Las
bandas aprendieron el ejemplo de los traficantes de drogas mexicanos y de los
terroristas de ISIS. De las fotos estáticas colgadas en Facebook pasaron a los
videos transmitidos en redes de mensajería telefónica. Ahora, el horror llega
en gerundio a las manos de todos, gracias a la tecnología
@javiermayorca
Escena 1: un hombre flaco, muy
flaco, era arrastrado por unas calles polvorientas. Cuando la cámara del
teléfono se activó, ya le quedaban pocas fuerzas y menos voluntad, quizá debido
a los golpes que le habían dado, quizá por el miedo. Ya no tenía franela.
Además de quienes lo arrastraban y hacían la toma, había por lo menos otras
tres personas a su alrededor. El hombre como que intuía lo que iba a sucederle,
y apenas atinó a decir que no lo mataran. Juró que no les iba a “echar paja”
(delatar). Pero fue inútil. De repente, el camarógrafo se convirtió en asesino.
En su esfuerzo por acuchillar al hombre perdió el foco. Pero el sonido del filo
cortando la carne fue inconfundible.
Las informaciones de prensa
divulgadas poco después, en noviembre de 2015, indicaron que la víctima fue un
oficial de la Policía Nacional en los Valles del Tuy.
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Linchamiento en progreso |
Escena 2: en la calle terrosa de
un barrio, presumiblemente del estado Zulia, una turba sometió a dos jóvenes.
Cuando empezó la toma de 40 segundos aún estaban vivos. Uno de ellos boca
abajo. En dos oportunidades un sujeto brincó sobre él, con el ánimo de
separarle la cabeza del cuerpo. En la segunda ocasión aparentemente logró su
cometido. Al fondo se escuchaba el grito de una mujer. Luego, otro hombre se
acercó con una pistola en su mano izquierda para disparar en el pecho del que
aún estaba vivo. El arma se encasquilló. Con serenidad, resolvió el problema y
le dio un tiro a quemarropa.
Escena 3: cuando pulsaron el botón
de grabar ya buena parte del cadáver había sido descuartizado. El hombre
encargado de la tarea, descalzo y sin franela, utilizaba una sierra de motor.
Apilaba las partes del cuerpo, lanzándolas una sobre otra, como si fuese una
presa de ganado. Alrededor alguien llamó su atención con un silbido: “¡Mano,
córtale los dedos!” El hombre parecía no escuchar la orden, debido al ruido
generado por la herramienta. La acción era presenciada por otras seis personas,
a diez metros de distancia.
Estas y otras escenas llegan con
cierta frecuencia a través de distintas “salas de conferencia” (chats) o
mediante la transmisión de enlaces de archivos colocados en Youtube. Esta
práctica se generalizó a partir de 2015, cuando se hizo viral en las redes la
ejecución de un hombre con tiros de escopeta en la cabeza, presumiblemente en
los Valles del Tuy.
Antes, algunas bandas posteaban fotos en las que posaban
armados, ya fuese individualmente, en grupos o con sus novias. Al respecto tuvo
fama la página de Facebook de la banda liderada por José Tovar Colina, alias
Picure. El sitio web lo denominaron Tren del Llano. Los de la organización que
encabezó en Margarita Teófilo Rodríguez Cazorla, alias Conejo, también tenían
su página en la misma red social, llamada Tren del Pacífico.
Pero una cosa son las imágenes
estáticas de sujetos armados o de cadáveres y otra son los videos que estas
mismas bandas ahora graban y que ponen a correr como pólvora por las redes de
mensajería. No es la violencia como amenaza o posibilidad. Es violencia en
gerundio, haciéndose.
El más reciente video muestra la
muerte y posterior incineración de un supuesto azote de barrio en El Valle. El
cadáver ardió en el medio de una calle, luego de que un sujeto lo rociara con
combustible ante la vista de la comunidad y de los perpetradores, algunos de
ellos armados con fusiles.
