Las operaciones de Liberación
del Pueblo, las de antes y las de ahora, tienen un factor en común: una letalidad que
incide sobre las cifras generales de desempeño de los cuerpos de seguridad
@javiermayorca
Este artículo se gestó hace
dos semanas, cuando unos agentes enmascarados de Contrainteligencia Militar y
de la Policía Nacional Bolivariana terminaban de peinar la calle 17 de El Valle
y sus alrededores, en el curso de una operación de Liberación Humanista del
Pueblo (Olhp).
La pregunta inicial era si la
acción de los cuerpos de seguridad era más o menos letal desde que comenzaron
estas operaciones. La respuesta parecía obvia. En el caso de El Valle, por
ejemplo, se exhibió como un logro que hayan ultimado a nueve supuestos
delincuentes. Pero si analizamos la historia reciente encontraremos despliegues
policiales que arrojaron múltiples muertes sin que tuvieran en su frente la
marca OLP.
Estas operaciones fueron
vistas por primera vez en julio de 2015, cuando se llevó a cabo una acción
combinada y envolvente en la Cota 905. Desde entonces se llamaron simplemente
OLP, hasta que el presidente Maduro anunció, el 17 de enero de este año, que a
partir de ese momento tendrían un carácter “humanista”.
Lo primero que habría que
determinar es si los agentes policiales eran más o menos letales en su accionar
antes de que comenzaran estas
redadas. Para llegar a una respuesta se tuvo acceso de manera extraoficial a
una interesante data, cuyos resultados quedan resumidos en el siguiente
gráfico:
Antes de las OLP ya existía
una tendencia leve pero sostenida al aumento de las muertes por “resistencia a
la autoridad”. Pero con el inicio de estas operaciones las cifras netas de
muertes se elevaron. A partir de octubre de 2015 las acciones se hicieron más
selectivas. De hecho, en diciembre de 2015 la proporción llegó a ser casi de un
muerto por cada expediente de resistencia a la autoridad.
En 2016 esta tendencia en
cuanto a la letalidad de la acción policial se mantuvo, a juzgar por los datos
divulgados por el Observatorio Venezolano de la Violencia en su último informe
annual (5.281 fallecidos en casos de “resistencia a la autoridad”)..
En febrero el ministerio de
Relaciones Interiores, Justicia y Paz distribuyó un instructivo para el diseño
y planificación de las Olhp. El documento indica que estas acciones deben
contar con la aprobación previa del vicepresidente Tareck El Aissami y del
titular del MRI, Néstor Reverol. Se debe delinear un proceso en cinco fases. La
primera, denominada “preparación”, comporta un arqueo de las fuerzas con las
que se contará para ejecutar la redada, los medios de que dispondrán y una
identificación clara de las bandas que operan en el sector a ser impactado.
Esto implica colocar allí tanto los nombres de las organizaciones, su ámbito de
acción y principales delitos, así como las identidades de sus líderes y lugartenientes.
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| Las fases de la OLHP |
Las fases II y III se llaman
“ejecución” y “búsqueda”. Los participantes reúnen los recursos que ya habían
inventariado y constituyen bloques por cada una de las fuerzas que actuarán en
sectores delimitados mediante un mapeo satelital. En esta etapa se reúnen las
órdenes de captura correspondientes a cada uno de los objetivos. En el
documento que se entrega a Reverol y El Aissami debe haber una tabla con el
resumen de estos documentos expedidos por los correspondientes juzgados.
La fase IV comienza el día
posterior a la redada. Los cuerpos de seguridad preventivos son asignados para
patrullar en los respectivos cuadrantes. Esta actividad debe ser permanente, en
especial en las áreas consideradas “críticas”.
La fase V es la que incorpora
el aspecto “humanista” de la operación. Aquí el Gobierno se plantea cuestiones
como el rescate de la convivencia y de la infraestructura de la zona donde se
llevó a cabo la redada, la distribución de alimentos, etc..
El problema para llegar a
este punto es que los pobladores quedan con una impresión negativa de la acción
del Estado y rechazan cualquier continuación. Así ocurrió en El Valle, donde la
Olhp no ha llegado a feliz término. Por lo tanto, su ejecución aún queda
restringida a lo que era el formato anterior: los policías que “limpian” la
zona, matan y luego se van.
