Sobrinos en apuros

Hay indicios claros para que el gobierno estadounidense vea el caso de los sobrinos de la pareja presidencial como un asunto de seguridad de Estado

@javiermayorca

La investigación, la detención y el enjuiciamiento de los sobrinos de la pareja presidencial, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, no es ni puede ser vista como “un caso más” de pesquisa criminal, tal y como argumentan voceros estadounidenses. Es, efectivamente, un expediente de conspiración para traficar drogas, pero con profundas implicaciones políticas. En Venezuela, así lo analizan en el propio Gobierno desde noviembre de 2015, cuando se reportó el resultado de la operación policial en Puerto Príncipe (Haití). En EEUU todavía no lo admiten así, para guardar ciertas formas. Pero el juicio que se ventila en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York tiene indicios suficientes para que el Departamento de Estado lo considere como un asunto de seguridad nacional. Veamos:

*Enemigos de EEUU: el extenso informe presentado en julio por el fiscal neoyorkino Preet Bharara, en respuesta a declaraciones de la primera dama Cilia Flores, destaca en sus primeros párrafos que durante la investigación encubierta llevada a cabo en Venezuela y Honduras Efraín Campo fue grabado cuando emitió una declaración inquietante: “Estamos en guerra contra Estados Unidos”. Es posible que esta fuese una declaración destemplada, una bravata inconsciente de alguien que intentaba ganarse la confianza de los suplidores de la cocaína. Pero en Estados Unidos esas afirmaciones tienen un alto valor, especialmente luego de la terrible experiencia del 11 de septiembre de 2001.

Los sobrinos, antes de volar a EEUU

A esto se une otro dato. Surge del primer análisis forense a los teléfonos celulares confiscados en Haití a los sobrinos de la pareja presidencial. El informe correspondiente suscrito por el agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Kimojha Brooks. Indica que en marzo Campo supuestamente envió correos electrónicos que trataban sobre los requisitos y los documentos para el porte de armas. En septiembre del mismo año, con el mismo teléfono fueron tomadas gráficas de dos subfusiles, uno de ellos con mira láser, así como también de un lanzacohetes. La fiscalía estadounidense envió comunicaciones a las corporaciones Google y Apple para obtener el contenido completo de estos correos. Pero aún no está disponible.

*Asociados al terrorismo: a pesar del avance de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, Estados Unidos continúa catalogando a este grupo guerrillero como “terrorista”. Mientras era llevado en un jet a Nueva York, Campo declaró al agente especial de la DEA Sandalio González III que esta organización sería la proveedora de los 800 kilos de cocaína, a través de un intermediario apodado el Gocho. En el mismo vuelo, Flores de Freitas indicó que las reuniones con este hombre comenzaron en un restaurant tailandés en Las Mercedes.

*Defendidos por Venezuela: luego de la audiencia llevada a cabo en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York en mayo de 2016, está claro que los detenidos concedieron a un poder externo tanto la conducción como el pago de sus respectivas defensas. Es decir, ni Campo ni Flores deciden cómo afrontarán el juicio. Desde entonces, las mociones presentadas ante la referida corte han sido en conjunto, muchas veces reflejando las inquietudes expresadas en Venezuela por voceros oficialistas (la tesis del “secuestro”, la identidad de los agentes encubiertos e informantes, etc). Si alguna duda queda en cuanto a quién cancela los honorarios de los defensores privados, se debe recordar que al principio los abogados de Flores fueron los mismos que representaron al Banco Central de Venezuela una demanda en EEUU contra la web Dolar Today.

Campo y Flores caminan hacia la pena máxima, que en este caso puede ser cadena perpetua. El último recurso que les quedará, cuando ya tengan el agua en las narices, es despedir a sus actuales apoderados judiciales y negociar por cuenta propia con el gobierno estadounidense.

