¿Cómo se inserta Venezuela en el mercado
internacional de las drogas ilegales? Para comprender la situación se requiere
superar los viejos esquemas de análisis
@javiermayorca
Muchas cosas han sucedido en el mercado
internacional de las drogas ilegales. Durante la última década, los supuestos
que sirvieron de basamento a la llamada “guerra contra las drogas” han sido
cuestionados, incluso desde Estados Unidos, el mismo país que durante la
segunda postguerra del siglo pasado tomó la iniciativa del prohibicionismo,
guiado por las consignas de Harry Anslinger.
Hay nuevos actores, nuevas tácticas para
abordar el problema, pero también nuevas mercancías que, aún siendo
psicotrópicas, se salen de las clasificaciones generales que maneja la Junta
Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (Jife). Según el
director de la oficina de Naciones Unidas para el Delito y las Drogas Yuri
Fedotov, todos los años las drogas ilícitas mueven aproximadamente 350
millardos de dólares. Esto se dice fácil, pero las preguntas que hoy nos
hacemos (al igual que hace quince años) sobre los cauces que tiene semejante
cantidad en el sistema financiero internacional siguen sin respuesta.
¿Cómo se inserta Venezuela en este mercado?
Esto es algo sobre lo que poco o nada se discute. Sin ánimo de agotar el tema, aquí se enuncian cinco claves que pueden contribuir al entendimiento del problema.
La primera clave: no podemos hablar
exclusivamente de un “país puente”. Esta categoría, por decirlo de alguna
manera, se quedó corta. Ciertamente, si cruzamos las pocas cifras disponibles podemos
concluir que por Venezuela pasa alrededor del 27% de la producción mundial de
la cocaína. Hay países como Panamá, Brasil y sobre todo Ecuador que podrían
tener cifras similares. Esto depende esencialmente de dos variables: el tamaño
de la producción en un lapso dado y la intensidad de uso de la ruta. Ambas variables cambian
permanentemente. Hablamos de una industria transnacional que se adapta con
rapidez a los mecanismos de persecución implantados por los estados. Los efectos “cucaracha”
(Bruce Bagley) están a la orden del día. De manera que difícilmente se puede
asegurar que un país “siempre” es el punto de paso preferido por los
transportistas de drogas. Pero no cabe duda que Venezuela ofrece importantes
incentivos a los principales actores de esta actividad ilegal, por distintos
factores. Sobre esto, los generales jefes de turno en la ONA siempre han
destacado lo obvio (que hay productores, consumidores y que Venezuela está en el medio,
como una especie de “víctima”). Pero el principal atractivo para los “narcos”
no es el geográfico ni la proximidad con Colombia sino la posibilidad de que
los cargamentos lleguen a destino sin problemas. Para eso hace falta un
ingrediente fundamental, que es la corrupción.
La segunda clave es una tendencia a la
integración vertical y horizontal de toda la industria de la cocaína en el
país. Esto ya lo observó la Jife en 2014. Por lo tanto, la consigna de que Venezuela es
“territorio libre de cultivos ilícitos” entra en el mismo saco de propaganda
vacía donde también está el juramento televisado del ministro González López en
el sentido de que había bajado la criminalidad. Por el contrario, cada vez son
más frecuentes los hallazgos de cocales, más extensos, generalmente en el municipio Jesús Semprún del Zulia pero también en Táchira. Desde luego, en
medio de la opacidad con la que se manejan estos asuntos escapan detalles
importantes, como por ejemplo la altura de los arbustos halllados así como su grado de
concentración de alcaloide, que es el ingrediente activo sustraído para la
elaboración de la cocaína.
Además, alrededor de los plantíos se encuentran
complejos muy bien construidos, con logística para la permanencia de amplios
contingentes que, cosa curiosa, hasta el momento no han sido detenidos. Se
esfuman. Pero siempre queda la evidencia de una actividad productora de droga
cada vez más intensa. Hace unos veinte años, en la frontera con Zulia, Táchira
e incluso Amazonas, ocasionalmente se encontraban improvisadas "piscinas" destinadas a la elaboración de pasta base, y más nada. Ahora, lo encontrado indica una capacidad de abarcar
todo el proceso, hasta incluir la entrega al transportista aéreo, en pistas
cercanas.
Todo esto supone además que las cadenas de
mando de la industria han migrado al país, o por lo menos tienen presencia
frecuente y periódica. Esta es una historia larga y con muchos capítulos por
escribirse, pero allí están los nombres de Wilber Varela (Jabón), Maximiliano Bonilla (Valenciano)
y Daniel Barrera (El Loco) para
testimoniarlo. Otros, los de las FARC, siguen en el campo.
La tercera clave tiene que ver con el proceso
de incorporación de bandas criminales al negocio. El surgimiento de las
llamadas megabandas estaría en buena
medida asociado a la captura de trozos de este mercado en el país. Es el Picure
en Guárico, los Meleán en Zulia y Coqui en la Cota 905, por citar algunos. En
todos estos casos, las drogas constituyen una actividad que, a juzgar por los
informes conocidos extraoficialmente, llegó para sumarse a un portafolio de
delitos ya existente, donde destacan el robo de vehículos, la extorsión y el
secuestro. Por lo tanto no sería apropiado hablar de megabandas dedicadas
exclusivamente al tráfico de drogas, pero sí alimentadas por él.
