En Venezuela está en desarrollo
desde hace años una operación de ingeniería social para hacer que cada uno de
sus ciudadanos asuma la mentalidad de un rehén. El episodio de Estocolmo arroja
algunas enseñanzas
@javiermayorca
En agosto de 1973 una pareja
de asaltantes irrumpió en una agencia del banco Kreditbanken de Estocolmo, en Suecia, con la intención de perpetrar un
asalto. En el proceso, las cosas se complicaron para los delincuentes,
liderados por Jan Erik Olsson, quienes no pudieron huir y se confinaron en la
caja fuerte de la entidad financiera con tres mujeres y un hombre.
La situación de rehenes se
prolongó por seis días. En ese lapso, todas las partes desarrollaron una
relación tan estrecha que los cautivos, especialmente las mujeres, negociaron
con el primer ministro sueco Olof Palme para asegurar que se respetaría la
integridad de los asaltantes.
24 años después, en agosto de
2017, una comerciante venezolana fue privada de su libertad en Caracas por
agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sin orden de captura
ni constancia de un delito flagrante. Simplemente porque a estos sujetos les
parecía que ella estaba ligada de alguna forma al grupo que asaltó la 41
Brigada Blindada del Ejército, en el primer capítulo de la llamada Operación David.
Sol Zavala, al igual que los
empleados del banco sueco, al principio estaba aterrorizada. No le dejaban
contactar a un abogado ni la presentaban ante los tribunales. Para el mundo
exterior, no existía.
La mujer estuvo en el
Helicoide más de 45 días. Según la declaración que ofreció a El Nacional, en la
medida en que pasaban las horas “optó por convivir con los agentes”: les
preparaba café, les calentaba la comida e incluso limpiaba las instalaciones de
las que no podía salir.
“Me sentía como un superhéroe,
encargada de repartir amor”, recordó.
Ambos casos se encuadran en lo
que los siquiatras Nils Bejerot y luego Frank Ochberg definieron como el
Síndrome de Estocolmo. Se trata de un “fenómeno psicológico” en el que se
desarrolla un nexo positivo entre el o los captores y sus secuestrados o
rehenes.
Generalmente, se dan tres comportamientos: 1) las víctimas evidencian un sentimiento positivo hacia sus captores; 2) las víctimas muestran
desconfianza y temor hacia lo que puedan hacer las autoridades, y 3) existe la
posibilidad de que los captores también solidifiquen un sentimiento positivo
hacia sus rehenes, una vez que comienzan a verlos como seres humanos.
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| Bastan seis días cautivo, o menos |
El problema con el síndrome
de Estocolmo es que tiende a generar condiciones que impiden o retardan la
superación de la situación. Una de las partes, generalmente la víctima, tiende
a comprender e incluso avalar las acciones y razonamientos de su captor,
perdiendo de vista en el camino que se encuentra en ese trance por una
actuación de fuerza.
El síndrome de Estocolmo, por
ende, es consecuencia de un ejercicio criminal del poder, que en cierta forma
termina siendo normalizado, y eventualmente amado por la víctima. Hay cautivos que desarrollan una dependencia tal de sus captores que hasta tienen relaciones sexuales con ellos. Recordemos por ejemplo el caso de Clara Rojas en Colombia.
En el tiempo de cautiverio,
todo lo que la víctima gana son concesiones que hace la contraparte: quizá
puedas bañarte hoy; quizá puedas comer; si me da la gana te daré las píldoras
que necesitas para vivir; posiblemente votarás… Pero siempre que lo hagas será
cuando yo diga, en las condiciones que establezca.
A este respecto, llama la
atención la respuesta de quien fuera gobernador de Lara, Henry Falcón, cuando el
presidente estadounidense afirmó que no descartaba la “opción militar” para
Venezuela: “¡Insolente, Trump! Este peo es nuestro. ¡Resuelve los tuyos, que
son bastantes!”. Una expresión visceral, de quien ya internalizó la mentalidad
del rehén y sale en defensa de su captor.
Esa misma condición llevó a
los dirigentes partidistas a tomar las migajas que significaban la convocatoria
a una elección de gobernadores, sin siquiera discutir si el proceso podría
llevarse a cabo en forma justa. El captor, incluso, alteró sobre la marcha
tales condiciones, y aún así las contrapartes continuaron en el juego, como
buenos rehenes.
Pero el síndrome del cautivo
no solo afecta a estos líderes. Ellos son si se quiere la fiel expresión de un
proceso de ingeniería social que comenzó hace mucho tiempo con los ciudadanos
de a pie, y que hoy los tiene más pendientes de hacer las
colas del Clap que de buscar soluciones definitivas a sus padecimientos.
Venezuela se convirtió en una
gran situación de rehenes.