Breves

*El 9 de agosto, miembros del incipiente Consejo Nacional Agroalimentario se reunieron con el nuevo comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides Torres. Fue un largo encuentro en el que se discutieron innumerables aspectos, en virtud del tutelaje militar implantado por el Presidente a toda la industria de alimentos. No obstante, las quejas por problemas de inseguridad fueron recurrentes. El oficial se comprometió de manera firme en tres aspectos: 1) combate a las invasiones de fincas; 2) vigilancia y custodia a la mercancía en tránsito, para prevenir saqueos, y 3)generación de mecanismos de comunicación para una reacción rápida contra el abigeato, las extorsiones y los secuestros. A partir de entonces, los militares incorporados a este programa así como los participantes en la reunión forman parte de un chat en el que se dan a conocer novedades sobre la materia. Por ahí fue notificada la acción de la GN contra un grupo de invasores a una finca en el estado Mérida.

 *Varias propuestas son consideradas por el titular del MRI Néstor Reverol para la reestructuración de la policía judicial. La más antigua fue elaborada por una comisión designada luego de la muerte de tres detenidos en el Departamento de Aprehensión ubicado en El Rosal. Pero la que pareciera tener más respaldo es una reciente que "aplana" la estructura de la policía al eliminar la subdirección y dejar un conjunto de coordinaciones bajo el despacho del director. De hecho, desde que Douglas Rico fue designado director este cuerpo se encuentra sin segundo al mando. Estas funciones están repartidas de hecho entre el máximo representante de la institución y el coordinador de Investigaciones Penales comisario Rubén Lugo.

 *El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino ordenó a todos los jefes de unidades militares acantonadas en la zona limítrofe con Colombia acentuar la investigación y el desmantelamiento de las redes que manejan el contrabando de extracción de combustible y mercancías subsidiadas por el Gobierno. El radiograma correspondiente llegó a los puestos y comandos de zona castrense la semana pasada, pero hasta ahora no se han producido mayores resultados. En una entrevista concedida en enero el colombiano Wilkin Alexander Roa, alias Cara de Niña, quien fuera jefe de Los Urabeños en San Antonio y Cúcuta, señaló que los traslados de alimentos y combustible hacia Colombia eran posibles gracias a los pagos semanales que él y sus lugartenientes supuestamente hacían a las autoridades militares y políticas del Táchira.

*El jueves 25 de agosto soldados acantonados en la base de protección fronteriza Cararabo del Meta en Apure dispararon contra una avioneta que hizo varios sobrevuelos sobre la instalación militar a plena luz del día. La aeronave colores gris y blanco no fue plenamente identificada por los militares. Pero al volar por cuarta vez sobre la instalación le hicieron 56 tiros con fusiles AK-103, como parte del denominado Plan de Reacción Inmediata. La nave aparentemente no sufrió daños y se alejó del sitio. Esta zona es conocida por formar parte de las rutas aéreas para el traslado de drogas.

*Un informe presentado recientemente por un teniente coronel del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional advierte que la “desmovilización de grupos guerrilleros y paramilitares colombianos”, así como la “captación de funcionarios de los órganos de seguridad del Estado” por organizaciones delictivas son los principales factores a ser tomados en cuenta en el futuro inmediato por las unidades especializadas en esta materia. La firma de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque deseada traerá algunas consecuencias negativas para Venezuela.

*Al cierre, la expresidenta de la Conacuid (actual ONA), Mildred Camero, respondió al titular del MRI, Néstor Reverol, quien afirmó que en 2005 la DEA tenía una oficina en el piso 7 de la institución entonces conducida por Camero, tan secreta que ni siquiera ella misma tenía permiso para entrar. Según la ex juez, “la oficina tenía por nombre Centro de Información y Coordinación Conjunta, y estaba a cargo del subcomisario de Cicpc Iván Romero”. Fue instalada allí para hacer un monitoreo de aeronaves y embarcaciones. Añadió que un piso más abajo “funcionaba el Centro Nacional de Drogas, Cinadro, dirigido por el maestro técnico de tercera (GN) Douglas González”. Ambos funcionarios, concluyó, “son testigos vivientes de todo lo acontecido en esa época en la Conacuid”.

