Un extraño complot

-En la última andanada de detenciones, Contrainteligencia Militar está metiendo en una misma conspiración a un grupo heterogéneo que va desde un traumatólogo de origen colombiano hasta el general Tomate

@javiermayorca

Y llegó la nueva conspiración militar contra Maduro. Tenía que suceder. Y si no existía, había que fabricarla. A juzgar por las detenciones e interrogatorios en masa que se adelantan en los cuarteles, la Contrainteligencia Militar huele que algo grande se cocina, pero todavía no tiene en sus manos todos los ingredientes.

Las detenciones comenzaron el jueves 17 de mayo, cuando ya estaba en desarrollo la fase electoral de la Operación República para la elección presidencial. Y continuaron durante todo el fin de semana. Hubo un primer grupo, conformado por siete efectivos de la Armada y dos de la Aviación, casi todos pertenecientes a unidades élite emplazadas, respectivamente, en Turiamo y Maracay. Fueron trasladados a Caracas, interrogados en Boleíta y presentados entre el lunes 21 y el martes 22 de mayo en los tribunales de Fuerte Tiuna.

En esta primera camada destacan los capitanes de corbeta Luis Cunes (oficial técnico, paracaidista) y Carlos Macsotay Rauseo, jefe de uno de los regimientos de la Brigada de Comandos del Mar. Este oficial egresó de la Escuela Naval en 2001. Inicialmente, se informó de manera extraoficial sobre la detención del segundo comandante de la unidad, el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga. Pero el oficial aún no ha sido presentado en los tribunales militares.

Simultáneamente fueron privados de libertad el comandante del Grupo 20 de Operaciones Especiales de la Aviación, con sede en la base Libertador de Maracay, teniente coronel Ruperto Molina, y el coronel Juan Pablo Saavedra, un especialista en derecho mercantil asimilado a la fuerza castrense.

La investigación parecía apuntar hacia una supuesta conspiración de efectivos de fuerzas especiales de por lo menos dos componentes armados emplazados en el centro del país, donde se encuentra precisamente el corazón de la FAN, por razones históricas y operativas.

Las cosas, sin embargo, comenzaron a enrarecerse con la detención de dos civiles, a quienes ligan a este supuesto complot. En San Antonio del Táchira los de la Dgcim se llevaron al comerciante Carlos Andrés Mora, y en El Hatillo al traumatólogo de origen colombiano José Alberto Marulanda.

La abogada del Foro Penal y defensora de ambos civiles, Maria Fernanda Torres, dijo que hasta el momento desconoce cuáles fueron los elementos evaluados para meter en el mismo saco a un médico ligado al ámbito universitario en Caracas y a un comerciante tachirense. Indicó que el único documento al que ha tenido acceso desde que se constituyó en apoderada judicial es la notificación sobre las imputaciones por traición a la patria e instigación a la rebelión. Esta ha sido una práctica recurrente: en las primeras de cambio, el expediente de la investigación por la que resultan detenidos tanto civiles como militares es dosificado, de manera que no se puede tener una noción real sobre el alcance de las pesquisas ni la solidez de los delitos atribuidos.

Mezuca y el general Tomate

Las cifras sobre las detenciones practicadas durante los últimos días varían desde cuarenta personas hasta doscientas. Pero en el caso del último complot contra Maduro solo han sido presentados ante los juzgados en Fuerte Tiuna dieciocho militares y dos civiles.

El 22 de mayo la Dgcim protagonizó un controversial procedimiento en el municipio Sucre, que dejó un saldo de un muerto y por lo menos dos personas heridas. Se investigaba una supuesta sustracción de fusiles. Uno de los sargentos, plaza del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Sucre), fue detenido luego de una persecución desde Mezuca, donde cumplía funciones. Se trata de Jorge Luis Morillo Fernández, quien supuestamente se resistió al arresto junto al también sargento Edgar Andrés García Florida.

Pero estos no fueron los mismos efectivos de tropa presentados por la supuesta conspiración de las fuerzas especiales (Alonso Ojeda, Blanco Rondón y Peña Quintana) e imputados también por incitación al motín. El asunto se complica todavía más cuando se involucra a un general de división y uno de brigada de la Guardia Nacional. Son, respectivamente, Pedro Naranjo Suárez y Nelson José Morales Guitián. El primero fue comandante de la División Aérea de la GN, y desde octubre se desempeñaba como Director de Apoyo al Desarrollo Nacional de la referida fuerza. Morales, en cambio, se dio a conocer en 2017 por haberse negado a enviar tropas para reprimir a manifestantes en Carabobo. Desde entonces, fue removido del comando de zona y lo depositaron en la jefatura de Productos Agrícolas Tomate, Pimentón, Cebolla, Papa y Ají. Al titular de ese cargo se le conoce en la FAN como el general Tomate. Naranjo y Morales, por lo tanto, eran una parte más de la creciente burocracia militar, y carecían de mando sobre tropas.

