*El documento
entregado al Parlamento por la titular del Ministerio Público poco dilucida
sobre la situación de criminalidad que vive el país. Parece más bien una pieza
de propaganda. Las omisiones y las verdades a medias están a la orden del día
@javiermayorca
El documento entregado
por la fiscal general Luisa Ortega Díaz a la Asamblea Nacional no es una
memoria y cuenta, por lo menos en el sentido tradicional de informe con una
relación detallada de acciones tomadas por su despacho ante las distintas
manifestaciones del delito, debidamente cuantificadas. Se trata en realidad de una pieza
propagandística, en cuya confección se hizo una cuidadosa selección de datos,
para transmitir la impresión de que la criminalidad en el país no se ha
agudizado, y que por el contrario se encuentra controlada.
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La fiscal en su comparecencia, sin interrogatorio |
A continuación algunas
evidencias para sustentar esta afirmación:
-Divulgó una cifra equívoca de casos
de homicidios, que no incorpora por ejemplo los reportes de crímenes en el
interior de los retenes, internados judiciales y penitenciarías. Tampoco
especifica si tomó en cuenta los casos de muertes por “resistencias a la
autoridad” y las averiguaciones-muerte transformadas en homicidios como
consecuencia de las pesquisas policiales. Todos estos rubros (lo sabe la
fiscal) son colocados en renglones aparte por órdenes del Ministerio de
Relaciones Interiores. De manera que solo fueron tomados en cuenta para este
cálculo los homicidios por disputas entre grupos delictivos (ajustes de cuenta
y conceptos afines) así como también los ocasionados a víctimas inocentes en el
curso de tales disputas o como consecuencia de oponerse a la acción del hampa,
problemas pasionales o conflictos de convivencia. Esto explica en parte la
creciente brecha entre las totalizaciones del despacho fiscal y la proyección
del Observatorio Venezolano de la Violencia (17778 versus 27875). Además, el
Ministerio Público citó como punto de partida para su cálculo al llamado Protocolo
de Bogotá, establecido en noviembre de 2015, y que supone entre otras cosas
un acceso a la información sobre seguridad ciudadana por parte de la sociedad
civil que no existe en Venezuela.
-Omitió la información sobre el
número de secuestros y extorsiones denunciadas ante las distintas autoridades o
detectadas en flagrancia. En cambio, en el capítulo correspondiente divulgó una
serie de datos sueltos, como por ejemplo el hecho de que hayan sido procesados
227 funcionarios por tales delitos (sin especificar cuáles), con lo que se
transmite una peligrosa noción sobre una supuesta elevada participación de
agentes de cuerpos de seguridad en secuestros. Dice además que durante 2015
fueron imputadas 3550 personas por tales conceptos, nuevamente sin dar
detalles. Si partimos de la base de que la extorsión tradicionalmente es menos
perseguida por las policías, nos daremos cuenta de la enorme cantidad de
personas involucradas actualmente en expedientes por secuestros. Esto viene a
confirmar la noción de que los venezolanos padecimos en 2015 las consecuencias
de un auténtico estallido de este delito en todo el país. Un indicio al respeto
es que el 4,6% de las averiguaciones iniciadas por la Fiscalía el año pasado
fue por tal ilícito, unido a las extorsiones y amenazas.
-La cifra sobre robo y hurto de
vehículos continuó siendo un enigma. El informe indica sin embargo que
abarcaron el 14% de todas las denuncias procesadas ese año. Con el ánimo de
promocionar la “efectividad” de las policías del país, la fiscal precisó además
que durante 2015 fueron recuperadas 15256 unidades. Aunque los porcentajes de
recuperación generalmente no superan el 15% de los vehículos robados o
hurtados, digamos que el año pasado los cuerpos de seguridad fueron
especialmente diligentes y ubicaron 2 de cada 10 vehículos apropiados por el
hampa. Eso quiere decir entonces que este período pudo finalizar con 76280
vehículos denunciados por robo o hurto. Una verdadera industria criminal.
