Hay indicios claros para que el gobierno estadounidense vea el caso de los sobrinos de la pareja presidencial como un asunto de seguridad de Estado
@javiermayorca
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La investigación,
la detención y el enjuiciamiento de los sobrinos de la pareja presidencial,
Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, no es ni
puede ser vista como “un caso más” de pesquisa criminal, tal y como argumentan
voceros estadounidenses. Es, efectivamente, un expediente de conspiración para
traficar drogas, pero con profundas implicaciones políticas. En Venezuela, así
lo analizan en el propio Gobierno desde noviembre de 2015, cuando se reportó el
resultado de la operación policial en Puerto Príncipe (Haití). En EEUU todavía
no lo admiten así, para guardar ciertas formas. Pero el juicio que se ventila
en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York tiene indicios suficientes
para que el Departamento de Estado lo considere como un asunto de seguridad
nacional. Veamos:
*Enemigos de EEUU:
el extenso informe presentado en julio por el fiscal neoyorkino Preet Bharara,
en respuesta a declaraciones de la primera dama Cilia Flores, destaca en sus
primeros párrafos que durante la investigación encubierta llevada a cabo en
Venezuela y Honduras Efraín Campo fue grabado cuando emitió una declaración
inquietante: “Estamos en guerra contra Estados Unidos”. Es posible que esta
fuese una declaración destemplada, una bravata inconsciente de alguien que
intentaba ganarse la confianza de los suplidores de la cocaína. Pero en Estados
Unidos esas afirmaciones tienen un alto valor, especialmente luego de la
terrible experiencia del 11 de septiembre de 2001.
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Los sobrinos, antes de volar a EEUU |
A esto se une otro
dato. Surge del primer análisis forense a los teléfonos celulares confiscados
en Haití a los sobrinos de la pareja presidencial. El informe correspondiente
suscrito por el agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA,
por sus siglas en inglés) Kimojha Brooks. Indica que en marzo Campo
supuestamente envió correos electrónicos que trataban sobre los requisitos y
los documentos para el porte de armas. En septiembre del mismo año, con el
mismo teléfono fueron tomadas gráficas de dos subfusiles, uno de ellos con mira
láser, así como también de un lanzacohetes. La fiscalía estadounidense envió
comunicaciones a las corporaciones Google y Apple para obtener el contenido
completo de estos correos. Pero aún no está disponible.
*Asociados al
terrorismo: a pesar del avance de los acuerdos de paz entre el gobierno
colombiano y las FARC, Estados Unidos continúa catalogando a este grupo
guerrillero como “terrorista”. Mientras era llevado en un jet a Nueva York, Campo
declaró al agente especial de la DEA Sandalio González III que esta
organización sería la proveedora de los 800 kilos de cocaína, a través de un
intermediario apodado el Gocho. En el mismo vuelo, Flores de Freitas indicó que
las reuniones con este hombre comenzaron en un restaurant tailandés en Las
Mercedes.
*Defendidos por
Venezuela: luego de la audiencia llevada a cabo en la corte federal del
Distrito Sur de Nueva York en mayo de 2016, está claro que los detenidos
concedieron a un poder externo tanto la conducción como el pago de sus
respectivas defensas. Es decir, ni Campo ni Flores deciden cómo afrontarán el
juicio. Desde entonces, las mociones presentadas ante la referida corte han
sido en conjunto, muchas veces reflejando las inquietudes expresadas en
Venezuela por voceros oficialistas (la tesis del “secuestro”, la identidad de
los agentes encubiertos e informantes, etc). Si alguna duda queda en cuanto a
quién cancela los honorarios de los defensores privados, se debe recordar que
al principio los abogados de Flores fueron los mismos que representaron al
Banco Central de Venezuela una demanda en EEUU contra la web Dolar Today.
Campo y Flores
caminan hacia la pena máxima, que en este caso puede ser cadena perpetua. El
último recurso que les quedará, cuando ya tengan el agua en las narices, es
despedir a sus actuales apoderados judiciales y negociar por cuenta propia con
el gobierno estadounidense.