Como se ve, estos veinte detenidos forman un grupo heterogéneo en el que resulta muy complicado encontrar un hilo conductor. Esto hace pensar que las detenciones continuarán, especialmente en el seno de la institución militar.

Si la conspiración cuyo liderazgo fue atribuido en marzo al comandante del batallón Ayala Igbert Marín era protagonizada por un grupo de importantes jefes del Ejército, esta de mayo más bien parece un menestrón, donde todo cabe.

Oficiales juran lealtad por escrito

Una nota final: si tendemos la mirada hacia los complots contra Maduro, reales o ficticios, nos daremos cuenta que los primeros fueron encabezados por oficiales aislados o retirados, usualmente generales que no hacían otra cosa sino rumiar su descontento hacia el Gobierno. Eran, además, de la Guardia Nacional (golpe Fénix) y en menor medida de la Aviación (golpe Azul). Ahora, esto ha cambiado. Los últimos son de unidades operativas del Ejército y la Armada, con importante poder de fuego y movilidad. Fueron, además, oficiales formados plenamente durante el gobierno de Hugo Chávez. Algo que se sale de todo cálculo. Acaso sea por eso que ahora el presidente reelecto se empeña en que los militares le juren lealtad. Jurar lo obvio resulta, cuando menos, sospechoso.

Breves

*La reyerta en el retén del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede Helicoide, el miércoles 16 de mayo, tuvo más de una consecuencia. En primer lugar, comenzó un desalojo de la mayoría de los presos comunes, acumulados allí durante años en condiciones infrahumanas, de acuerdo con un informe presentado en 2017 por la organización Una Ventana para la Libertad. Para el momento de la redacción de estas líneas, se informó que en esos calabozos quedaban aproximadamente 50 personas. En 2017, la población reclusa llegó a rondar los 340. En segundo lugar, se generaron condiciones que permitieron constatar otras irregularidades, más allá del evidente hacinamiento, como por ejemplo, la permanencia de cuatro menores de edad y de otras personas que seguían en poder de la policía política, a pesar de que los tribunales habían emitido órdenes de excarcelación, así como otras que estaban recluidas sin órdenes de aprehensión, es decir, en una privación ilegítima de su libertad. Una comisión designada a regañadientes por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público evaluó los casos de los detenidos en Helicoide, con la finalidad de otorgarles la libertad mediante un acto especial de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta situación ya había sido evaluada en 2017 por la presidenta de esa entidad, Delcy Rodríguez, pues entonces la idea era incorporar a un grupo de militares –tanto activos como retirados- que no se encuentran en el Helicoide. Todavía no está claro cuál será la figura jurídica a la que acudirá el régimen, ni si será aceptada por los beneficiarios, en virtud de lo que eso implicaría un reconocimiento tácito a un poder cuya legitimidad está cuestionada, tanto en el país como en el extranjero.

Gabriel Vallés, recibido por su mamá

*El viernes 1 de junio –un día después de la divulgación del breve anterior en Runrunes y Tal Cual- se produjo la liberación de un primer grupo de detenidos en Helicoide. El hecho dejó una sensación agridulce, pues de acuerdo con las cuentas del Foro Penal (certificadas por la OEA) de los 37 beneficiarios solo 17 podían ser catalogados como presos de conciencia. El caso más grotesco fue el de Angelis Gibelli Quiroz, gerente del concesionario La Venezolana, detenida en abril de 2015 por una estafa a 6400 personas, mediante la venta por adelantado de vehículos. Este caso fue una de las averiguaciones de mayor importancia para el Ministerio Público durante ese año. El informe anual presentado por Luisa Ortega Díaz en febrero de 2016 indica que Gibelli Quiroz fue acusada por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y estafa continuada. Junto a otro de los implicados, John Quiroz, se prohibió su salida del país y fueron confiscados sus bienes y cuentas. Su expediente para nada entraba en la categoría de lo político. Pero ahora, obtuvo un beneficio por iniciativa del Presidente reelecto. “Ellos siempre intentan sacar a los suyos”, afirmó al respecto el abogado del Foro Penal Gonzalo Himiob. Lo cierto es que se ha constatado una disminución provisoria de la población reclusa en el retén del Helicoide. Para el momento de redactar este breve, se hacían los preparativos para la excarcelación de un nuevo grupo. Pero los agentes de la Policía de Chacao, cuya libertad ha sido ordenada por un juzgado, todavía están tras las rejas. “El Estado tendrá que resarcir esos daños físicos y morales causados en el Sebin y en otros centros de reclusión, con los que han estado de acuerdo los poderes Ejecutivo, Judicial, Moral y Legislativo; saben lo que allí ocurre y mantienen al agresor, lo honran, lo enaltecen, lo ascienden y protegen”, afirmó la abogada de los policías Zoraida Castillo. Las atrocidades cometidas en ese centro de detención han sido debidamente documentadas, y fueron consignadas en extensos informes como el presentado recientemente por un grupo de expertos, a petición de la OEA.

