*La irrupción de un grupo armado en el fuerte Paramacay de Carabobo
tenía un propósito inmediato, que era el apertrechamiento con material de guerra.
La pregunta es para qué lo usarán los protagonistas de la operación David.
Mientras tanto, en la FAN se inició una temporada de caza
@javiermayorca
Lo ocurrido en el fuerte Paramacay del Ejército durante la madrugada del
domingo generó mucha confusión y especulaciones en todo el país. Por momentos,
hubo la sensación de que la situación estaba fuera de control, y que se
avecinaba una nueva asonada militar.
Nada de eso ocurrió. A pesar de la mediocridad de los mandos castrenses,
que llegaron al sitio del suceso unas siete horas después de la irrupción para
enviar un mensaje en video, lo cierto es que no hubo golpe ni sublevación. La
razón es muy simple: más allá de la propaganda de uno y otro bandos, la
naturaleza de la acción llevada a cabo ese día en la gran unidad militar de
Carabobo no tenía como primera pretensión el cambio del régimen, sino el
apertrechamiento con armas de guerra.
En dos platos, hablamos de un asalto.
Esto indica que el grupo encabezado por al capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos
Caguaripano Scott comenzó la llamada Operación David buscando los fusiles, las
granadas y las municiones que le hacían falta.
Ahora, la Contrainteligencia
Militar y el Sebin intentan deducir por dónde irán los
próximos tiros. A través del Ceofanb, ordenaron a todas las unidades militares
el reforzamiento de la vigilancia perimetral en los cuarteles, e igualmente la
activación de escuadras ligeras de reacción inmediata, conformadas por una
decena de efectivos de tropa, atentos día y noche para sofocar el descontento
en sus propias filas.
Al mediodía del domingo, cuando todavía no se sabía a ciencia cierta
dónde podrían estar los doce hombres que escaparon con buena parte del polvorín
de la brigada blindada, se ordenó que los comandantes de zonas operativas de
defensa integral pasaran revista a las unidades acantonadas en sus territorios.
En Vargas, por ejemplo, el general de división Solís Martínez hizo una revisión
presencial a las tropas y sostuvo que todos los profesionales de armas deben
estar comprometidos con la “revolución bolivariana”.
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Suárez Chourio y su video |
El martes a las 5 am una comisión de la Dgcim trasladó sin previo aviso al general en
jefe del Ejército Raúl Baduel desde su lugar de reclusión en Ramo Verde a la
sede del cuerpo de inteligencia en Boleíta. Previamente se había reforzado con
blindados y más tropas la vigilancia a la cárcel. Pero eso como que no bastó.
El propio abogado de Baduel, Omar Mora, cree que se trató de una reacción de
temor ante la posibilidad de un rescate con las armas robadas del cuartel de
Valencia.
La espectacular incursión en la principal unidad blindada del Ejército
ha desatado reacciones en todos los frentes. En la FAN se inició la temporada de
caza.
PS: luego de entregada la versión de esta columna que publicaron
Runrunes y Tal Cual el jueves 10 de agosto fueron detenidos el capitán
Caguaripano y el teniente Yefferson García Dos Ramos. Fue un hecho si se quiere
fortuito. Pero independientemente de eso hay dos aspectos que llaman la
atención. Por una parte, la desesperación del ministro de la Defensa Vladimir
Padrino en atribuir la captura a unidades de la Fuerza Armada, cuando fue el
producto de un procedimiento de policía preventiva en La California. Además, se
filtraron informaciones a ciertos influenciadores de opinión para dar la
impresión de que con Caguaripano y García habían caído más integrantes del
grupo que llevó a cabo la operación David, y que además fue incautado un
importante lote de armas, cuando en realidad solo han localizado algunos
fusiles y granadas enterrados en la proximidad de la 41 brigada blindada,
envueltos en una lona.
Esta desesperación de los mandos militares, unida a la ausencia de
controles legales, podría sentar las bases para que los oficiales sean
torturados en Contrainteligencia Militar, tal y como lo han sugerido la mamá y
la esposa de Caguaripano en declaraciones públicas. A estas alturas, nadie cree
en las seguridades que permanentemente declara el ministro Padrino sobre la
sujeción de sus procedimientos a la normativa de Derechos Humanos.
Breves
*En julio la encuestadora Gallup presentó su Indice Mundial de Ley y
Orden (Global Law and Order Index). Para este trabajo fueron entrevistadas
136.000 personas en 135 países. Les hicieron cuatro preguntas para medir la
confianza en los cuerpos policiales locales, la percepción de seguridad y la
victimización por robo y hurto durante el último año. “Los resultados alrededor
del mundo fueron desde el tope de 97 para Singapur hasta el bajo de 42 en
Venezuela. En 2016, mientras Venezuela descendía en el desorden, solo 12% de
sus residentes dijeron sentirse seguros caminando de noche solos en los lugares
donde viven, y 14% expresó confianza en sus policías. Ambos porcentajes no solo
son los más bajos registrados para Venezuela sino también los más bajos que
Gallup ha medido en todo el mundo desde 2005. Al mismo tiempo, 38% de los
venezolanos dijo que les habían robado dinero o alguna propiedad durante el
último año –un récord.” Esto equivale a más de diez millones de personas
víctimas de asalto o hurto en doce meses. De acuerdo con el informe, solo se
han visto cinco países en los que la gente reconozca haber sido robada con
mayor frecuencia que en Venezuela. Todos quedan en el Africa Subsahariana.
