Sólo
las manifestaciones callejeras y los reportes de la prensa independiente
pudieron quebrar el muro de silencio tendido desde factores regionales para que
la masacre de mineros en Tumeremo quedara impune. Pero el daño ya estaba hecho
@javiermayorca
En el
estado Bolívar, bulla es sinónimo de
yacimiento minero, y por ende de una riqueza más o menos inmediata, aluvional.
La gente común va a una de ellas, y puede encontrar algunos gramos de oro u
otros metales preciosos con los que puede resolver las necesidades más
perentorias.
Pero la
acepción más extendida de bulla,
indica la Real Academia de la Lengua Española, es “gritería o ruido”. En
algunas partes de Latinoamérica, entre ellas Venezuela, “meter bulla” es
impedir la continuidad de un asunto.
Gracias
a esta última bulla los venezolanos pudieron enterarse de la masacre perpetrada
el 4 de marzo en el yacimiento conocido como Miamo, a unos 30 kilómetros al
noroeste de Tumeremo. Hasta ahora, se ha constatado el asesinato sistemático de
diecisiete personas, aunque desde el comienzo de este caso los habitantes de la región y los deudos han insistido en que hubo veintiocho víctimas.
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Masacre en Tumeremo: tiempo que pasa... |
Entre
la ejecución de este crimen múltiple y el hallazgo de los cadáveres
transcurrieron diez días. No cabe duda que uno de los factores que prolongó
excesivamente este lapso tuvo que ver con las tácticas aplicadas desde el
gobierno de la región para negar abiertamente el asunto y simultáneamente
amedrentar a los periodistas y medios independientes que intentaban corroborar
lo que aseguraban desde un principio testigos directos y referenciales, como por ejemplo el
propietario de un fundo cercano al que acudieron en busca de auxilio cerca de
sesenta sobrevivientes.
Hubo
gestos de manipulación intencionada por parte de autoridades, que serían
evaluados con mayor firmeza si Venezuela tuviese una justicia medianamente ecuánime. El
gobernador y general del Ejército Francisco Rangel Gómez afirmó el 5 de marzo: “…es
absolutamente falsa la información que lamentablemente personajes de la derecha
han estado mencionando en relación a veintitantos muertos (…) se hizo un
rastreo esta tarde y no hay absolutamente nada”.
Para el
momento en que se hizo ese “rastreo” ya habían transcurrido por lo menos 24
horas desde que ocurrieron las muertes. Tiempo suficiente para llevar a cabo el
traslado y la inhumación de los cadáveres en un sitio ignoto.
Lo
único reconocido por el gobernador en su primera intervención es que hubo un “enfrentamiento”
entre supuestas bandas que rivalizarían por el control del yacimiento aurífero.
Otra falsedad. Para que haya un enfrentamiento debe ocurrir un intercambio de
fuego entre los bandos en pugna, aunque sea breve o desigual. Nada de eso
sucedió. Los testimonios recabados hasta el presente indican que hubo un grupo
que con premeditación, alevosía y ventajismo se valió de su poder armado para
eliminar físicamente a las personas que consideraban podían disputarle la
extracción del oro en el sector. Era tal el control ejercido allí que se dieron
a la tarea de seleccionar a quienes matarían entre todos los mineros que por
mala fortuna acudieron a la bulla de Miamo ese viernes.
La
descalificación de la denuncia llegó al punto de sugerir que la idea de los
denunciantes y del diputado Américo de Grazia era “empañar” la conmemoración del
tercer año de la muerte de Hugo Chávez. En este señalamiento el Gobernador fue
secundado por el presidente de la legislatura regional Kamal Naim Naim.
Como
el tiempo pasaba y se consolidaba la versión de los líderes políticos
regionales, un grupo de pobladores de Tumeremo optó por bloquear la carretera
Troncal 10 que recorre todo el estado Bolívar hasta la frontera con Brasil.
Esta
manera de “meter bulla”, unida a las informaciones que llegaban a Caracas con días
de retardo propiciaron las movilizaciones de la Fiscalía y la Defensoría del
Pueblo. El 7 de marzo (72 horas después de la masacre) llegaba a la región el
equipo designado por el Ministerio Público. Ese día el Defensor del Pueblo
Tareck William anunciaba que también investigaría el asunto.
“Tiempo
que pasa, la verdad que huye”, reza un principio de investigación criminal. En
pesquisas de homicidios, las primeras 48 horas son vitales. Es mucho lo que en
ese lapso se puede ocultar o enrarecer para dar una impresión equívoca. Una
pregunta a la que aún no se le ha dado debida contestación es cómo hicieron los
perpetradores para trasladar por lo menos 17 cadáveres apilados en un camión
350 volteo a lo largo de 60 kilómetros de vías en las que suelen estar
numerosos puntos de control, tanto policiales como militares.
