Luego del 5 de julio, queda claro que la llave Maduro-Padrino consolida
su poder en la Fuerza Armada, o en lo que queda de ella, y mantiene la línea de
reducción progresiva de la cúpula castrense
@javiermayorca
Luego de los ascensos y
de la recomposición del Alto Mando Militar, anunciada el 7 de julio, se pueden
sacar algunas conclusiones provisionales sobre lo que acontece en la Fuerza
Armada Nacional:
1) Maduro se afinca en Vladimir Padrino para consolidar
su poder. El general en jefe del Ejército es el oficial más antiguo en servicio
dentro del Alto Mando. Es el único en situación de actividad egresado de la
Academia Militar en 1984. Muchos lo ven como un elemento del Gobierno con el
que todavía se puede negociar, a pesar de sus declaraciones públicas en las que
se rasga las vestiduras por la “revolución”. Quizá esta sea la razón por la que
el gobierno estadounidense todavía no lo haya sancionado, al tiempo que son
frecuentes sus viajes a Rusia, donde se reúne con diversos integrantes del
gabinete de Putin. Padrino ha sido ratificado en el ministerio de la Defensa
durante cuatro años consecutivos. El ex titular de esa misma cartera, general
de división retirado Fernando Ochoa, cree que de esta forma Maduro intenta
estabilizar el entorno militar. El único precedente que encuentra en la
historia nacional es el del general de división Ramón Florencio Gómez, que
ejerció ese ministerio durante todo el gobierno de Raúl Leoni. En el exterior
han ocurrido varias situaciones similares, pero la más cercana –por diversas
razones- es la de Cuba durante la época de los hermanos Castro, donde la
prolongación en el poder de las armas facilitó la formación de una
“gerontocracia militar”.
2) Cabello se desdibuja. Aunque nadie niega el poder
del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, es claro que
Diosdado Cabello cada vez tiene menos ascendencia en los cuarteles. Esto no es
casualidad. Desde 2017, Maduro y Padrino tomaban nota del ascenso de los
oficiales graduados en 1987. Algunos de ellos, como el mayor general Carlos
Martínez Stapulionis, llegaron a ejercer importantes cargos en las regiones de
defensa operativa, a pesar de haberse graduado en la quinta decena de su
promoción. Luego, fueron devorados por las intrigas y la burocracia. Sin
embargo, era natural que algunos profesionales de armas graduados ese año se
colaran en el Alto Mando. Y aquí viene otra de las conclusiones.
3) El balance de las fuerzas. Luego de los
últimos cambios, el Ejército tiene a tres integrantes en el Alto Mando (tomando
en cuenta que José Ornela Ferreira es el jefe de Estado Mayor del Ceofanb), la
Armada dos, al igual que la Aviación, y uno la Guardia Nacional. Al revisar los
comandos de fuerza, los más antiguos son los del Ejército y la GN (los MG Jesús
Suárez y Richard López, graduados en 1986), mientras que los de la Aviación y
la Armada tienen un año menos de carrera, y por ende tienen menos ascendiente
en la toma de decisiones. Estos son los que se graduaron con Cabello en 1987.
En las regiones militares, el Ejército tiene cuatro oficiales (dos de la
promoción 87), la Armada 2, la Aviación y la GN 1, respectivamente. El poder
del Ejército en estos niveles es claro.
4) Reducción de la cúpula. El 4 de julio, en un acto
celebrado ex profeso en un recinto
cerrado –para evitar sorpresas-, Maduro ascendió a 127 oficiales a los grados
de generales de brigada y de división, así como sus equivalentes en la Armada.