La cuarta clave se refiere a la entrada de los
militares venezolanos como actores fundamentales en esta industria. Siempre hubo
profesionales de armas involucrados en el tráfico de drogas. Activos y
retirados. Eran episodios ocasionales y muy escandalosos. Pero durante estos
últimos quince años hubo cambios radicales en este aspecto. Hasta 2010 los
trabajos de interdicción en drogas eran asignados a la Guardia Nacional y a la
policía judicial. Con una reforma que se hizo en la legislación sobre la materia
ese año, unida a decisiones tomadas por el Ejecutivo, se amplió la competencia
en la materia a toda la FANB, y por lo tanto se potenció enormemente el riesgo
de corrupción en todos los componentes. Esto quiere decir que cada militar en
su ámbito de acción podría aprovechar su poder para determinar qué cargamento
pasaba y cuál no. No es casual que Makled declarase que en su
nómina tenía a oficiales de todos los cuerpos militares.
Esto permeó hasta lo más bajo de las filas
castrenses. En 2016 han sido reportados por lo menos siete casos que
involucran a oficiales medios y subalternos así como a oficiales técnicos y
tropas profesionales en este delito. Hay demasiado dinero en juego y los
controles son virtualmente nulos.
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| Alijo hallado en poder de un suboficial |
La quinta clave consiste en entender que sobre
este problema las investigaciones son muy escasas en el país. Por ejemplo, no
existe un estudio amplio y actualizado que permita señalar si existe
verdaderamente una relación causal entre las drogas ilegales y el delito
violento. Hay testimonios y opiniones, algunas muy respetables, que lo
aseguran. Pero eso no es suficiente. Sin embargo, esta fue una de las nociones
invocadas para la aplicación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad y los
“madrugonazos al hampa”, es decir, tácticas de mano dura contra el delito. Hay una parte importante de la población dispuesta a comprar estas
consignas, pues se encuentra desesperada ante el auge de la criminalidad. Pero esto no representa necesariamente que las acciones emprendidas den soluciones sustentables.
No sabemos tampoco cuál es la magnitud real del
mercado de las drogas en el país. ¿Son 250.000 usuarios ocasionales y 140.000
usuarios frecuentes, como lo concluyó una encuesta en 2006? ¿Cuántos de ellos salen a delinquir o de alguna manera
incitan al delito? ¿Qué tan extendido es el uso de varias sustancias a la vez o
en cortos períodos, llamado policonsumo? Si no sabemos esto difícilmente
llegaremos a conocer cuánto dinero mueve esta actividad en Venezuela. Tampoco
podremos tomar decisiones en torno a eventuales regulaciones a los mercados,
como las aplicadas en Uruguay y últimamente en Chile.
Breves
*Venezuela entró en el Nivel III de
conflictividad social. La escala elaborada por el general de división retirado
(GN) Rafael Damiani Bustillos indica que con el pasar de los días el
descontento deja de expresarse a través de las acciones del tipo “disturbio
civil”, en las que la gente ocasionalmente quema cauchos, bloquea carreteras e
incluso puede utilizar armas de fuego, para pasar a manifestaciones más
violentas y prolongadas, denominadas por el oficial retirado como “motín urbano
o rural”. El esquema Damiani indica que se trata de situaciones de “conmoción
interior”, ocasionadas por el “levantamiento de turbas populares sin
control”. Pueden durar hasta un mes
continuo. Se presentan ataques a las propiedades públicas y privadas,
linchamientos, desabastecimiento e interrupción de los servicios. Lo de Cumaná
fue apenas un aviso.
*En medio de esta situación, el Gobierno ha
ordenado a los militares para que asuman directamente la venta de los alimentos
de primera necesidad, junto a los representantes de los comités locales de
abastecimiento y producción (Claps). En Trujillo, por ejemplo, efectivos de
unidades especializadas como el Grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN
fueron vistos sacando bolsas de los camiones para distribuirlas entre la
población. Esto desde luego no mitiga el desabastecimiento. En cada jornada
fueron repartidos solamente 47 combos. Pero sí se coloca a los militares una
vez más en una posición incómoda, pues los pone en el bando de los generadores
del descontento popular. Además, los distrae de una de sus funciones. Según el
criminólogo Fermín Mármol, el secuestro se ha incrementado en lo que va de año
170% con respecto a los primeros meses de 2015.