*El 21 de agosto fue reportado en Caja Seca, estado Zulia, el asesinato del colombiano Oscar Humberto Saavedra Montoya, de 50 años de edad. La nota sobre este caso publicada por El Diario de los Andes indica que la víctima era propietaria de la compañía Asfalto Los Andes. El crimen ocurrió cuando Saavedra se disponía a entrar a su vivienda para almorzar. Un sujeto salió de un callejón adyacente, le disparó y huyó corriendo sin robar la camioneta Highlander del comerciante. En marzo de 2011 el Gobierno deportó a Saavedra a Colombia, donde era requerido por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Había sido detenido en El Hatillo, el 24 de febrero de ese año. Según el Registro Nacional de Contratistas Saavedra era el propietario de la firma Inversiones Coveinca, cuya sede estaba en Los Chorros, pero estaba registrada como proveedora de servicios en la oficina del Ministerio de Comercio en Mérida. Este dato llegó gracias a la acuciosidad de un lector.

*Otra lectora cuenta cómo el hampa hace de las suyas en el sector El Barbecho de Los Teques. Un lugar que anteriormente era tranquilo. Los casos relatados ocurrieron entre los meses junio y julio. Aquí sus palabras: “El sábado 11 de junio a la 8:00 PM, dos sujetos atacaron a mi papá dentro del estacionamiento de nuestra casa. El señaló que cuando estaba guardando el vehículo escuchó el paso de un carro, al abrir la puerta para cerrar el portón lo apuntaron y obligaron a entregar las llaves. Se llevaron el carro, no sin antes indicarle que si quería el carro de vuelta tendría que pagar rescate.

“Mientras el atraco ocurría, yo escuché voces desde mi casa (ubicada en el piso superior al estacionamiento). Al bajar la escalera y preguntarle qué pasaba uno de los asaltantes me apuntó a distancia. Logré correr y refugiarme en casa, también mi mamá bajó luego de escuchar mis gritos (se encontraba en la terraza) y a ella le ordenaron subir o le dispararían.  

“Se llevaron el carro, no hubo disparos, no ingresaron a las viviendas, tampoco llamaron para pedir rescate, pero nos arrebataron la única certeza que nos quedaba: sentirnos seguros en nuestro hogar. Durante los días siguientes al hecho, temblábamos cada vez que repicaba algún teléfono, ahora temblamos cada vez que vamos a llegar a casa o a salir de ella.

“33 días después y cuatro casas más allá de la nuestra se ha repetido el hecho, casi en iguales condiciones. Un vecino que repara vehículos en el estacionamiento de su casa, escuchó un carro pasar mientras revisaba el carro de un cliente, levantó la cabeza y vio dos sujetos que caminaban hacia él, lo apuntaron y se llevaron la unidad (10:00AM).

“Dos días después, otro vecino fue hasta unos comercios cerca de la zona donde vivimos, se bajó a comprar alimentos para su perro, en apenas minutos le abrieron la maleta y se llevaron herramientas y una batería”.

Mudados a la incomodidad

*La foto que acompaña este breve corresponde a una escuela de Ciudad Caribia, el desarrollo de interés social ubicado entre Caracas y La Guaira. En ese inmueble, destinado para uso educativo, querían alojar a parte de los 3100 agentes llamados desde cuatro estados del país para reforzar el contingente policial en Caracas. Otras instalaciones en construcción fueron puestas a la orden de este plan. Al conocer que no tendrían un lugar decente ni siquiera para dormir, los uniformados se negaron a ser trasladados. Lo más triste de la situación es que la propuesta de llevar a policías a residir en una escuela en construcción surgió de un directivo del propio cuerpo de seguridad.