Cada día más menores de edad se incorporan a la vida crimnal, pero el Ejecutivo solo habla de paramilitares. El caso de Sabana Grande es un anuncio de lo que vendrá si no se toman medidas urgentes
@javiermayorca
Los homicidios de dos sargentos del Ejército a manos
de un grupo de menores de edad en el bulevar de Sabana Grande, la madrugada del
sábado 25 de marzo, no pueden ser vistos como hechos aislados a casuales. Por
el contrario, fueron la consecuencia de procesos en los que niños y
adolescentes de ambos sexos han ido involucrándose cada vez con mayor
intensidad en el círculo de la violencia.
Uno de los aspectos más llamativos de este caso es que
hasta el momento no se ha podido comprobar la existencia de ninguna relación previa
entre los militares y los jóvenes que los mataron a cuchilladas y punzadas. En
los anales policiales queda catalogado como el producto de una “oportunidad”,
es decir, la convergencia de víctimas y victimarios en un mismo lugar sin que hubiese
una autoridad que impidiese el resultado trágico, precipitado por la oposición
al robo. En esto, el crimen contra los sargentos se parece mucho al homicidio
del teniente coronel Eliécer Otayza, en el sector La Palomera de El Hatillo durante
el mes de abril de 2014. En ambos casos, las muertes fueron producto de
acciones colectivas y muy cruentas.
La muerte de Otayza debió encender las alarmas de la
sociedad, pero fue desvirtuada por el propio oficialismo, con el argumento de
que había sido el resultado de un sicariato ejecutado por supuestos paramilitares.
De este modo, se perdió una oportunidad para lograr las debidas rectificaciones.
Ahora, tenemos otro crimen parecido.
Entre el caso de Otayza y el de los sargentos la
violencia infantil y juvenil ha ido desarrollándose en el país.
Las estadísticas del ministerio de Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, conocidas extraoficialmente, indican que en 2015 fueron identificados
38 menores de edad como supuestos perpetradores de homicidios. En 2016 esta cifra
se elevó a 72. Un incremento de 89%. En el grupo de los niños, es decir, seres
que no tienen más de doce años de edad, fueron identificados seis supuestos homicidas.
En la mayoría de los expedientes se comprobó una relación
previa entre los homicidas y las personas fallecidas. Generalmente formaban parte
de su entorno familiar. En agosto de 2016, por ejemplo, un niño de siete años
de edad mató con un disparo a Gladys López, de nueve años. Esto sucedió en
Barinas. Aunque parezca insólito, este caso fue catalogado por la policía
judicial como un “ajuste de cuentas”. Uno ve esto y entiende las profundas sospechas
que hay sobre la seriedad con la que los investigadores determinan los móviles
de cada crimen.
Los varones suelen ser los que primero se incorporan
al delito. Pero cada vez hay más personas del sexo opuesto. En 2015 fueron identificadas
dos, mientras que en 2016 la cifra se triplicó. Para ellas, la edad de inicio
en la violencia homicida parece ser los quince años. No por casualidad es la
misma que tiene una de las detenidas por el caso de los sargentos.
La participación de los menores de edad en la
violencia es aún más evidente cuando se analizan las cifras sobre lesiones personales.
Sobre este particular consulté a la especialista en
derecho de protección penal de menores y adolescentes Magaly Vásquez.
“Lo que me dicen jueces y fiscales es que los menores
cada día están involucrados en delitos má satroces”, alertó.
Vásquez sospecha de los discursos exculpatorios que
depositan en la sociedad toda la carga de responsabilidad por la delincuencia
infantil y juvenil. Según la experta, las personas con menos de dieciocho años
de edad son perfectamente concientes de que Venezuela les da un tratamiento
especial cuando cometen un delito, sobre todo si poseen edades inferiores a los
catorce años.
“Se sienten inmunes frente al sistema (…) De no
adoptarse medidas para reforzar la protección familiar, los casos como el de
Sabana Grande irán incrementándose”, sostuvo.
Estos niños y adolescentes actúan generalmente en grupos.
Antes, tenían el liderazgo de un mayor de edad, probablemente alguien que creció
con ellos. Pero ahora, según Vásquez, se trata de conglomerados de los que
surge un líder en forma natural, ya sea porque es el más astuto o el más violento.
Y saben que cuando infrinjan las normas el Estado
pronto los perdonará.
Breves
*Efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar
adelantan una nueva investigación por supuesta traición a la patria, instigación
a la rebelión y otros delitos contra la seguridad y el orden de la Nación y de
la Fuerza Armada Nacional. Hasta ahora han sido detenidos el capitán del
Ejército Angelo Heredia, quien comandaba una compañía de ese componente castrense
en Coloncito, estado Táchira; el coronel retirado de la misma fuerza Ricardo
Somascal Longo, quien reside en Turmero, estado Aragua, y el civil Eduardo
Vetencourt, ligado al partido socialcristiano Copei. El expediente de unos 150
folios se inicia con un informe de inteligencia cuyas fuentes se desconocen (presuntos
“patriotas cooperantes”) pero que presuntamente señala la formación de un
movimiento conspirativo contra el presidente Nicolás Maduro en el que
participarían más de cincuenta personas, entre ellas numerosos militares
activos. Se cita como evidencia una supuesta reunión preparatoria en una vivienda
de Los Palos Grandes, llevada a cabo en febrero de este año. Esto hace suponer que
ocurrirán nuevas capturas en las próximas horas, presumiblemente de dirigentes
de la tolda verde, que como se sabe atraviesa desde hace varios meses un
proceso de fractura por la relación de varios de sus militantes con el
oficialismo. Los detenidos fueron presentados ante el Tribunal Primero de
Control Militar en Caracas, a cargo de la mayor Claudia Pérez, y actualmente permanecen
en el Centro para Procesados Militares de Los Teques.
