-Los resultados de la
última encuesta mundial Gallup sobre Ley y Orden echan por tierra la catarata
de propaganda gubernamental y ponen en evidencia la realidad de una nación
acogotada por el hampa y la desconfianza hacia sus cuerpos policiales
@javiermaayorca
Hace dos semanas, unos
guardias nacionales emplazados en el terminal internacional del aeropuerto de
Maiquetía se quedaron con 20 dólares pertenecientes a una mujer que viajaba
para México. Los militares hallaron el billete durante la revisión a un bolso
que ella portaba. Percibieron que la víctima se iba definitivamente del país, y
que por ende no denunciaría el “impuesto” con el que los sargentos estaban
llenando sus bolsillos.
Días antes, un joven
estudiante de medicina que caminaba a las 6:30 am entre la Universidad Central
de Venezuela y el Metro se percató de que lo seguían. Aceleró el paso para
entrar al subterráneo, pero cuando descendía por la escalera sintió cómo lo
herían por la espalda con un objeto cortante, presumiblemente el pico de una
botella que rompieron mientras se desarrollaba la persecución.
¿Cuáles son las
coincidencias entre esta viajera venezolana y el estudiante? En primer lugar,
ambas personas fueron victimizadas en su propio país. Una, por militares uniformados
y en servicio. El otro, por delincuentes callejeros. Pero ambos fueron objeto
reciente de acciones delictuales. En segundo lugar, ninguno de ellos acudió a
los cuerpos de seguridad para formular la denuncia correspondiente. Para las
policías, estos hechos, simplemente, no ocurrieron.
Esta podría ser una de
las razones que explicarían una gran disparidad: mientras el común de los
ciudadanos percibe que la delincuencia está en permanente crecimiento, desde el
Gobierno el ministro de Relaciones Interiores y el director de la policía
judicial aseguran que el delito ha disminuido. Incluso, el ministro Reverol se
atrevió recientemente a culpar a los medios independientes por el sentimiento
de inseguridad que padecen los venezolanos.
Este debate parecía zanjado
desde 2010, cuando se conocieron (gracias a una filtración desde el propio
Ejecutivo) los resultados de una encuesta nacional de victimización y
percepción de la seguridad ciudadana, en la que más del 90% de los 20.000
entrevistados atribuyó la inseguridad a lo que viven cerca del lugar de
residencia, y no a lo que reportan o dejan de reportar los medios.
Pero han pasado más de
ocho años desde entonces, y el Gobierno -como sabemos- juega al olvido. La
pregunta clave continúa sobre la mesa: ¿esta creciente inseguridad obedece a
una situación objetiva?
Ahora, la respuesta
viene de una afamada encuestadora internacional. En la primera semana de junio,
Gallup Inc. dio a conocer los resultados de su último estudio mundial sobre Ley
y Orden. Al igual que en las ediciones anteriores, el sondeo consistió en
cuatro preguntas, formuladas a 148.000 personas en 142 países. Las dos primeras
miden aspectos netamente subjetivos (confianza en las policías y el sentimiento
de seguridad al caminar en las calles de noche). Las otras dos, la
victimización, tanto la sufrida en forma directa como la que pudieron padecer
los miembros del círculo familiar más próximo durante los últimos doce meses.
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Los territorios en blanco, entre ellos Venezuela, tienen la mayor inseguridad del planeta |
En el caso venezolano,
42% de los encuestados declaró haber sido víctima de un robo o un hurto de sus
propiedades durante el último año. En la encuesta anterior, el resultado fue de
38%. Esto ubica a Venezuela en el cuarto lugar del planeta en cuanto a la
victimización de los ciudadanos en delitos contra la propiedad. Los primeros tres
países son Sudán del Sur (50%), Uganda (49%) y Afganistán (46%). Entonces, un creciente
número de ciudadanos del país reconoce que el hampa se ha apoderado de sus
pertenencias o de las de su círculo familiar. Más de cuatro personas de cada
diez. De continuar a este ritmo, en apenas dos años y medio todos los
venezolanos habremos sido víctima de algún delito contra la propiedad, y
algunos, incluso más de una vez.
Pero el Gobierno insiste
en que la criminalidad está en baja. Lo dicen ahora, como lo dijeron en 2017.
Algunos funcionarios, incluso, han mostrado porcentajes. En diciembre pasado,
por ejemplo, Reverol sostuvo que la delincuencia había mermado 20,9% en
promedio, y que los robos disminuyeron 18,7% con respecto a 2016. En ese mismo
lapso, la encuesta Gallup refleja un 10% de incremento.