-En cuanto al tema de las drogas
ilícitas se omite el total de estas sustancias incautado en 2015, probablemente
para no entrar en conflicto con los partes inflados que proceden de la Oficina
Nacional Antidrogas, una dependencia tomada desde hace años por los militares. Ya
el Departamento de Estado de EEUU ha advertido que en Venezuela se da una cifra
más alta de incautaciones que la real, incorporando por ejemplo el peso de las
maletas y envoltorios de las drogas. También lo decomisado durante operaciones
de fuerzas militares extranjeras contra embarcaciones venezolanas en altamar. Además,
se exhibe como logro la imputación de 21127 personas por estos delitos, sin
detallar mejor cuáles del amplísimo menú de ilícitos sobre la materia. Sabemos,
sin embargo, que generalmente son casos de personas sorprendidas con pequeñas
porciones para consumo personal, que ni siquiera deberían ser procesadas como
criminales sino tratadas por estructuras distintas a las del Ministerio
Público. Eso desde luego las sacaría de la estadística. Además, se refieren
casos de años anteriores como el de Walid Makled y Air France que para nada
hablan de un sistema judicial diligente e independiente, sino por el contrario
de un aparato que actúa con lentitud y una sospechosa selectividad.
Estos cuestionamientos,
y probablemente muchos otros, han pasado por las cabezas de los nuevos
diputados de la Asamblea Nacional, quienes recibieron el informe pero no
pudieron interrogar a la titular del Ministerio Público. Ella dice que como
jefa de un poder autónomo no es interpelable. Las preguntas, entonces, quedarán
para el ministro de Relaciones Interiores, cuando decida acatar el llamado del
Parlamento.
Breves
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El "toque de queda" impuesto en Tumeremo |
*¿Quién ejerce el
poder real en Venezuela? ¿Dónde están las instituciones del país? Las preguntas
son pertinentes. Los hechos están ahí, dando pie a las sospechas de que algo
anda muy mal. Primero, toda la isla de Margarita se paralizó ante la despedida
que los presos del internado judicial de la Región Insular, mejor conocido como
San Antonio, le dieron a su líder Teófilo Rodríguez Cazorla, alias Conejo, el
25 de enero. Los hombres dispararon al aire y a plena luz del día fusiles,
ametralladoras y pistolas, ante el terror de la gente que pasaba por los
alrededores y la actitud timorata del piquete de la Guardia Nacional destinado
a la custodia externa del penal. Los videos correspondientes dieron la vuelta
al mundo. Luego, durante el cortejo fúnebre, los miembros del llamado Tren del
Pacífico mataron a un sujeto que supuestamente se mofó del finado líder del
penal. Dos días después, la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris
Varela despreció a quienes con legítimo derecho manifestaron su sorpresa ante
este hecho sin precedentes en la historia del país; amenazó con acciones legales a quienes la
criticaran y de paso anunció que haría una requisa en el penal, cuyos
resultados aún se esperan. El 4 de febrero, mientras la ministra y parte de sus funcionarios celebraban el fallido golpe de Estado de 1992, un amplio sector Maracay se paralizó ante el “toque de
queda” impuesto por la banda La Pedrera, cuyos integrantes repartieron
panfletos para advertir a los comerciantes y ciudadanos lo que sucedería si
salían a cumplir con sus labores ese día. Los antisociales estaban molestos por
la muerte de un lugarteniente del líder de la banda, y ese día no querían
interrupciones al cortejo fúnebre. Simultáneamente, en Tumeremo, otra
organización criminal obligó a los comercios a cerrar sus puertas en reacción a
la detención de varios integrantes durante una pesquisa por extorsión. Así
describió un lugareño la situación: “Han salido los miembros de la banda a tomar el pueblo,
alegando que no van a dejar las calles hasta que liberen a su líder. Entraron
en escuelas y pasaron frente a todos los negocios exhortando a que cerraran. A las
11 am todo el mundo estaba en sus casas, escuelas cerradas y calles desiertas.
