*Un tribunal del principado de Andorra emitió una medida que nuevamente pone de relieve las actividades de un grupo de venezolanos ligados a este y al anterior gobierno. El desfalco estimado supera los dos millardos de euros
@javiermayorca
El 5 de mayo, la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, a cargo de la juez Canolic Mingorance Cairat, solicitó a las autoridades francesas contra el lavado de dinero el congelamiento de todos los activos pertenecientes a siete venezolanos, una mujer de origen español y 24 empresas ligadas a algunos de ellos.
@javiermayorca
El 5 de mayo, la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, a cargo de la juez Canolic Mingorance Cairat, solicitó a las autoridades francesas contra el lavado de dinero el congelamiento de todos los activos pertenecientes a siete venezolanos, una mujer de origen español y 24 empresas ligadas a algunos de ellos.
La medida recayó sobre Luis Mariano Rodríguez
Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego José Salazar Carreño, Rosicela
Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo
Rotundo y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.
Esto se basa en una pesquisa iniciada en 2012 a propósito de una
serie de operaciones sospechosas a través de la Banca Privada de Andorra (BPA),
la misma entidad investigada por la
Red de Aplicación contra Delitos Financieros de Estados
Unidos (FinCen) debido a que supuestamente era utilizada por grupos de
delincuencia organizada de Rusia, China y Venezuela.
Como se recordará, en 2006 BPA abrió una
oficina de representación en la torre A del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Sus
agentes tenían un interés especial en captar los fondos manejados a discreción
por funcionarios públicos y sus testaferros, en medio de la bonanza petrolera.
Este banco ofrecía una alternativa para eludir
el control cambiario mediante la negociación en Panamá de papeles del Estado
venezolano, utilizando para ello empresas de fachada o “concha”, según la
terminología estadounidense. Las compañías eran registradas por una filial de
BPA en el país centroamericano. Posteriormente abrían cuentas bancarias a
nombre de ellas, que simplemente servían como conducto de los fondos que
terminarían en la central del banco en el principado europeo.
La primera señal de lo que hacía BPA surgió en 2010 a propósito del
escándalo por el congelamiento de los fondos del ex jefe antidrogas de la
policía judicial comisario Norman Puerta. Durante las audiencias celebradas en
Andorra por este caso se reveló que los operadores de la oficina de
representación de BPA en Venezuela abrieron la cuenta al ex policía y un grupo
de personas con antecedentes por drogas (dos de ellas con pasaporte
diplomático) sin siquiera indagar de quiénes se trataba. Puerta, por ejemplo, fue
registrado como si fuese un ganadero falconiano.
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Un sistema de comisiones a través de BPA |
La solicitud del tribunal andorrano emitida en
mayo de este año indica de manera expresa que varios de los afectados por la
medida de congelamiento de fondos mantenían relaciones, tanto filiales como de
negocios, con el entonces ministro de Energía y presidente de Petróleos de
Venezuela, Rafael Ramírez. Villalobos fue viceministro de Energía, y Salazar y
Farías se movían en el negocio de las pólizas de seguros para la estatal
petrolera y otras instituciones gubernamentales. Farías permanece detenido en
República Dominicana por las investigaciones sobre la quiebra fraudulenta del
banco Peravia.
Según la petición del tribunal andorrano, las
personas objeto de confiscación “organizaron un sistema de comisiones en
relación a los contratos públicos de la empresa Pdvsa, que comporta que las
empresas que accedían a las licitaciones se veían obligadas a contratar con el
referido entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones,
cobrando los implicados millones de euros por los asesoramientos”. Más adelante
se argumenta que los pagos a las empresas de tales asesores eran
“imprescindibles” para acceder a los mercados públicos de la estatal petrolera
venezolana y cualquiera de sus filiales.
El monto involucrado en las operaciones
sospechosas sería superior a los dos millardos de euros, unos 2,6 millardos de
dólares.