Como se puede colegir a
propósito de los ejemplos citados al inicio, ocurre que Venezuela en la
actualidad tiene unos cuerpos de seguridad que andan a ciegas. No conocen todos
los delitos, y tampoco quieren conocerlos. Según el estudio mundial, Venezuela
fue por segundo año consecutivo el país cuyos ciudadanos expresaron los menores
niveles de confianza en sus cuerpos de seguridad. Solo el 24%. En otros
términos, el 76% de los habitantes del país confía poco o nada en las policías
y en los militares. Este sentimiento se traduce en hechos concretos, pues rara
vez la gente va a informar que ha sido víctima de un hecho delictivo. Menos aún
si es un guardia nacional quien se queda con los dólares, o si el secuestro lo
cometen oficiales de la Policía Nacional Bolivariana.
El otro punto que se
debe considerar como base para esta desconfianza tiene que ver con el
alineamiento ideológico de los cuerpos de seguridad nacionales. Ya lo decía el
criminólogo Luis Gerardo Gabaldón, miembro de la extinta Conarepol: una policía
no puede declararse socialista, bolivariana ni revolucionaria, puesto que al
hacerlo está marginando automáticamente a la porción del país que no comulga
con tales caracterizaciones. Y en este caso, hablamos de la gran mayoría de los
venezolanos.
Alta victimización y una
desconfianza mayor aún hacia los cuerpos policiales: la mezcla que hace de
Venezuela hoy día el país más inseguro.
Retomar la confianza en
los cuerpos de seguridad no será una tarea fácil. Mucho menos si los jerarcas
de tales instituciones se declaran “revolucionarios”, antes que fieles
cumplidores de la ley.
Breves
*En la medida en que
avanzan las excarcelaciones de presos políticos o de conciencia, comienzan a
conocerse las circunstancias en las que se produjo el motín en el retén del
Sebin Helicoide, el 16 de mayo. Desde meses atrás, varios activistas recluidos
allí evaluaban la posibilidad de hacer una toma de estos calabozos, para llamar
la atención del país y el mundo en torno a las condiciones de hacinamiento y
opresión a las que los tenían sometidos. Las injusticias llegaban al punto en
que allí permanecían por lo menos tres detenidos sin orden judicial
–“secuestrados”, indicaron las fuentes-, y otros que estaban allí a pesar de
que los tribunales habían ordenado liberarlos. Sin embargo, no se había logrado
el consenso que permitiera reunir las suficientes fuerzas. Además, era una
incógnita la actitud que asumirían los presos comunes, que representaban el
mayor porcentaje de la población reclusa. Había dos líderes en este grupo. Por
una parte, estaban Walid Makled y sus hermanos, los cuales gozaban de un trato
preferencial por la jerarquía de la policía política, y en especial del jefe de
Investigaciones, comisario Carlos Calderón, lo que le permitía a este clan
disponer de una amplia celda y gozar de visitas a cualquier hora. El turco Makled es, si se quiere, un
detenido excepcional. Por otra parte, entre los llamados “población” el
mandamás era Carlos García Martínez, alias Tintín,
procesado por el asesinato del diputado Robert Serra. Este sería uno de los
personajes fundamentales en la toma del retén. Pero el detonante estaba en otro
lugar: el calabozo de Gregory Sanabria. El estudiante de ingeniería de la UNET y activista de Voluntad Popular tenía una rencilla
con un inspector que formaba parte de uno de los tres grupos de régimen interno
en el Sebin Helicoide. El origen del conflicto era el hurto de pertenencias de
Sanabria. El funcionario, sin embargo, evitaba cualquier roce directo con el
activista. Pero, en víspera del motín, supuestamente, dejó abiertas las rejas
para permitir que un grupo de detenidos en las celdas llamadas Gamma accedieran
al sector donde se encontraba Sanabria, y le propinaran una golpiza, de la que
salió con una fisura craneal y rotura del tabique nasal, además de contusiones
múltiples. Los demás presos políticos interpretaron esto como un mensaje de lo
que les podría ocurrir, e iniciaron el alzamiento. La primera resistencia la
encontraron en los presos comunes, que entendían que iban contra ellos en
represalia por lo hecho contra Sanabria. Hubo golpes entre ambos bandos, pero
gracias al liderazgo ejercido por Villca Fernández y Daniel Ceballos fue
posible mitigar las tensiones. Así consta en los videos que fueron transmitidos
desde Helicoide por Joshua el Gringo
Holt, y que luego eran reproducidos en el exterior por medios independientes e
influenciadores. Al unificar voluntades, los presos se hicieron fuertes en el
retén. Alias Tintin designó los
gariteros para detectar cualquier movimiento de las fuerzas del Sebin y de la
PNB. Y así fueron mantenidos a raya. Hasta que el Gobierno, por intermedio de
Iris Varela y su segundo a bordo en Servicio Penitenciario, Wilmer Apostol,
obtuvo permiso de los prames de
Tocorón y de Tocuyito para que les enviaran a los presos comunes. Esto se logró
mediante conversaciones telefónicas con los líderes de ambos internados. Al
sacar del Helicoide a más del 70% de la población reclusa, los detenidos por
razones de conciencia temieron lo peor. Pero ya para ese momento se había
instalado una comisión del Ministerio Público, cuyos fiscales por primera vez
en años pudieron acceder al feudo de González López y Calderón.