Y todo el mundo temiendo a La Caratica, al Sindicato y a los del Topo. Porque
ante la falta de gobierno, todos quieren tener el control”. Esto hace pensar
que durante los días por venir veremos más señales de la disolución
institucional, donde el poder real no está en las instituciones y las leyes
sino en quienes tienen más fuerza.
*El descontento en las
filas militares no puede ser ocultado. Por más que convoquen a la tropa y al
Alto Mando a eventos en los que deban vitorear al Presidente, al interior de
los cuarteles los comentarios y quejas son permanentes. Las razones son las
mismas que tiene el resto de la ciudadanía, pero en la FAN están atizadas ante
el contraste de una tropa e incluso una oficialidad media y subalterna que junto
a sus familias resiente el deterioro socioeconómico frente a un generalato que
(con excepciones) goza de enormes privilegios y ostenta sin pudor los
beneficios de su cercanía con el poder, cuando no encarnan al poder mismo.
Maduro y Padrino intentan mantener vivo el recuerdo de Chávez, quien sin duda
ejerció un liderazgo caudillesco en el medio castrense, especialmente luego de
las purgas efectuadas entre 2002 y 2005. Pero eso ya no les sirve. “A rey muerto,
rey puesto”, dice el refrán. Pero aquí no han encontrado reemplazo del finado
mandamás. Esto explica la difusión en unidades militares de circulares en las
que se recuerda a la tropa un articulado de la legislación militar según el
cual “está prohibido proferir ni tolerar a ningún subalterno murmuraciones
contra las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela ni de los
diferentes estados, ni en contra de las leyes, decretos, resoluciones o medidas
dictadas o tomadas por cualquier autoridad constituida”. Estos mensajes están
en evidente contradicción con la declaración del titular de Defensa, en el
sentido de que todo ser humano es un zoon
politikón (animal político) y por ende es un “ser social que participa y se
relaciona políticamente”. Desde luego, siempre es cómodo estimular la política
cuando no hay contradicciones y todo el cuerpo está alineado en torno a una
ideología. Pero cuando esto no es así, y en la FAN esto cada día se manifiesta
con mayor claridad, entonces se recuerda la supuesta obligación de tramitar
todas las quejas a través de los “canales regulares”, y además según la
circular de marras “evitando comentarios capciosos, alevosos o malintencionados
que desdicen de la buena fe”.
*El Ministerio de
Relaciones Interiores, Justicia y Paz analiza un organigrama con la nueva
estructura de la Policía Nacional. Esto no es nuevo, pues en 2015 también lo
hicieron, pero las propuestas no gozaron de visto bueno. Ahora, en el llamado “nivel
superior” se plantea la activación de una Inspectoría para el Control de la
Actuación Policial y una dirección de Apoyo Aéreo no dependiente de la jefatura
de Operaciones. En el segundo nivel, llamado de Asesoría y Apoyo, se propone una
Oficina de Atención Ciudadana y a la Víctima, otra de Derechos Humanos y una
Secretaría de Igualdad y Equidad de Género. Pero lo más importante debido al
impacto presupuestario que tendría está en el tercer nivel o Sustantivo. Allí
se incorpora una Dirección de Cuadrantes y Patrullaje Inteligente. Como se
recordará, la implantación de este mecanismo fue iniciativa del entonces ministro
Miguel Rodríguez Torres. Tuvo elogios pues se proponía un sistema para la
distribución de los recursos policiales sobre la base de criterios geográficos
y de incidencia criminal. Pero no tomó en
consideración que para llevarlo a cabo en toda su magnitud habría que
disponer de una cantidad de patrullas, motos y especialmente oficiales
uniformados que no existían en 2013 y menos ahora. La Policía Nacional, pionera
del llamado “nuevo modelo” de los cuerpos de seguridad, padece de un peligroso
déficit crónico que limita fuertemente su capacidad de servicio. Además se ha
incorporado a gran cantidad de nuevos uniformados sin que eso se sustente en un
crecimiento en los niveles de supervisión y en la capacidad de las oficinas de
reclutamiento para detectar y separar a los aspirantes problemáticos. La
consecuencia la vemos a diario, con la formación de redes de extorsión en ese
cuerpo, oficiales que abandonan su tiempo de servicio para robar sin siquiera
quitarse el uniforme, y en general preocupantes cifras de ausentismo. Otro
elemento a considerar en el organigrama propuesto es el sesgo en los servicios
planteados en el Distrito Capital. Trece de las catorce estaciones policiales
están en el municipio Libertador, y sólo una en los municipios mirandinos de
Caracas (Petare). Por último, este cuerpo quiere hacerse presente en los
puertos y aeropuertos, pero todavía no se plantea la creación de un grupo élite,
es decir, una brigada de intervención como las tienen la policía judicial y la
GN. Ambas funciones las tiene asignadas por ley.