Breves
*El 9 de agosto,
miembros del incipiente Consejo Nacional Agroalimentario se reunieron con el
nuevo comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Antonio
Benavides Torres. Fue un largo encuentro en el que se discutieron innumerables
aspectos, en virtud del tutelaje militar implantado por el Presidente a toda la
industria de alimentos. No obstante, las quejas por problemas de inseguridad
fueron recurrentes. El oficial se comprometió de manera firme en tres aspectos:
1) combate a las invasiones de fincas; 2) vigilancia y custodia a la mercancía
en tránsito, para prevenir saqueos, y 3)generación de mecanismos de
comunicación para una reacción rápida contra el abigeato, las extorsiones y los
secuestros. A partir de entonces, los militares incorporados a este programa
así como los participantes en la reunión forman parte de un chat en el que se
dan a conocer novedades sobre la materia. Por ahí fue notificada la acción de
la GN contra un grupo de invasores a una finca en el estado Mérida.
*Varias propuestas son consideradas por el
titular del MRI Néstor Reverol para la reestructuración de la policía judicial.
La más antigua fue elaborada por una comisión designada luego de la muerte de
tres detenidos en el Departamento de Aprehensión ubicado en El Rosal. Pero la
que pareciera tener más respaldo es una reciente que "aplana" la
estructura de la policía al eliminar la subdirección y dejar un conjunto de
coordinaciones bajo el despacho del director. De hecho, desde que Douglas Rico
fue designado director este cuerpo se encuentra sin segundo al mando. Estas funciones están repartidas de hecho entre el máximo
representante de la institución y el coordinador de Investigaciones Penales
comisario Rubén Lugo.
*El ministro de la Defensa, general en jefe
Vladimir Padrino ordenó a todos los jefes de unidades militares acantonadas en
la zona limítrofe con Colombia acentuar la investigación y el desmantelamiento
de las redes que manejan el contrabando de extracción de combustible y
mercancías subsidiadas por el Gobierno. El radiograma correspondiente llegó a
los puestos y comandos de zona castrense la semana pasada, pero hasta ahora no
se han producido mayores resultados. En una entrevista concedida en enero el
colombiano Wilkin Alexander Roa, alias Cara de Niña, quien fuera jefe de Los
Urabeños en San Antonio y Cúcuta, señaló que los traslados de alimentos y combustible
hacia Colombia eran posibles gracias a los pagos semanales que él y sus
lugartenientes supuestamente hacían a las autoridades militares y políticas del
Táchira.
*El jueves 25 de
agosto soldados acantonados en la base de protección fronteriza Cararabo del
Meta en Apure dispararon contra una avioneta que hizo varios sobrevuelos sobre
la instalación militar a plena luz del día. La aeronave colores gris y blanco
no fue plenamente identificada por los militares. Pero al volar por cuarta vez sobre
la instalación le hicieron 56 tiros con fusiles AK-103, como parte del
denominado Plan de Reacción Inmediata. La nave aparentemente no sufrió daños y
se alejó del sitio. Esta zona es conocida por formar parte de las rutas aéreas
para el traslado de drogas.
*Un informe presentado
recientemente por un teniente coronel del Comando Nacional Antiextorsión y
Secuestros de la Guardia Nacional advierte que la “desmovilización de grupos
guerrilleros y paramilitares colombianos”, así como la “captación de
funcionarios de los órganos de seguridad del Estado” por organizaciones
delictivas son los principales factores a ser tomados en cuenta en el futuro
inmediato por las unidades especializadas en esta materia. La firma de la paz con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque deseada traerá algunas
consecuencias negativas para Venezuela.
*Al cierre, la
expresidenta de la Conacuid (actual ONA), Mildred Camero, respondió al titular
del MRI, Néstor Reverol, quien afirmó que en 2005 la DEA tenía una oficina en
el piso 7 de la institución entonces conducida por Camero, tan secreta que ni
siquiera ella misma tenía permiso para entrar. Según la ex juez, “la oficina
tenía por nombre Centro de Información y Coordinación Conjunta, y estaba a
cargo del subcomisario de Cicpc Iván Romero”. Fue instalada allí para hacer un
monitoreo de aeronaves y embarcaciones. Añadió que un piso más abajo
“funcionaba el Centro Nacional de Drogas, Cinadro, dirigido por el maestro
técnico de tercera (GN) Douglas González”. Ambos funcionarios, concluyó, “son testigos
vivientes de todo lo acontecido en esa época en la Conacuid”.
