El estallido de la criminalidad en Venezuela se está convirtiendo en una fuente de problemas para los países
vecinos. Es hora de que dejemos atrás nuestra creída leyenda dorada y asumamos
que más bien somos protagonistas de una larga página roja
@javiermayorca
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Estafadores con pinzas |
El martes 16 de febrero,
la Policía Nacional panameña detuvo a dos venezolanos en la población de
Betania, cuando intentaban sustraer con pinzas y un destornillador los dólares
de un cajero automático. Los hombres, cuyas identidades no fueron reveladas,
tenían en su poder tarjetas de débito y crédito a nombre de diversas personas,
lo que hace suponer a las autoridades que ya tenían tiempo en el mundo del
delito.
En el balneario
Montañita de Ecuador causó estupor el asesinato de dos turistas argentinas,
Marina Menegazzo y Maria José Coni, respectivamente de 21 y 22 años de edad. El
crimen llegó a las páginas de la prensa el 22 de febrero. El abogado de los
deudos Hernán Ulloa reveló a la prensa de ese país que uno de los homicidas
sería un venezolano, apodado el Chamo, quien supuestamente actuó en complicidad
con dos ecuatorianos ya detenidos.
El 26 de octubre de
2015 la población de Aruba se conmocionó al conocer el millonario asalto al
casino Excélsior. Este tipo de noticias, desde luego, para nada contribuye en
la consolidación del ambiente de tranquilidad que debe prevalecer en uno de los
emporios turísticos del Caribe. Las autoridades iniciaron una búsqueda basada
en los testimonios y registros de video del centro de juegos, hasta que
detuvieron a tres venezolanos cuando intentaban abandonar la isla. Se trataba
de Víctor Manuel Valente, Carlos José Huerta Ibarra y Julio García Capdevilla.
Estas noticias apenas
ocupan espacios en la prensa venezolana, cada vez menos atenta a los problemas
relacionados con la criminalidad. Sin embargo, reflejan una tendencia que ya
está impactando negativamente a todos los países vecinos, e igualmente a territorios
como el sur de Florida o España, con los que tradicionalmente se han
relacionado los venezolanos. La delincuencia pareciera que ya no se conforma
con lo poco que hay en el país, e intenta expandir sus fronteras.
Uno podría pensar que
este es un resultado “natural” de la diáspora que ha afectado al país durante
los últimos tres lustros. Si de Venezuela se han ido según cálculos
conservadores más de un millón de personas se puede suponer que no todas son
honestas y acatadoras de las normas.
Pero los reportes de
venezolanos tomados in fraganti en
cualquier parte del mundo cuando cometen algún tipo de delito (más allá de las
frecuentes infracciones a las leyes de tránsito) se han hecho cotidianos. En
Taipei, por ejemplo, una venezolana de 24 años de edad fue detenida cuando
hurtaba jamón, carne, pan y leche de un abasto. Las autoridades suponen que
ella obtenía el sustento diario mediante esta actividad desde que ingresó tres
años antes como turista y se quedó allí como inmigrante ilegal, sin trabajo
conocido.
Muchos venezolanos
delinquen en otros países al creer que allá las cosas se manejan con la misma ligereza que en el territorio nacional. Primero sacan pequeñas cosas de las
tiendas, se saltan los pagos en el subterráneo e incumplen las normas de
tránsito. Luego van a cosas mayores. En agosto de 2015 dos venezolanos fueron
identificados como parte de una banda que perpetró por lo menos 30 asaltos a condominios
lujosos del sur de Florida. El grupo en el que supuestamente participaban
Alberto Colmenares Machado y Wilmer José Paúl Gamboa operó por lo menos durante
dos años hasta que la policía de Key Biscayne determinó que los sujetos viajaban
a Estados Unidos con el preciso objetivo de cometer sus robos. Luego,
regresaban a Venezuela.
Colombia es quizá el
primer país en padecer la explosión de criminalidad que viven sus vecinos de la frontera oriental. No sólo
es que muchos neogranadinos han resuelto volver a su tierra, para huir de la
inseguridad que hay aquí. Ahora, las poblaciones fronterizas se ven impactadas
por el accionar de los criollos. En febrero, por ejemplo, la Policía Nacional
colombiana detuvo en Cúcuta a Alexis Francisco Magallanes, de 25 años de edad,
involucrado en una red que extorsiona a empresarios de esa ciudad fronteriza.
Pero el hampa nacional
también ha llegado a Bogotá. El 4 de marzo, un venezolano junto a un transexual
fueron detenidos cuando intentaban atracar a un taxista en la capital
colombiana.
