Llamadas que dan miedo

Las extorsiones por teléfono están en auge. En la gran mayoría de los casos, las llamadas son hechas por presos ociosos y con tecnología disponible, que amenazan en nombre de los delincuentes de moda

@javiermayorca

Esta semana me contactó un antiguo compañero de trabajo. Estaba preocupado pues un familiar muy cercano acababa de recibir una llamada en la que un sujeto que se identificaba como el comandante Martín Figueredo le decía que ciertas personas habían pagado cuatro millones de bolívares para matarlo; que a tal efecto él y su grupo lo vigilaban desde hace tres semanas y que por lo tanto conocían toda su rutina. Pero que durante ese tiempo entendieron que se trababa de “una persona de bien”, y que iban a darle una oportunidad para mantenerse con vida, siempre y cuando pagara un millón de bolívares.

El sujeto que llamaba aseguraba ser un operador de la banda comandada por José Tovar Colina, el mismísimo Picure muerto en El Sombrero durante un enfrentamiento con comandos de la Guardia Nacional, el martes 3 de mayo.

La víctima de esta extorsión se dejó llevar por los nervios y no pensó en pequeños detalles tales como que el líder de la banda que supuestamente iba a matarla había fallecido hace más de quince días. Le dijeron que la habían visto en su trabajo, y que en ese momento estaban vigilándola desde una camioneta. Como el local donde trabajaba el receptor de la llamada estaba en una urbanización del municipio Baruta, cualquier camioneta que pasara frente al inmueble podría ser el de los supuestos espías.

El primer consejo al ex compañero de labores fue que su familiar intentase mantener la calma, y que en lo posible dejara un rastro documental de las próximas comunicaciones por teléfono. En la actualidad existen aplicaciones gratuitas que se pueden instalar en estos aparatos para grabar las llamadas. Son muy útiles.

También le sugerí que hiciera algunas preguntas de control, para determinar si los extorsionadores efectivamente conocían la intimidad de la víctima, o si por el contrario se trataba de presos en algún internado o retén cercano que estaban “trabajando” sobre la base de datos colectados a través de las redes sociales. Lo que era lo más probable.

La conversación terminó con el consejo habitual: denunciar, en especial ante la policía judicial o la Guardia Nacional. Lo que a la víctima le inspire más confianza.

Una hora después, el antiguo compañero de labores llamó nuevamente para ponerme al tanto de lo que sucedía. Su familiar había pagado una alta suma, creyendo que con eso compraría un poco de tranquilidad.

Apenas se dieron cuenta de que habían ganado, los hampones renovaron sus amenazas.

La extorsión telefónica es el delito de moda. En una semana los cuerpos especializados de Cicpc y la GN han recibido denuncias en las que los supuestos hampones pertenecen a los más variados grupos. En Guarenas, por ejemplo, los comerciantes comenzaron a recibir llamadas en nombre de la banda Juvenal, que como la de Tovar Colina opera en Guárico y Aragua, no en Miranda. Pero eso no importa. Sólo interesa que el nombre suene, que sea popular. En Caracas comenzaron a extorsionar en nombre del líder del colectivo La Piedrita, Valentín Santana.

Los centros desde los que emana la extorsión telefónica varían con el tiempo. En 2013 un informe de la Guardia Nacional indicaba que penales como los de San Felipe (Yaracuy) y Santa Ana (Táchira) eran importantes puntos de origen de la extorsión en el occidente del país. En otra oportunidad, el exdirector de Cicpc comisario Miguel Dao me comentó que el internado judicial de Tocorón (Aragua) también era lugar de operación para los profesionales de la amenaza.

Anteriormente, los extorsionadores exigían que los pagos se hicieran en efectivo. Lo cual implicaba que contaban con grupos de apoyo en el exterior de las cárceles para colectar el dinero y llevárselos. También podían pedir la compra de tarjetas telefónicas hasta determinados montos, y luego solicitar que les mandaran los códigos correspondientes para hacerlas efectivas en sus aparatos, y así continuar con el ciclo extorsivo.