El ilícito fue detectado por los franceses,
cuando se detectó una transferencia por más de 90.000 euros al empleado de un
hotel parisino en retribución a “servicios prestados”. Los fondos surgieron de
la cuenta de una empresa panameña Highland Assets Corp, perteneciente a Diego
Salazar. Desde allí se hizo un monitoreo, y en noviembre de 2012 se intentó un
primer embargo de fondos en Andorra, cuando Salazar supuestamente planeaba
adquirir un inmueble en París por 40 millones de euros.
Salazar pudo desbloquear este dinero. Pero las
investigaciones han continuado.
Breves
*El Ministerio Público adelanta una
averiguación contra Jeanette Anza, la mujer que fue detenida en octubre de 2014
cuando supuestamente llegó al aeropuerto Guarulhos de Sao Paulo (Brasil) con un
revólver oculto en un maletín. En ese momento, ella declaró que era una niñera
al servicio del ministro para las Comunas Elías Jaua. Anza fue dejada en
libertad y regresó a Venezuela. Pero las pesquisas brasileñas no han cesado. En
julio, fue llamada a declarar como imputada por un fiscal venezolano, en
atención a una solicitud emanada del juzgado 5 Federal de Guarulhos. Es decir,
Brasil invocó la cooperación internacional para un caso que considera relevante.
Fuentes brasileñas confiaron que la investigación abarca no sólo el intento de
introducir el arma, que según ella pertenecía a su jefe, sino también el
propósito aparentemente político del viaje del funcionario, según quedó en
evidencia por el contenido de documentos incautados junto al revólver.
*Otra investigación internacional en desarrollo
se refiere al uso del país como punto de partida de una suerte de “bachaqueo
diplomático”, atribuido a funcionarios de Corea del Norte. Los primeros indicios
al respecto surgieron en Perú y Brasil, donde se detectó que funcionarios del
servicio exterior norcoreano en esos países viajaban periódicamente a Cuba para
introducir al regreso habanos hechos en la isla y supuestamente revenderlos en
el mercado negro. En Venezuela esto tuvo una variante. Según fuentes ligadas a
la investigación, los diplomáticos iban a tiendas del centro de Caracas atendidas
por chinos la víspera de cada salida y adquirían grandes cantidades de objetos
de tocador como jabones y afeitadoras. El negocio entonces sería por dos vías:
la venta en Cuba de tales mercancías y el retorno con los tabacos.
*El 5 de septiembre la dirección de la Policía Nacional Bolivariana
emitió una orden de operaciones llamada “Dispositivo de seguridad y resguardo
para las concentraciones y prevención contra la toma de las sedes del Consejo
Nacional Electoral convocada por la
MUD” para el miércoles 7 de septiembre. El documento de 26
páginas fue elaborado por la
División de Planes y Ordenes, y refleja hasta qué punto ese
cuerpo, señalado como pionero del “nuevo modelo policial”, está inmerso en un
profundo proceso de politización para constituirlo en una nueva instancia de
defensa del régimen. En el análisis situacional, los redactores dan por sentado
que los convocantes “no asumen la responsabilidad de las acciones de los
manifestantes y generalmente terminan en forma violenta, con actos de agresión
hacia los funcionarios públicos, policiales y militares, así como daños
materiales al patrimonio de la ciudad de Caracas”. La misión de los
polinacionales para el 7 de septiembre fue el patrullaje, la vigilancia, la
seguridad y el orden público hasta que finalizaran las marchas de las
organizaciones “que se oponen e intentan
sabotear la gestión presidencial”. Con este planteamiento se justificó incluso
la colocación de 30 francotiradores en azoteas de edificios preseleccionados.
El mismo miércoles, el Presidente anunció un aumento de 50% en el salario de
los agentes de este cuerpo, en un acto donde también fueron mostrados los
nuevos uniformes. Llamó la atención el ropaje camuflado, muy parecido a los
utilizados por los agentes operativos del Servicio Bolivariano de Inteligencia
(Sebin). No se trata de un hecho meramente cosmético. Revela que ese nuevo
modelo policial en realidad no era una política de Estado sino un producto del
voluntarismo de los gobernantes de turno.