Breves
*Llegó una carta escrita por
el capitán de la Guardia Nacional Jesús María Alarcón, ex jefe de la segunda
compañía del destacamento 212 de Barquisimeto, quien fue detenido en noviembre
de 2015 por una supuesta conspiración llamada Golpe Fénix. El oficial permanece
recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques. El texto es largo,
pero de extremada importancia. Aquí un extracto: “(…) por mantener siempre una
conducta intachable en mi profesión he caído donde aquellos creyeron que me
destruirían (…). Soy un oficial de la honorable Guardia Nacional de Venezuela
en el grado de capitán, que por tener un pensamiento fiel, justo y ante todo
respetuoso a la Constitución y a las leyes estoy privado de mi libertad (…).
Soy un fiel amante a la democracia y a mi país, ya que para eso fui formado y
entrenado en la mejor de las escuelas militares, la Efofac, recibiendo toda la inversión
que la Nación hizo en mí para que una vez cumplidas todas mis metas físicas y
académicas pudiera tener en mis manos el sable que genera mando y comando sobre
las honorables tropas, que fielmente he sabido comandar. Juré solemnemente ante
el país y mi bandera defender la Constitución, las leyes de la República y la
integridad de los espacios venezolanos, hasta perder la vida si fuese
necesario, vida que en muchas oportunidades arriesgué. Todo lo que he narrado
suena muy bonito y poético, pero la realidad es que al graduarme y ejercer
todos mis conocimientos teóricos en la práctica me dí cuenta de que no todo era
como me lo habían dibujado, no era nada parecido a aquellas largas
conversaciones nocturnas que tuve en mi formación de cadete (…) Veía
constantemente cómo se incorporaba la militancia política dentro de la Fuerza
Armada. Eso realmente comenzaba a preocuparme ya que no fui criado para ser
político (…) Sin embargo observaba cómo la teoría marxista se involucraba cada
día más en los oficiales superiores, especialmente en los grados de generales,
que a decir verdad no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Observaba cómo
adulaban a un Presidente de la República que constantemente citaba a Fidel
Castro como el Padre del socialismo, mismo personaje que en los años sesenta
quiso invadir Venezuela. Realmente estábamos por mal camino. Posterior al
fallecimiento del presidente Chávez, sentí una gran decepción al ver las
órdenes de los oficiales generales de colocar imágenes del fallecido Presidente
en todos los comandos de la Guardia Nacional. Aún mayor fue la decepción cuando
observaba oficiales cubanos opinando sobre las operaciones militares
venezolanas. La exaltación del presidente Chávez era tan grande que ni siquiera
a Dios nuestro creador y creador del universo se le ha dado en las filas de la
Fuerza Armada un ápice de lo que al mencionado Presidente se le está dando. Y
así fue como nos obligaron a tenerlo en los cuarteles. Pero lamentablemente
nadie podía opinar de ese descontento porque automáticamente sería preso (…) He
sido crítico de las opiniones del sistema de Gobierno, opiniones que
constitucionalmente son amparadas, ya que la Ley Fundamental de la República
permite que los militares deliberemos sobre las circunstancias políticas del
país. Pero eso realmente no importa. Como ya sabemos la aplicación de la norma
es para todos aquellos que estamos en contra de sus ideales comunistas o
ventajistas, ya que estoy convencido de que lo que pasa en el país va más allá de
un ideal político, está atado al oportunismo y a las consecuencias de la
corrupción desmedida en todo este tiempo (…) Me he llenado de orgullo de
conocer a grupos de personas, incluyendo jóvenes y adultos, que estamos presos
por las mismas circunstancias dictatoriales. Para ellos mis saludos y respeto.