Extorsión telefónica, casi siempre tras las rejas

Pero últimamente han cambiado. Ahora los amenazadores de oficio piden que les hagan transferencias bancarias a las cuentas de terceras personas. Esto parece absurdo. Nada más rastreable que los fondos enviados por medios electrónicos. Al respecto un ex jefe de Antiextorsión y Secuestros de Cicpc me comentó que generalmente las cuentas que reciben los fondos son abiertas con identidades falsas o incluso pueden pertenecer a personas a las que han coercionado para que no denuncien la recepción de estos fondos. Algo así como “cómplices obligados”.

Los extorsionadores, además, parten de la base de que las víctimas no acudirán a los cuerpos policiales,  y que si lo hacen éstos desecharán la denuncia pues resulta muy complicado y peligroso llegar hasta un aparato celular oculto en un pabellón en el interior de una prisión. Sólo mediante una requisa general y sorpresiva es posible incautar estos aparatos.

Aunque la gran mayoría de los extorsionadores no cumple con sus amenazas, hay una ínfima fracción que sí está en capacidad de hacerlo. En oriente, por ejemplo, la GN detectó que una megabanda tiene una red de extorsión telefónica. Las llamadas supuestamente son hechas desde el penal de Puente Ayala, pero la estructura para cumplir las amenazas está en las calles de los estados Sucre y Anzoátegui.

Recientemente la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una ley para regular las comunicaciones y el uso de internet desde los centros de detención. Según el abogado Luis Izquiel, quien asesoró a los proyectistas, esta norma plantea la utilización de tecnologías que “tumban” las señales de telefonía celular, a través de las cuales corren precisamente estas extorsiones.

Para la ministra de Servicio Penitenciario Maria Iris Varela esta ley no es necesaria, toda vez que en diciembre de 2015 entró en vigencia el Código Orgánico Penitenciario que regula, entre otras cosas, las comunicaciones desde y hacia los penales.

Lo cierto es que cinco meses después de la entrada en vigencia del referido código no se han aplicado medidas y la extorsión telefónica ha cobrado auge. Ya lo tenía en el interior del país. Ahora llegó a Caracas. Quizá esto era lo que hacía falta para que las instancias decisorias se interesen en el asunto.

Breves

*La División contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial plantea iniciar una línea de investigación en torno a los propietarios de las 540 aeronaves que fueron expropiadas por el Gobierno a propósito de la operación Cielo Soberano, llevada a cabo a finales de 2015. Los funcionarios intentarán determinar qué uso le dieron a estos aparatos, y específicamente determinarán si transportaron algún tipo de droga ilegal. Las aeronaves fueron declaradas en abandono cuando sus dueños no aportaron la documentación requerida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), y actualmente se deterioran en distintos aeropuertos del país. El Gobierno analizó una propuesta de utilizar estos vehículos como activos de una nueva empresa estatal, destinada a la formación de pilotos y mecánicos especializados. Pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto. El temor en medios aeronáuticos es que esta iniciativa de CICPC sea aprovechada por agentes inescrupulosos para presionar indebidamente a los dueños de los aparatos.

*La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) maneja un proyecto para constituirse en única formadora y proveedora de funcionarios para los cuerpos de policía preventiva, tanto municipales como regionales (ya lo hace con PoliNacional). Informaciones recibidas en policías del Distrito Metropolitano indican que estos cuerpos deberán elevar al instituto educativo dependiente del MRI sus peticiones para la formación de nuevos oficiales, y que la Unes decidirá si puede cumplir con estas exigencias. De igual forma, se plantea que por cada agente egresado de la Unes los cuerpos municipales y regionales deberán pagar sumas superiores al medio millón de bolívares. Los cursos de formación durarán dos años. En la actualidad, los cuerpos de seguridad tienen serios problemas para preservar a los oficiales más novatos en sus filas. La baja remuneración, el elevado riesgo inherente al trabajo y la posibilidad de migrar a empresas privadas de seguridad para obtener mejores ingresos se unen para configurar un auténtico deslave de talentos. El déficit de uniformados en el Area Metropolitana supera el 60%. Si a eso se suma que cada agente nuevo costará más de medio millón de bolívares a las alcaldías o gobernaciones, el plan resultaría inviable desde el punto de vista financiero. Las academias de policía que actualmente operan en el país quedarían para los planes de “formación contínua” de los uniformados que ya están en sus filas.