*La excarcelación e
inmediata salida del país del detenido por razones de conciencia Villca
Fernández hacen pensar en la existencia de una nueva forma de sanción, como es
el destierro. Esta figura no existe en la legislación penal venezolana. Pero se
sabe que durante los últimos meses se han ejecutado desde el poder muchas
acciones que no están previstas en las normas vigentes. Este es el relato que
el propio activista dio, una vez asentado en Lima: “El miércoles hubo un acto
en la Casa Amarilla en el que seis presos del Sebin fueron liberados. Yo iba en
ese lote. Me tomaron fotos para la salida. Pero luego del examen médico me
devolvieron. Me quedé vestido y alborotado (…) Me decía que otra vez quedaría
preso, y así lo asumí. Volví al aislamiento en mi celda, debido al conflicto
que planteamos el 16 de mayo (…) Luego, dos comisarios encargados del área de
Control (retén), Goicoechea y Salazar, me dijeron que me quedara quieto, que
debía firmar ‘algunos compromisos’, como ocurrió con (Daniel) Ceballos, Gabo (Vallés) y Renzo (Prieto). Los cuervos (funcionarios-informantes) ya me
habían adelantado que el tribunal 24 de control había emitido una boleta de
excarcelación, pero con restricciones. Luego, los mismos cuervos me dijeron que el gobernador de Mérida (Ramón Guevara) me
buscaría el jueves en la mañana, pues me mandarían en un vuelo a Mérida. Ya eso
no me gustaba, pues no era una libertad. Pero me quedé callado. A la 1 pm del
jueves, calculo yo, aparecieron los comisarios, y me dijeron: ‘Te vas ya’. Yo
les dije que me bañaría, que esperaran cinco minutos. Ellos llevaban un papel,
y me dijeron que firmara rápido y pusiera mis huellas. No me permitieron
leerlo. Firmé tres hojas. Me dijeron que no recogiera mucho, pues me iba en
avión, así que dejé muchas de mis pertenencias a otros reclusos. Luego llegó
una comisión diplomática. Yo pregunté para qué, que dónde estaba el gobernador.
Allí les dije que me estaban expulsando. Me quitaron el grillete electrónico, y
me dijeron que ‘de una’ me montara en una camioneta del Sebin con personal
vestido de civil. Mientras me llevaban a Maiquetía, decían: ‘Vamos bajando con
el objetivo’. Ahí confirmé que me estaban desterrando del país. Al llegar al
aeropuerto me dijeron que ignorara a las personas que conociera. En el área de
chequeo hubo un problema. Allí estaban una comisión del Consulado de Perú, el
abogado Alonso Medina, mi papá y el gobernador de Mérida. El Consulado me pidió
la cédula, y les dije que no me habían dado nada. El comisario del Sebin alias Gato le dijo al diplomático que no la
tenía. Es raro, pues hace quince días hubo un operativo de cedulación de presos
en el Sebin. Allí vi lo que me hicieron firmar: era un salvoconducto para salir
del país. El Consulado de Perú lo había llevado en la mañana al Helicoide y no
los dejaron pasar. Al final, me hicieron el chequeo. Pude hablar dos minutos
con mi hija (al recordar esto, lloró). No dejaron tomar fotos. Pero ellos lo
grabaron todo en video. Allí me enteré que papá viajaba conmigo, pues Amnistía
Internacional le había pagado el pasaje. Pero yo no pude pasar con papá. El
Sebin me encerró en su oficina del aeropuerto hasta las 6 pm, cuando ya habían
embarcado todos en el avión. Salimos en vuelo de Copa a Panamá. El gobierno
peruano pagó mis pasajes. Era una condición exigida por el gobierno venezolano.
‘Pasajes en mano’, le dijo Delcy Rodríguez a mi papá. Eso demuestra el
destierro”.