*El viceministerio del Sistema Integrado de
Investigación Penal, una dependencia del ministerio de Relaciones Interiores,
ordenó a todos los cuerpos policiales del país hacer con carácter de urgencia
un censo de todos los detenidos en sus correspondientes retenes. Previamente,
el ministerio de la Defensa
había emitido una orden similar a los comandos de zona del país. El director de
la organización Una Ventana para la Libertad
Carlos Nieto ha señalado que en Venezuela albergan alrededor
de 25.000 presos en más de 400 instalaciones. Algunas de ellas simples oficinas
administrativas. Por lo que resulta casi imposible disponer de información
clara sobre las identidades de los presos y los lugares donde se encuentran.
Esta situación es caldo de cultivo de todo tipo de corruptelas. En un retén de
Guárico, por ejemplo, se detectó en julio que los policías dejaban salir a los
delincuentes para que robaran y luego entregaran parte del botín a sus
custodios. Luego de la crisis en la Penitenciaría
General de Venezuela el problema se agravó. Debido a una
orden gubernamental, los detenidos en numerosos retenes fueron trasladados
hacia internados judiciales sin que existiera un registro pormenorizado con las
identificaciones plenas, así como los lugares de origen y destino.
*El Gobierno tiene planteada una toma militar
del estado Nueva Esparta, con motivo de la cumbre de países No Alineados, a
llevarse a cabo entre los días 13 y 18 de septiembre. El temor es que se
reproduzcan manifestaciones contra el jefe del Estado tal y como fueron vistas
el sábado 3 de septiembre en el sector Villa Rosa. Efectivos de la GN emplazados en Distrito
Capital para el relanzamiento de la Gran
Misión A Toda Vida Venezuela recibieron la orden de recoger
sus pertenencias y esperar el traslado a la isla. Lo mismo sucedió en el estado
Vargas. Lo de Villa Rosa fue significativo. El Gobierno no lo esperaba. Allí
operan células del colectivo Tupamaros. Igualmente se llevó a cabo la
reparación de algunas viviendas a través de la misión Barrio Nuevo Tricolor.
Aún así el descontento fue incontenible ante la presencia de Maduro.
*Según la Memoria y Cuenta presentada en febrero de este
año por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, el Servicio Bolivariano de
Inteligencia (Sebin) no tiene como finalidad primordial la protección de los
intereses del Estado sino la preservación de la revolución bolivariana. Esto
explica las escenas y afirmaciones que se pueden ver en el video colocado en el
margen derecho de este espacio, con motivo de una graduación de comandos
antiterroristas de este cuerpo. Huelgan los comentarios…
*Escribe una lectora: “El pasado
miércoles 30 de agosto fui víctima de un atraco en la autopista Prados del Este
a nivel del CCCT en dirección a La
Trinidad, donde se incorporan los que vienen de Chacao.
Ocurrió a las 7:15 pm aproximadamente. Allí estaba un vendedor ambulante de
papitas fritas a quien no ví por la falta de luz en la autopista. Agarré
el celular para hacer una llamada. Al instante él rodeó mi carro pidiendo el
teléfono y apuntándome con una pistola que tapaba con las papas que
"vendía " (solo podía ver el cañón). Se acercó a mi ventana en
donde hizo ver con más claridad la pistola. Bajé el vidrio y lancé
el celular con el único propósito que se alejara de mí. Gracias a dios
pude arrancar y por el retrovisor ví cómo se agachó a buscar el teléfono
(…) Tal vez poca gente sospecha de estos vendedores ambulantes. Este se
aprovechó de su supuesto oficio para que el resto de las personas que estaban
en la cola no se dieran cuenta de lo que pasaba”.
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