*La convocatoria a una ANC por el presidente
Maduro tomó por sorpresa a la Fuerza Armada, y representa una amenaza al
concepto de institucionalidad que los militares intentaron construir durante la
era chavista
@javiermayorca
La convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente fue un hecho sobrevenido y sin planificación alguna. Cuando el
presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio, durante una intervención pública el
1 de mayo, la información correspondiente solo estuvo circulando en el
Ejecutivo durante el fin de semana previo. Julio Borges la pescó.
Es probable que cuando Maduro hizo su
invocación durante el acto en la avenida Bolívar ya algunos militares
estuviesen enterados de lo que venía. Pero la institución castrense como un
todo fue tomada por sorpresa. No había documentos ni propuestas que sustentaran
y justificaran la elaboración de una nueva Carta Magna. Cero discusiones en los
estados mayores.
Y Maduro fue elaborando sobre la marcha. Una
semana después, en vista de que los militares no terminaban de tragarse el
disparate, el Comandante en Jefe planteó la necesidad de una “constituyente
militar”, y ofreció que la asamblea guardaría unas plazas para los
profesionales de armas, sin que tengan que someterse a votación.
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| El GD Rolando Esser, detenido |
La constituyente planteó para la Fuerza Armada
toda una alteración de su rutina. En los calendarios trazados a finales de 2016
no había ejercicios para una Operación República. Mucho menos había presupuesto
para eso. Todo tuvo que hacerse de manera improvisada, contra la voluntad de
buena parte de la oficialidad, incluidos los generales que hasta junio
comandaron el Ejército y la Aviación.
En la base de la pirámide militar, los oficiales
de las promociones egresadas más recientemente de las academias de cada fuerza
tampoco salían de su asombro. En la tercera semana de mayo, convocaron a los
que tenían hasta 10 años de servicio (tenientes, primeros tenientes y
capitanes) para que acudieran a Caracas a escuchar unas charlas con las que
intentarían convencerlos de que la constituyente de Maduro es en realidad una
continuación del “legado” de Comandante Supremo y Eterno. Sí, el mismo que se
cansó de decir que la Constitución del 99 era “la mejor del mundo”.
En este lapso, los militares también han hecho
sus aportes a la población penitenciaria. No importa si están abiertamente contra
el régimen, como el coronel retirado de la Guardia Nacional Hidalgo Valero, o
si apenas hay una sospecha sustentada sobre mensajitos ambiguos de whatsapp,
como ocurre con el general de división de la Aviación Rolando Esser de Lima,
vicepresidente de Corpovex.“Están aplicando la rastropesca”, advirtió en mayo un operador de inteligencia. Es el método peculiar de las purgas, durante las cuales se llevan por delante a algunos pecadores y a muchos justos. Desde luego, en estos procesos terminan pagando también los oficiales que se hacen llamar “institucionales”. No hay neutralidad posible.
La constituyente de Maduro también cuestiona la
institucionalidad militar, aún en los términos tan particulares que trató de
imponer Chávez. En los tiempos del teniente coronel, la oficialidad sentía
mayoritariamente que tenía a uno de los suyos en la Presidencia. Y por eso le
aguantaron sus deslices y lloraron su muerte. Con el heredero sucesor ese nexo
se perdió.
Por eso Maduro se quedó sin Fuerza Armada. Por
eso los tenientes y sargentos graban mensajes y los cuelgan en Youtube, anunciando
lo que tarde o temprano se manifestará.
Breves
*El gobierno estadounidense, por medio del Departamento
del Tesoro, impuso sanciones contra trece funcionarios, exfuncionarios o dirigentes
del oficialismo. Es el tercer grupo de oficialistas sancionados. Hay que
resaltar varios aspectos. Por una parte, llama la atención algunos que no
figuran en la lista. Dos nombres fundamentales son los del general en jefe
Vladimir Padrino y el diputado Diosdado Cabello. Sobre Padrino existe la
convicción de que se trata de un militar “irrecuperable” para la causa democrática.