*La expresidenta de la Comisión Nacional contra
el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) Mildred Camero afirmó durante su
intervención en un taller sobre drogas e institucionalidad en Venezuela que la
reventa de productos de primera necesidad y combustible, tradicionalmente
conocida como bachaqueo, estaba
siendo utilizada para legitimar capitales. Esto explicaría el fenómeno
observado en varios puntos de la frontera con Colombia, en los que campesinos y
obreros supuestamente participaban en operaciones estructuradas para sacar
grandes cantidades de efectivo de agencias bancarias, que luego llevaban al
territorio colombiano, donde las reunían de nuevo para cancelar actividades
desconocidas. Oficiales de prevención al lavado de dinero pensaron inicialmente
que los billetes eran sometidos a procesos químicos para luego cambiarles la
denominación. Algo de esto se vio en la zona limítrofe del Zulia. Pero no
explicaba en su totalidad el traslado de sumas tan elevadas. Otra pieza de este
rompecabezas la aportó el supuesto líder de la banda criminal Los Rastrojos en
Cúcuta, alias Cara de Niña, quien reveló en una entrevista con la cadena
Caracol que el paso de alimentos y combustible hacia Colombia no podía ocurrir
si los contrabandistas no cancelaban altas sumas semanales a los jefes
militares y políticos de la región. Todo esto se hace en efectivo.
*Las giras que un supuesto chamán ha emprendido
por todo el país para promocionar sus sesiones de “medicina ancestral” basadas
en el consumo de yopo causaron estupor en sectores que tradicionalmente han
trabajado el tema de las drogas en el país. La ex subdirectora de la policía
judicial, comisaria Odalys Caldera, y el expresidente de la Conacuid Bayardo
Ramírez Monagas observaron que la fabricación y suministro del referido
alucinógeno están permitidos por la legislación vigente, siempre y cuando estén
restringido a los territorios indígenas, y que en ningún caso puede formar
parte de una actividad comercial, como lo sugieren las convocatorias divulgadas
a través de las redes sociales, aunque pueda contar con la autorización del
Ministerio para Pueblos Indígenas. Según Ramírez, con el yopo se estableció una
excepción en respeto a la cultura de los primeros pobladores del territorio,
que no abarca la posibilidad de un uso “recreacional, de fiesta con ánimo
lucrativo, empresarial”.
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| La Riviera: futuro incierto |
*Las investigaciones internacionales contra el
grupo Waked, por un supuesto lavado de dinero procedente del tráfico de drogas,
han tenido un efecto inmediato en las actividades de la famosa cadena de
tiendas La Riviera, que tiene locales en las zonas duty free en casi todos los aeropuertos americanos. En Panamá, por
ejemplo, están operando solamente con ventas en efectivo, es decir, no admiten
tarjetas de crédito ni de débito. En Colombia, los empleados de esta cadena no
saben la razón por la que han cerrado algunos locales en el aeropuerto El
Dorado. El jueves, cuadrillas de obreros continuaban el desmontaje de la
mueblería. En mayo, luego de la captura de Nidal Waked, el Departamento del
Tesoro incorporó a todas sus empresas en la lista Clinton, y ordenó el bloqueo de sus cuentas.
*La inseguridad es un estado que se construye
con una suma de detalles. El siguiente relato de un lector aporta datos para
entender por qué Venezuela es uno de los países más violentos y también
inseguros en el mundo. Su nombre fue omitido. Esto ocurrió el 10 de junio a las
10 pm aproximadamente, cuando la persona conducía un Ford Fiesta recién
adquirido luego de canjear su anterior Toyota Land Cruiser, pues lo consideraba
muy llamativo y riesgoso para manejarlo en Caracas. Iba junto a su novia y otra
pareja desde El Valle hacia la avenida Solano. “A la altura de la entrada del
Bicentenario, justo antes del semáforo, se encontraban cuatro vehículos
estacionados esperando el cambio de luz. Yo no me había detenido totalmente
cuando de pronto sentí que iba a ser abordado por un grupo de no menos de tres
hombres que presumo salieron de la zona boscosa paralela a la vía (…). Ante
esta situación vi la oportunidad de huir (…) Empezaron a disparar de manera
indiscriminada. Tomé por la fuente de Plaza Venezuela a toda velocidad cuando
el esposo de mi amiga que iba en el asiento trasero con ella indicó que había
sido impactado en la espalda (…) Esta persona tuvo la noción de decirme que su
seguro trabajaba con la clínica Cemo (…) Cuando entré al distribuidor de Santa
Mónica empecé a sentir que el caucho trasero izquierdo estaba perdiendo aire.
Aceleré para evitar quedarme varado en plena vía con mi amigo herido (…) En la
entrada de la clínica se encontraba una patrulla de la Policía Nacional, por lo
que apagué las luces y les hice señas para evitar ser confundido con
delincuentes (…) Los funcionarios dentro de la patrulla vieron el carro
tiroteado, con un caucho espichado y un herido bajándose y ni se tomaron la
molestia de adoptar medidas de seguridad para ellos, menos preguntar u ofrecer
ayuda para bajar al herido”. Mientras los médicos atendían al lesionado, el
conductor salió de la clínica para hablar con los agentes. “La mayor sorpresa
que se habían ido (…) como si eso que llaman servicio al ciudadano jamás se los
hubiesen nombrado en sus aulas”.