*En la Guardia Nacional hay preocupación por el
comportamiento de un coronel de apellidos Lugo Armas, quien fue transferido del
destacamento de la Guardia del Pueblo Norte para que velara por la seguridad en
el centro de Caracas, donde tienen su asiento los poderes públicos. A él se le atribuye
haber permitido, o por lo menos no haber impedido, el paso de integrantes de
colectivos armados al interior del Parlamento, para que interrumpieran una sesión
del 26 de octubre de 2016 en la que se iba a discutir la ruptura del orden constitucional.
Posteriormente, Lugo ha sido grabado en comportamientos alejados de la
investidura de un oficial de esa graduación, especialmente cuando se trata de
mujeres y periodistas. Esas conductas, desde luego, han permeado en los oficiales
y tropas bajo su mando. Desde la propia Guardia Nacional envían la información contenida
en su hoja de vida. Allí destacan tres arrestos simples, el más prolongado duró
cinco días y fue impuesto por el general de división Gerardo Briceño García (ex
comandante general de la GN), debido a la supuesta violación de disposiciones reglamentarias.
Las otras sanciones fueron por el incumplimiento de prescripciones reglamentarias
y por falsear la verdad en asuntos de servicio. En 2005, además, lo vincularon
con una averiguación penal por secuestro. Cabe destacar que esta pesquisa fue cerrada.
En casos de otros oficiales, estas hubiesen sido razones suficientes para
impedir que ascendiera en la jerarquía militar. Lugo, sin embargo, es depositario
de la confianza de sus superiores.
![]() |
El gas rojo "marca" a los manifestantes |
*Un ex comandante general de la GN envía información
sobre el gas rojo, utilizado para disolver manifestaciones en la avenida
Libertador y en Chacao el sábado 8 de abril. El componente principal de tales
granadas es el bromuro de bencilo, un polvillo de efecto urticante al entrar en
contacto con las mucosas y la piel. Tiene, además, otro efecto: tiñe de rojo la
ropa y la piel de las personas que se exponen a él, y esto las hace “perseguibles”
aunque ya no participen en las protestas. De hecho, las partículas se adhieren
a la piel y la ropa hasta por cinco días. Este agente químico fue utilizado
ocasionalmente para dispersar manifestaciones en Chacao durante los meses de febrero,
marzo y abril de 2014. No figura en los manuales que tradicionalmente se
estudiaban en la Guardia Nacional para aprender las tácticas de control del orden
público, por lo que se presume que forman parte de una nueva “doctrina”.
*Luego de que la fiscal general Luisa Ortega afirmara que
en Venezuela se había roto el hilo constitucional, el Partido Socialista Unido
de Venezuela y la Fuerza Armada activaron sus unidades de inteligencia y
seguimiento de la información. Debido a la censura y la autocensura, los medios
más revisados y analizados no son actualmente la prensa ni la televisión, sino
las redes sociales. Hay un monitoreo detallado a lo que dicen o dejan de decir
el gobernador de Miranda Henrique Capriles, el presidente del Parlamento Julio
Borges y medios electrónicos como La Patilla y Runrunes. Todas las
informaciones son copiadas y luego valoradas en términos de positivas,
negativas y neutras. La Policía Nacional Bolivariana también
tiene un grupo asignado para esta misma tarea. Aunque se enfoca primordialmente
en asuntos institucionales y de seguridad ciudadana, también revisa la
actualidad política desde una perspectiva netamente oficialista.
*La práctica de los linchamientos se ha extendido a
todo el país. El Gobierno y la Fiscalía lo saben, pero poco pueden hacer al
respecto. Durante 2016 fueron reportadas 90 muertes mediante la acción de
grupos o colectividades, contra supuestos delincuentes. El estado donde más reportes
hubo fue Monagas, con 21. Allí el ritmo de homicidios bajo esta modalidad se ha
incrementado. En los primeros dos meses y medio de 2017 se han verificado 11
muertes por linchamiento. En Zulia van 17. Otro indicador más del
desmoronamiento de la institucionalidad y su reemplazo por formas privadas del
ejercicio de la violencia.
*Escribe una lectora para relatar algo que le sucedió
a su familia durante la madrugada del 25 de febrero: “Pasamos madre susto
cuando mi hija, su novio, mi sobrino y un amigo compartían en la puerta de mi
casa (avenida Los Chorros de Sebucán). Bajaron por la cuadra tres tipos
armados. Mi hija y mi sobrino corrieron adentro. El novio y el amigo no. Me
levanté asustada al oir los gritos de mi hija. Salimos todos, pero ya se los
habían llevado. Movimos cielo y tierra. La Policía de Sucre, que está a una cuadra,
no contestó nunca. Gracias a Dios, aparecieron en La Castellana. Estaban a pie.
Contaron que fueron guardias nacionales los que los detuvieron, les pegaron y
los robaron. Les quitaron los celulares y una botella de ron. Eran seis en un jeep,
con una mujer. Les dijeron: “Cuento cinco o les disparo”, y los soltaron. A uno
de ellos le dieron con la cacha de un fusil en las costillas. Ahora no sabemos
quiénes nos cuidan”.
En esto, el crimen contra los sargentos se parece mucho al homicidio del teniente coronel Eliécer Otayza, en el sector La Palomera de El Hatillo durante el mes de abril de 2014. En ambos casos, las muertes fueron producto de acciones colectivas y muy cruentas.
ResponderEliminarRead more at gel bôi trơn top
Read more at stud 100