-En la última andanada de detenciones, Contrainteligencia Militar está
metiendo en una misma conspiración a un grupo heterogéneo que va desde un traumatólogo
de origen colombiano hasta el general Tomate
@javiermayorca
Y llegó la nueva conspiración militar contra Maduro. Tenía que suceder.
Y si no existía, había que fabricarla. A juzgar por las detenciones e
interrogatorios en masa que se adelantan en los cuarteles, la
Contrainteligencia Militar huele que algo grande se cocina, pero todavía no
tiene en sus manos todos los ingredientes.
Las detenciones comenzaron el jueves 17 de mayo, cuando ya estaba en
desarrollo la fase electoral de la Operación República para la elección
presidencial. Y continuaron durante todo el fin de semana. Hubo un primer
grupo, conformado por siete efectivos de la Armada y dos de la Aviación, casi todos
pertenecientes a unidades élite emplazadas, respectivamente, en Turiamo y
Maracay. Fueron trasladados a Caracas, interrogados en Boleíta y presentados
entre el lunes 21 y el martes 22 de mayo en los tribunales de Fuerte Tiuna.
En esta primera camada destacan los capitanes de corbeta Luis Cunes
(oficial técnico, paracaidista) y Carlos Macsotay Rauseo, jefe de uno de los
regimientos de la Brigada de Comandos del Mar. Este oficial egresó de la
Escuela Naval en 2001. Inicialmente, se informó de manera extraoficial sobre la
detención del segundo comandante de la unidad, el capitán de navío Luis
Humberto de la Sotta Quiroga. Pero el oficial aún no ha sido presentado en los
tribunales militares.
Simultáneamente fueron privados de libertad el comandante del Grupo 20
de Operaciones Especiales de la Aviación, con sede en la base Libertador de
Maracay, teniente coronel Ruperto Molina, y el coronel Juan Pablo Saavedra, un
especialista en derecho mercantil asimilado a la fuerza castrense.
La investigación parecía apuntar hacia una supuesta conspiración de
efectivos de fuerzas especiales de por lo menos dos componentes armados emplazados
en el centro del país, donde se encuentra precisamente el corazón de la FAN,
por razones históricas y operativas.
Las cosas, sin embargo, comenzaron a enrarecerse con la detención de dos
civiles, a quienes ligan a este supuesto complot. En San Antonio del Táchira
los de la Dgcim se llevaron al comerciante Carlos Andrés Mora, y en El Hatillo al traumatólogo de origen colombiano José Alberto Marulanda.
La abogada del Foro Penal y defensora de ambos civiles, Maria Fernanda
Torres, dijo que hasta el momento desconoce cuáles fueron los elementos
evaluados para meter en el mismo saco a un médico ligado al ámbito
universitario en Caracas y a un comerciante tachirense. Indicó que el único
documento al que ha tenido acceso desde que se constituyó en apoderada judicial
es la notificación sobre las imputaciones por traición a la patria e
instigación a la rebelión. Esta ha sido una práctica recurrente: en las
primeras de cambio, el expediente de la investigación por la que resultan
detenidos tanto civiles como militares es dosificado, de manera que no se puede
tener una noción real sobre el alcance de las pesquisas ni la solidez de los
delitos atribuidos.
Mezuca y el general Tomate
Las cifras sobre las detenciones practicadas durante los últimos días
varían desde cuarenta personas hasta doscientas. Pero en el caso del último
complot contra Maduro solo han sido presentados ante los juzgados en Fuerte
Tiuna dieciocho militares y dos civiles.
El 22 de mayo la Dgcim protagonizó un controversial procedimiento en el
municipio Sucre, que dejó un saldo de un muerto y por lo menos dos personas
heridas. Se investigaba una supuesta sustracción de fusiles. Uno de los
sargentos, plaza del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Sucre), fue
detenido luego de una persecución desde Mezuca, donde cumplía funciones. Se
trata de Jorge Luis Morillo Fernández, quien supuestamente se resistió al
arresto junto al también sargento Edgar Andrés García Florida.
Pero estos no fueron los mismos efectivos de tropa presentados por la
supuesta conspiración de las fuerzas especiales (Alonso Ojeda, Blanco Rondón y
Peña Quintana) e imputados también por incitación al motín. El asunto se
complica todavía más cuando se involucra a un general de división y uno de
brigada de la Guardia Nacional. Son, respectivamente, Pedro Naranjo Suárez y
Nelson José Morales Guitián. El primero fue comandante de la División Aérea de
la GN, y desde octubre se desempeñaba como Director de Apoyo al Desarrollo
Nacional de la referida fuerza. Morales, en cambio, se dio a conocer en 2017
por haberse negado a enviar tropas para reprimir a manifestantes en Carabobo.
Desde entonces, fue removido del comando de zona y lo depositaron en la
jefatura de Productos Agrícolas Tomate, Pimentón, Cebolla, Papa y Ají. Al
titular de ese cargo se le conoce en la FAN como el general Tomate. Naranjo y Morales, por lo tanto, eran una parte más
de la creciente burocracia militar, y carecían de mando sobre tropas.