Es la violencia en la era de las
comunicaciones interactivas, o 2.0. Parecería una consecuencia casi natural del
proceso que vivimos los venezolanos desde hace más de tres lustros, cuando la
criminalidad comenzó a preferir los métodos violentos sobre la habilidad, y
simultáneamente incrementó su frecuencia y ámbitos de acción. Los perpetradores
han buscado nuevas formas de representación, validos de los avances
tecnológicos.
¿Qué sentido tiene esto?¿Por qué un grupo de delincuentes
se incriminaría divulgando un video con las atrocidades que hacen a sus
víctimas? Sobre este particular hay claros referentes en otras partes del
mundo. Grupos como Hamas y Al Qaeda solían divulgar mensajes pregrabados de los
protagonistas de ataques suicidas. Ya en 2002, Brigitte Nacos observaba la
importancia que tenían las redes sociales para estas organizaciones:
“Los terroristas modernos, como sus predecesores,
están deseosos de explotar los medios masivos tradicionales mientras que
reconocen el valor de los canales de comunicación directa; (ahora) los
terroristas pueden mandar sus mensajes inalterados a sus sociedades-objetivo, a
sus camaradas y a sus prospectos para reclutamiento”.
Las tácticas de los grupos dedicados a la violencia
con fines políticos fueron asimiladas por organizaciones criminales,
primordialmente las mexicanas. Según Ioan Grillo (2011) en 2006 los Zetas
comenzaron a colocar en Youtube los videos con las decapitaciones de policías y
miembros de grupos rivales inspirados en el modelo de uso de las redes sociales
aplicado por Al Qaeda. Le siguieron luego milicias al servicio del cartel de
Sinaloa. Hosken (2015) y Cockburn (2015) advirtieron que las redes sociales son
vitales para la propaganda del grupo Estado Islámico para Siria e Irak (Isis o
Daesh). El primer autor, incluso, señala que los videos con las ejecuciones
corren de teléfono en teléfono gracias a las redes whatsapp.
De manera que la decisión tomada por los
representantes de Facebook y Twitter, en el sentido de censurar ciertos
contenidos y cerrar las cuentas utilizadas como vehículo para la divulgación de
mensajes por grupos considerados terroristas, además de tardía tiene efectos
limitados. Ahora, la violencia no sólo llega a los dispositivos personales casi
en tiempo real. También posee otros canales de transmisión distintos a los de
las referidas redes. Y si cierran una cuenta pronto saldrán otras tantas
dedicadas a la transmisión de los mismos contenidos.
En el caso venezolano, esta proliferación de mensajes
pareciera indicar que la violencia en el país no sólo es más frecuente, sino
que también es más cruda y desde luego expuesta. Pero esto tiene otras
consecuencias. Tal es, por lo menos, la apreciación del criminólogo Freddy
Crespo:
“En este último lustro (2010-2014) se registraron en
el país casi 35.000 homicidios más que en todo el lapso 1960-1999. Además, ya
superamos los homicidios registrados en toda la primera década del siglo. La
acción existe más allá de la difusión. Pero esta difusión está mostrando lo
cruda que es la violencia y las personas lo están conociendo. Esto se empieza a
normalizar. Termina incrementándose la percepción de que la violencia está
desatada y que somos más vulnerables. Al mismo tiempo, esa vulnerabilidad nos
hace ser más reactivos”.
En un estado democrático, la
reacción oficial es promover la discusión y el análisis de estas situaciones,
para que así los individuos lleguen a una convicción debidamente fundamentada.
En Venezuela, en cambio, las decisiones han sido de
distinta naturaleza, aunque todas alejadas del ánimo pedagógico y de la sana crítica. En 2015, cuando comenzó esta ola de videos, la división
contra Delitos Informáticos de la policía judicial inició una averiguación para
tratar de determinar el origen que tenía, y así identificar a sus protagonistas
y las personas que hicieron la divulgación, para una eventual acusación por
terrorismo. Esto es lógico y hasta cierto punto forma parte de las obligaciones
de la institución. Pero en los primeros días de marzo hubo una nueva orden, que
fue endurecer los mecanismos de censura. Desde el Ministerio de Relaciones
Interiores instruyeron a todas las policías para restringir al máximo el acceso
de los funcionarios a los chats, guiados por la convicción de que son los
policías (y no los propios delincuentes) quienes se han encargado de difundir
estos contenidos. A esto se une la vigencia de decisiones judiciales que
impiden a los medios de comunicación formales divulgar contenidos que por su
violencia puedan ser considerados lesivos para la integridad psicológica de los
menores de edad. En fin, todo un entramado de restricciones diseñado bajo la
noción de que lo mejor es mantener a los venezolanos en la ignorancia.