A todos los presos políticos, especialmente a los integrantes de los grupos
conocidos como el plan Jericó (Aviación), Golpe Azul (Aviación), Golpe Fénix
(Guardia Nacional) y francotiradores (Ejército), valientes hombres que están
presos solo por pensar constitucionalmente y ajustados a una realidad (…) Solo
nosotros sabemos lo podrido del sistema de justicia al que nos enfrentamos,
solo los familiares de cualquier preso, cualquiera que sea su delito, conoce
verdaderamente que la dama ciega no tiene los ojos completamente vendados (…)
Para conocer de injusticias solo basta estar preso. Aquí es donde nos damos
cuenta de la cantidad de violaciones a los derechos humanos (…) No quiero
protagonismo. Solo busco que se conozca la realidad (…) Presidente: le exhorto
a que se vea en un espejo y se siente a pensar acompañado de la soledad a darse
cuenta de que ha fracasado, que el modelo socialista que plantearon no dio
resultados positivos. Lo invito a entender que hay muchos venezolanos pasando
hambre. Quizá usted no lo sienta tanto por los lujos y beneficios de sus
temporales cargos, que repito es lo que los ata al poder. Sea humano y sepa que
lo hizo mal. Dese la oportunidad de renunciar (…) Si se hace llamar democrático
llame a elecciones generales. ¿Cuál es el miedo de contarse en votos? (…) Ya a
usted y su modelo chavista no lo quiere nadie, al punto que usted mismo comenta
en cadena nacional que espera una puñalada de su misma gente. No es justo que
un país tan rico en minerales, en petróleo, en alimentos, tan rico en su gente
esté muriendo por falta de medicamentos y de alimentos (…) No me arrepentiré
jamás de mis acciones y pensamientos. Mis hijas en su momento entenderán que su
papá estuvo preso solo por opinar en cambiar y lograr la libertad para Venezuela
(…)”.
*Durante un evento del
Observatorio del Delito Organizado en San Cristóbal, el periodista Gustavo
Azócar afirmó que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se
incorporaron a la distribución de alimentos a través de los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (Clap). Esta afirmación está sustentada en noticias
divulgadas a través de las redes sociales en esa localidad, que citan los testimonios
de vecinos, cuyos nombres desde luego no son referidos por razones de
seguridad. “Esa información es cierta”, señaló el diputado por ese estado
Javier Tarazona, quien ya ha denunciado la penetración de los guerrilleros en
otras instancias del quehacer en la región. El parlamentario dijo haber conocido
los testimonios de primera mano.
*En marzo hemos comenzado a
ver lo que aparentemente son “filtraciones” de estadísticas oficiales sobre
criminalidad. Las tablas van con el sello del Ministerio de Relaciones
Interiores, Justicia y Paz. El general Reverol de vez en cuanto las ha
mostrado, y también los directores de Seguridad de algunos estados y jefes de
zonas militares. De repente, pareciera que hubo una apertura de las cifras
sobre seguridad ciudadana, como no existía desde 2005, cuando el Ejecutivo
clausuró la oficina de prensa de la policía judicial.. Pero esto hay que
tomarlo con cuidado. No se trata de súbitos arrestos de transparencia. En
primer término, no se toma en cuenta toda la criminalidad, ni siquiera la que
puede entrar en la categoría de violenta. Un delito que fue eliminado de la
lista oficial es la extorsión, que cunde por doquier, especialmente en los
estados centrales del país. Además, la delincuencia es medida ahora mediante un peculiar sistema de puntos, según
el cual lo más importante es la sumatoria de todos los casos. Por lo tanto,
este método tiende naturalmente a colocar en los primeros lugares a las
regiones del país donde los ciudadanos denuncian los delitos con más
frecuencia. Es decir, Miranda y el municipio Libertador. Pero el sistema de
medición internacional no es así, sino que toma en cuenta la proporción de
casos por conglomerados de población (generalmente 100.000 personas) en un
municipio, estado o país. Cuando se calculan las tasas, el panorama cambia. En
el caso de los homicidios, además, no se pueden desagregar las muertes por
“resistencia a la autoridad”. Ciertamente, Miranda figura con la tasa de
homicidios más elevada del país, 254, pero Aragua surge como el segundo estado
más violento, con 241; Libertador queda con 197 y Bolívar con 191, con
tendencia a subir.