Estos casos
difícilmente se veían hace unos años. El venezolano aún mantenía algo de la
cortesía y la civilidad que observó Alejandro de Humboldt en sus viajes por
estas tierras durante el siglo XIX. Estos atributos parecían mantenerse en el
siglo siguiente, a juzgar por lo que señalaban autores como Augusto Mijares en Lo afirmativo venezolano.
Desde luego, no se trata
de hacer generalizaciones. Pero sí hay que observar lo que ya podría ser una tendencia
preocupante. Es necesario asumir que parte del cambio sufrido por los
venezolanos durante los últimos años ha puesto de manifiesto conductas y
valores que poco tienen que ver con la institucionalidad y el imperio de la
ley. El resultado más evidente ha sido la elevación sostenida de los índices de
violencia criminal en todo el territorio nacional. Esto, tarde o temprano, rebasa los límites fronterizos.
Si bien es cierto que
la mayoría de los relatos sobre venezolanos detenidos en el exterior se refiere
a delincuentes rudimentarios y poco organizados, que aparentemente salen del
país a explorar oportunidades en otros territorios, es apenas cuestión de tiempo para que
comience a hablarse de organizaciones delictivas criollas en el extranjero. Por
ejemplo, en países de Africa Occidental, con Guinea Bissau a la cabeza, desde hace
ocho años se reporta con insistencia la participación de connacionales en el tráfico
de drogas.
Según Federico Varese
(2011) los procesos de “trasplantado” de organizaciones delictivas se facilitan
en la medida en que los miembros de tales grupos son capaces de enlazar la
demanda en un lugar con las posibilidades de ofertas de bienes y servicios
ilegales en otros.
Estas estructuras,
además, tenderán a buscar sitios donde la migración del país haya hecho “cabeceras
de playa”, es decir, asentamientos más o menos numerosos en los que se puedan
mimetizar. Todos estos procesos, claro está, se aceleran en un mundo como el
actual, donde se vive una revolución de la movilidad (Naím, 2015).
Si seguimos estas
premisas podremos explicar el creciente involucramiento de venezolanos en
hechos delictivos en países cercanos. No sólo Colombia, sino también en Estados
Unidos y Panamá, donde según voceros
diplomáticos hay más de 4000 venezolanos tras las rejas. El control de
cambios impuesto en Venezuela desde 2003 se convirtió en un acelerador de estos
procesos. Hubo grupos que instalaron operaciones simultáneamente en ambos
países precisamente para proveer el servicio de cambio de moneda tan requerido
en una economía dependiente de importaciones como la venezolana. Eventualmente,
estas organizaciones incurrieron en estafas millonarias. Entre las víctimas
figuraban personas inocentes, algunas de ellas impulsadas por estados de
necesidad. Pero también estaban elementos que solo querían aprovechar este
servicio para colocar en el exterior dinero mal habido.
En la medida en que
los mercados nacionales eran sometidos a restricciones, se generaban nuevas
oportunidades para estos grupos posicionados en el exterior. Al final, quienes
gozaran de las mejores relaciones en los ámbitos político y financiero del país
poseerían una importante ventaja. Son los tenientes y generales que se ocultan
en Florida, los bolichicos que ahora compran purasangres por millones de
dólares en subastas abiertas. Y también (en menor escala) las Iroshimas que se
asocian para abrir spas en Doral.
Breves
*El decomiso de 359
kilos de cocaína en una avioneta que voló desde Barquisimeto hasta el
aeropuerto internacional de La Romana, en República Dominicana, no fue producto
de un hecho casual. Fuentes con acceso a la investigación confiaron que tanto
la Cessna 404, siglas YV2708, como el piloto Carlos Justiniano eran objetivo de
permanente vigilancia. Este aviador formaría parte de un grupo conocido en
países de Africa Occidental como “los venezolanos”, quienes junto a elementos
de carteles mexicanos y colombianos prácticamente han hecho “llover cocaína”
sobre países como Guinea Bissau, Mali, Ghana y Sierra Leona, por citar algunos.