PS:
una vez finalizada esta columna llegó por una red whatsapp el video de un joven
venezolano que, parado al borde de una fosa, intenta durante tres minutos
decapitar el cadáver de otro sujeto. El esfuerzo revela que no era muy experto
en el manejo del hacha. Al fin, cuando logró cortar el cuello, tomó la cabeza
por los cabellos y la exhibió ante la cámara, como si fuese un trofeo.
Breves
*La
crisis fiscal está afectando los planes de expansión de la Policía Nacional. Las
arcas del cuerpo pionero del llamado “nuevo modelo policial” apenas dan para el
pago de los salarios de los agentes que ya están en las calles. Pero la
renovación de uniformes e implementos de trabajo está rezagada. En Táchira, por
ejemplo, se calcula un déficit de 895 armas. Los patrulleros en Caracas usualmente
sufragan con su propio dinero la adquisición de partes y repuestos para sus
motos, una situación que hace recordar los viejos tiempos de la Policía
Metropolitana. En la Universidad Nacional de la Seguridad se graduaron el año
pasado unos 12.000 “discentes” (aspirantes a policía) y no hay fondos para
dotarlos con lo mínimo exigido por los estándares que el propio Gobierno trazó
desde el Consejo General de Policía. Por otra parte, todos los días se detecta
el decaimiento de la moral y la disciplina entre los agentes de grados más
bajos, quienes son generalmente los que dan la cara ante la ciudadanía. El
ausentismo es un indicador. En la central de la avenida Sucre, por ejemplo,
hubo días de febrero en los que faltaron más de 60 uniformados. Esto sin tomar
en cuenta aquellos que no están allí por disfrutar de sus vacaciones, permisos
académicos, reposos médicos o que están suspendidos de funciones por haber
cometido delitos o faltas. A este paso, la Policía Nacional será absolutamente inviable
desde el punto de vista financiero.
*Conmoción
entre los propietarios del edificio Hannover de Colinas de Bello Monte ocasionó
el panfleto de advertencia que les dejaron supuestos integrantes de las Fuerzas
Bolivarianas de Liberación (FBL), para que removieran de la azotea las vallas
en las que piden la inmediata libertad de líder de Voluntad Popular Leopoldo
López. Hasta ahora, ningún portavoz de los llamados “boliches” ha negado la autoría
del documento. Por lo que se presume su autenticidad. Este es un indicio más de
que las FBL han decidido reactivarse en ámbitos urbanos. En la mayor parte del
tiempo que gobernó Hugo Chávez, este grupo mantuvo una importante presencia en
los estados Apure, Barinas y sur del Táchira. Pero este año han aportado
indicios sobre su interés por abrirse paso con un discurso radical entre los
numerosos colectivos que hacen vida en el centro del país. Primero fue la caja
sonora que estalló en los alrededores de Capitolio, el 26 de enero. Luego
explotaron artefactos similares frente a la sede del diario La Voz, en
Guarenas, y en las mezzaninas de las torres Este y Oeste del Parque Central.
Estos tres últimos en forma casi simultánea, con el interés evidente de generar
escándalo. Ante esta escalada el Ministerio Público y los órganos de seguridad
se mantienen inermes. Esto hace recordar una situación similar (aunque no
idéntica) a la vivida en el país durante 1993 con los estallidos sucesivos que
terminaron con ataques en la Corte Suprema de Justicia (hoy TSJ) y el Centro
Ciudad Comercial Tamanaco. La gente se preguntaba quién podía estar detrás de
todo aquello. Un viejo policía me contestó: “De explosivos saben los
explosivistas”. Y tenía razón.
