Las extorsiones por
teléfono están en auge. En la gran mayoría de los casos, las llamadas son
hechas por presos ociosos y con tecnología disponible, que amenazan en nombre
de los delincuentes de moda
@javiermayorca
Esta semana me
contactó un antiguo compañero de trabajo. Estaba preocupado pues un familiar
muy cercano acababa de recibir una llamada en la que un sujeto que se
identificaba como el comandante Martín Figueredo le decía que ciertas personas
habían pagado cuatro millones de bolívares para matarlo; que a tal efecto él y
su grupo lo vigilaban desde hace tres semanas y que por lo tanto conocían toda
su rutina. Pero que durante ese tiempo entendieron que se trababa de “una
persona de bien”, y que iban a darle una oportunidad para mantenerse con vida,
siempre y cuando pagara un millón de bolívares.
El sujeto que llamaba
aseguraba ser un operador de la banda comandada por José Tovar Colina, el
mismísimo Picure muerto en El Sombrero durante un enfrentamiento con comandos
de la Guardia Nacional, el martes 3 de mayo.
La víctima de esta
extorsión se dejó llevar por los nervios y no pensó en pequeños detalles tales
como que el líder de la banda que supuestamente iba a matarla había fallecido
hace más de quince días. Le dijeron que la habían visto en su trabajo, y que en
ese momento estaban vigilándola desde una camioneta. Como el local donde
trabajaba el receptor de la llamada estaba en una urbanización del municipio
Baruta, cualquier camioneta que pasara frente al inmueble podría ser el de los
supuestos espías.
El primer consejo al
ex compañero de labores fue que su familiar intentase mantener la calma, y que
en lo posible dejara un rastro documental de las próximas comunicaciones por
teléfono. En la actualidad existen aplicaciones gratuitas que se pueden instalar
en estos aparatos para grabar las llamadas. Son muy útiles.
También le sugerí que
hiciera algunas preguntas de control, para determinar si los extorsionadores
efectivamente conocían la intimidad de la víctima, o si por el contrario se
trataba de presos en algún internado o retén cercano que estaban “trabajando”
sobre la base de datos colectados a través de las redes sociales. Lo que era lo
más probable.
La conversación
terminó con el consejo habitual: denunciar, en especial ante la policía
judicial o la Guardia Nacional. Lo que a la víctima le inspire más confianza.
Una hora después, el antiguo
compañero de labores llamó nuevamente para ponerme al tanto de lo que sucedía.
Su familiar había pagado una alta suma, creyendo que con eso compraría un poco
de tranquilidad.
Apenas se dieron
cuenta de que habían ganado, los hampones renovaron sus amenazas.
La extorsión
telefónica es el delito de moda. En una semana los cuerpos especializados de
Cicpc y la GN han recibido denuncias en las que los supuestos hampones
pertenecen a los más variados grupos. En Guarenas, por ejemplo, los
comerciantes comenzaron a recibir llamadas en nombre de la banda Juvenal, que
como la de Tovar Colina opera en Guárico y Aragua, no en Miranda. Pero eso no
importa. Sólo interesa que el nombre suene, que sea popular. En Caracas
comenzaron a extorsionar en nombre del líder del colectivo La Piedrita,
Valentín Santana.
Los centros desde los
que emana la extorsión telefónica varían con el tiempo. En 2013 un informe de
la Guardia Nacional indicaba que penales como los de San Felipe (Yaracuy) y
Santa Ana (Táchira) eran importantes puntos de origen de la extorsión en el
occidente del país. En otra oportunidad, el exdirector de Cicpc comisario
Miguel Dao me comentó que el internado judicial de Tocorón (Aragua) también era
lugar de operación para los profesionales de la amenaza.
Anteriormente, los
extorsionadores exigían que los pagos se hicieran en efectivo. Lo cual
implicaba que contaban con grupos de apoyo en el exterior de las cárceles para
colectar el dinero y llevárselos. También podían pedir la compra de tarjetas
telefónicas hasta determinados montos, y luego solicitar que les mandaran los
códigos correspondientes para hacerlas efectivas en sus aparatos, y así
continuar con el ciclo extorsivo.