*Lo que espera con el fiscal designado por la
ANC Tarek William Saab. Para el momento de
la redacción de esta nota, habían transcurrido más de 24 horas desde la muerte
de un joven manifestante en Barquisimeto. Se trata de Eduardo Orozco de 19 años
de edad. En las primeras de cambio, la Guardia Nacional divulgó una
minuta para señalar que había fallecido en el curso de un “enfrentamiento” con
efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de ese componente (Conas)
en el sector Bellas Artes de Barquisimeto. El domingo, fue ultimado en Valencia
Ramón Rivas, dirigente de Avanzada Progresista. En ninguno de estos casos hubo
pronunciamiento público de la
Fiscalía en cuanto al inicio de las pesquisas y las circunstancias
en las que se produjeron estos hechos. En cambio, el despacho de William Saab
sí se pronunció con diligencia sobre el escrache del que fue objeto la rectora
del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández, mientras hacía compras en una
carnicería. El mensaje es claro: esta Fiscalía estará muy atenta para proteger
al poder y no a los ciudadanos que expresan su descontento en la calle.
*El ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz maneja una
interesante estadística que permite conocer cómo se ha comportado la
criminalidad durante la primera mitad del año. En ese lapso fueron denunciados
14.409 robos genéricos. No se incluye el robo de vehículos, sobre el cual se
hace una consideración aparte. En el MRI están satisfechos puesto que la cifra representa
una disminución de 7% con respecto al mismo lapso de 2016. Esto puede tener
múltiples interpretaciones. Todas pasan por incorporar en el análisis el
impacto que ha tenido la conflictividad política, que definitivamente ha
desacelerado la actividad económica, y por ende ha restado oportunidades para
el robo de bienes. Cuando se revisa de manera un poco más detallada,
encontramos que durante la primera mitad del año han sido denunciados los robos
de 7.187 teléfonos celulares. El número es desde luego un pálido reflejo de la
realidad, puesto que casi nadie acude a Cicpc para notificar que lo han
despojado de estos aparatos. Aún así, los antisociales han incrementado en
23,4% los robos en este rubro. Una posible explicación es la rebatiña que se
produce durante las manifestaciones, en las que policías y delincuentes unen
fuerzas para victimizar a las personas que se oponen al Gobierno. También que
los delincuentes aprovechan cualquier oportunidad que se les presenta para
despojar a los transeúntes de estos codiciados dispositivos, mientras circulan
por las vías públicas.
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Policía o soldado |
*Lo del cambio del uniforme de la Policía Nacional Bolivariana, además
de representar un gran negocio, es indicador de un giro en el carácter del
trabajo que desempeña la institución. Se debe recordar que el atuendo anterior, de pantalón azul y camisa caqui, fue decidido en función de la imagen
que debía transmitir un cuerpo de seguridad preventiva, caracterizado por la
proximidad de sus agentes con las comunidades. Había además una intención de
diferenciarlo de los demás cuerpos policiales, puesto que los municipales
llevarían la camisa verde, y los estatales una azul. Pero todo esto dentro de un
concepto más orgánico. El nuevo uniforme, de camuflaje gris y negro, fue decidido según el siguiente criterio: “Estudios
internacionales demuestran que el camuflaje tradicional puede ser detectado por
el ojo humano en un segundo, mientras que el camuflaje pixelado (usado por la
PNB) puede ser detectado en dos segundo y medio, y esto puede marcar la
diferencia entre vivir o morir”. Este es el análisis hecho en la propia policía. Estamos entonces ante un cuerpo que
pasó de concebir su trabajo en términos de prevención del delito y de los
conflictos a otro que se ve a sí mismo como instrumento de combate. Esto es de
por sí peligroso, pero mucho más en el ambiente altamente politizado que
caracteriza a la PNB desde su nacimiento.
*Llegan documentos sobre el impacto que ha tenido la acción de grupos
delictivos sobre las operaciones de los campos petroleros en Trujillo. Los
delitos más frecuentes en los municipios Andrés Bello, Sucre y La Ceiba del
referido estado son la extorsión, el robo de vehículos y los robos y hurtos de “materiales
estratégicos” utilizados por Petróleos de Venezuela en sus operaciones. Las
acciones de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional son espasmódicas, y
por ende tienen escaso efecto. Ahora, indica un informe, el hampa se ha
adueñado de los espacios aledaños a los campos, y “el personal siente temor de
realizar denuncias formales ante los organismos de seguridad del Estado sobre
las amenazas recibidas de parte de personas armadas”. Uno de los incidentes
reportados ocurrió el 22 de mayo en El Tigre, un poblado del municipio Andrés
Bello, donde 40 sujetos provistos de armas largas detuvieron un transporte de
personal que iba a la planta Motatán II, inspeccionaron el vehículo y luego le
permitieron el paso. Esto indica que, además de las bandas criminales, es
probable que en Trujillo operen elementos de grupos irregulares.
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