*En
la edición de Ultimas Noticias del 29 de febrero, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)
publicó un extraño aviso de notificación dirigido al detective de ese cuerpo
Eduardo José Molina Flores. El texto indica que por decisión tomada el 12 de
enero el funcionario era destituido “por estar presuntamente incurso” en el
secuestro del comerciante Marcos José Guillén y de su hija Niumar Franchezca
Guillén Pereda, perpetrado en septiembre de 2014 en la entrada de la empresa
Fuveca cuya sede está en San Francisco de Yare. La mujer de 26 años de edad es
sobrina de un fiscal del Ministerio Público. Su papá fue liberado para que
buscara el dinero del rescate. En la banda que se los llevó también participaba
un empleado de Pdval. El líder del grupo fue identificado por la Guardia
Nacional como Luis Peña Gamarra, alias Luisito. Continúa en libertad. En
cambio, el (ex) detective Molina Flores, quien supuestamente fungía como
“pegador” de la organización, permanece tras las rejas.
*La
Asamblea Nacional evalúa la posibilidad de elaborar una legislación que regule
el uso de tecnologías de comunicación en centros de detención preventiva,
internados judiciales, penitenciarías y colonias agrícolas, es decir, en todas
las instalaciones utilizadas por procesados o penados por algún delito. La idea
es fijar normas que neutralicen el auge de la extorsión telefónica en todo el
país. Informes de la Guardia Nacional y de la policía judicial coinciden en
señalar que este delito tiene sus principales puntos de origen en las cárceles.
Las extorsiones no sólo proveen dinero para los presos. También les pagan mediante
la recarga de sus tarjetas telefónicas, y de esa forma pueden continuar sus
actividades aún estando tras las rejas. Las tecnologías que bloquean o inhiben
las señales de telefonía celular han sido aplicadas en México, EEUU, Colombia y
Guatemala para mitigar este delito. Pero las empresas telefónicas han advertido
que el uso indiscriminado de tales dispositivos también podría afectar el
servicio que se presta a las personas que residen en las proximidades de los
centros de detención. Igualmente, hay que fijar protocolos para las
comunicaciones por parte de los empleados de Servicio Penitenciario y de la
Guardia Nacional que operen en ellos. Habría que preguntarse, por ejemplo, cómo
sería la actividad de comunicaciones durante una reyerta de presos. Si todas
las señales de celular están bloqueadas, ¿cómo se podría contactar a los servicios
de emergencias médicas? Como se ve, el asunto no es tan sencillo como parece.
*Y
hablando de prisiones, el agente especial retirado del Servicio de Alguaciles
de Estados Unidos (US Marshall Service) Arthur Art Roderick recientemente tuvo una conferencia telefónica con
periodistas de varios países latinoamericanos a propósito del famoso escape de
la penitenciaría de Alcatraz, llevado a cabo en 1962 por los hermanos John y
Clarence Anglin y Frank Morris. Algo que entonces parecía imposible y que
inspiró una película protagonizada por Clint Eastwood. Roderick fue subdirector
de Investigaciones de los Alguaciles, y aunque ya está jubilado continúa
indagando sobre esta evasión. Como se sabe, los Anglin y Morris nunca fueron
encontrados luego de salir nadando en un bote inflable por la bahía de San
Francisco. Los resultados de la pesquisa serán divulgados en dos documentales
del canal History, a transmitirse en
Venezuela los días 5 y 12 de marzo. A continuación algunas respuestas del
agente Roderick, en traducción libre:
-En todos los escapes hay factores
comunes. Hay fuerzas internas y externas. Hay empleados en la prisión o
familiares que proveen. Siempre ocurre alguna falla de seguridad (…) También
hay que revisar cómo se clasifica a los prisioneros. Los que están por crímenes
violentos nunca deberían ser colocados en una instalación de baja seguridad.
Los factores en común son la falta de seguridad o algún tipo de corrupción.
-Este
escape fue el producto de un proceso de mínimo dos años. ¿Se detectó alguna
complicidad del personal de la cárcel?
-Hay historias de que tuvieron
asistencia de los guardias. Pero hubo una investigación sobre ellos apenas ocurrió
el escape. Algunos guardias eran muy disciplinados, lo que era inusual en ese
tiempo. Les suspendieron la paga, pero no se halló nada que los involucrara
directamente.