Formación "dragón" (foto fav-club.com)

*El lunes 16 de mayo aproximadamente a las 8 pm tres cazas F16 venezolanos de la formación conocida como “dragón” atacaron una aeronave presumiblemente de uso civil, aún sin identificar. Fuentes de la Aviación indicaron que la operación se llevó a cabo sobre costas venezolanas a 10 millas al norte de Puerto Gutiérrez, estado Falcón. El incidente fue confirmado el jueves por el titular de Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino, cuando afirmó que había sido “inutilizada” una aeronave en vuelo sospechoso frente a las referidas costas. Hasta ahora no se han encontrado los restos del aparato. Tampoco se ha establecido su identificación o la de sus tripulantes. Lo extraño es que luego del derribamiento de la nave no se aplicó ningún protocolo de búsqueda y salvamento de sus tripulantes. El Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR) no fue notificado. Se desconoce si este fue el mismo incidente aludido por el presidente Nicolás Maduro el martes, cuando se refirió a un supuesto “avión espía” estadounidense.

*Los resultados de la “segunda fase” de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) han sido magros, por lo menos en lo que respecta a la disminución de la criminalidad en el Distrito Capital. Tal parece que las bandas de la Cota 905, el Cementerio y El Valle-Coche estaban en su mayoría advertidas con suficiente antelación de la movilización militar y policial que comenzó el martes 17 de mayo, y se desplazaron hacia la periferia de la urbe. Durante las 72 horas que duró el despliegue fueron reportados tres secuestros. En uno de ellos, por ejemplo, los captores se movilizaron con la víctima entre la carretera vieja a La Guaira y la Panamericana. En otro caso, los plagiarios capturaron en Catia La Mar a un agente de la Policía del municipio Vargas, para ese momento franco de servicio, y lo llevaron a la capital por la autopista, poco antes de que comenzara el despliegue de los militares en esta vía. Cuando les avisaron que la OLP comenzaba optaron por abandonar al funcionario en el sector Marlboro de la carretera vieja a La Guaira. Allí la gente se negó a prestarle auxilio, pues no sabían si era una víctima o un antisocial. Tuvo que caminar hasta una estación policial, desde la que pidieron un vehículo para trasladarlo y hacer la denuncia correspondiente. Cuando se dio por finalizada la operación, el viernes 20, el hampa siguió sus ataques con la misma frecuencia.  

Chamanes preparando yopo

*Héctor González se define a sí mismo como “chamán”. Según su propio testimonio desarrolla un proyecto de “medicinas ancestrales” en las comunidades indígenas de Amazonas. Dijo contar con la “colaboración y aprobación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas”. González encabeza las ceremonias en las que grupos de personas previamente estudiadas acuden a playas de Chichiriviche (Falcón) para consumir el alucinógeno yopo con intenciones curativas. A propósito de la última entrega de este blog, González escribió una carta de 10 páginas en la que ensalza el atributo “sanador” de esta droga. En su criterio la sustancia es “una herramienta de poder para internarnos en lo más profundo de nuestra psique de manera visual (…) bajo un estado modificado de conciencia, es decir un estado de meditación”. Anunció que para el mes de mayo está previsto el inicio de una “gira nacional” acompañado por otro chamán de origen piaroa. El acto también será en la referida playa falconiana. Divulga sus iniciativas a través de diversas páginas y cuentas en redes sociales. La foto que acompaña esta nota fue enviada por el propio remitente.

Un cofre de cenizas

Hay fuertes indicios de que José Tovar Colina, alias Picure, recibió un trato de enemigo de guerra, a lo bin Laden. En ambos casos, la desaparición de los cadáveres pretende impedir el surgimiento de nuevos tótems y mantener en secreto sus redes de relaciones peligrosas

@javiermayorca

El viernes pasado (6 de mayo) se disiparon las dudas sobre el propósito que tendría el traslado compulsivo del cadáver de José Tovar Colina, alias Picure, hacia el cementerio de El Junquito. Los restos humanos de quien hasta esa semana fue “el más buscado” por las autoridades del país fueron entregados a sus familiares vueltos cenizas, en un pequeño cofre.

