-La puesta en
marcha de la Operación Zamora elevó a 77% el hacinamiento general en los
centros para procesados militares, y obligó a los directores de los penales a
instaurar sistemas de delación, que permitieran mantener el control celdas
adentro
@javiermayorca
Venezuela tiene
tres grandes centros para procesados militares: Ramo Verde, Santa Ana y La Pica.
Las dimensiones de tales instalaciones permiten albergar a unos 540 detenidos.
Pero una investigación de la organización Una
Ventana para la Libertad determinó que, en septiembre de 2017, la población
total en esos sitios llegaba a 961 personas. El hacinamiento superaba el 77% en
promedio. En el anexo de Santa Ana llegó a ser superior a 214%.
Desde luego, en
un país donde los internados judiciales “civiles” tienen niveles de
hacinamiento de superan el 300%, los que están bajo el cuidado de la Fuerza
Armada podrían parecer hoteles. Y ese es el término que muchos utilizan para
describirlos. De hecho, durante la investigación se constató que una de las
amenazas de las autoridades en tales lugares hacia los detenidos que consideran
problemáticos es el inmediato traslado a instalaciones para presos comunes,
como El Rodeo, Yare o El Dorado.
Contrario a lo
que sucede en Contrainteligencia Militar, donde hay una intención explícita en
hacer sentir al oficial detenido que fue despojado de su graduación, en los
llamados “centros para procesados militares” sí existe cierto respeto hacia la
antigüedad de los profesionales de armas. Eso hace que, por ejemplo, en Ramo
Verde y en Santa Ana los generales y coroneles gocen de más espacio en sus
celdas, mientras que los efectivos de tropa a menudo carezcan de lugar para
tender una colchoneta.
Las cárceles
militares por excelencia, ubicadas en los estados Miranda, Monagas y Táchira,
se hacen llamar “centros para procesados”. Pero al revisar la población interna
se encuentra que en ellas también están mezclados los individuos aún sometidos
a juicio con aquellos que ya fueron sentenciados. La proporción general entre
procesados y penados podría ser 70/30, es decir, similar a la de los internados
judiciales administrados por Servicio Penitenciario. Pero esta cifra cambia durante
las épocas de conflictividad política y social, sobre todo luego de la
activación de la Operación Zamora, por orden del presidente Maduro en abril de
2017, que militarizó las labores de preservación del orden público, así como
también el enjuiciamiento de las personas privadas de libertad por protestar.
El pretexto que dio en su momento el ministro de la Defensa, general Vladimir
Padrino, fue que estos manifestantes incurrían en el delito militar de “ultraje
al centinela” cuando atacaban a los guardias. Hubo, por cierto, personas que
fueron apresadas por efectivos de la Policía Nacional y enviadas a
instalaciones de la FAN, sin que hubiesen arremetido contra ningún efectivo
castrense.
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| Las cárceles militares se llenaron de civiles |
El hacinamiento
prevaleciente en las cárceles de la Fuerza Armada acarreó otros efectos
colaterales, como por ejemplo las deficiencias en la alimentación de los
internos. Los familiares de los detenidos se ven obligados a asumir los costos
de la comida. Otros dependen de la solidaridad de sus compañeros de reclusión.
En Ramo Verde y La Pica, por ejemplo, es frecuente que un recluso cocine en una
gran olla para dar también a quienes no tienen bocado.
Otro factor
común son las condiciones generales de insalubridad y el retardo de la atención
médica. En las cárceles de la FAN te bañas “cuando llega el agua”. En Táchira,
esta situación ocasionó un brote de sarna, que tuvo que ser atendido por
organizaciones no gubernamentales en condiciones de absoluta discreción, pues
la dirección del penal no quería que esto fuese del conocimiento público.
Las tres
cárceles de la FAN están bajo un sistema de dirección rotatoria, ejercida por
un coronel o capitán de navío por lapsos que –teóricamente- no deberían superar
los seis meses. Los designa el titular de Defensa, por intermedio de un
director general de Servicio Penitenciario, que tiene el grado de general de
brigada.
Desde luego, los
directores de estas cárceles son oficiales que poco o nada entienden de
penitenciarismo. Además, carecen de apego por el trabajo que desempeñan, y su
mayor interés es evitar en lo posible que la instalación bajo su mando sea motivo
de escándalos públicos. Cualquier información que se filtra sobre los castigos
excesivos hacia algún detenido o sobre las condiciones generales de reclusión
terminará afectando al propio detenido, quien con seguridad será castigado
mediante “aislamiento celular” en una celda de 2 x 2, conocida como tigrito.
Como estos
directores carecen de personal suficiente para imponer su régimen, en las
cárceles de la FAN se instauró un sistema de delaciones, según el cual algunos
elementos de la población penal reciben privilegios y poder en la medida en que
contribuyen a identificar a los presos que están con murmuraciones o que tienen
conductas no apropiadas. De manera que la aplicación de los castigos viene a
ser un trabajo compartido entre la dirección del penal, el jefe de régimen y el
delator, que generalmente es un individuo ya sentenciado y con mucho tiempo de
permanencia en el lugar.
Estos castigos
van desde el ya referido confinamiento hasta una golpiza, la privación de
alimentos o el robo de las pertenencias del detenido, en el desarrollo de supuestas
requisas.