Breves
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| Parte del grupo de detenidos |
*El 10 de octubre, el
presidente del Senado colombiano Efraín Cepeda exhortó al gobierno del
presidente Juan Manuel Santos para que presente ante la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Organización de
Estados Americanos el caso de 61 naturales de ese país que permanecen detenidos
desde septiembre de 2016 en celdas del centro de coordinación policial de La
Yaguara, a cargo de la Policía Nacional Bolivariana, en lo que el parlamentario
describió como “precarias condiciones humanitarias”. Los neogranadinos fueron
aprehendidos durante redadas que se llevaron a cabo en el municipio Sucre, para
darle sustento a un discurso oficialista según el cual la criminalidad en
Venezuela, y especialmente en el Distrito Capital, era estimulada por el
accionar de grupos paramilitares foráneos. Estas capturas fueron ejecutadas sin
órdenes tribunalicias y sin flagrancia. Durante el año que ha transcurrido
desde entonces, tres juzgados se han pronunciado para que estas personas sean
liberadas, y aún así permanecen tras las rejas.
*¿Para qué sirve tanta
parafernalia militar alrededor de las elecciones? ¿La Operación República tiene
alguna utilidad en términos de seguridad ciudadana? Veamos. Durante una semana,
el gobierno central asumió la conducción de las policías preventivas,
regionales y municipales. El viernes 13 de octubre, se ordenó el
acuartelamiento de los cuerpos uniformados, de manera que solo los militares
estarían en las calles. Entonces, se supone que no solo velarían por el
correcto desenvolvimiento de la jornada electoral, sino también intentarían un
control a la delincuencia. Los resultados, sin embargo, indican todo lo
contrario. En los lugares de Caracas donde se llevó a cabo el despliegue
castrense, la delincuencia arreció. En el municipio Sucre, por ejemplo, los
homicidios aumentaron 125% con respecto a la semana previa. Los hurtos de vehículos
también se hicieron más frecuentes, aprovechando precisamente el momento en que
la gente iba con sus autos o motos a emitir sufragio. En El Hatillo también
hubo sustanciales incrementos en delitos contra la propiedad. Los robos de
vehículos, por ejemplo, se dispararon 200%. Lo mismo que en Chacao. En cambio,
en Libertador, donde no hubo despliegue de Fuerza Armada, los delitos
desaceleraron un poco. La Operación República, además, fue el motivo de la
pérdida de una semana completa de actividades académicas en los planteles donde
se iba a votar. Algunas instalaciones fueron abandonadas de improviso por los
militares, cuando el CNE ordenó las reubicaciones de centros. Desde luego, ese
costo de clases perdidas ni siquiera fue mencionado por el Gobierno.
*Al conocerse los resultados
de los comicios regionales, el Ejecutivo anunció las intervenciones de las policías
de todos los estados donde había ganado la oposición (Zulia, Táchira, Mérida,
Nueva Esparta y Anzoátegui). La resolución emitida por el Ministerio de
Relaciones Interiores, Justicia y Paz argumenta que los agentes de estos
cuerpos participaron en forma “masiva y continuada” en la violación de Derechos
Humanos, “en redes delictivas y actividades que atentan contra el orden
constitucional”. Es la séptima medida de este tipo que es aplicada a una
policía regional por el autodenominado “órgano rector” en materia de seguridad
ciudadana. Como cosa curiosa, en todas las ocasiones han afectado a
instituciones de estados donde gobierna o gobernaba la oposición. El carácter
político de esta medida queda en evidencia cuando se analizan dos elementos: 1)
la ausencia de motivación de las medidas impuestas el 21 de octubre, más allá
de una mención genérica a las causales para una intervención de esta
naturaleza, establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, sin atender al mandato legal de la
progresividad en la toma de tales decisiones. Es decir, antes de la
intervención debe haber constancia de que se hicieron asistencias técnicas a
las policías correspondientes, o de la instrucción de expedientes donde se
dejara clara constancia, por ejemplo, de la existencia de redes de delincuencia
organizada; y 2) ante los cambios de gobernadores en Lara, Amazonas y Miranda
ya el gobierno central se dispone a entregar los cuerpos policiales, que fueron
sustraídos del mando de los gobernadores Falcón, Guarulla y Capriles. ¿Eso
quiere decir, entonces, que bastaba con el cambio de los mandatarios para que
desaparecieran las redes delictivas y la violación continuada de los derechos
humanos? La intervención, además, implica que las direcciones de los cuerpos
policiales regionales serán militarizadas, lo que va contra la letra de la
norma. Y pensar que este ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, en
una oportunidad exigió despolitizar el debate sobre seguridad…
*En la edición anterior se
informó aquí que los secuestros en el municipio Páez del estado Miranda habían
aumentado 130% si se comparan con el año pasado. Según el analista en seguridad
Alberto Ray, en la mayoría de los casos conocidos los captores hacen
solicitudes que pueden ir desde los cuatro mil dólares hasta los veinticinco
mil dólares en promedio. La pregunta siguiente es: ¿cómo hacen las bandas de
estos sectores apartados, boscosos y rurales para manejar los pagos que les
hacen en moneda extranjera? Un policía veterano, especializado en negociaciones
de secuestros, dio la respuesta: en Barlovento, y en especial en los
alrededores de Rio Chico, hay comerciantes de origen italiano y árabe que
estarían haciendo operaciones clandestinas de cambio de moneda para hacerse de
los dólares y euros pagados por los familiares de las víctimas de secuestros.
Con este servicio, comienza a completarse el círculo desde la actividad de
delito organizado hasta la legitimación de capitales.
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