Cuando ya no quedan manzanas para seducir a la población, lo que viene
es la represión sin freno. Las cifras sobre la “resistencia a la autoridad” lo
confirman
@javiermayorca
En una de sus primeras intervenciones, el gobernador electo del estado
Carabobo Rafael Lacava exigió a su tren de seguridad aplicar “mano dura” contra
la delincuencia. Y fue más allá: habló de golpear a los hampones abajo, al medio
y arriba. Todo esto mientras gesticulaba ante un militar impávido.
Nada de esto tiene que ver con el rescate de la institucionalidad
mediante el ejercicio de las leyes, como sostenía el juez español Baltazar
Garzón.
Ese discurso del mandatario electo sin duda alguna cae bien en todos los
sectores de la población. Oficialistas y opositores, los más pudientes y los
que menos tienen, religiosos y ateos… todos parecen unidos en un mismo clamor,
que es la disminución de la criminalidad.
Incluso, pareciera no importar si en ese proceso se comete alguna
injusticia. La gente común pareciera dispuesta a voltear la mirada ante los
funcionarios encargados de llevar a la realidad esa exigencia de “mano dura”.
En este plan también anda el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab.
Esto ha transformado a los cuerpos de seguridad en probablemente el
segundo factor de violencia homicida en todo el país, quizá solo superados por
las bandas que ellos dicen combatir.
¿De dónde sale esta conclusión? Hay que poner la vista en el resultado
de los procedimientos por “resistencia a la autoridad”. Este es un delito muy
interesante, puesto que los funcionarios de los cuerpos policiales son factores
indispensables para que se concrete, ya sea porque fungen como agentes
provocadores o realmente porque la contraparte se negó a acatar sus órdenes,
los insultó o incluso los atacó.
Los datos en poder de la Fiscalía indican que en 2016 fueron reportados
6042 casos de resistencia a la autoridad. Un promedio mensual de 503
expedientes. En el curso de tales averiguaciones hubo 5.124 muertes a manos de
policías. En 103 casos hubo cuatro muertos o más, de allí que puedan ser
catalogados como “masacres”, según la definición del FBI.
De acuerdo con la misma fuente, durante los primeros nueve meses de 2017
hubo 5.085 casos de “resistencia a la autoridad”. El promedio mensual es 12,3%
superior que el de 2016.
Entre enero y septiembre, los agentes policiales y los militares mataron
a 4.149 personas. El promedio mensual es de 464 cadáveres, 8,6% más que los 427
muertos en promedio para los meses del año pasado.
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| Cuando ya no hay manzanas para ofrecer... |
No cabe duda de que Venezuela es una olla de presión a punto de estallar.
Y uno de los factores retardantes de ese estallido son los cuerpos de
seguridad, ahora transformados en unidades represivas. Durante las protestas de
2017, el régimen demostró que poco o nada le importa la legalidad si se trata
de mantener el estatus. Ya eso fue decidido. Las estadísticas muestran a claras
luces que el país entró en una nueva fase de violencia.
Breves
*La Asamblea Nacional Constituyente quiere decretar una amnistía a la
medida de Nicolás Maduro. A tal efecto Delcy Rodríguez -al mismo tiempo
presidenta de la ANC y de la comisión que estudia la materia- se ha reunido por
lo menos en dos oportunidades con miembros del alto mando y generales activos.
Hasta ahora, según se ha podido conocer, este no sería un perdón general pero
sí abarcaría a oficiales, tropas e incluso algunos civiles que permanecen tras
las rejas por haber sido implicados en alguna de las múltiples “conspiraciones”
contra el régimen: que si el golpe azul, que si el Fénix, David y otros tantos.
De esta forma, el Gobierno sería revestido con un nuevo barniz de legitimidad, disminuiría
las fuertes tensiones que perduran en los cuarteles, e igualmente se atacaría
el hacinamiento en los centros de reclusión militares, donde incluso han tenido
que habilitar espacios anteriormente dedicados a los custodios para albergar a
uniformados y civiles presos por razones políticas. En octubre, durante una
alocución ante la Guardia Nacional, el titular de Defensa Vladimir Padrino,
sentó posición al respecto: “Estamos listos para perdonar”.