*El 21 de agosto
fue reportado en Caja Seca, estado Zulia, el asesinato del colombiano Oscar
Humberto Saavedra Montoya, de 50 años de edad. La nota sobre este caso
publicada por El Diario de los Andes
indica que la víctima era propietaria de la compañía Asfalto Los Andes. El crimen
ocurrió cuando Saavedra se disponía a entrar a su vivienda para almorzar. Un
sujeto salió de un callejón adyacente, le disparó y huyó corriendo sin robar la
camioneta Highlander del comerciante. En marzo de 2011 el Gobierno deportó a
Saavedra a Colombia, donde era requerido por secuestro extorsivo y concierto
para delinquir. Había sido detenido en El Hatillo, el 24 de febrero de ese año.
Según el Registro Nacional de Contratistas Saavedra era el propietario de la
firma Inversiones Coveinca, cuya sede estaba en Los Chorros, pero estaba
registrada como proveedora de servicios en la oficina del Ministerio de
Comercio en Mérida. Este dato llegó gracias a la acuciosidad de un lector.
*Otra
lectora cuenta cómo el hampa hace de las suyas en el sector El Barbecho de Los
Teques. Un lugar que anteriormente era tranquilo. Los casos relatados
ocurrieron entre los meses junio y julio. Aquí sus palabras: “El sábado 11 de junio a la 8:00 PM, dos
sujetos atacaron a mi papá dentro del estacionamiento de nuestra casa. El
señaló que cuando estaba guardando el vehículo escuchó el paso de un carro, al
abrir la puerta para cerrar el portón lo apuntaron y obligaron a entregar las
llaves. Se llevaron el carro, no sin antes indicarle que si quería el carro de
vuelta tendría que pagar rescate.
“Mientras el atraco ocurría, yo escuché voces
desde mi casa (ubicada en el piso superior al estacionamiento). Al bajar la escalera
y preguntarle qué pasaba uno de los asaltantes me apuntó a distancia. Logré
correr y refugiarme en casa, también mi mamá bajó luego de escuchar mis gritos
(se encontraba en la terraza) y a ella le ordenaron subir o le dispararían.
“Se llevaron el carro, no hubo disparos, no
ingresaron a las viviendas, tampoco llamaron para pedir rescate, pero nos
arrebataron la única certeza que nos quedaba: sentirnos seguros en nuestro
hogar. Durante los días siguientes al hecho, temblábamos cada vez que repicaba
algún teléfono, ahora temblamos cada vez que vamos a llegar a casa o a salir de
ella.
“33 días después y cuatro casas más allá de
la nuestra se ha repetido el hecho, casi en iguales condiciones. Un vecino que
repara vehículos en el estacionamiento de su casa, escuchó un carro pasar
mientras revisaba el carro de un cliente, levantó la cabeza y vio dos sujetos
que caminaban hacia él, lo apuntaron y se llevaron la unidad (10:00AM).
“Dos días después, otro vecino fue hasta unos
comercios cerca de la zona donde vivimos, se bajó a comprar alimentos para su
perro, en apenas minutos le abrieron la maleta y se llevaron herramientas y una
batería”.
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Mudados a la incomodidad |
*La foto que acompaña este breve corresponde
a una escuela de Ciudad Caribia, el desarrollo de interés social ubicado entre
Caracas y La Guaira. En ese inmueble, destinado para uso educativo, querían
alojar a parte de los 3100 agentes llamados desde cuatro estados del país para
reforzar el contingente policial en Caracas. Otras instalaciones en construcción fueron puestas a la orden de este plan. Al conocer que no tendrían un
lugar decente ni siquiera para dormir, los uniformados se negaron a ser
trasladados. Lo más triste de la situación es que la propuesta de llevar a policías
a residir en una escuela en construcción surgió de un directivo del propio
cuerpo de seguridad.
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