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Extorsión telefónica, casi siempre tras las rejas |
Pero últimamente han
cambiado. Ahora los amenazadores de oficio piden que les hagan transferencias
bancarias a las cuentas de terceras personas. Esto parece absurdo. Nada más rastreable
que los fondos enviados por medios electrónicos. Al respecto un ex jefe de Antiextorsión
y Secuestros de Cicpc me comentó que generalmente las cuentas que reciben los
fondos son abiertas con identidades falsas o incluso pueden pertenecer a personas
a las que han coercionado para que no denuncien la recepción de estos fondos.
Algo así como “cómplices obligados”.
Los extorsionadores,
además, parten de la base de que las víctimas no acudirán a los cuerpos
policiales, y que si lo hacen éstos
desecharán la denuncia pues resulta muy complicado y peligroso llegar hasta un
aparato celular oculto en un pabellón en el interior de una prisión. Sólo
mediante una requisa general y sorpresiva es posible incautar estos aparatos.
Aunque la gran mayoría
de los extorsionadores no cumple con sus amenazas, hay una ínfima fracción que
sí está en capacidad de hacerlo. En oriente, por ejemplo, la GN detectó que una
megabanda tiene una red de extorsión telefónica. Las llamadas supuestamente son
hechas desde el penal de Puente Ayala, pero la estructura para cumplir las
amenazas está en las calles de los estados Sucre y Anzoátegui.
Recientemente la
Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una ley para regular las comunicaciones y el uso de
internet desde los centros de detención. Según el abogado Luis Izquiel, quien
asesoró a los proyectistas, esta norma plantea la utilización de tecnologías
que “tumban” las señales de telefonía celular, a través de las cuales corren
precisamente estas extorsiones.
Para la ministra de
Servicio Penitenciario Maria Iris Varela esta ley no es necesaria, toda vez
que en diciembre de 2015 entró en vigencia el Código Orgánico Penitenciario que
regula, entre otras cosas, las comunicaciones desde y hacia los penales.
Lo cierto es que cinco
meses después de la entrada en vigencia del referido código no se han aplicado
medidas y la extorsión telefónica ha cobrado auge. Ya lo tenía en el interior
del país. Ahora llegó a Caracas. Quizá esto era lo que hacía falta para que las
instancias decisorias se interesen en el asunto.
Breves
*La División contra la
Delincuencia Organizada de la policía judicial plantea iniciar una línea de
investigación en torno a los propietarios de las 540 aeronaves que fueron
expropiadas por el Gobierno a propósito de la operación Cielo Soberano, llevada
a cabo a finales de 2015. Los funcionarios intentarán determinar qué uso le
dieron a estos aparatos, y específicamente determinarán si transportaron algún
tipo de droga ilegal. Las aeronaves fueron declaradas en abandono cuando sus
dueños no aportaron la documentación requerida por el Instituto Nacional de
Aeronáutica Civil (Inac), y actualmente se deterioran en distintos aeropuertos del
país. El Gobierno analizó una propuesta de utilizar estos vehículos como
activos de una nueva empresa estatal, destinada a la formación de pilotos y
mecánicos especializados. Pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto. El
temor en medios aeronáuticos es que esta iniciativa de CICPC sea aprovechada
por agentes inescrupulosos para presionar indebidamente a los dueños de los
aparatos.
*La Universidad
Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) maneja un proyecto para
constituirse en única formadora y proveedora de funcionarios para los cuerpos
de policía preventiva, tanto municipales como regionales (ya lo hace con
PoliNacional). Informaciones recibidas en policías del Distrito Metropolitano
indican que estos cuerpos deberán elevar al instituto educativo dependiente del
MRI sus peticiones para la formación de nuevos oficiales, y que la Unes
decidirá si puede cumplir con estas exigencias. De igual forma, se plantea que
por cada agente egresado de la Unes los cuerpos municipales y regionales
deberán pagar sumas superiores al medio millón de bolívares. Los cursos de
formación durarán dos años. En la actualidad, los cuerpos de seguridad tienen
serios problemas para preservar a los oficiales más novatos en sus filas. La
baja remuneración, el elevado riesgo inherente al trabajo y la posibilidad de
migrar a empresas privadas de seguridad para obtener mejores ingresos se unen
para configurar un auténtico deslave de talentos. El déficit de uniformados en
el Area Metropolitana supera el 60%. Si a eso se suma que cada agente nuevo
costará más de medio millón de bolívares a las alcaldías o gobernaciones, el
plan resultaría inviable desde el punto de vista financiero. Las academias de
policía que actualmente operan en el país quedarían para los planes de
“formación contínua” de los uniformados que ya están en sus filas.
