El presidente del BCV Nelson Merentes está en una
encrucijada. Si formaliza ante CICPC la denuncia del hurto, tendrá que precisar
datos de lo sustraído. Si no lo hace, el delito quedará impune y podrá
repetirse. Hasta ahora, ha preferido quedarse callado
@javiermayorca
Desde un principio, la información llegó cruzada y
aderezada con datos de imaginario popular. Que los hampones se metieron en una
casa de Naiguatá utilizada los fines de semana por el presidente del Banco
Central de Venezuela; que la incursión en realidad fue en un apartamento de
Tanaguarena; que fueron $300.000 en efectivo, mantenidos como especie de caja
chica del funcionario; que la cantidad era 40.000 euros… En fin, el equipo
periodístico de un portal web se fue a Naiguatá con cámara oculta y constató
que allí, como en el resto del país, se preguntaban con cierto temor si el
visitante ocasional en realidad guarda semejantes cantidades en inmuebles
aparentemente humildes, mientras se relaja entre partidas de dominó.
No cuesta mucho creer la especie del alto funcionario.
Hay antecedentes que involucran a otros próceres revolucionarios en manejos
nada santos de los dineros públicos en efectivo, como si fuesen atesorados para
pagar la próxima compra en el automercado. Primero fue el ex viceministro de
Finanzas Jesús Bermúdez, detenido cuando intentó entrar a EEUU por el
aeropuerto de Opa Locka con casi 40.000 dólares, billete sobre billete. El
sabía que si lo detectaban con toda esa plata en un solo paquete tendría que
responder preguntas incómodas, así que entregó una parte al piloto del jet
privado, y otra al copiloto. Pero en aduana no creyeron el cuento, y fue
detenido.
Dos años después, en 2007, Guido Antonini fue apresado
en el aeropuerto de Buenos Aires cuando trataba de pasar un maletín con
$790.000. De ser por la Asamblea Nacional de entonces, la Contraloría y la
Fiscalía venezolanas, eso hubiera quedado así, tirado a pérdida. Pero las
averiguaciones internacionales revelaron que el dinero salió de las arcas de
Petróleos de Venezuela como un aporte del presidente Chávez para la campaña de
Cristina Kirchner. Y que además no fue el único envío. Antonini reconoció durante
una comparecencia en tribunales de EEUU que hubo otras remesas con anterioridad.
En el caso del asesinato del diputado Robert Serra, en
octubre de 2014, nunca se aclaró del todo qué llevaban en esas bolsas negras
los supuestos homicidas grabados en el video que divulgó el propio Presidente.
Documentos de la investigación conocidos en EEUU señalan que probablemente
había importantes cantidades de efectivo sustraídas de una caja fuerte empotrada
en la pared del estudio del parlamentario. Después de todo, nadie manda a
colocar una caja fuerte en la pared de su vivienda si no pretende guardar en
ella valores fuera de lo común.
En el caso del exministro de Finanzas los hechos
constatados indican que hubo una denuncia sobre un supuesto hurto en un apartamento
de Tanaguarenas, pero no ante la policía judicial sino ante la Policía del
Estado Vargas, el fin de semana del 9 y 10 de enero. Desde el punto de vista
del denunciante esto guarda cierta lógica. Los agentes regionales son más fáciles
de orientar, se deben a un gobernador oficialista y exministro de Defensa. Todo
queda entre amigos revolucionarios. CICPC sería más difícil de manejar, aunque
no imposible. En todo caso, allí le exigirían una relación precisa de lo
hurtado, pues esa sería la base de la búsqueda. Y esa minuta podría filtrarse,
ocasionando situaciones incómodas, como ocurrió en diciembre luego del
secuestro del coronel jefe de seguridad de la Vicepresidencia. La gente no se
preguntaba entonces por los detalles del plagio sino por el origen de los 40.000
dólares cancelados a las bandas de la Cota 905.
Igual ocurriría con Merentes. El
funcionario supo utilizar los recursos a su disposición. Los policías
regionales para poner ojos en el supuesto hurto y CICPC para investigar el
origen de las informaciones que colmaban las redes sociales. A tal efecto,
bastó una llamada al director Sierralta. Nada de ir a una oficina oscura en la
Urdaneta y pasar horas dictando a un detective detalles sobre las noticias que
le molestaban.
Además de eso, hay otros hechos para valorar este
caso.
Merentes ha reconocido en su entorno que en dos
oportunidades el hampa ha visitado el inmueble donde supuestamente ocurrió el
hurto. Pero que lo sustraído han sido prendas y electrodomésticos. Para él,
nada de dólares o euros. De eso no se habla.
Igualmente, a propósito del escándalo de las últimas
semanas ha admitido la existencia de una relación “de varios años” con la joven
modelo varguense y en general con su familia. No ha especificado el tipo de
nexo, aunque sí ha aclarado que él no ha usado su dinero para financiar las
cirugías estéticas de estas damas, cuyos resultados ya son públicos, notorios y
comunicacionales.
Tal y como van las cosas, este caso quedará cubierto
por un manto de silencio a menos que surja otro dato relevante. O será tapado
por un escándalo mayor.