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| Evidencia del ataque |
*En cuanto al estado Aragua,
la situación de criminalidad tiende a agravarse. Hay claros visos del
fortalecimiento de la principal banda de esa región, el llamado Tren de Aragua,
cuyas operaciones han sido reportadas incluso en el estado Zulia. La máxima
jerarquía de esta organización está en el centro penitenciario conocido como
Tocorón. En 2016, como se pudo ver, Aragua fue uno de los estados más violentos
del país, lo que también trajo como consecuencia un alta cifra de policías
ultimados. Esta tendencia se mantiene en 2017. El último caso conocido ocurrió
el lunes 20 de marzo a las 6 am, cuando individuos armados con fusiles AK103
acribillaron al oficial agregado de Inteligencia de la policía regional David
Aguirre. En ese momento el funcionario se disponía a llevar a su hijo a la
escuela en Maracay. El menor recibió tres tiros de fusil, y al momento de la
redacción de esta nota aún estaba con vida. En los días previos, un panfleto
atribuido a la megabanda aragueña corrió por el sector San Vicente, con
amenazas claras tanto para los uniformados como para sus familiares. La orden
impartida por los criminales fue abandonar el sector. En el cuerpo de seguridad
temen una crisis similar a la planteada meses atrás, cuando varias familias de
agentes debieron salir de ese mismo lugar y se refugiaron en la comandancia
general mientras ubicaban una vivienda.
*La policía judicial inció
una averiguación en torno a la autenticidad de las documentaciones del ex
alcalde de la municipalidad colombiana de Sardinata (Norte de Santander) José
Luis Durán Herrera, y quien fue el Tesorero durante esa misma gestión
(2004-2007) Rubén Elías Mrad Uribe, quien fue apresado por los agentes de Cicpc
en el sector La Romera de San Cristóbal, en febrero de este año. Durán y Mrad
figuran como solicitados mediante una notificación roja de Interpol, pues
fueron condenados a nueve años de prisión en 2011 por peculado, contrato sin
cumplimiento de requisitos y “falsedad ideológica”. La justicia colombiana
concluyó que Durán y Mrad se confabularon mientras estaban en la administración
municipal para apropiarse de más de 33 millones de pesos durante la adquisición
de materiales para la construcción y mantenimiento de baños. Luego de la
detención de Mrad, los agentes indagaron en la oficina del Saime y determinaron
que ambos solicitados obtuvieron sus cédulas de identidad en forma totalmente
legal en marzo de 2007, cuando finalizaba la gestión en la alcaldía colombiana.
Este caso hace recordar el del traficante de drogas del cartel del Norte del
Valle Farid Feris Domínguez, alias el Médico, capturado en La Lagunita y
deportado a Colombia en 2006. En una entrevista con El Nuevo Herald, Feris dijo
que su cédula y pasaporte venezolanos fueron emitidos a través de los
mecanismos convencionales, previo pago al director de la oficina nacional de
identificación para la época. Al parecer, estas redes aún operan al interior
del Saime.
*La corrupción se ha
convertido en un problema que impacta negativamente a la institucionalidad y la
economía venezolanas. Un país con abundantes recursos naturales y una
extraordinaria ubicación geográfica ve mermadas las inversiones de dinero
fresco extranjero porque simplemente la corrupción se hizo sistémica. Esto
transforma a Venezuela en un lugar de altísimo riesgo, según los estándares
internacionales.. No existe contrato de obras de magnitud que no incorpore a
sus costos cantidades solapadas para el pago de sobornos o coimas. Así lo
confirman los expedientes Banca Privada de Andorra I y II, Roberto Rincón y,
últimamente, Odebrecht. Sobre el caso de la corporación brasileña aún queda
mucho por escribir. Se sabe, sin embargo, que Venezuela fue el segundo
territorio en magnitud de pagos ilegales, con más de 98 millones de dólares.
Por otra parte, las transnacionales que aún operan aquí son presionadas para
que violenten sus normas internas sobre debido cumplimiento (compliance) y paguen comisiones a
funcionarios gubernamentales, pues de lo contrario no les cancelarán lo que se
les adeuda, ni siquiera con bonos-basura. Y así como hay lo grande, también lo
pequeño: se le exige al constructor o suplidor de materiales que “contribuya”
con las movilizaciones partidistas o que simplemente reparta las ganancias por
sobreprecios con el jefe del despacho oficial que lo contrata. En una situación
como esta es vital para los grupos de delito organizado contar con una justicia
tarifada, que garantice la impunidad. Por eso no extraña la afirmación hecha en
el último informe del Departamento de Estado, a principios de mes, sobre la
imposibilidad de procesar en Venezuela a narcos de importancia debido a la
“corrupción política”.
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