bandas”, dice. Este testimonio contrasta con los discursos emitidos desde Caracas por funcionarios del Gobierno, quienes aseguran una lucha frontal contra estas bandas.

*Vienen noticias sobre el asesinato del informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y presidente de la fundación Ceotad de Carabobo Luis Rodríguez Santacruz. Este hombre de 51 años de edad fue ultimado en junio de 2007. Su cadáver fue encontrado en un costado de la autopista Valencia-Campo de Carabobo. Tenía huesos rotos y contusiones que evidenciaban una prolongada tortura, además de 15 disparos en la boca y otras partes del cuerpo, señal inequívoca de que le cobraban haber delatado alguna operación de drogas. Rodríguez Santacruz fue víctima de una celada que le tendieron personas conocidas por él, quienes lo convencieron vía telefónica para que saliera de su vivienda y se introdujera en un vehículo. Más nunca lo vieron con vida. El caso era investigado por la fiscalía 11 de Carabobo, pero desde luego los autores del crimen continúan impunes. La ex presidenta de la Conacuid Mildred Camero señaló en una entrevista hecha por el periodista Héctor Landaeta que en este crimen estaban involucrados militares y policías del aparato de inteligencia del momento.

Estado delincuente, Estado criminógeno

*Desde 2003 tenemos a un Estado que genera normas para controlar los mercados y a la vez criminalizar a importantes sectores de la sociedad, con la excusa de proteger sus propios intereses. La última versión de esta práctica es la famosa “guerra económica”

@javiermayorca

El 10 de junio, la fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que habían acusado a 514 personas por el supuesto “uso irregular de divisas” a través de la extinta Cadivi. La información divulgada por el Ministerio Público no precisa si tales acusaciones fueron formuladas solamente en 2015 o desde que se inició la investigación correspondiente, en 2013. En todo caso, se argumentó que tales ilícitos “menoscaban el desarrollo económico del país”.

Previamente, el 25 de abril, la misma funcionaria afirmó que 1.711 personas habían sido detenidas este año por contrabando y acaparamiento, delitos que según ella van encaminados a “desestabilizar la economía”.

En total, por la medida mínima, han sido procesadas penalmente 2.325 personas por los referidos ilícitos. Llama la atención cómo la propaganda oficial justifica la persecución penal a semejante cantidad de individuos, en el marco de la denominada “guerra económica”. Y cómo importantes capas de la población, afectadas directamente por el desastroso desempeño gubernamental, aún creen en la prédica que atribuye la escasez y el brutal incremento de los precios a la conspiración de un grupo de malvados empresarios que nunca terminan de ser expuestos a la luz pública.

Llegamos entonces al nivel en que para hablar de economía también hay que manejar conceptos de derecho y seguridad ciudadana, y viceversa. Esto debido a que la actividad económica está criminalizada.

Todo comenzó en 2003, cuando el entonces presidente Hugo Chávez anunció la creación de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Sus dos argumentos para implantar el esquema de controles al flujo de moneda extranjera fueron: 1) detener la fuga de capitales, y 2) impedir el lavado de dinero.

En ambos aspectos el fracaso fue rotundo. El drenaje de los recursos del país no sólo no se detuvo sino que se aceleró, alimentado por el efecto riqueza ocasionado por la bonanza petrolera. Al respecto, la carta “mea culpa” del exministro de Planificación Jorge Giordani es plena prueba.

Simultáneamente, desde las entrañas del propio Estado se generó toda una clase social enriquecida sobre la base de actividades ilegales a la luz de las normativas improvisadas por el brazo legislativo del propio régimen. Los “boliburgueses” y sus padrinos políticos son ni más ni menos los responsables de que Venezuela llegase a ocupar el octavo puesto en el ránking mundial de países exportadores de capitales ilícitos, según la organización Global Financial Integrity, sólo superada en Latinoamérica por México, donde germinaron las más importantes organizaciones delictivas del hemisferio occidental durante los últimos veinte años. Esta casta nacional hace recordar a los “ladrones en ley” (vor v zakone) de la extinta Unión Soviética.

En Venezuela, tal y como lo señalan Tablante y Tarre, el Estado se transformó en un actor de la criminalidad. Por tal razón, el abogado Bayardo Ramírez Monagas lo denomina “Estado felón” o delincuente. Esta expresión no sólo se refiere a la incorporación de importantes funcionarios en actividades al margen de la ley, sino también a la incapacidad de los propios poderes públicos para implantar los correctivos necesarios de manera oportuna.

Pero hay otro aspecto de esta realidad que ha sido poco tratado, y que se refiere precisamente a las declaraciones de la Fiscal. El propio Estado, con su afán por controlar cada espacio de la vida de los individuos, ha empujado al resto de la sociedad a la ilegalidad.