Breves
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| La orden es investigarlos |
*El 13 de enero, los despachos anticorrupción del
Ministerio Público recibieron la instrucción de hurgar en sus archivos y enviar
cuanto antes a la superioridad una relación pormenorizada “sobre los casos
(activos, activos con egreso o concluidos) relacionados a personas de
reconocida trayectoria política, económica o social”. Visto así, parecería que
este arqueo podría incluir, por ejemplo, a los financistas de las campañas de
la oposición y también a los que han aportado para las del oficialismo, los
casos que involucren a funcionarios de la Gobernación de Miranda pero también a
los que haya sobre la Alcaldía de Libertador. Y ni qué hablar de Petróleos de
Venezuela y las fuerzas armadas. Pero en realidad lo que se pretende desde el
Ministerio Público obedece a una estrategia general diseñada por el Gobierno para
encontrarle caídas a los diputados recién electos por la Mesa de la Unidad
Democrática. Entre los objetivos de esta pesquisa se menciona a los dirigentes
políticos Richard Mardo, Leopoldo López, Eduardo Manuitt, José Gregorio Briceño
(exgobernador de Monagas), el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, el
banquero Eligio Cedeño y los que fueron procesados durante el último quiebre
del sistema bancario nacional. Además de esto, se ordenó que todo el aparataje
de inteligencia electrónica vigile a los nuevos parlamentarios y sus
respectivos entornos. “Es una investigación a fondo, contra todos”, me indicó
una fuente ligada al mundo castrense.
*El Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia
Nacional elaboró un informe sobre las principales bandas delictivas del estado
Sucre. El documento de 32 páginas contiene los nombres de los grupos, fotos de
sus principales exponentes, actividades ilegales y ámbitos de operación. A
juzgar por los datos consignados allí, la organización de José Manuel Lanza
Bruzual, alias Manuel Lanza, conocida como Tren de la Muerte, continúa
ejerciendo un predominio en todos los estados orientales del país, sólo disputado
por la banda conocida como Carro Azul, cuyo líder Enrique Ruiz, alias
Enriquito, está en libertad. Ambas estructuras se dedican al robo y hurto de
vehículos, el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas. En ambos casos,
de acuerdo con informes anteriores del mismo componente, la extorsión está
asociada a la devolución de autos y motos robadas, e igualmente al cobro del
llamado “impuesto de paz laboral”, que eventualmente ha paralizado el
desarrollo de obras contratadas por Petróleos de Venezuela en toda la región
oriental. Las otras bandas referidas en el informe del Gaes fueron la de
Colombia (robo, hurto y homicidio), El Burro (asaltos en carreteras), Los
Pepinos de Arapito (robo de lanchas y sus motores, así como asaltos a
turistas), El Cane (tráfico de drogas) y Cárcel El Dorado (extorsión telefónica
simulando ser miembros de las Aguilas Negras).
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| PoliNacional y CICPC: desplazados por bandas |
*El 18 de enero, la Coordinación Nacional de
Investigaciones Penales, a cargo del comisario Rubén Lugo, envió a todos los
despachos de la policía judicial una solicitud de información con el “listado
de los funcionarios de cualquier organismo de los cuales se tenga conocimiento
que hayan sido desplazados de los sectores donde residen por los grupos
delictivos que allí operan”. Los datos correspondientes deberían ser enviados
en un formato anexo a la solicitud. El solo hecho de que la policía judicial se
plantee una investigación de este tipo revela la gravedad adquirida durante los
últimos meses por el accionar de bandas criminales en todo el país. No se trata
solo de grupos asociados directamente con alguna actividad delictiva. Esto
empezó cuando se admitió que los colectivos del 23 de Enero asumieran todo el
control de ese territorio, llegando incluso a disparar de manera impune contra
unidades de la extinta Policía Metropolitana. Allí fue precisamente donde se
registraron los primeros desplazamientos de efectivos policiales y sus
familias. Luego, el Ejecutivo continuó cediendo espacios a los grupos al margen
de la ley con el programa de las Zonas de Paz. Simultáneamente le dio cuerda a
las bandas del eje Cota 905-Cementerio. En todos estos lugares hay casos de
funcionarios desplazados. Recuerdo el relato de una inspectora de la policía
judicial residente de un edificio en el desarrollo Ciudad Betania de la Gran
Misión Vivienda. Cuando regresaba una tarde encontró que las bandas/colectivos
habían sacado sus enseres del apartamento al conocer la institución para la que
trabajaba. En menos de un día estaban allí otros ocupantes, quienes ya pagaban
alquiler a los grupos criminales. Situaciones de este tipo fueron detectadas
durante las OLP en la avenida Bolívar. En Cementerio recientemente también se
conoce de mudanzas forzadas de oficiales de la Policía Nacional, e incluso de
escoltas privados. Ojalá la encuesta de CICPC permita aclarar aún más esta
situación. El problema para ellos, desde luego, es que al conocerse esta
información no podrán continuar desentendidos.
*En una entrega anterior nos preguntábamos si la
conducta mostrada por la Fuerza Armada Nacional durante la jornada electoral
del 6 de diciembre era indicativa de un “giro hacia el centro”. Los hechos
posteriores demostrarían dos cosas. En primer lugar, que efectivamente la
posición mayoritaria de la institución apunta hacia el acatamiento de los
principios establecidos en la Constitución, que describe a la FAN como “esencialmente
profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar
la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio
geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del
orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional”. En tal
sentido, la institución militar “está al servicio exclusivo de la Nación y no
al de persona o parcialidad política alguna”. En segundo término, tal y como se
demostró en los días siguientes a la elección parlamentaria, esta mayoría
continúa en la institucionalidad a pesar
del actual titular de Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino,
quien se rasgó las vestiduras a propósito del desalojo de los cuadros de Chávez
y el Libertador (versión “amulatada”) de los pasillos de la sede del Poder
Legislativo. Luego, el oficial se ha mantenido
en una conveniente ambigüedad. Un día dice que la FAN no está para dar golpes
de Estado y que se la debe excluir “de la diatriba generada por sectores
políticos”, y al día siguiente insiste en calificar a la institución castrense
de bolivariana y chavista, es decir, como si se debiera a una persona. Maduro
mordió el anzuelo y ratificó al general en la cartera de Fuerte Tiuna.
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