La mezcla perfecta

La conjunción de secuestros y tráfico de drogas ha hecho que las bandas del eje Cota 905-Cementerio muestren una fuerza nunca vista en los grupos criminales en el Distrito Capital

@javiermayorca

En la entrega anterior se explicó en términos generales cómo fue la proliferación durante 2015 de las llamadas “megabandas” en todo el país. En el texto, desde luego, no se podía pasar por alto la situación insólita que se ha visto en el eje Cota 905-Cementerio. En las líneas que siguen se tratará este fenómeno con mayor profundidad.

Tanto en la Cota 905 como en El Cementerio existían desde hace mucho tiempo grupos criminales, dedicados especialmente al robo y hurto de vehículos. Esto hace de El Paraíso una de las parroquias que ha tenido las tasas más elevadas de estos delitos, junto a la parroquia Sucre del municipio Libertador y Petare. Había además rateros que solían frecuentar el área comercial del bulevar y el mercado de mayoristas.

Alrededor de 2010 fueron reportados casos esporádicos de secuestros y posteriores homicidios de personas que iban a hacer compras de grandes cantidades de ropa, con la intención de distribuirlas posteriormente en ciudades del oriente del país. Estos casos fueron atendidos en su oportunidad por las divisiones Antiextorsión y Secuestros y Contra Robos de la policía judicial. Allí residían u operaban Joel Toro, alias Niño del Plan, y Claudio Giménez, apodado Buñuelo. Para ese año ambos figuraban en las listas de “los más buscados” que ocasionalmente elabora la policía de investigación.

A partir de 2013, sin embargo, algo cambió la dinámica de los grupos criminales. Los periodistas comenzaron a recibir informaciones sobre la constitución de redes de extorsión que afectaban primordialmente a los empresarios del área comercial de Cementerio y a los transportistas de rutas troncales, es decir, los que brindan un servicio hacia los barrios ubicados en las partes altas. Los afectados, sin embargo, estaban presos en la dinámica perniciosa de la extorsión, y nunca concretaron sus planes de hacer un paro cívico para llamar la atención de las autoridades. Había además la percepción de que las propias policías (en especial PoliCaracas y PoliNacional) se beneficiaban de alguna manera de todo este mercado ilegal de protección. Los extorsionadores llegaron a aplicar procedimientos similares a los del “boleteo” fronterizo. Algunos comerciantes decidieron irse a otras partes, otros continuaron pagando, y probablemente aún lo hacen. En aquel entonces, las cuotas podían variar desde los cinco mil bolívares mensuales para los transportistas hasta treinta mil bolívares para los dueños de comercios.

En 2014 las bandas pasaron a una nueva etapa en su desarrollo, gracias a los secuestros breves o express. Algunas víctimas relataron a las autoridades que eran ocultadas en improvisados inmuebles cercanos al sector conocido como La Chivera, que está en la vía principal. Desde las alturas, los antisociales podían supervisar todos los movimientos, y conocer cuándo los rescates eran depositados, por ejemplo, en los restos de algún vehículo desguasado.

Toda esta actividad criminal discurría a escaso medio kilómetro de la sede central de la Policía del Municipio Libertador y de un cuartel de la Policía Nacional Bolivariana. Pero en general las partes altas de estos barrios, que es donde están sus líderes y los lugartenientes, son zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado.

El flujo de dinero derivado de los secuestros y extorsiones (también asociadas al robo y hurto de vehículos) tuvo dos efectos inmediatos: por una parte, incrementó el poder adquisitivo de las organizaciones. Mejoraron el armamento hasta incorporar fusiles de asalto, granadas y dispositivos para lanzarlas. Igualmente dotaron a los gariteros o “halcones” (como los llaman en México) con largavistas y aparatos de radiocomunicación.

La Cota 905, escenario de 3 OLP en 2015

Cuando se hizo la primera Operación para la Liberación del Pueblo en la Cota 905, en agosto del año pasado, la policía judicial manejaba informaciones sobre la existencia de tres grandes bandas, con mandos centralizados y estructuras piramidales. La más grande era liderada por alias Coqui. Otra organización la conducía Buñuelo, el mismo que habían detenido en 2011 e inexplicablemente estaba otra vez en las calles.

En esa redada murieron por lo menos doce personas. Pero las bandas, lejos de ser desmanteladas, cobraron mucha más fuerza en las semanas posteriores. Indicio de esto es que acto seguido mataron a por lo menos tres personas que eran vistas como delatoras o “patriotas cooperantes”. En el resto del año se hicieron en la Cota 905 otras dos redadas, así como operaciones en otras partes que han finalizado con la muerte de grupos de supuestos antisociales radicados en ese sector. Han sido en total 36 fallecidos.