Justiniano y su compañero de faenas Antonio Carmelo Vásquez Guerra fueron los
encargados de llevar un alijo de aproximadamente 2,5 toneladas de alcaloide a
Guinea en 2008. El episodio estuvo rodeado de escándalo ante la evidente participación
de elementos del Ejército de ese país, quienes incluso impidieron a la policía
civil realizar las pesquisas a la aeronave que trasladó el alijo, de siglas
estadounidenses. El gobierno venezolano fue informado sobre aquel episodio. El régimen
sabía con detalles que Vásquez y Justiniano llevaron la droga escondida en
cajas de medicinas, con papelería oficial venezolana. Y nada se hizo. Desde
entonces Justiniano operaba con tranquilidad en una firma de vuelos por
encargo. Simultáneamente hacía el traslado con fines de importación de aviones
fabricados en Europa Oriental (Ucrania y Polonia). La historia extraoficial es
que la Cessna decomisada en Dominicana pertenece a una empresa cuyo socio
mayoritario es un español con presencia esporádica en el país. Estas ausencias
supuestamente eran aprovechadas por el aviador para sus correrías. Los
transportistas lograron abrir una ruta a través del aeropuerto Jacinto Lara de
Barquisimeto, con anterioridad utilizado ocasionalmente para estos fines. En
abril de 2015, un grupo de mexicanos y colombianos abandonó en la pista un jet
con matrícula mexicana. El aparato aún permanece en el terminal aéreo. En
noviembre intentaron hacerlo nuevamente con otra aeronave de siglas
estadounidenses, pero los guardias nacionales les impidieron la huida. Al hacer
un barrido a la cabina se detectaron trazas de cocaína. Dos de los tres
detenidos eran de origen azteca, aunque nacionalizados en EEUU y España,
respectivamente. Serían operadores del cartel de Sinaloa, comandado desde
prisión por Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, junto a Juan José Esparragoza,
alias el Azul. A última hora la Fiscalía informó sobre la detención del
empresario Pablo Cárdenas de 45 años de edad y de un detective de Interpol,
señalados respectivamente de financiar y participar en la apertura de la ruta
para la droga. El nombre de Cárdenas con seguridad dará qué hablar. Las
primeras versiones indican que su principal cliente era el propio Estado
venezolano. Eso quedará para la próxima entrega.
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Solórzano: paciencia |
*Recientemente estuvo
en el país César Solórzano, un experto peruano en recuperación de activos
producto de actividades de delincuencia organizada. Este abogado forma parte
del equipo del Instituto Basel, con sede en Suiza, y junto a la fundación En
Cambio de Carlos Tablante tuvieron una sesión de trabajo con diputados de la
Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para afinar los mecanismos que
permitan recuperar aunque sea una pequeña porción del dinero saqueado al país
durante los últimos 17 años, calculado en unos 350 millardos de dólares. Según
el experto, no existe un procedimiento estándar en esta materia. La experiencia
indica, sin embargo, que uno de los aspectos más importantes para lograr el
éxito en esta tarea es que las legislaciones nacionales sean compatibles con
los acuerdos multilaterales y con las normas de los países en los que se cree
han sido depositados tales fondos. Otro punto importante es lograr en el país
las sentencias condenatorias con la mayor rapidez posible, pues así es más
fácil exigir la restitución de los dineros. Mientras tanto, según Solórzano, se
pueden solicitar medidas cautelares de congelamiento de fondos. El consenso es
que estos son procesos muy largos, en los que la voluntad política de los
estados debe permanecer en el tiempo, a lo largo de dos o más gestiones
presidenciales. De lo contrario, los fondos producto de la corrupción no serán
restituidos. En Perú, la experiencia más “rápida” ha tardado tres años. Para
este abogado, la preparación del Parlamento es auspiciosa. En otros países,
estos procesos se desarrollan sobre la marcha, con muchos tropiezos. Según la
organización Global Financial Integrity, Venezuela llegó a ser el octavo país
en desarrollo exportador de capitales ilícitos. En Latinoamérica fue el segundo,
solamente superado por México.
*El descontento
recorre las filas de todos los cuerpos policiales en el país. Al menos los
cuerpos preventivos y de investigación. Ya no se trata solamente que a los
funcionarios los maten por cientos cada año, sin que haya una acción del Estado
para imponer justicia a través de las instituciones (lo que a su vez alimenta
el ciclo de la violencia). Es que a los ojos de los uniformados el propio
Estado, con el Ejecutivo al frente, ha sentado las bases para fortalecer a
grupos armados y bandas criminales. “Nunca se pensó que a 500 metros de la sede
policial el Gobierno instauraría una zona de paz para las bandas”, explica el
subcomisario jubilado Omar Vásquez, secretario general de la Federación
Nacional de Policías Jubilados y Pensionados. Por otra parte, hay la sensación
de que a los funcionarios los están utilizando como “carne de cañón”. En
Táchira, por ejemplo, se envió a oficiales sin experiencia en temas de orden
público para contener una manifestación estudiantil. Resultado: dos
funcionarios muertos al ser arrollados por un estudiante que se había apoderado
de una buseta. En esa región hay agentes que deben financiar la compra de sus
uniformes, así como de los repuestos para las motos. Algo similar ocurre en la
Policía Nacional. Todos estos factores servirían como amalgama para un
movimiento que incluye a miembros de diversas instituciones policiales y que
pretendería, en primera instancia, hacer un llamado de atención al “órgano
rector”, es decir, al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con
la finalidad de que cumpla con su deber. Hay agentes más radicales que han
planteado la posibilidad de una huelga, al estilo de la ejecutada en Nueva York
a finales del año pasado. Pero esta propuesta todavía no atrae a los más
moderados.