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Formación "dragón" (foto fav-club.com) |
*El lunes 16 de mayo
aproximadamente a las 8 pm tres cazas F16 venezolanos de la formación conocida
como “dragón” atacaron una aeronave presumiblemente de uso civil,
aún sin identificar. Fuentes de la Aviación indicaron que la operación se llevó
a cabo sobre costas venezolanas a 10 millas al norte de Puerto Gutiérrez,
estado Falcón. El incidente fue confirmado el jueves por el titular de Defensa,
general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino, cuando afirmó que había sido
“inutilizada” una aeronave en vuelo sospechoso frente a las referidas costas.
Hasta ahora no se han encontrado los restos del aparato. Tampoco se ha
establecido su identificación o la de sus tripulantes. Lo extraño es que luego
del derribamiento de la nave no se aplicó ningún protocolo de búsqueda y salvamento
de sus tripulantes. El Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR) no fue notificado.
Se desconoce si este fue el mismo incidente aludido por el presidente Nicolás
Maduro el martes, cuando se refirió a un supuesto “avión espía” estadounidense.
*Los resultados de la
“segunda fase” de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) han sido
magros, por lo menos en lo que respecta a la disminución de la criminalidad en
el Distrito Capital. Tal parece que las bandas de la Cota 905, el Cementerio y
El Valle-Coche estaban en su mayoría advertidas con suficiente antelación de la
movilización militar y policial que comenzó el martes 17 de mayo, y se
desplazaron hacia la periferia de la urbe. Durante las 72 horas que duró el
despliegue fueron reportados tres secuestros. En uno de ellos, por ejemplo, los
captores se movilizaron con la víctima entre la carretera vieja a La Guaira y
la Panamericana. En otro caso, los plagiarios capturaron en Catia La Mar a un
agente de la Policía del municipio Vargas, para ese momento franco de servicio,
y lo llevaron a la capital por la autopista, poco antes de que comenzara el
despliegue de los militares en esta vía. Cuando les avisaron que la OLP
comenzaba optaron por abandonar al funcionario en el sector Marlboro de la
carretera vieja a La Guaira. Allí la gente se negó a prestarle auxilio, pues no
sabían si era una víctima o un antisocial. Tuvo que caminar hasta una estación
policial, desde la que pidieron un vehículo para trasladarlo y hacer la
denuncia correspondiente. Cuando se dio por finalizada la operación, el viernes
20, el hampa siguió sus ataques con la misma frecuencia.
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Chamanes preparando yopo |
*Héctor González se
define a sí mismo como “chamán”. Según su propio testimonio desarrolla un
proyecto de “medicinas ancestrales” en las comunidades indígenas de Amazonas.
Dijo contar con la “colaboración y aprobación del Ministerio del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas”. González encabeza las ceremonias en las que grupos
de personas previamente estudiadas acuden a playas de Chichiriviche (Falcón)
para consumir el alucinógeno yopo con intenciones curativas. A propósito de la
última entrega de este blog, González escribió una carta de 10 páginas en la
que ensalza el atributo “sanador” de esta droga. En su criterio la sustancia es
“una herramienta de poder para internarnos en lo más profundo de nuestra psique
de manera visual (…) bajo un estado modificado de conciencia, es decir un
estado de meditación”. Anunció que para el mes de mayo está previsto el inicio
de una “gira nacional” acompañado por otro chamán de origen piaroa. El acto
también será en la referida playa falconiana. Divulga sus iniciativas a través
de diversas páginas y cuentas en redes sociales. La foto que acompaña esta nota
fue enviada por el propio remitente.