Este procedimiento fue a todas luces irregular. El artículo 28 de la Ley para la Regulación y el Control de la Prestación de Servicios Funerarios y Cementerios, vigente desde el 18 de febrero de 2014 recoge un viejo principio que ya era aplicado en el país, según el cual no se podrá cremar ningún cadáver “sometido a un proceso de investigación penal o científica”. La razón es que si surge alguna duda sobre la causa o las circunstancias en las que se produjo la muerte del líder de la banda conocida como Tren del Llano habría que volver a revisar sus restos, previa autorización de exhumación emitida por un juez. Hablamos desde luego de muertes violentas, no de aquellas que según la documentación disponible se hayan producido por razones de origen natural, tales como enfermedades o complicaciones por vejez.

Esto lo sabe bien la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha promovido y ejecutado a través de un grupo especial de su despacho la exhumación de los cadáveres de guerrilleros y activistas políticos de izquierda fallecidos en refriegas con policías y militares, a pesar de que ya eran casos con sentencia definitivamente firme.

La investigación del Ministerio Público sobre las supuestas “desapariciones, torturas y muertes entre 1958 y 1998” pudo hacerse debido a que las autoridades durante ese lapso no cremaron los correspondientes cadáveres.

El único caso reciente de una muerte violenta en la que se autorizó la transformación de los restos humanos en cenizas fue el de los hermanos Faddoul Diab, asesinados luego de 40 días en cautiverio. Un episodio escandaloso. ¿Qué pasaría si el día de mañana surge alguna nueva evidencia o incluso un adelanto tecnológico que posibilite aclarar alguna duda sobre las circunstancias o la causa real de la muerte de estos jóvenes? Desde luego que todo quedará en el plano de las especulaciones, pues no habrá restos humanos sobre los que se pueda trabajar.

Cuando se trasladaba el jueves en la tarde el cadáver de Tovar Colina hacia El Junquito en medio de fuertes medidas de seguridad y contra la voluntad de los deudos surgió en la morgue de Bello Monte la información, nunca desmentida, de que todo esto se hacía por mandato del presidente Nicolás Maduro.

Se le llama “orden ejecutiva”.

Todo esto hace recordar el tratamiento que las autoridades de otro país dieron a otro de “los más buscados”: Osama bin Laden. Los paralelismos son varios:

*No siempre fueron odiados por sus verdugos. Bin Laden fue un instrumento de los estadounidenses en su guerra contra la extinta Unión Soviética en Afganistán. En virtud de eso obtuvo armas y recursos financieros. Tovar Colina, antes y durante su liderazgo sobre la banda surgida en Concha de Mango, tuvo relaciones con las autoridades locales y nacionales que aún no ha sido posible reconstruir en su totalidad. Fue tropa de operaciones especiales de la Armada.

Los fusiles de la última batalla

A sus 27 años de edad se veía a sí mismo tan apoyado por el poder en su medio habitual que perdió la perspectiva sobre lo que podía y no debía hacer. Una de las cosas que definitivamente entraban en la segunda categoría era matar funcionarios del Estado. En el caso de su banda fueron por lo menos once.

Aún con ese prontuario, el comandante del Tren del Llano se dio el lujo de reunirse con el viceministro de Política Interior del MRI, José Vicente Rangel Avalos. Luego él diría en una entrevista que negociaban una entrega. Pero esto nunca ocurrió.

Antes, el propio gobernador de la región donde él se movía como pez en el agua, Ramón Rodríguez Chacín (un capitán de navío retirado que como Picure formó parte de las fuerzas especiales de la Armada), dijo en noviembre de 2014 que él mismo lideraría las labores de búsqueda y captura del delincuente luego de una masacre de once sujetos en una finca. El Picure siguió paseándose por su pueblo como si nada.

*Muerte y desaparición. Osama bin Laden y Tovar fueron ultimados en operaciones militares. Algún miembro del Seal Team 6 que llevaron a cabo la cacería en el primer caso han declarado que había una orden presidencial de matar al líder de Al Qaeda. La dudosa legalidad de este mandato se oculta bajo el paraguas del resultado concreto de la acción contra un ser objeto del desprecio mundial, en el marco de la “guerra contra el terrorismo”. Así se acalla momentáneamente el debate sobre lo ajustado a las normas de la decisión del mandatario Barack Obama.