*Las operaciones
conocidas como Liberación del Pueblo (OLP) serán analizadas en la Comisión
Interamericana sobre Derechos Humanos. En otra oportunidad se indicó en este
mismo espacio que estas redadas surtirían poco efecto en cuanto a la reducción
de la violencia criminal, y que además tenían un fuerte contenido
propagandístico (razón por la que más bien debían llamarse operaciones
Levantamiento de la Popularidad). Pronto quedó en evidencia además que durante
estas incursiones policiales-militares aparentemente se producían innumerables
violaciones a los derechos fundamentales. Desde el principio, hubo denuncias
sobre ejecuciones practicadas por agentes en la Cota 905, en Carabobo y Aragua,
sin que se pronunciaran las instituciones llamadas a ejercer un control
constitucional. En esas acciones muchos de los ultimados eran supuestos responsables
de la matanza de policías, o supuestos “azotes de barrio”. De manera que habría
una especie de “ajuste de cuenta” institucionalizado a través de estas razzias. En su informe anual, la Fiscal
General de la República Luisa Ortega indicó que 245 personas fueron ultimadas
en el desarrollo de estas operaciones, y que se iniciaron pesquisas “destinadas
a esclarecer las circunstancias en las que se produjeron tales muertes”. Sin
embargo, han pasado más de ocho meses desde la primera incursión bajo este
formato, y no se ha anunciado ninguna detención.
*Desde su propio
enunciado, el terrorismo es un tema sometido a polémica. Tanta que ha sido
imposible llegar a un consenso entre las naciones que permita establecer una
definición clara al respecto. Y es que, como planteaba Bruce Hoffman, los
terroristas para unos son los luchadores por la libertad a los ojos de otros. El
terrorismo ha sido el motivo invocado para las dos grandes guerras de este
siglo (Afganistán e Irak) y actualmente es el modo de acción característico de
por lo menos cuatro organizaciones que operan en Africa y el Medio Oriente. Es
allí donde Estado Islámico para Siria e Irak (Isis o Daesh), las distintas
células de Al Qaeda, Boko Haram y Jamaat al Nusra proyectan su violencia con
mayor intensidad. Los principales afectados integran poblaciones predominantemente
musulmanas, aunque en Irak, Siria y Africa Central también han desplazado y borrado
del mapa a conglomerados católicos. En honor a estas víctimas deberían ser las
primeras manifestaciones multitudinarias y los minutos de silencio en los
juegos de fútbol transmitidos mundialmente. No obstante, si por cada matanza
perpetrada por los grupos terroristas en esos territorios se hiciera un minuto
de silencio en las ligas europeas posiblemente no quedara tiempo para los
partidos. Así de frecuentes son estas carnicerías. Es uno de los problemas de
la llamada “guerra” contra el terrorismo. En realidad, lo que se rechaza es la
ejecución de ciertos ataques llevados a cabo últimamente en Francia o Bélgica.
Pero no se ve la misma reacción de repudio al bombazo en un parque de
diversiones en Pakistán, o incluso hacia el atentado que hubo días antes en
Turkía. El mensaje tácito del liderazgo europeo, y en parte del estadounidense,
es “mátense allá bien lejos, y no nos traigan sus problemas”. Esta actitud
supone además la noción de que hay muertos “de primera”, así como de otras
categorías. Por eso decimos, una vez más, que la calificación de una conducta
como terrorista no es más que uno de los tantos actos del poder.
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La flota llegó |
*¿De dónde vienen esos
lotes de camionetas Hylux y Land Cruiser que ya son inocultables en la vía a
Valencia y en Guarenas? De Venezuela, desde luego, no son. Las plantas del país
están en parálisis. Las deudas del Gobierno las ahogan. Según datos extraoficiales
son 3500 unidades, y fueron compradas en Bolivia con fondos de la Corporación
Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para Corpoelec y Pdvsa. ¿Era tan
urgente? Una fuente conocedora de este proceso sugiere al Parlamento poner la
lupa sobre esta negociación. No sólo lo relativo a los precios de importación.
También se debe analizar, por ejemplo, si la Toyota en Venezuela dará garantías
de repuestos y servicios para unidades que no le fueron compradas directamente.
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