*Un peligroso cuadro de
impunidad se está configurando en torno al mentado plan Ubica tu casa,
cuya existencia no ha sido desmentida por el Ejecutivo, a pesar de las
solicitudes que al respecto ha formulado la Cámara Inmobiliaria. En primer
lugar, hay comandos de zona de la Guardia Nacional que se han negado a afrontar
este delito en el interior del país, con el argumento de que no disponen de una
orden judicial. Y son muy pocos los jueces del país que actualmente tienen el
coraje de ordenar el desalojo de una vivienda invadida, pues perciben que eso
va contra la línea del Gobierno. En esta misma onda se inscribió recientemente
el director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, quien ordenó que
bajo ninguna circunstancia los agentes de ese cuerpo podían participar en
desalojos. El argumento es que Cicpc es una policía de investigación, cuyos
recursos no pueden ser distraídos en estas actividades, que formalmente
competen a cuerpos preventivos. Pero esa explicación no es convincente. La
policía judicial, de hecho, destina importantes recursos a otras tareas que sí
corresponden a policías estatales o municipales, e incluso a la PNB, como por
ejemplo la vigilancia de mercados populares o el patrullaje en determinadas
zonas de la capital, para lo cual han dispuesto a grupos de agentes de las
divisiones contra Robos y de la brigada contra Bandas, por citar algunas. La
invasión de propiedades es, además, un delito en el que las condiciones de
flagrancia son evidentes. Por ende, cualquier cuerpo de seguridad tendría la
potestad y la obligación de reprimirla y de reponer la legalidad cuanto antes.
Esto, desde luego, lo saben el director de Cicpc y los comandantes de la
Guardia Nacional.
*En el Gobierno aún no
toman una decisión con respecto a los funcionarios policiales y militares que
no votaron en las presidenciales del 20 de mayo. Parece que los niveles de
abstención en tales instituciones rebasaron cualquier cálculo previo. En las
policías y los componentes castrenses elaboraron informes con los grados,
números de cédula y nombres de los efectivos que no ejercieron este derecho.
Por ejemplo, en la dirección de custodia diplomática de la Policía Nacional se
abstuvo el 50% del pie de fuerza. En la región Los Llanos identificaron a 77
uniformados que no acudieron a las urnas. Todo apuntaba a que harían una nueva
lista Tascón. Los informes se inscriben dentro de lo que llamaron Sistema de
Seguimiento del Derecho al Voto. Pero hasta el momento no se ha notificado qué
sucederá. Una fuente consultada indicó que, debido a la magnitud de la
abstención, es poco probable que haya una purga masiva en lo inmediato. Pero sí
se tomaría esta información como un factor para decidir, por ejemplo, los
ascensos y las promociones a los puestos de mayor importancia en las
instituciones. De manera que los abstencionistas quedarían rezagados y, hasta
cierto punto, serían execrados.
*Otra institución que
afronta serios problemas para el mantenimiento de sus contingentes es la Fuerza
Armada. En el estado Apure, por ejemplo, son los ganaderos los que pagan
-generalmente en especias- la comida de los militares que custodiarán sus
predios. De lo contrario, quedarán a merced de los guerrilleros y miembros de
bandas criminales. Pero esto no solo ocurre en lugares apartados del país. La
primera semana de junio, la gerencia de una conocida beneficiadora de pollos en
el municipio Plaza del estado Miranda recibió una solicitud escrita de la
Guardia Nacional en el sentido de que les donen veinte pollos “para el consumo
diario del personal militar”. El oficio firmado por un mayor del componente no
explica si la mercancía debería entregarse diariamente o como aporte único.
Todo esto habla de un deterioro acelerado a lo interno de la FAN, lo que desde
luego ocasiona que los jóvenes ya no vean la carrera militar como una vía para
asegurar su futuro. El déficit en el pie de fuerza de la FAN ha obligado al
Gobierno a aplicar tácticas inusuales para la captación de personal. En la
última semana de mayo, por ejemplo, enviaron un mensaje de texto a todos los
suscriptores de un servicio de telefonía celular para exhortar a la gente a alistarse
“en la unidad militar más cercana”, si tienen hasta 30 años de edad.
*El comandante de la unidad de Inteligencia Antidrogas 44 de la Guardia
Nacional, mayor Jorge González Hernández, solicitó mediante comunicación
escrita al aeropuerto Metropolitano de los Valles del Tuy los nombres de todos
los propietarios de aeronaves, los modelos, matrículas y estado de cada uno de
los aparatos que utilizan ese terminal aéreo. Incluso, solicitó que le fuesen
remitidas fotos “con la finalidad de facilitar los controles de seguridad
antidrogas, enmarcados en el Plan Nacional Antidrogas”. Esta solicitud fue
remitida el 6 de junio, e implica una nueva remisión de información, tal y como
se hizo en noviembre de 2014, con motivo de la operación Cielo Soberano.
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