Hasta la última semana de diciembre, sin embargo, las bandas de la Cota 905 continuaban secuestrando y robando vehículos. Un cálculo de Antiextorsión de CICPC atribuía en noviembre 58 plagios a las bandas del sector. ¿Cómo era esto posible? Los testimonios de personas secuestradas indican que el afán de obtener dólares proviene de la incursión de estos grupos en el tráfico de drogas a gran escala en el oeste de la ciudad. La marihuana, y especialmente la cocaína no se comercian en bolívares. Es un mercado que se mueve en divisa estadounidense, desde que los paquetes entran por la frontera. Por cada 2500 dólares pagados en rescate por una persona o por la devolución de un vehículo, los grupos pueden adquirir un kilo de alcaloide de alta pureza. Una vez distribuidos en las calles de la capital pueden obtener el equivalente a 7500 dólares. El negocio es redondo. Testimonios de personas que han permanecido cautivas en ese sector revelan además que algunos integrantes de la cúpula de estas bandas también consumen el producto que venden. Esto los hace cometer errores e incrementa la posibilidad de conductas violentas, especialmente cuando están afectados por la resaca.

A pesar de la merma en su pie de fuerza, o quizá debido a eso, las bandas de la Cota 905 y Cementerio han entrado en una fase de atomización. Un negociador de secuestros indicó que diversos grupos han salido a secuestrar desde allí en terrenos donde antes no incursionaban, como La Trinidad o San Román. Luego, piden la colaboración de las bandas de las que surgieron, especialmente en la fase de custodia del rehén, y por eso pagan una parte del dinero obtenido en rescate.

Estamos, entonces, ante una nueva generación de empresarios del crimen.

Breves

*El martes 22 de diciembre, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo al sacerdote agustino Alexander Vieira en la iglesia Santa Rita de Caricuao, en conexión con el explosivo activado frente a la sede de la Corporación Andina de Fomento (CAF) la noche anterior. Vieira fue llevado al mediodía hasta el cuartel de Plaza Venezuela, donde de inmediato lo sometieron a interrogatorio. La policía política supuestamente detectó una llamada desde su celular en la que le preguntaba a una persona de la CAF si les había gustado ¨ese regalito¨. El religioso de 33 años de edad habla con rapidez y cierto tartamudeo. Su detención movilizó a la jerarquía eclesiástica, ante la convicción de que se trataba de hacer “un montaje” para implicar a la institución. Hubo llamadas al ministro de Relaciones Interiores, mayor general Gustavo González, para solicitar la inmediata liberación del sacerdote. No obstante, a las 8 pm del martes, cuando parecía que permitirían su salida, se ordenó su traslado al Helicoide, y allí fue interrogado de nuevo hasta las 4 am del miércoles, cuando un asistente lo buscó. Al momento de la explosión, Vieira regresaba de hacer oficios religiosos en Táchira y Lara, por lo que resultaba prácticamente imposible que haya participado en la colocación del explosivo. Al parecer, su línea celular fue clonada para hacer la referida llamada. Simultáneamente, el Sebin indagó sobre la posibilidad de que el ataque realmente hubiese sido planificado por alguno de los empleados recién despedidos de la entidad financiera. Hasta ahora, permanece impune el incidente que ocasionó daños materiales al edificio, y que según el director de la Policía de Chacao, Yorbi Carvajal, tenía la intención de ocasionar terror en la colectividad.

*42 militantes de la organización separatista vasca ETA permanecen en Venezuela, según el último recuento manejado por policías españoles. La mitad de ellos llegó al país en 1989 en virtud de las conversaciones desarrolladas en esa época por históricos de este grupo y representantes del gobierno español, entonces conducido por Felipe González. El presidente venezolano Carlos Andrés Pérez ofreció el territorio nacional, así como lo hicieron México y otros países del área en gestos de buena voluntad, para albergar a los separatistas con la condición de que cesaran cualquier apoyo a la lucha armada en el país europeo. Desde entonces, debían presentarse periódicamente en oficinas de la extinta Disip (actual Sebin), para dar una especie de fe de vida y actualizar sus expedientes. En los años siguientes otros etarras se ocultaron en Venezuela, mimetizándose entre la enorme colonia española y sus descendientes. Uno de los más notables ha sido Arturo Cubillas Fontán, cuya extradición fue negada en 2010 por el gobierno de Hugo Chávez debido a que poco antes le habían otorgado la nacionalidad. Cubillas era además funcionario del Instituto Nacional de Tierras (Inti), y su esposa de la Vicepresidencia a cargo entonces de Elías Jaua. Más recientemente la prensa ibérica dio cuenta de la presencia en el país de Iñaki de Juana Chaos, quien va y viene entre Anzoátegui y Falcón, dos de las localidades más apreciadas por los vascos. A partir del cese al fuego anunciado por la cúpula de la organización en octubre de 2011 y el avance de las negociaciones entre sus integrantes y los sucesivos gobiernos se ha tomado la decisión de mantener las solicitudes internacionales de búsqueda y captura en “bajo perfil”, en el entendido de que lo más importante es lograr que los integrantes de la estructura terrorista admitan los delitos que han cometido, pidan perdón por tales crímenes y se logre un resarcimiento para los deudos y demás personas afectadas directamente por tales acciones.