En Venezuela, el líder del Tren del Llano se transformó en una especie de ícono de la delincuencia. Aún cuando él estuviese tranquilo en El Sombrero, los cuerpos policiales lo veían en la Cota 905 o en La Vega, lo asociaban con bandas en proceso de fortalecimiento en los Valles del Tuy e incluso le atribuían la supuesta oferta de $500 por cada agente de CICPC asesinado, como si fuese un Pablo Escobar criollo al que le sobran los recursos. Todas estas informaciones corrían como rumores, pero nunca fueron constatadas con rigor. Tovar Colina y su banda mataban, efectivamente, pero lo hacían por cuenta propia, en muchos casos para saldar deudas con miembros de otras bandas como la de Juvenal Bravo que les disputaban el territorio en Guárico, o efectivos policiales o militares que no cumplían los acuerdos o que vulneraban sus intereses.

Las redes tejidas por Tovar Colina en su entorno más próximo fueron hasta último momento capaces de detectar los movimientos policiales o militares para capturarlo. Un general activo y director de Seguridad del gobierno de Guárico fue destituido por apoyar al antisocial. Desde 2014 la Guardia Nacional recomendó al Gobierno que cualquier operación para neutralizar el líder de la banda tenía que ser ejecutada por una comisión enviada desde Caracas en medio del mayor sigilo. Hasta los propios GN de la zona tenían que ser mantenidos al margen de tales acciones.

Cuando al Picure lo mataron, los militares venezolanos le dieron el tratamiento de un trofeo. Esto también pasó tras las muertes del líder de Al Qaeda y de Pablo Escobar, jefe máximo del cartel de Medellín.

Luego vino la orden presidencial de desaparecer el cadáver. Al de bin Laden supuestamente lo lanzaron desde un helicóptero en aguas del mar Arábigo. Una acción controversial, justificada con la intención de evitar que los restos del terrorista se convirtieran en un tótem objeto de adoración por sus seguidores. Maduro no ha justificado su determinación de cremar al antisocial. Pero está claro que luego de este autoproclamado éxito en la lucha anticrimen han cobrado fuerza los discursos oficialistas para desviar la atención sobre el verdadero origen del Tren del Llano.

*El problema de fondo continúa. Esta lista de parecidos entre el tratamiento a los casos de bin Laden y Tovar Colina podría alargarse. Pero aquí solamente se referirá uno más. Las muertes manu militari de los líderes de Al Qaeda y del Tren del Llano para nada solucionarán los problemas de fondo que se pretende afrontar. El árabe fue sucedido en el liderazgo de la organización terrorista por el médico egipcio Ayman al Zawahiri, quien ya era su lugarteniente. Además, nuevas estructuras han surgido de Al Qaeda y superado sus ejecutoria si se toma en cuenta el número de muertes y el logro de control sobre vastas porciones de territorio en países como Siria e Irak.

En Venezuela, es probable que el Tren del Llano resurja o se funda con otro grupo. Pero en términos generales el problema de las megabandas continuará y posiblemente se agravará. Las condiciones de nula institucionalidad en el país unidas al vasto campo de oportunidades para lucro económico, planteadas para estas organizaciones como consecuencia de las restricciones en los mercados y sobre múltiples aspectos de la vida nacional, hacen tierra fértil para el crecimiento de la delincuencia organizada en el país.

Breves

*¿Bandas que vigilan con drones? Los vehículos aéreos no tripulados y manejados a control remoto han adquirido múltiples usos durante los últimos años, en parte porque la competencia los ha hecho más baratos. En Venezuela han comenzado a llegar importados de China a precios que van desde 120.000 bolívares hasta casi 170.000 bolívares. Durante el asueto de Semana Santa fueron utilizados para vigilar ciertas carreteras de alta circulación, de acuerdo con un anuncio del titular del MRI. Ahora, el sacerdote Alejandro Moreno revela que las bandas del sector El 70 de El Valle también están usándolos para vigilar sus predios. El religioso y trabajador social no reveló la fuente de este dato divulgado durante una intervención en un foro organizado este sábado 7 de mayo por la organización Espacio Abierto. Dijo que la organización comandada por alias Lucifer ya los posee. Se presume que sea para detectar cualquier intento de capturarlo por parte de los cuerpos de seguridad, que lo han colocado entre sus objetivos prioritarios luego de la matanza de agentes de CICPC en la subdelegación El Valle. Los drones ya han sido vehículo en México para el paso de drogas sobre la frontera con EEUU, e igualmente para introducirlas en recintos penitenciarios.