Es
por eso que los señalamientos sobre la participación activa de funcionarios de
cuerpos de seguridad en este crimen parecieran tener fundamento. Son numerosos
los episodios en los que se han visto implicados miembros de las distintas
instituciones uniformadas de la entidad, desde policías municipales hasta
militares y Cicpc. El dominio del comercio del oro tiene un importante efecto
corruptor sobre todos ellos. En especial, aquellos que tienen mayor cercanía
con los yacimientos o una función de control primario.
Para
el momento en que estas líneas son redactadas ya se inició una operación
propagandística para “controlar daños” desde el gobierno central. Eventualmente
el general Rangel tuvo que admitir lo inocultable: que hubo una masacre. Pero
ya el mal estaba hecho. Ya entonces algunos perpetradores estaban en sitios tan
lejanos del crimen como San Pedro de Lagunillas, estado Zulia, donde fue
capturado el viernes Francisco Javier Carache, alias Goliat, señalado como uno
de los reclutadores de mineros para la organización de unas 40 personas cuyo
liderazgo ha sido atribuido al ecuatoriano Jámilton Ulloa, apodado el Topo, también en fuga. ¿Cómo
no pensar que alguno de los criminales no ha cruzado la frontera? Mientras
tanto, el titular de Relaciones Interiores intenta fijar la noción de que la
masacre fue perpetrada por “paramilitares”. Un discurso gastado que, sin
embargo, de tanto repetirlo hace perder la perspectiva de cuáles fueron los
sectores que encubrieron el crimen en primera instancia.
La masacre
en Tumeremo y las posteriores averiguaciones se desarrollaron en un contexto de
agudización de la crisis de los medios independientes. Mientras buscaban los
cadáveres el tribunal sexto de juicio de Bolívar, a cargo del juez Beltrán
Lira, condenaba al director del Correo
del Caroní David Natera a cuatro años de prisión por la cobertura hecha en
ese rotativo a la corrupción en la CVG Ferrominera del Orinoco. Poco después El Carabobeño tuvo que cesar su edición
impresa debido a la falta de papel. Sus representantes indicaron que la
Corporación Maneiro, una estatal que conserva el monopolio para el suministro
de este insumo, no les había entregado ni siquiera una bobina. Lo mismo que
sucede con La Mañana de Coro.
Lo
ocurrido en Tumeremo ha sido el homicidio colectivo más importante de este
siglo en el país, si exceptuamos los reportados en recintos carcelarios. Aunque
la fiscal Luisa Ortega se vanaglorie de la detención de cuatro personas (todas
operadoras secundarias en la red criminal) y la identificación de otras tantas en
vinculación con este crimen, lo cierto es que todo el episodio está cubierto
por un manto de impunidad. Las redes de delito organizado se disputan con plomo
el control del oro en Bolívar, y por lo tanto es muy probable que ocurran otras
matanzas. Pero cada vez serán menos los medios con capacidad para reportarlas.
Breves
*Continúan
los tropiezos para la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía y
Reconciliación Nacional. El actual presidente del Parlamento Henry Ramos aún
sostiene que esa es la prioridad de la gestión de los diputados electos el 6 de
diciembre. Pero los innumerables problemas socioeconómicos de la población que
eligió a la nueva mayoría en el Poder Legislativo parecieran imponer un cambio
en las prioridades de la agenda. No sólo son la escasez y la inflación
galopantes, sino también el abierto saqueo del erario público y los frentes
abiertos simultáneamente con los poderes Ejecutivo y Judicial. El abogado Jesús
Ollarves, que asesoró a los diputados en la redacción del anteproyecto de ley,
calcula que esta iniciativa favorecería a por lo menos 4600 personas, a quienes
calificó como “víctimas del Poder Judicial”. Considera no sólo a los que han
sido procesados y condenados por delitos políticos desde 2002 sino también a
quienes han sido encausados por otros ilícitos (algunos como corrupción y
tráfico de drogas) pero con la evidente intencionalidad de incidir en sectores
políticos que alguna vez adversaron a Hugo Chávez o a Nicolás Maduro. Allí
entrarían por ejemplo el excandidato presidencial y exgobernador del Zulia
Manuel Rosales y los jóvenes que permanecían en un campamento improvisado en la
avenida Francisco de Miranda. Sin embargo, está latente el riesgo de que otras
personas (civiles y especialmente algunos militares) aprovechen esta rendija para
limpiar sus expedientes y quedar en libertad sin haber sido reales adversarios
al Gobierno, o incluso habiendo aprovechado su permanencia en el Ejecutivo para
enriquecerse a manos llenas.