Ocio y coliseos
Como en las
cárceles para presos comunes, en las militares los internos pasan la mayor
parte del tiempo en ocio. Si eres un coronel o general, podrás introducir
computadoras y equipos de televisión por cable, que permanecerán a todo volumen
hasta altas horas de la noche. Otros, quizá algún libro, y desde luego sus
teléfonos celulares. Pero el sistema no está diseñado para un reaprendizaje ni
para el aprovechamiento de las jornadas.
En La Pica,
donde los militares detenidos estuvieron mezclados con jóvenes llevados allí
por protestar contra el Gobierno, hay testimonios sobre la celebración de los
llamados “coliseos”, que en este caso no eran peleas a cuchillo sino a puños, y
que eran usadas como rituales de iniciación o introducción en la población
interna. El que no participaba, no se ganaba el respeto. En Ramo Verde también
las hacían, pero a escondidas.
Breves
*En la última
semana de noviembre, las autoridades mexicanas anunciaron que habían
“rescatado” a diez venezolanas que supuestamente permanecían en la población de
Toluca, atrapadas en una red de trata de personas que las obligaba a tener
relaciones sexuales por lo menos cinco veces al día, en un motel llamado Gran Vía.
Uno de los aspectos que se intentó determinar fue el mecanismo aplicado para
captarlas en Venezuela, toda vez que provenían de distintos lugares del país.
Según fuentes mexicanas, en todos los casos hubo un factor en común: las
ofertas de empleo fueron conocidas a través de una misma página web, cuyos
espacios eran usados por la organización para difundir la propuesta de trabajo
temporal con visa de turista. Pero al llegar al territorio mexicano, las
venezolanas eran despojadas de sus pasaportes, con el pretexto de que debían
cancelar los préstamos que les habían hecho para financiar los pasajes y la
estadía en México.
*A propósito de
una nota publicada en esta misma sección, relacionada con el último informe de
la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), una fuente gubernamental indicó
que la cifra de policías, militares y oficiales de seguridad, activo y
retirados, víctimas de homicidio durante 2017 ascendió a 440. Esto
representa un incremento de aproximadamente 5% con respecto al número de
fallecidos de tales profesiones durante el año antepasado. Los estudios
preliminares de la policía judicial indican que 217 decesos, es decir, poco
menos de 50%, fueron producto de la resistencia al robo, ya sea del arma o del
vehículo del policía, el militar o el escolta. Esto indicaría un cambio en las
tendencias que se vieron al respecto durante los años precedentes. En 2017
hubo, además, 12 casos de muertes de individuos de estos sectores que fueron
producto de sicariatos. El resto de los fallecimientos sería producto de
“ajustes de cuentas” o problemas pasionales.
*El 15 de
febrero, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico,
divulgó una circular en la que se instruye a los jefes de ese cuerpo sobre un
nuevo procedimiento para registrar las reprimendas verbales que dan a los
subalternos, en el cumplimiento de sus labores cotidianas. Según el máximo jefe
de Cicpc, tales llamados de atención se quedan generalmente en meras palabras,
y no gozan de mayor impacto, con lo que se repiten las conductas reprochadas. A
propósito de esta nueva instrucción, el funcionario hizo una reflexión, que da
cuenta del deterioro de la imagen pública del cuerpo detectivesco:
“Históricamente, el Cicpc se ha caracterizado por su disciplina, legado de
nuestros fundadores. Los líderes modernos, con mayor preparación académica, y
un abanico de herramientas tecnológicas, han dejado a un lado lo importante de
la disciplina (el horario, el vestir, el corte de cabello, la higiene personal,
el respeto a la jerarquía, respeto al órgano regular, el trato al público, la
discreción al portar el arma, el buen uso de las unidades, etc) por atender lo
urgente como sería las desviaciones graves (extorsión, hurto, robo, corrupción,
homicidios, etc). Los resultados están a la vista: pérdida de la credibilidad
de nuestros conciudadanos, deterioro de nuestra imagen, críticas de nuestros
predecesores, sociedad de cómplices”.
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| Cicpc mal parado en informe de la ONA |
*El último
informe de gestión de la Oficina Nacional Antidrogas tiene algunos detalles que
conviene destacar. Por una parte, se reafirma una tendencia ya vista en los años
anteriores en cuanto a la disminución de los decomisos. En 2017, de acuerdo con
el documento, fueron poco más de 39 toneladas de psicotrópicos. Esto ocurre en
un contexto general de incremento en la producción de cocaína en los países de
la región andina. Se debe suponer, entonces, que el paso de esta droga por
Venezuela pudo haberse incrementado, con un elemento adicional, que ya es la
evidente incorporación de elementos de la Fuerza Armada y del Servicio
Bolivariano de Inteligencia en el transporte de alijos. Una mención especial
amerita la policía judicial. Las cifras de la ONA reflejan que este cuerpo
abandonó la investigación sobre la materia, y ahora sus funcionarios se
contentan con la detención de pequeños vendedores o jíbaros, e incluso
consumidores. Cicpc practicó más detenciones que ningún otro organismo (5.378),
pero solamente incautó 77 kilos de drogas. En otras palabras, cada detenido por
esta policía, que ahora se hace llamar “científica”, tenía solo 14 gramos de
droga en promedio.