*Mientras tanto, la
Guardia Nacional evalúa la expansión del Grupo Acciones de Comando (GAC). Un
proyecto presentado en enero para la consideración del alto mando del componente
castrense recoge una afirmación del presidente Maduro, en el sentido de que
2016 sería el año de las “fuerzas especiales”. La exposición de motivo enfatiza
en la necesidad de ampliar a todo el país esta unidad “en el contexto de la
doctrina defensiva para enfrentar una agresión militar por parte de una
potencia extranjera”. El GAC dispone en la actualidad de 42 oficiales y 416
efectivos de tropa profesional. La idea es buscar talentos en las distintas
escuelas de formación, así como en las promociones de oficiales ya activas para
llevar el pie de fuerza a 1098 efectivos, un incremento de 120,4%. Aunque el
proyecto no lo plantea en forma abierta, es claro que estos efectivos
eventualmente podrán servir como grupos de intervención en situaciones que
atienda la Policía Nacional, especialmente en el interior del país, donde la
Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial (BAE) no tiene presencia.
La sede central del GAC está en Macarao. Desde allí se coordinaría la actividad
de las demás células, adscritas a las regiones estratégicas de defensa integran
de la FAN.
*En menos de una
semana, bandas delictivas tomaron por asalto una unidad militar en la hacienda
presidencial de La Victoria (Aragua) y una estación policial en San Pedro de
Los Altos (Miranda). Como resultado de ambas acciones, fueron robados 21
fusiles, 12 pistolas calibre 9 mm y una escopeta, además de cargadores y
municiones. La investigación combinada de la policía judicial y la FAN permitió
la recuperación de los fusiles (casi todos, por cierto, viejas piezas M4 de
fabricación estadounidense), pero no de las pistolas, que son de colocación relativamente
sencilla en el mercado ilegal (actualmente se cotizan a 800.000 bolívares en
promedio). Este interés en el ataque de objetivos blandos hace recordar la
época de la guerrilla urbana. Pero el propósito de aquélla era en primer lugar generar conmoción
y una “propaganda por hechos”. Lo de ahora es, hasta el momento, mero bandidaje. Cada vez más fuerte y amplio en su cobertura, pero sin el contenido político que permanentemente
quiere atribuir a sus acciones el titular de Relaciones Interiores, Gustavo González.
En este sentido, llama la atención la disposición de este funcionario para endilgar estos asaltos al “hampa paramilitar”, sin contar con evidencia sólida,
y en cambio omitir cualquier pronunciamiento sobre hechos de clara intención
política como el estallido de cajas sonoras en pleno centro de la ciudad. Como
se recordará, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación se atribuyeron este hecho
a través de panfletos dispersados por las explosiones. Sobre esto, silencio absoluto.
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