El informe de la Fiscal

*El documento entregado al Parlamento por la titular del Ministerio Público poco dilucida sobre la situación de criminalidad que vive el país. Parece más bien una pieza de propaganda. Las omisiones y las verdades a medias están a la orden del día

@javiermayorca

El documento entregado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz a la Asamblea Nacional no es una memoria y cuenta, por lo menos en el sentido tradicional de informe con una relación detallada de acciones tomadas por su despacho ante las distintas manifestaciones del delito, debidamente cuantificadas.  Se trata en realidad de una pieza propagandística, en cuya confección se hizo una cuidadosa selección de datos, para transmitir la impresión de que la criminalidad en el país no se ha agudizado, y que por el contrario se encuentra controlada.

La fiscal en su comparecencia, sin interrogatorio

A continuación algunas evidencias para sustentar esta afirmación:

            -Divulgó una cifra equívoca de casos de homicidios, que no incorpora por ejemplo los reportes de crímenes en el interior de los retenes, internados judiciales y penitenciarías. Tampoco especifica si tomó en cuenta los casos de muertes por “resistencias a la autoridad” y las averiguaciones-muerte transformadas en homicidios como consecuencia de las pesquisas policiales. Todos estos rubros (lo sabe la fiscal) son colocados en renglones aparte por órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores. De manera que solo fueron tomados en cuenta para este cálculo los homicidios por disputas entre grupos delictivos (ajustes de cuenta y conceptos afines) así como también los ocasionados a víctimas inocentes en el curso de tales disputas o como consecuencia de oponerse a la acción del hampa, problemas pasionales o conflictos de convivencia. Esto explica en parte la creciente brecha entre las totalizaciones del despacho fiscal y la proyección del Observatorio Venezolano de la Violencia (17778 versus 27875). Además, el Ministerio Público citó como punto de partida para su cálculo al llamado Protocolo de Bogotá, establecido en noviembre de 2015, y que supone entre otras cosas un acceso a la información sobre seguridad ciudadana por parte de la sociedad civil que no existe en Venezuela.

            -Omitió la información sobre el número de secuestros y extorsiones denunciadas ante las distintas autoridades o detectadas en flagrancia. En cambio, en el capítulo correspondiente divulgó una serie de datos sueltos, como por ejemplo el hecho de que hayan sido procesados 227 funcionarios por tales delitos (sin especificar cuáles), con lo que se transmite una peligrosa noción sobre una supuesta elevada participación de agentes de cuerpos de seguridad en secuestros. Dice además que durante 2015 fueron imputadas 3550 personas por tales conceptos, nuevamente sin dar detalles. Si partimos de la base de que la extorsión tradicionalmente es menos perseguida por las policías, nos daremos cuenta de la enorme cantidad de personas involucradas actualmente en expedientes por secuestros. Esto viene a confirmar la noción de que los venezolanos padecimos en 2015 las consecuencias de un auténtico estallido de este delito en todo el país. Un indicio al respeto es que el 4,6% de las averiguaciones iniciadas por la Fiscalía el año pasado fue por tal ilícito, unido a las extorsiones y amenazas.

            -La cifra sobre robo y hurto de vehículos continuó siendo un enigma. El informe indica sin embargo que abarcaron el 14% de todas las denuncias procesadas ese año. Con el ánimo de promocionar la “efectividad” de las policías del país, la fiscal precisó además que durante 2015 fueron recuperadas 15256 unidades. Aunque los porcentajes de recuperación generalmente no superan el 15% de los vehículos robados o hurtados, digamos que el año pasado los cuerpos de seguridad fueron especialmente diligentes y ubicaron 2 de cada 10 vehículos apropiados por el hampa. Eso quiere decir entonces que este período pudo finalizar con 76280 vehículos denunciados por robo o hurto. Una verdadera industria criminal.

            -En cuanto al tema de las drogas ilícitas se omite el total de estas sustancias incautado en 2015, probablemente para no entrar en conflicto con los partes inflados que proceden de la Oficina Nacional Antidrogas, una dependencia tomada desde hace años por los militares. Ya el Departamento de Estado de EEUU ha advertido que en Venezuela se da una cifra más alta de incautaciones que la real, incorporando por ejemplo el peso de las maletas y envoltorios de las drogas. También lo decomisado durante operaciones de fuerzas militares extranjeras contra embarcaciones venezolanas en altamar. Además, se exhibe como logro la imputación de 21127 personas por estos delitos, sin detallar mejor cuáles del amplísimo menú de ilícitos sobre la materia. Sabemos, sin embargo, que generalmente son casos de personas sorprendidas con pequeñas porciones para consumo personal, que ni siquiera deberían ser procesadas como criminales sino tratadas por estructuras distintas a las del Ministerio Público. Eso desde luego las sacaría de la estadística. Además, se refieren casos de años anteriores como el de Walid Makled y Air France que para nada hablan de un sistema judicial diligente e independiente, sino por el contrario de un aparato que actúa con lentitud y una sospechosa selectividad.