Como se ve, estos veinte detenidos forman un grupo heterogéneo en el que
resulta muy complicado encontrar un hilo conductor. Esto hace pensar que las
detenciones continuarán, especialmente en el seno de la institución militar.
Si la conspiración cuyo liderazgo fue atribuido en marzo al comandante
del batallón Ayala Igbert Marín era protagonizada por un grupo de importantes
jefes del Ejército, esta de mayo más bien parece un menestrón, donde todo cabe.
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Oficiales juran lealtad por escrito |
Una nota final: si tendemos la mirada hacia los complots contra Maduro,
reales o ficticios, nos daremos cuenta que los primeros fueron encabezados por
oficiales aislados o retirados, usualmente generales que no hacían otra cosa
sino rumiar su descontento hacia el Gobierno. Eran, además, de la Guardia
Nacional (golpe Fénix) y en menor
medida de la Aviación (golpe Azul).
Ahora, esto ha cambiado. Los últimos son de unidades operativas del Ejército y
la Armada, con importante poder de fuego y movilidad. Fueron, además, oficiales
formados plenamente durante el gobierno de Hugo Chávez. Algo que se sale de
todo cálculo. Acaso sea por eso que ahora el presidente reelecto se empeña en
que los militares le juren lealtad. Jurar lo obvio resulta, cuando menos,
sospechoso.
Breves
*La reyerta en el retén del Servicio Bolivariano de Inteligencia
(Sebin), sede Helicoide, el miércoles 16 de mayo, tuvo más de una consecuencia.
En primer lugar, comenzó un desalojo de la mayoría de los presos comunes, acumulados allí durante años en condiciones infrahumanas, de acuerdo con un
informe presentado en 2017 por la organización Una Ventana para la
Libertad. Para el momento de la redacción de estas líneas, se
informó que en esos calabozos quedaban aproximadamente 50 personas. En 2017, la población
reclusa llegó a rondar los 340. En segundo lugar, se generaron condiciones que
permitieron constatar otras irregularidades, más allá del evidente
hacinamiento, como por ejemplo, la permanencia de cuatro menores de edad y de
otras personas que seguían en poder de la policía política, a pesar de que los
tribunales habían emitido órdenes de excarcelación, así como otras que estaban
recluidas sin órdenes de aprehensión, es decir, en una privación ilegítima de
su libertad. Una comisión designada a regañadientes por el Tribunal Supremo de Justicia y el
Ministerio Público evaluó los casos de los detenidos en Helicoide,
con la finalidad de otorgarles la libertad mediante un acto especial de la
Asamblea Nacional Constituyente. Esta situación ya había sido evaluada en 2017
por la presidenta de esa entidad, Delcy Rodríguez, pues entonces la idea era
incorporar a un grupo de militares –tanto activos como retirados- que no se
encuentran en el Helicoide. Todavía no está claro cuál será la figura jurídica
a la que acudirá el régimen, ni si será aceptada por los beneficiarios, en
virtud de lo que eso implicaría un reconocimiento tácito a un poder cuya
legitimidad está cuestionada, tanto en el país como en el extranjero.
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Gabriel Vallés, recibido por su mamá |
*El viernes 1 de junio –un día después de la divulgación del breve
anterior en Runrunes y Tal Cual- se produjo la liberación de un
primer grupo de detenidos en Helicoide. El hecho dejó una sensación agridulce,
pues de acuerdo con las cuentas del Foro Penal (certificadas por la OEA) de los
37 beneficiarios solo 17 podían ser catalogados como presos de conciencia. El caso más grotesco fue el de Angelis Gibelli Quiroz, gerente del
concesionario La Venezolana, detenida en abril de 2015 por una estafa a 6400
personas, mediante la venta por adelantado de vehículos. Este caso fue una de
las averiguaciones de mayor importancia para el Ministerio Público durante ese
año. El informe anual presentado por Luisa Ortega Díaz en febrero de 2016
indica que Gibelli Quiroz fue acusada por los delitos de legitimación de
capitales, asociación para delinquir y estafa continuada. Junto a otro de los
implicados, John Quiroz, se prohibió su salida del país y fueron confiscados
sus bienes y cuentas. Su expediente para nada entraba en la categoría de lo político. Pero ahora, obtuvo un beneficio por iniciativa del Presidente
reelecto. “Ellos siempre intentan sacar a los suyos”, afirmó al respecto el
abogado del Foro Penal Gonzalo Himiob. Lo cierto es que se ha constatado una
disminución provisoria de la población reclusa en el retén del Helicoide. Para
el momento de redactar este breve, se hacían los preparativos para la
excarcelación de un nuevo grupo. Pero los agentes de la Policía de Chacao, cuya
libertad ha sido ordenada por un juzgado, todavía están tras las rejas. “El
Estado tendrá que resarcir esos daños físicos y morales causados en el Sebin y
en otros centros de reclusión, con los que han estado de acuerdo los poderes
Ejecutivo, Judicial, Moral y Legislativo; saben lo que allí ocurre y mantienen
al agresor, lo honran, lo enaltecen, lo ascienden y protegen”, afirmó la
abogada de los policías Zoraida Castillo. Las atrocidades
cometidas en ese centro de detención han sido debidamente documentadas, y fueron
consignadas en extensos informes como el presentado recientemente por un grupo
de expertos, a petición de la OEA.