*Llegan inquietantes informaciones sobre la imposibilidad de conocer el paradero cierto de personas que se supone deberían estar en prisión, en virtud de crímenes que van desde homicidios hasta el tráfico de drogas. Los rumores no sólo apuntan a sujetos como alias Capitán Bolívar, procesado por el homicidio de la traductora de señas de Venevisión Adriana Urquiola. El paradero de Walid Makled también es incierto. Y de ahí para abajo otros individuos disfrutarían de “regímenes abiertos” con escaso o nulo control. Sus nombres saltan a la vista cuando resultan muertos en enfrentamientos con policías o capturados, como fue el caso del capitán retirado de la GN Vassily Villalobos, señalado en la lista Clinton del Tesoro de EEUU. En 2015 estaba inexplicablemente en libertad, cuando cuatro años antes fue detenido durante un allanamiento a su hato de Anzoátegui. Los casos se acumulan uno tras otro. Recientemente, las autoridades se percataron sobre la ausencia de un mexicano que era procesado por tráfico de drogas luego de que lo capturaran en Maiquetía con una maleta “aliñada”. Cuando lo fueron a buscar en el anexo de la Penitenciaría General de Venezuela, simplemente no estaba.

*Uno de los planes del régimen que esperará mejor momento es el de la reestructuración de la policía judicial, para convertirla en un cuerpo de investigación “bolivariano”. Los escándalos de corrupción en ese cuerpo, las numerosas ejecuciones extrajudiciales y las muertes en los calabozos del Departamento de Aprehensión iban a ser aprovechados por un grupo de criminólogos y funcionarios como los comisarios Vladimir Flores y Jorge Sierralta para hacer un revolcón en las filas de la organización. Los cambios empezarían con cuestiones más bien cosméticas, como el reemplazo de la tradicional corbata azul del uniforme de faena por una vinotinto. Luego vendría una nueva nomenclatura de los grados, otro organigrama que sacaba definitivamente direcciones como la de Drogas, más énfasis en la “lealtad” y menos técnica y efectividad. Tal parece que, por ahora, eso no se concretará. CICPC es una de las instituciones cuyo acervo técnico impidió la total politización de sus filas. Pero la corrupción rampante en casi todas sus direcciones hace que cada día más personas, tanto oficialistas como opositores, se convenzan de la necesidad de aplicarle una operación “manos limpias”.

*Muy complicado el panorama de la Ley de Amnistía. La oposición la ofreció durante la reciente campaña electoral como una de sus principales banderas. Así lo ratificó el nuevo presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, durante el discurso que ofreció luego de ser juramentado el 5 de enero. Un grupo de valiosos abogados expertos en Derechos Humanos, derecho procesal penal y constitucional venía considerando dos proyectos. La semana de la toma de posesión en la Asamblea Nacional fue añadida una tercera propuesta. Hay además aportes puntuales que también han sido estudiados. Las discusiones han sido intensas y hasta el viernes 8 de enero no se había llegado a un consenso. Hay muchas situaciones que deben ser revisadas. Las amnistías se otorgan para las personas que hayan cometido determinados delitos durante lapsos específicos. Sin embargo, en Venezuela hay personas que por decisiones políticas del régimen han sido procesadas por delitos que no son precisamente políticos sino de salvaguarda. Tales son los casos del exgobernador zuliano y excandidato presidencial Manuel Rosales, y del exministro de la Defensa Raúl Baduel. Entonces, la pregunta que se hacen es cómo definir los términos de una amnistía que los favorezca a ellos y no a sujetos como por ejemplo el exalcalde de Valencia Edgardo Parra, quien recibió una medida humanitaria pero continúa procesado. Cómo sacar de prisión y expurgar las imputaciones contra los estudiantes detenidos durante las manifestaciones de principios de 2014 sin abrir la puerta para que sujetos como Yhonny Bolívar salgan en libertad. En las amnistías, explicaba uno de los abogados involucrados en la redacción de la ley, siempre existe la posibilidad de pecar por exceso, o por excesiva restricción. ¿Se buscará la liberación de los estudiantes procesados por La Salida y se dejará para después a los efectivos de la Policía Metropolitana sentenciados por los hechos de abril de 2002? Lograr el justo medio parece imposible.