*La descomposición de los cuerpos de seguridad no tiene freno. Conocemos
algunas pinceladas cuando la sangre llega al río. En Cicpc, por ejemplo,
destituyeron la semana pasada a un detective que cobraba por “limpiar” los
expedientes de particulares en el Sistema de Información Policial (Siipol). En
la Fuerza Armada, la Fiscalía Militar está alarmada por la gran cantidad de
tropas involucradas en delitos. Cuando esta información era conocida, fue
detenido en Cojedes un sargento primero de la Guardia Nacional que conducía una
moto robada por él mismo. En la Policía Nacional Bolivariana ordenaron hacer un
cruce de toda la nómina con las bases de datos sobre antecedentes penales, cosa
que debían hacer antes de que los agentes entraran a las filas del cuerpo. De
los 25.700 activos 587 tienen registros por delitos y 129 están solicitados por
los tribunales. Hay, además, quince oficiales que ni siquiera están registrados
en el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Y uno se
pregunta cómo diablos fueron admitidos en el cuerpo “pionero” del nuevo modelo
policial, si sus nombres no pueden ser verificados.
*Fuerte Tiuna se ha convertido en una guarida de delincuentes.
Recientemente, un grupo de piratas de carreteras ocultó en ese sector un camión
cargado con insumos para la fabricación de harina, luego de interceptarlo
cuando entraba a Caracas por Tazón. Los hurtos de materiales de construcción y
de partes de vehículos son frecuentes incluso en los estacionamientos de las
unidades castrenses. La Policía Militar no se da abasto para controlar el hampa
e intentar cumplir con sus funciones habituales, a pesar de que hace tiempo
dejó de ser un regimiento para convertirse en una brigada, con mayor pie de
fuerza. La última evidencia fue el enfrentamiento entre agentes de la División
contra Robos de la policía judicial y el supuesto integrante de una banda de
asaltantes en la avenida Fuerzas Armadas del complejo militar, el 23 de octubre.
Los pesquisas determinaron que allí estaba un Mazda 3 año 2006 que había sido
robado a una familia en Guaicoco, el 6 de julio de 2016. Luego de coordinar con
la jefatura del fuerte, los agentes dieron con el vehículo frente al Regimiento
de Apoyo Logístico 82 del Ejército. Allí se enfrentaron y mataron al conductor,
identificado como Argenis Castillo Vergara, sobre quien pesaban tres
solicitudes. La pistola Glock que portaba fue usada en un homicidio de este
año. La banda del Argenito, como le decían a Castillo, tiene otros tres
individuos plenamente identificados, que posiblemente viven o frecuentan Fuerte
Tiuna. Esas son las cosas que ahora se ven en el centro del poder militar
venezolano.
*La inseguridad en el Metro de Caracas va en ascenso. Según el nuevo director de Seguridad del municipio Chacao, comisario
Luis Godoy, en esa jurisdicción las salidas del subterráneo entre Chacao y Altamira
son puntos calientes de la delincuencia. Esto ha obligado a la policía
municipal a establecer planes de acción combinada con la Policía Nacional, que
tiene asignada la vigilancia en los espacios internos de ese sistema de
transporte. Según Godoy, los individuos que arrebatan sus pertenencias a los
usuarios que van saliendo o entrando utilizan los pasajes internos del Metro
como vías de escape. Pero esto no sucede solamente en Chacao. Hay denuncias de
hechos similares en estaciones muy concurridas como Plaza Venezuela y El
Silencio. La PNB parece no darse abasto para afrontar este reto, y el Gobierno
ha tenido que asignar como complemento a agentes de la División contra Robos de
la policía judicial, lo que constituye una desviación de recursos de un cuerpo
que no está diseñado para funciones preventivas. Para colmo, las instalaciones
del sistema de transporte están siendo vandalizadas. El 26 de octubre a las 10
pm, por ejemplo, se reportó una falla eléctrica en la estación Mamera. Al rastrear
el origen del desperfecto, los uniformados se percataron de que habían hurtado
15 metros de cable de cobre, conductor de alta tensión.
*El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional
(Conas) remitió a la comandancia general de ese componente una propuesta para
la activación de una escuela nacional de formación, que supla con funcionarios
especializados a la referida unidad. Desde una perspectiva netamente
institucional, no habría ninguna objeción a esta iniciativa. El secuestro y la
extorsión están en auge en el país, a pesar de lo que diga la propaganda
oficial. Hay zonas de Guárico, Zulia, Barinas, Trujillo y Táchira que están
bajo el control de bandas erigidas en mafias, y allí prácticamente han
suplantado al Estado. Pero uno no puede perder de vista que el Conas ha sido
fundamental en el ejercicio de la represión estatal contra todo tipo de
disidencia política. Los elementos de esta unidad especializada han arremetido
contra las viviendas de manifestantes, utilizando vehículos blindados; han
saqueado inmuebles y han robado vehículos y transeúntes por la sola percepción
de que se involucraban en manifestaciones antigubernamentales. Un instituto de
formación del Conas, bajo tutela militar, podría constituirse entonces en un
centro de formación de represores. En la situación actual no existe ninguna
garantía de que las cosas serían de otra manera.
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