Estos cuestionamientos, y probablemente muchos otros, han pasado por las cabezas de los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, quienes recibieron el informe pero no pudieron interrogar a la titular del Ministerio Público. Ella dice que como jefa de un poder autónomo no es interpelable. Las preguntas, entonces, quedarán para el ministro de Relaciones Interiores, cuando decida acatar el llamado del Parlamento.

Breves

El "toque de queda" impuesto en Tumeremo

*¿Quién ejerce el poder real en Venezuela? ¿Dónde están las instituciones del país? Las preguntas son pertinentes. Los hechos están ahí, dando pie a las sospechas de que algo anda muy mal. Primero, toda la isla de Margarita se paralizó ante la despedida que los presos del internado judicial de la Región Insular, mejor conocido como San Antonio, le dieron a su líder Teófilo Rodríguez Cazorla, alias Conejo, el 25 de enero. Los hombres dispararon al aire y a plena luz del día fusiles, ametralladoras y pistolas, ante el terror de la gente que pasaba por los alrededores y la actitud timorata del piquete de la Guardia Nacional destinado a la custodia externa del penal. Los videos correspondientes dieron la vuelta al mundo. Luego, durante el cortejo fúnebre, los miembros del llamado Tren del Pacífico mataron a un sujeto que supuestamente se mofó del finado líder del penal. Dos días después, la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris Varela despreció a quienes con legítimo derecho manifestaron su sorpresa ante este hecho sin precedentes en la historia del país; amenazó con acciones legales a quienes la criticaran y de paso anunció que haría una requisa en el penal, cuyos resultados aún se esperan. El 4 de febrero, mientras la ministra y parte de sus funcionarios celebraban el fallido golpe de Estado de 1992, un amplio sector Maracay se paralizó ante el “toque de queda” impuesto por la banda La Pedrera, cuyos integrantes repartieron panfletos para advertir a los comerciantes y ciudadanos lo que sucedería si salían a cumplir con sus labores ese día. Los antisociales estaban molestos por la muerte de un lugarteniente del líder de la banda, y ese día no querían interrupciones al cortejo fúnebre. Simultáneamente, en Tumeremo, otra organización criminal obligó a los comercios a cerrar sus puertas en reacción a la detención de varios integrantes durante una pesquisa por extorsión. Así describió un lugareño la situación: “Han salido los miembros de la banda a tomar el pueblo, alegando que no van a dejar las calles hasta que liberen a su líder. Entraron en escuelas y pasaron frente a todos los negocios exhortando a que cerraran. A las 11 am todo el mundo estaba en sus casas, escuelas cerradas y calles desiertas. Y todo el mundo temiendo a La Caratica, al Sindicato y a los del Topo. Porque ante la falta de gobierno, todos quieren tener el control”. Esto hace pensar que durante los días por venir veremos más señales de la disolución institucional, donde el poder real no está en las instituciones y las leyes sino en quienes tienen más fuerza.

*El descontento en las filas militares no puede ser ocultado. Por más que convoquen a la tropa y al Alto Mando a eventos en los que deban vitorear al Presidente, al interior de los cuarteles los comentarios y quejas son permanentes. Las razones son las mismas que tiene el resto de la ciudadanía, pero en la FAN están atizadas ante el contraste de una tropa e incluso una oficialidad media y subalterna que junto a sus familias resiente el deterioro socioeconómico frente a un generalato que (con excepciones) goza de enormes privilegios y ostenta sin pudor los beneficios de su cercanía con el poder, cuando no encarnan al poder mismo. Maduro y Padrino intentan mantener vivo el recuerdo de Chávez, quien sin duda ejerció un liderazgo caudillesco en el medio castrense, especialmente luego de las purgas efectuadas entre 2002 y 2005. Pero eso ya no les sirve. “A rey muerto, rey puesto”, dice el refrán. Pero aquí no han encontrado reemplazo del finado mandamás. Esto explica la difusión en unidades militares de circulares en las que se recuerda a la tropa un articulado de la legislación militar según el cual “está prohibido proferir ni tolerar a ningún subalterno murmuraciones contra las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela ni de los diferentes estados, ni en contra de las leyes, decretos, resoluciones o medidas dictadas o tomadas por cualquier autoridad constituida”. Estos mensajes están en evidente contradicción con la declaración del titular de Defensa, en el sentido de que todo ser humano es un zoon politikón (animal político) y por ende es un “ser social que participa y se relaciona políticamente”. Desde luego, siempre es cómodo estimular la política cuando no hay contradicciones y todo el cuerpo está alineado en torno a una ideología. Pero cuando esto no es así, y en la FAN esto cada día se manifiesta con mayor claridad, entonces se recuerda la supuesta obligación de tramitar todas las quejas a través de los “canales regulares”, y además según la circular de marras “evitando comentarios capciosos, alevosos o malintencionados que desdicen de la buena fe”.