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Douglas Rico: sin marcha atrás |
*Diez días después de las elecciones, el miércoles 30 de mayo, el
director nacional de Cicpc, comisario general Douglas Rico, tuvo una
intervención pública que contribuye a explicar en buena medida la actitud
mostrada por él durante los últimos meses, en especial a la luz de lo sucedido
con el inspector jefe de ese cuerpo, Oscar Pérez. El funcionario tomó la
palabra durante la inauguración de la sede de la subdelegación Cabudare, en el
estado Lara. Dijo lo siguiente: “(…) El día 16 de mayo de 2013 a las 9 pm estoy
en mi casa y recibo una llamada de la Almirante en Jefe (Carmen Meléndez,
actual gobernadora de Lara), quien para ese entonces era ministra de la
Secretaría del Presidente. Me dice: ´Usted mañana recibe la subdirección de
Cicpc´. Una sorpresa. Primero, no esperaba la llamada, y luego uno se queda
como en la duda de su será o no será. (…) Para mí fue un día muy especial,
puesto que ese día recibí la llamada para ser Subdirector del cuerpo. Hoy en
día soy el Director, después de cinco años trabajando con todo el equipo que me
acompaña, fiel y leal al Presidente y a la revolución. Siempre he dicho en los
momentos difíciles en que han puesto a la institución, buscando personas que
utilicemos para otros fines, he dicho que la institución se mantendrá firme con
el proceso revolucionario. Jamás se utilizará a Cicpc para otra cosa que no sea
defender esta revolución. Aquí no hay marcha atrás, el Cicpc estará firme,
mientras yo esté al frente, con el proceso revolucionario. Y lo digo porque quiero dejar claro ante
tantas cosas que se dicen de los hombres y mujeres que aquí trabajamos. Y el
que no esté de acuerdo con nuestra posición, lo invitamos a que abandone
nuestra fuerza”.
*Desde este espacio se ha advertido sobre el creciente involucramiento
de los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana en actividades delictivas.
Las últimas informaciones ya indican que el delito llegó hasta las barracas y
los cuarteles de la propia institución, favorecido por una ausencia de
controles que ya parece crónica. El 23 de mayo, por ejemplo, se detectó que
tres funcionarios de la Brigada Motorizada introdujeron en el dormitorio
policial a igual número de menores de edad, de 15, 16 y 17 años, con fines
aparentemente sexuales. Una de ellas, incluso, era solicitada por haber
desaparecido de su vivienda. Cuando el comisionado director de la brigada se
percató de la situación, el grupo ya se encontraba ingiriendo bebidas
alcohólicas. Otro caso: el sábado 26 de mayo, la Policía de Chacao recibió
información sobre un asalto perpetrado en El Rosal por agentes uniformados de
la PNB, que circulaban a las 4:30 am en una patrulla Land Cruiser con el
rotulado de esa policía. A la víctima la despojaron de dos millones de
bolívares, un teléfono celular e incluso le quitaron un par de zapatos
deportivos. Tercer caso: el 28 de mayo, tres oficiales de esa policía fueron
aprehendidos por el secuestro express de una mujer, a la que
interceptaron en Santa Mónica. El rescate fue pagado mediante una transferencia
bancaria a la cuenta de una mujer, aparentemente ligada a este grupo. Todos
estos incidentes fueron reportados en un lapso de apenas cinco días, y
solamente en el Área Metropolitana.
*El lunes 28 de mayo, una comisión de inteligencia antidrogas incautó en
el terminal especializado en contenedores del puerto de La Guaira 100 panelas
de cocaína (peso bruto 111 kgs) que iban a ser embarcados en carguero Panavera
con destino en Kingston, Jamaica. Los militares bajo el mando del coronel
Carlos Gómez detuvieron a los sargentos Carlos González Ramírez, supervisor de
Operaciones del terminal, y a Dulio Herrera, encargado de colocar los precintos
a los contenedores. También fueron privados de libertad los civiles José Armao
Colomo, receptor de contenedores vacíos, y el conductor Juan Carlos Blanco,
quien supuestamente manejó el vehículo en el que entró el contenedor con la
droga. Durante la pesquisa, uno de los militares de guardia, el sargento Daniel
Alberto Palladino, huyó del lugar. Fue detenido en el sector Marapapiache de
Catia La Mar. Armao Colomo es empleado de la empresa portuguesa Texeira Duarte, que opera
el terminal desde 2017 gracias a un convenio con la estatal Bolivariana de
Puertos.
Para comunicarse con el autor de esta columna puede escribir al correo
electrónicocrimenessincastigo@gmail.com.
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