En este sentido, entonces, tenemos un Estado delincuente y al mismo tiempo criminógeno.

El control de cambios en el país creó delincuencia de varios niveles. Sobre la de ligas mayores aún es poco lo que se sabe. Baste decir que cuando la Dirección de Contrainteligencia Militar se asomó al listado de grandes beneficiarios de Cadivi y del sistema Sucre, reculó y se contentó con detener a un teniente coronel del Ejército, vicepresidente de la oficina de control cambiario, y a un primo hermano señalado de ser su testaferro.

Pero en las “ligas menores” estaba el resto de la población venezolana, arrastrada a la ilegalidad de los mercados negros por decisión del propio Estado. ¿Quién no compró dólares a un amigo o conocido para poder viajar sin estar pendiente de si la tarjeta “pasó” o hacer encargos sin el corsé que imponían los cupos? ¿Quién no adquirió el “electrónico” a algún familiar que no lo usaría? En Venezuela, donde prácticamente todo lo que se consume es importado, la disponibilidad de divisas se transformó en un factor de preservación de la salud y la libertad individuales. Por lo tanto, el control de cambios operó y opera como un mecanismo de control social y político. El Estado permite que el individuo permanezca en la ilegalidad, hasta que sea percibido como incómodo para la permanencia del régimen. Entonces, será objetivo de la “selectividad represiva”, una característica a la que nos hemos referido en otras entregas.

En la "guerra económica" el enemigo es la población

En esta misma línea se inscribe la “guerra económica” declarada por Nicolás Maduro. Desde Sun Tzu hasta estos días, uno de los factores vitales para cualquier guerra es poseer una definición clara del enemigo. De lo contrario será imposible determinar cuándo el conflicto será ganado. En el caso venezolano, lo que no se dice es que la “guerra económica” es del Estado contra los individuos, con el Ejército y todos los poderes públicos en el rol de armas de destrucción masiva. Aún así, el bando contrario gana adeptos cada día. En las fronteras de Táchira, Zulia y Apure hay pueblos enteros dedicados al traslado de mercancías a Colombia, que reaccionan iracundos cuando la fuerza pública les impide continuar en lo suyo, como pasó recientemente en un caserío tachirense llamado La Cooperativa.

Poco a poco campesinos, amas de casa, transportistas y hasta docentes se incorporan al “bachaqueo”, sin conocer o importarles el hecho de que desafían las normas implantadas por el propio Estado para sostener lo insostenible. Desde luego, con el pasar del tiempo esto también mina la cohesión de las filas oficialistas. Por eso, el contrabando se convirtió de la noche a la mañana en el principal delito cometido por funcionarios militares en el país.

Breves

*Esta es la historia de lo ocurrido a un conductor que circulaba hacia El Solar del Hatillo, el 31 de mayo en la noche. Algunos detalles fueron omitidos para proteger su identidad. Un relato sobre la impotencia y la ausencia de protección que caracterizan la vida actual del venezolano. Parece ficción pero es cruda realidad:

“(…)me encontraba subiendo en mi carro por la vía que está entre la urbanización Lomas del Sol y el cruce hacia el Solar del Hatillo, cuando inesperadamente apareció una camioneta por detrás, me adelantó e interceptó. Se bajaron tres hombres armados y metí retroceso. Giré el volante para intentar huir en sentido contrario, pero en esta maniobra mi carro volcó. Los hombres armados subieron nuevamente a su carro y dieron vuelta para intentar perseguirme.

“Al verlos bajar hacia donde me encontraba yo volteado, sin mucha posibilidad de poner a salvo mi vida, busqué la forma de poder salir del carro para esconderme en otro lugar. Pero cualquiera de las opciones me colocaba al descubierto y de frente a ellos por lo que decidí esconderme lo más atrás posible (en la cabina), pensando que los hombres podrían disparar al puesto del piloto o del copiloto. Pero los antisociales al encontrase con el accidente decidieron escapar.

“Cuando ya no veía el carro de ellos salí como pude en busca de un lugar un poco más seguro. Decidí esconderme detrás de un árbol donde el monte estaba un poco más tupido. Desde ahí, tirado en el piso para evitar que alguien pudiese verme, con miedo de que pudiesen regresar los antisociales, comencé (con 6% de batería) a llamar a algunos amigos. Pero en vista de la mala señal del lugar no pude lograrlo. En el quinto intento llamé a mi padre. No quería hacerlo porque él sufre de la tensión. Pero no quedaba de otra. Necesitaba salir de ahí y estaba lejos de algún lugar seguro. Esta vez la llamada cayó. Yo estaba asustado como nadie, pero intentaba no transmitir el pánico a mi padre: "Hola, estoy bien, no me pasó nada, pero necesito ayuda, busquen a la policía y vengan para acá", le dije mientras miraba a todos lados estudiando la zona para ver dónde podía esconderme mejor. Pensaba que en cualquier momento volverían los antisociales.