Douglas Rico: sin marcha atrás

*Diez días después de las elecciones, el miércoles 30 de mayo, el director nacional de Cicpc, comisario general Douglas Rico, tuvo una intervención pública que contribuye a explicar en buena medida la actitud mostrada por él durante los últimos meses, en especial a la luz de lo sucedido con el inspector jefe de ese cuerpo, Oscar Pérez. El funcionario tomó la palabra durante la inauguración de la sede de la subdelegación Cabudare, en el estado Lara. Dijo lo siguiente: “(…) El día 16 de mayo de 2013 a las 9 pm estoy en mi casa y recibo una llamada de la Almirante en Jefe (Carmen Meléndez, actual gobernadora de Lara), quien para ese entonces era ministra de la Secretaría del Presidente. Me dice: ´Usted mañana recibe la subdirección de Cicpc´. Una sorpresa. Primero, no esperaba la llamada, y luego uno se queda como en la duda de su será o no será. (…) Para mí fue un día muy especial, puesto que ese día recibí la llamada para ser Subdirector del cuerpo. Hoy en día soy el Director, después de cinco años trabajando con todo el equipo que me acompaña, fiel y leal al Presidente y a la revolución. Siempre he dicho en los momentos difíciles en que han puesto a la institución, buscando personas que utilicemos para otros fines, he dicho que la institución se mantendrá firme con el proceso revolucionario. Jamás se utilizará a Cicpc para otra cosa que no sea defender esta revolución. Aquí no hay marcha atrás, el Cicpc estará firme, mientras yo esté al frente, con el proceso revolucionario.  Y lo digo porque quiero dejar claro ante tantas cosas que se dicen de los hombres y mujeres que aquí trabajamos. Y el que no esté de acuerdo con nuestra posición, lo invitamos a que abandone nuestra fuerza”.

*Desde este espacio se ha advertido sobre el creciente involucramiento de los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana en actividades delictivas. Las últimas informaciones ya indican que el delito llegó hasta las barracas y los cuarteles de la propia institución, favorecido por una ausencia de controles que ya parece crónica. El 23 de mayo, por ejemplo, se detectó que tres funcionarios de la Brigada Motorizada introdujeron en el dormitorio policial a igual número de menores de edad, de 15, 16 y 17 años, con fines aparentemente sexuales. Una de ellas, incluso, era solicitada por haber desaparecido de su vivienda. Cuando el comisionado director de la brigada se percató de la situación, el grupo ya se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. Otro caso: el sábado 26 de mayo, la Policía de Chacao recibió información sobre un asalto perpetrado en El Rosal por agentes uniformados de la PNB, que circulaban a las 4:30 am en una patrulla Land Cruiser con el rotulado de esa policía. A la víctima la despojaron de dos millones de bolívares, un teléfono celular e incluso le quitaron un par de zapatos deportivos. Tercer caso: el 28 de mayo, tres oficiales de esa policía fueron aprehendidos por el secuestro express de una mujer, a la que interceptaron en Santa Mónica. El rescate fue pagado mediante una transferencia bancaria a la cuenta de una mujer, aparentemente ligada a este grupo. Todos estos incidentes fueron reportados en un lapso de apenas cinco días, y solamente en el Área Metropolitana.

*El lunes 28 de mayo, una comisión de inteligencia antidrogas incautó en el terminal especializado en contenedores del puerto de La Guaira 100 panelas de cocaína (peso bruto 111 kgs) que iban a ser embarcados en carguero Panavera con destino en Kingston, Jamaica. Los militares bajo el mando del coronel Carlos Gómez detuvieron a los sargentos Carlos González Ramírez, supervisor de Operaciones del terminal, y a Dulio Herrera, encargado de colocar los precintos a los contenedores. También fueron privados de libertad los civiles José Armao Colomo, receptor de contenedores vacíos, y el conductor Juan Carlos Blanco, quien supuestamente manejó el vehículo en el que entró el contenedor con la droga. Durante la pesquisa, uno de los militares de guardia, el sargento Daniel Alberto Palladino, huyó del lugar. Fue detenido en el sector Marapapiache de Catia La Mar. Armao Colomo es empleado de la empresa portuguesa Texeira Duarte, que opera el terminal desde 2017 gracias a un convenio con la estatal Bolivariana de Puertos.

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