Sus propios familiares han enviado mensajes grabados en ese sentido. Sin
embargo, por ahora, el gobierno estadounidense se abstuvo de congelar sus
fondos. Ahora bien, las medidas anunciadas el 26 de julio no fueron
retaliaciones por nexos directos con el tráfico de drogas sino por participar
en violaciones a los Derechos Humanos (Lista Obama). Por eso llama la atención
la inclusión de cuatro personas: Rocco Albisini (presidente del Cencoex), Alejandro
Flemming Cabrera (expresidente de Cencoex), Simón Zerpa (vicepresidente de
Finanzas de Pdvsa) y Carlos Malpica Flores (ex vicepresidente de Finanzas de
Pdvsa). Ellos no se han visto involucrados directamente en la ejecución de la
represión. Hay además otros aspectos que no han sido convenientemente
analizados aún. Fueron sancionados los jefes máximos de dos poderes públicos,
como son Tibisay Lucena (Electoral) y Tarek William Saab (Moral), que se unen
en la lista del Tesoro al presidente del TSJ Mickael Moreno, sancionado en mayo,
y el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami. Entonces, están prácticamente
todos los representantes de los poderes públicos, salvo el Legislativo. Esto implica
que, para EEUU y probablemente para la mayoría de la comunidad internacional,
Venezuela entra de hecho en la categoría de Estado forajido o canalla. Es decir,
donde no hay respeto a las leyes, ni en el plano interno ni en el
internacional. Donde los derechos humanos son meras entelequias. Una situación
que traerá consecuencias en muy corto plazo.
*Agentes de la Dirección de Contrainteligencia
Militar detuvieron al teniente coronel de la Guardia Nacional Francisco
Gregorio Colina, quien fuera hasta mediados de julio el jefe de armamento del
Comando de Zona del componente en el estado Apure (número 35). Igual medida
recayó sobre los sargentos Carlos Tinedo y Wilmer García, que cumplían
funciones de vigilantes del parque de armas de la misma unidad. La investigación
se inició al tenerse información sobre supuestos faltantes de armas. Al
comandante de imputarán sustracción de efectos de la Fuerza Armada y abuso de autoridad
entre otros delitos. Al momento de escribirse esta nota, el oficial y los
suboficiales eran trasladados por una comisión hacia un juzgado castrense en el
estado Guárico.
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| Hung herido 16 veces |
*Estupor en medios militares ocasionó el
asesinato del teniente coronel del Ejército José Manuel Hung Chang, un oficial
que había desertado de la Fuerza Armada, luego de que le negaran la baja que
había solicitado. Hung, de 53 años de edad, fue ultimado el martes 11 de julio
a las 6 am por sujetos que le propinaron 16 cuchillladas en las cercanías del
condominio Don Mares, en el sector Betania de Panamá. El oficial vivía con
humildad en Venezuela, y ante el deterioro de la situación social y política vendió
lo que tenía y en 2015 se fue al país centroamericano junto a su mujer e hijos.
Cuando desertó de la Fuerza Armada, desempeñaba una posición administrativa en
el Ministerio de la Defensa. Hasta ahora, el caso permanece impune en ese país.
No se descarta que haya sido víctima de un homicidio por encargo.
*La FANB elaboró un censo de las llamadas
“fuerzas de choque”, activadas para la defensa del proceso constituyente. Estos
grupos están ligados a distintos despachos gubernamentales. El registro
correspondiente con nombres, apellidos, cédulas de identidad y organismo donde
trabajan es llevado por las distintas zonas militares, las cuales a su vez
envían la información actualizada al Comando Estratégico Operacional. Algunos
de estos grupos están integrados por milicianos que se redondean el salario
ofreciendo servicios de seguridad a empresas estatales.
*Para el momento de la redacción de esta
columna, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a
tres de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados por el
actual Parlamento y juramentados en un acto público celebrado en la plaza
Sadel, el 21 de julio. La policía política, que responde a los designios de los
radicales del oficialismo, se juega la carta dura y entorpece el proceso de
negociaciones adelantado a través del exjefe de gobierno español José Luis
Rodríguez Zapatero. Los abogados son sometidos a juicio ante tribunales
militares, que están diseñados para impartir penas ejemplarizantes en las filas
castrenses, y no para seguir las formalidades del debido proceso y el derecho a
la defensa. A esto se le llama “justicia de comando”, pues además los procesos
judiciales son iniciados por mandatos de la superioridad, empezando por el
Comandante en Jefe. De manera que el propio Maduro con su orden de detener a
los nuevos magistrados ha terminado por cerrar las puertas a cualquier
entendimiento con la oposición en vísperas de la elección para la Asamblea
Nacional Constituyente.
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