-¿Por
qué esta historia es tan popular luego de 50 años?
-Es por el hecho de que lo señalado
como imposible fue derrotado por unos seres humanos. Alcatraz supuestamente era
a prueba de escape, y aquí tiene Ud a tres individuos que se fueron de La Roca.
La pregunta es si pudieron llegar a la bahía (de San Francisco).
-¿Es
posible que los hermanos Anglin estén vivos hoy día en Brasil?
-Un reporte del FBI señala una pista
de que estarían en Brasil. Los alguaciles trataron de llegar al origen de esa
pista, pero fue descartada.
-¿Por
qué luego de todos estos años la familia Anglin estaría dispuesta a probar que
ellos están vivos?
-Tuve muchas discusiones con la
familia Anglin. Son una familia grande, muchos de ellos murieron. Hemos podido
obtener muestras de ADN. Si hay tumbas o algún cementerio donde se ubiquen (los
hermanos) podremos obtener permiso para una comparación de ADN entre esos
restos y lo que pudimos obtener de la familia.
-¿Es
posible escapar de Alcatraz cavando un túnel sólo con cuchillos?
-Alcatraz fue la prisión de máxima
seguridad en EEUU para su momento. Pero costaba mucho mantenerla. Había otra
instalación en construcción en Marion (Ill.) que sería la de máxima seguridad
una vez que cerrara Alcatraz. Su población máxima fue de 200 prisioneros. El
costo de mantenerla no se justificaba. Las paredes se deterioraron. La fuerza
de guardias disminuyó 25%. Tres de las cuatro torres no estaban ocupadas.
Muchas cosas se juntaron para que el escape ocurriera.
Para escuchar el audio completo de
la entrevista pulsar aquí.
*Mientras
esta columna estaba en proceso de redacción fue anunciada la reanudación de las
conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana. Algo
que en principio todos debemos saludar como positivo. El proceso fue postergado
debido a la crisis ocasionada por la sorpresiva presencia de los líderes del
grupo guerrillero en el corregimiento Conejo, municipio Fonseca de la Guajira,
en un evento llamado Encuentro Popular Caribe, el 18 de febrero. Alias Iván
Márquez, Rodrigo Granda y Jesús Santrich llegaron al lugar en camionetas con
placas venezolanas, acompañados por 200 miembros de la organización dotados con
fusiles de asalto y uniformes, tal y como lo revelaron las imágenes divulgadas
por RCN. El uso de un centro
educativo para actos proselitistas y la presencia de guerrilleros armados
activaron las alarmas en Bogotá. Las negociaciones de paz fueron suspendidas
mientras se aclaraba la situación. Una vez reanudadas, se anunció que se harían
todos los esfuerzos para firmar el acuerdo de paz en 2016. El mensaje implícito
es que esto ya no se logrará en marzo, como había sido pautado.
*Al
cierre, agradezco a Carlos Tablante y a Marcos Tarre Briceño por la entrega del
libro El gran saqueo. Quiénes y cómo se
robaron el dinero de los venezolanos (Caracas, 2015). Desde que uno lo abre
cuesta abandonar la lectura, tal y como sucedió con la obra anterior de ambos
autores Estado delincuente (Caracas,
2013). Hay aquí un trabajo de recopilación y sistematización de datos a lo
largo de años, que se traduce en importantes revelaciones, como por ejemplo la
relación entre el actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
mayor general Gustavo González con las supuestas irregularidades en el
otorgamiento de contratos para la expansión del Metro de Caracas, y el papel
que jugaría en este proceso el ex director de la Disip (actual Sebin) capitán
retirado Carlos Aguilera. Y así se va trenzando una historia que contribuye a
explicar por qué la calidad de vida de los venezolanos se ha deteriorado hasta
niveles insólitos, paradójicamente, luego de haber pasado por el mayor “efecto
riqueza” de toda la historia del país. Debido a esto, no sería de extrañar que,
como ocurrió con el anterior trabajo, éste de Tablante y Tarre lo “desaparezcan”
de las librerías.
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