*La
División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial inició en marzo una
averiguación a propósito de una sucesión de llamadas telefónicas recibidas por
un fiscal nacional especializado en materia de drogas. Desde el mes de febrero,
al funcionario del Ministerio Público le exigen la devolución de un alijo de
300 kilos de estupefacientes, que al parecer fueron decomisados en un
procedimiento que él autorizó. Ante la insistencia de las llamadas, optó por
acudir al cuerpo de seguridad.
*El
Gobierno evalúa la factibilidad de poner en marcha un plan para aprovechar las
aeronaves declaradas en abandono con motivo de la puesta en marcha de la
operación Cielo Soberano y otros procedimientos administrativos. La iniciativa
es conocida como el proyecto Piloto Joven y emanó de la Corporación Venezolana
de la Juventud Productora (Corpojuventud). Según el diagnóstico de sus representantes,
el Ejecutivo puede vender, permutar, dar como pago, aportar como capital, donar
o adjudicar más de 548 aeronaves que alguna vez pertenecieron a particulares o
empresas privadas. En consecuencia, indica el plan de Corpojuventud, es posible
usar estos aparatos para constituir empresas de peritaje y diagnóstico
comercial de aeronaves. También se puede fabricar simuladores de vuelo, obtener
los aparatos para hacer centros de instrucción e incluso constituir empresas de
transporte aéreo. Si Piloto Joven se pone en marcha tal y como está planteado,
la corporación que lo ideó se quedaría con el 30% de las ganancias, mientras
que el resto sería distribuido entre el resto de la burocracia que maneja el
área desde el Gobierno, casi toda regida por militares de la Aviación. Para
seducir al Ejecutivo en torno a la factibilidad del plan, se ofrece que el
costo de ejecución sería 0 bolívares. Difícil de creer.
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Ramírez: reformar la ley antimafia |
*La Ley mutilada. El autoritarismo del Estado
forajido en las reformas de la Ley contra la Delincuencia Organizada, es el
nombre del último libro del abogado y expresidente de la extinta Comisión
Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) Bayardo Ramírez Monagas. La
obra fue presentada en un sobrio acto celebrado el viernes 10 de marzo en la
comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. El grupo parlamentario
fue representado por el diputado Juan Guaidó. Durante la breve presentación, el
autor reconoció que intenta sentar las bases para una nueva reforma a la
legislación contra la delincuencia organizada, cuyo proyecto original fue
redactado por él durante la última década del siglo pasado. Aclaró sin embargo
que eso sólo podrá lograrse cuando retorne la democracia plena al país y el
Parlamento sea limpiado de diputados que, en su criterio, están ligados a
mafias transnacionales. A sus 76 años de edad, Ramírez demuestra que no teme a
la polémica.
*Continúan surgiendo datos sobre el lamentable estado en que se encuentra la Policía Nacional. Tanto en oriente como en occidente ha ocurrido una importante merma en el parque automotor. En las motocicletas el promedio de unidades varadas llega al 60%, mientras que una de cada dos camionetas tampoco puede ser utilizada por la carencia de repuestos para el mantenimiento básico. En febrero, la institución envió al ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz una solicitud para dotar a los agentes del servicio de Tránsito Terrestre con chalecos kevlar, tal y como lo dispone el estándar fijado por el propio Gobierno durante la llamada “reforma policial”. En este caso, los dispositivos tendrían una configuración especial debido a los prolongados lapsos en que estos funcionarios permanecen a la intemperie. Cada uno tenía un costo de Bs 19.000 para el momento en que se hizo la solicitud. Hasta el momento no se ha dispuesto de los fondos correspondientes para esta compra.
*El
comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Néstor Reverol,
presentó recientemente los lineamientos para la planificación del llamado
“adiestramiento combativo del orden interno”, así como para la instrucción en
las actividades de policía administrativa especial, que tradicionalmente
desempeñan los efectivos de ese componente castrense. El documento pinta un
cuadro de una Venezuela asediada por factores externos (EEUU, Colombia y
Guyana) que supuestamente quieren desintegrar la “unidad latinoamericana”. Por
esta razón, añade el oficial, es necesario que los guardias nacionales se
preparen “para dirigir las operaciones para el mantenimiento del orden interno
e iniciar todas las coordinaciones y el despliegue para preparar al pueblo en
la guerra popular prolongada para resistir los ataques ante el imperio
norteamericano (sic)”. En este contexto, durante todo 2016 los efectivos del
componente intensificarán “el trabajo de fortalecimiento ideológico patriótico
en la línea del pensamiento bolivariano-chavista”. También se pretende que
“todo cuartel sea un aula de clases”, que incorpore a los procesos formativos a
los civiles que trabajan para la Fuerza Armada.