“De repente, de la nada aparecieron unos héroes anónimos en tres carros, desconocidos por mí pero amigos entre ellos. Al ver mi carro se pararon para ver si todo estaba bien. Salí de donde estaba escondido, gritando: "Estoy bien, por favor sáquenme de este lugar, intentaron robarme y pueden volver". Ellos accedieron, agarré un par de cosas de mi carro y me fui con ellos a un lugar seguro lejos de ahí. Nunca colgué el teléfono y mis padres escucharon todo. Seguí hablando con ellos para intentar calmarlos y explicarles adónde estábamos yendo.

“Mientras los héroes anónimos llamaban a la policía e intentaban calmarme un poco llegaron mis padres. Nos abrazamos, dimos gracias infinitas a quienes me ayudaron y fuimos al lugar donde estaba mi carro pues ya habíamos confirmado que la policía estaba ahí. Luego de todo lo acontecido pensé que todo fluiría normal, pero la Policía Nacional en vez de radiar al carro según mi testimonio (a lo cual respondieron que ya PoliHatillo tenía el caso) prefirieron jugar a desmentir todo, en busca de aprovecharse de mi estado anímico para obtener alguna retribución económica. Juego en el cual no caí, y sin dudar defendí el testimonio de lo vivido.

“En vista de que todos mis papeles estaban en regla, que la prueba de alcohol arrojó 0,00% y que su método de presión se hacía cada vez más nulo, me dijeron: "Tenemos que ponerte una multa porque venías retrocediendo". No me quedó más    nada que reírme y decirles: "Pónganla".

“Pasé la noche en la clínica haciéndome exámenes. Todo estaba perfecto. Busqué mi carro, lo llevé a mi casa y fui a PoliHatillo a ver si efectivamente tenían el caso, a lo que respondieron: "Te mintieron. Nada sabemos de lo ocurrido. Mi pana, yo no sé cómo usted está vivo".

“Tristemente tal y como luego le dije al CICPC, lo único malo de que no me haya pasado nada es que seguramente a otro le va a pasar. Esto en vista de que la denuncia no procede, pues no hubo ningún acto consumado, ni robo, ni secuestro, ni ajuste de cuentas”.

*En entregas anteriores hemos tratado el tema de los “patriotas cooperantes”, figura equivalente a los informantes confidenciales, utilizada en forma indiscriminada por los cuerpos de seguridad venezolanos para la persecución de opositores políticos, con el aval de jueces y fiscales. En el caso de la técnico en Procesos Químicos Araminta González se le confirió el carácter de soplones a por lo menos dos personas de su propio entorno, quienes a su vez también fueron presionados por los cuerpos policiales. Otros se mezclaron en las manifestaciones a las que ella asistía y la involucraron en un expediente por supuesto terrorismo, asociación para delinquir y otros delitos. La mujer, de 33 años de edad, permanece en los calabozos del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) desde hace más de un año, luego de ser presentada ante el juzgado primero de control del estado Miranda. En otras palabras, el proceso judicial está paralizado. Su abogado José Vicente Haro recaba evidencias sobre las torturas a las que fue sometida para obtener un testimonio incriminatorio contra Vasco da Costa. Hasta ahora ha podido precisar dos procedimientos. El primero, llamado “el masaje” en el argot policial, consiste en envolver al detenido con una colchoneta. Posteriormente, es golpeado en forma repetida mientras le hacen las preguntas de rigor. Los traumatismos se unen a la falta de aire. La otra técnica es conocida como “helicóptero”: al detenido le toman mechones de cabello mientras le dan vueltas hasta que se desprende del cuero cabelludo. Las lesiones, además de dolorosas, tardan mucho en sanar.