*El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz analiza un organigrama con la nueva estructura de la Policía Nacional. Esto no es nuevo, pues en 2015 también lo hicieron, pero las propuestas no gozaron de visto bueno. Ahora, en el llamado “nivel superior” se plantea la activación de una Inspectoría para el Control de la Actuación Policial y una dirección de Apoyo Aéreo no dependiente de la jefatura de Operaciones. En el segundo nivel, llamado de Asesoría y Apoyo, se propone una Oficina de Atención Ciudadana y a la Víctima, otra de Derechos Humanos y una Secretaría de Igualdad y Equidad de Género. Pero lo más importante debido al impacto presupuestario que tendría está en el tercer nivel o Sustantivo. Allí se incorpora una Dirección de Cuadrantes y Patrullaje Inteligente. Como se recordará, la implantación de este mecanismo fue iniciativa del entonces ministro Miguel Rodríguez Torres. Tuvo elogios pues se proponía un sistema para la distribución de los recursos policiales sobre la base de criterios geográficos y de incidencia criminal. Pero no tomó en  consideración que para llevarlo a cabo en toda su magnitud habría que disponer de una cantidad de patrullas, motos y especialmente oficiales uniformados que no existían en 2013 y menos ahora. La Policía Nacional, pionera del llamado “nuevo modelo” de los cuerpos de seguridad, padece de un peligroso déficit crónico que limita fuertemente su capacidad de servicio. Además se ha incorporado a gran cantidad de nuevos uniformados sin que eso se sustente en un crecimiento en los niveles de supervisión y en la capacidad de las oficinas de reclutamiento para detectar y separar a los aspirantes problemáticos. La consecuencia la vemos a diario, con la formación de redes de extorsión en ese cuerpo, oficiales que abandonan su tiempo de servicio para robar sin siquiera quitarse el uniforme, y en general preocupantes cifras de ausentismo. Otro elemento a considerar en el organigrama propuesto es el sesgo en los servicios planteados en el Distrito Capital. Trece de las catorce estaciones policiales están en el municipio Libertador, y sólo una en los municipios mirandinos de Caracas (Petare). Por último, este cuerpo quiere hacerse presente en los puertos y aeropuertos, pero todavía no se plantea la creación de un grupo élite, es decir, una brigada de intervención como las tienen la policía judicial y la GN. Ambas funciones las tiene asignadas por ley.

*Mientras tanto, la Guardia Nacional evalúa la expansión del Grupo Acciones de Comando (GAC). Un proyecto presentado en enero para la consideración del alto mando del componente castrense recoge una afirmación del presidente Maduro, en el sentido de que 2016 sería el año de las “fuerzas especiales”. La exposición de motivo enfatiza en la necesidad de ampliar a todo el país esta unidad “en el contexto de la doctrina defensiva para enfrentar una agresión militar por parte de una potencia extranjera”. El GAC dispone en la actualidad de 42 oficiales y 416 efectivos de tropa profesional. La idea es buscar talentos en las distintas escuelas de formación, así como en las promociones de oficiales ya activas para llevar el pie de fuerza a 1098 efectivos, un incremento de 120,4%. Aunque el proyecto no lo plantea en forma abierta, es claro que estos efectivos eventualmente podrán servir como grupos de intervención en situaciones que atienda la Policía Nacional, especialmente en el interior del país, donde la Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial (BAE) no tiene presencia. La sede central del GAC está en Macarao. Desde allí se coordinaría la actividad de las demás células, adscritas a las regiones estratégicas de defensa integran de la FAN.

*En menos de una semana, bandas delictivas tomaron por asalto una unidad militar en la hacienda presidencial de La Victoria (Aragua) y una estación policial en San Pedro de Los Altos (Miranda). Como resultado de ambas acciones, fueron robados 21 fusiles, 12 pistolas calibre 9 mm y una escopeta, además de cargadores y municiones. La investigación combinada de la policía judicial y la FAN permitió la recuperación de los fusiles (casi todos, por cierto, viejas piezas M4 de fabricación estadounidense), pero no de las pistolas, que son de colocación relativamente sencilla en el mercado ilegal (actualmente se cotizan a 800.000 bolívares en promedio). Este interés en el ataque de objetivos blandos hace recordar la época de la guerrilla urbana. Pero el propósito de aquélla era en primer lugar generar conmoción y una “propaganda por hechos”. Lo de ahora es, hasta el momento, mero bandidaje. Cada vez más fuerte y amplio en su cobertura, pero sin el contenido político que permanentemente quiere atribuir a sus acciones el titular de Relaciones Interiores, Gustavo González. En este sentido, llama la atención la disposición de este funcionario para endilgar estos asaltos al “hampa paramilitar”, sin contar con evidencia sólida, y en cambio omitir cualquier pronunciamiento sobre hechos de clara intención política como el estallido de cajas sonoras en pleno centro de la ciudad. Como se recordará, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación se atribuyeron este hecho a través de panfletos dispersados por las explosiones. Sobre esto, silencio absoluto.