*El 22 de abril, el Ministerio Público informó sobre la imputación contra los fiscales 38 nacional y su suplente Edgar Angulo Betancourt y Richard Daal, respectivamente, porque al parecer le exigieron a un detenido el pago de 800.000 dólares para no retardar el juicio que se le sigue. La información no detalla de cuál juicio se trataba, aunque sí señala que las pesquisas por esta extorsión fueron iniciadas el día 5 del mismo mes, luego de que la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) procesara la denuncia correspondiente. Los fiscales fueron aprehendidos durante el asueto del 19 de abril cuando se hacían de la suma, en un procedimiento vigilado por los agentes militares. Por esta averiguación también está detenido el agente de la Dgcim Jackson González. Edgar Angulo manejó durante las primeras semanas la pesquisa sobre el asesinato del cacique Sabino Romero. También el expediente sobre el homicidio del secretario general de Acción Democrática en Guárico Luis Díaz. En los últimos meses se ocupaba además de la acusación por una supuesta rebelión contra el general de división retirado Edgar Bolívar, exjefe de Operaciones de la Guardia Nacional.

*El ataque contra el Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática JesúsTorrealba pareciera ser parte de una nueva escalada de violencia física contra dirigentes de la oposición en todo el país, simultánea al desarrollo del proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El último caso que podría incorporarse a esta lista es el de Germán Mavare, activista de Un Nuevo Tiempo en el estado Lara. Un sujeto se le acercó y luego de propinarle un tiro en la cabeza huyó sin robarle ninguna pertenencia. Malavé murió en el acto. Todo indica que el interés del atacante se limitaba a la eliminación física del político. Se evalúa si esto ocurría por la reciente denuncia interpuesta por la víctima contra un grupo de antisociales, o si era consecuencia de su oposición al régimen. El mismo día en que ocurrió este crimen (jueves 5 de mayo) la dirección de la policía judicial ordenó a todas sus delegaciones estatales hacen un censo de los ataques contra dirigentes políticos. Previamente, el 29 de abril, un grupo de activistas agredió al diputado a la Asamblea Nacional José Trujillo mientras hacía una visita al Hospital Central de Maracay.

Yopo playero

*El yopo es una leguminosa (Anadenanthera) con efecto alucinógeno. Los aborígenes yanomamis la consumen desde tiempos inmemoriales en territorios que actualmente pertenecen a Venezuela y Colombia. En este último país, por cierto, hay una población (Yopal) que debe su nombre a esta droga de origen vegetal. Ahora bien, durante los últimos meses un grupo se ha dedicado a comercializarla con el pretexto de la realización de ceremonias de “medicina ancestral” en las playas de Chichirivichi. Los promotores aseguran que el consumo del yopo activa el “tercer ojo”, y que durante el ritual sucederán encuentros con “seres de luz”, en medio de un “maravilloso despertar”. Lo cierto es que la participación en estas sesiones playeras no está abierta a todo el público. La última conocida se llevaría a cabo el 23 de abril, y sólo podrían estar allí quienes hayan reservado con tiempo. Los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público guardan silencio al respecto.

*La Guardia Nacional elaboró un informe de inteligencia sobre el creciente número de protestas en Barinas. La tierra de la que surgieron el finado presidente Hugo Chávez y su familia está siendo el escenario frecuente de expresiones de descontento social. El documento describe veinte acciones de calle entre el 15 de febrero y el 30 de abril, algunas incluso con bloqueo de vías y quema de cauchos, lo que parecía inconcebible hasta hace un par de años. Según el reporte, las causas de las manifestaciones eran inicialmente por las carencias de servicios básicos como agua y luz, así como por la escasez de alimentos. Pero en los últimos días de abril tuvieron como tema central la activación del proceso revocatorio contra el presidente Maduro. Como principal organizador de tales actos fue identificado el diputado Wilmer Azuaje, el mismo activista que estuvo secuestrado durante tres días junto a su hermano en 2013.