*Un informe de la Guardia Nacional advierte sobre el crecimiento de la banda llamada Juvenal en el sur del estado Aragua y en Guárico, territorios donde anteriormente imperaba la organización de José Tovar Colina, alias Picure. Los antisociales son señalados por los secuestros de dos gerentes de la empresa china Ciric y tres fiscales del Ministerio Público, entre ellos el 61 nacional Nohengry Mendoza (6 de mayo). Todos fueron víctimas ocasionales de un grupo que opera en forma cada vez más abierta, manteniendo cautivas a familias enteras en fincas de la región. Los golpes propinados por los cuerpos de seguridad a la banda del Picure desde el año pasado ocasionaron que la banda Juvenal también haya asumido el control de las extorsiones a los hacendados. Algunos son obligados a pagar con ganado o vehículos, pues no disponen de las altas sumas exigidas por los antisociales. La GN atribuye a este grupo los homicidios de tres personas que este año han intentado eludir los “puntos de control” que la banda instala en las vías que comunican a Guárico con el oriente del país. La última víctima fue Fernando José Villanueva de 54 años de edad, quien se negó a entregar una pick up Luv Max el 31 de mayo.

*El país atraviesa por una importante intensificación de la criminalidad. En Caracas, las muertes violentas se han incrementado durante el primer semestre del año 7,2% con respecto al primer semestre del año pasado. Los robos y hurtos de vehículos en permanente aumento, así como delitos asociados como los secuestros, las extorsiones y los asaltos a viviendas. En Zulia matan a cuatro personas en promedio diario, y en Aragua tres. En Antímano hubo un incremento de 70% en los delitos conocidos durante junio, con respecto al mes anterior, de acuerdo con fuentes de PoliNacional.  Los homicidios cada vez reflejan mayores dosis de odio y ensañamiento. La ciudadanía presa del miedo no encuentra a quién acudir ante la inoperancia cada vez más patente de los exponentes del “nuevo modelo policial”, prestos a reprimir a manifestantes pero pusilánimes cuando se trata de las bandas armadas de la Cota 905 o del Cementerio. El Gobierno, desde luego, conoce esta situación pero está entrampado en una contradictoria dinámica. Por una parte, negocia y hace concesiones a los delincuentes al otorgarles “zonas de paz” y refugios en prisiones como Tocorón. Por la otra, presume de una “mano dura” militarista que nada tiene que ver con el rescate de la institucionalidad. Luego de la destitución del mayor general Miguel Rodríguez Torres otros dos oficiales activos de la FANB han estado al frente del ministerio de la seguridad. La almirante en jefe Carmen Meléndez nunca se encontró a gusto en el cargo, y parece que lo mismo ocurre con su reemplazo, el mayor general Gustavo González. Muchos soles para una guerra interna que se está perdiendo.

*”Ni que nos vayamos nos podemos ir” es la última obra protagonizada por la actriz Caridad Canelón. El libreto de Lupe Grehrenbeck refleja los conflictos de una mujer en preparativos para visitar a su hija, radicada en Florida (EEUU) luego de sufrir un secuestro junto a su familia en Caracas. Ese viaje, programado para durar solo un mes, tiene todas las características de una mudanza, o mejor dicho un desplazamiento forzado de una persona que huye de la escasez y la criminalidad, pero que a la vez se niega a abandonar su terruño. La obra, como nuestra realidad, se mueve entre la comedia y tragedia. Pero logra un excelente balance que al final suscita reflexiones en el espectador. La pueden ver en la torre BOD, entre viernes y domingo.

La Comuna 13 de Medellín

*La foto que acompaña este breve fue tomada en la Comuna 13 de Medellín, durante una visita que tuve la oportunidad de llevar a cabo en mayo. Este barrio, como otros tantos de la capital antioqueña, fue escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas, cuerpos de seguridad, grupos paramilitares y reductos del Ejército Popular de Liberación y del Ejército de Liberación Nacional. Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, con tasas de homicidios que superaron los 380 casos por cada 100.000 habitantes en 1992 debido a la guerra del cartel liderado por Pablo Escobar contra el Estado colombiano. Muerto el Patrón, los homicidios disminuyeron en forma consistente. Pero entre los años 2000 y 2002 hubo un importante repunte de la violencia criminal, debido precisamente al conflicto armado entre las bandas agrupadas en torno a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna o Adolfo Paz, reductos guerrilleros y otras organizaciones criminales. Hoy en día, la tasa de homicidios en Medellín ronda los 40 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, un tercio de la correspondiente a Caracas. Un nivel de violencia que todavía preocupa pero que en nada se parece a lo vivido allí durante las décadas de los ochentas y noventas del siglo pasado. En los últimos 25 años la ciudad colombiana ha tenido gobernantes de distinto signo político, que sin embargo coincidieron en colocar el problema de la criminalidad en el tope de su agenda, y convocaron a la sociedad civil organizada para superar esta situación. La experiencia de Medellín, además, enseña que en esto no hay soluciones de corto plazo. Por lo tanto, para superar esta violencia sin límite Venezuela tendrá que recorrer un largo camino. Cada día que pasa sin dar los primeros pasos sólo hará más difícil alcanzar la salida.