Posteriormente, elevó al grado de mayor general y almirante a otros ocho
oficiales, entre ellos figura el actual director de la Contrainteligencia
Militar y comandante de la Guardia de Honor Iván Hernández Dala. Son entonces
135 ascendidos a las distintas posiciones del generalato venezolano. Si se
compara con los estándares seguidos en la época previa al chavismo, esta cifra
puede parecer escandalosa. Durante el segundo gobierno de Caldera, por ejemplo,
ascendían a general o almirante unos 40 militares anualmente. Pero este ha sido
de hecho el año de la administración Maduro en que menos generales fueron
ascendidos. Incluso, fueron menos que los beneficiados por Chávez entre 2010 y
2012. Antes de Chávez, los criterios para sumar o quitar oficiales de la cúpula
castrense eran básicamente las necesidades de la institución y la
disponibilidad de plazas, debido a los pases a retiro y a las promociones de
oficiales a otros cargos o posiciones. A partir de 1999, con la nueva
Constitución, se inició una era de autogobierno militar. Los ascensos partían y
finalizaban en la FAN, sin que hubiese un control externo. Y ahora es muy
difícil saber cuáles son los factores tomados en cuenta para ascender en un año
a 229 oficiales para los grados de general y almirante, como fue en 2013, y en
otro a menos de 130. A juzgar por lo declarado durante las últimas alocuciones,
la lealtad al Comandante en Jefe ha sido una condición más importante, por
ejemplo, que el debido cumplimiento de las tareas y la sujeción a las normas
vigentes.
5) Se prolonga la crisis en los cuarteles. Maduro busca a
todo trance una estabilización en el mundo castrense. En esto va la manzana,
representada en la triplicación de los ingresos mensuales para los
profesionales de armas (en contraste con el trato recibido por enfermeras y
educadores), así como la oferta de viviendas y vehículos, a precios de baratija
y con créditos de BanFanB. Y en el otro lado va el garrote, encarnado en una
Dgcim comandada por el recién ascendido Hernández Dala, cuyos funcionarios no
tienen el menor reparo en decirle a los detenidos de cualquier grado y
condición que la Constitución llega hasta la puerta de la instalación, y que
adentro las leyes son las que ellos impongan. Pero el miedo prevalece sobre los
beneficios, y en consecuencia la carrera de armas ha perdido atractivo y el
aprecio de la sociedad. Las bajas en los componentes tradicionales son pedidas
por miles, y esta situación no parece tener un correctivo inmediato. De allí la
necesidad de acudir a la Milicia, tal y como se ha visto en los últimos
ejercicios Independencia y Soberanía. Hasta ahora, en Boleíta han logrado
desmantelar las dos conspiraciones detectadas en apenas tres meses, y tal
parece que por el momento estos grupos han sido neutralizados. Pero eso no
quiere decir que la crisis militar haya sido superada.
Breves
*El maquillaje de estadísticas sobre criminalidad en el Gobierno llega
al punto en que ni siquiera toman en cuenta hechos tan públicos y notorios como
la masacre de 68 detenidos en el retén de PoliCarabobo. Fuentes del ministerio
de Relaciones Interiores indicaron que para el Ejecutivo en distintos los
centros de detención del país han muerto 76 personas durante la primera mitad
del año. Pero este saldo no incorpora los cadáveres que sacaron de las celdas
de la referida policía regional, en marzo. Serían entonces 144 homicidios, en
lugares que se supone custodiados por los cuerpos del Estado. Por cierto, lo
mismo hicieron en 2017 con los fallecidos en el retén de Puerto Ayacucho, a
manos de funcionarios gubernamentales. Luego de Carabobo, Anzoátegui es el
estado en el que más detenidos han muerto entre enero y junio de este año, con
33. El lugar más peligroso es el retén de la Policía Nacional en el sector
Tronconal de Barcelona, donde las riñas y ajustes de cuentas han ocasionado el fallecimiento
de diez personas. En Aragua, Tocorón sigue siendo el sitio de reclusión más
violento. Nueve personas han muerto allí en lo que va de año.
*El Gobierno evalúa la creación de un Cuerpo Nacional contra el
Terrorismo. El punto de cuenta con el correspondiente decreto ya está listo
para ser presentado al Presidente. El órgano estaría adscrito al Ministerio de
Relaciones Interiores. Junto a este documento, también le presentarán a Maduro
un Plan Nacional contra el Terrorismo 2018-2019. Hasta ahora, el análisis y la
investigación de los casos relacionados con esta materia eran desarrollados por
la división correspondiente de la policía judicial, o en su defecto por el
Sebin. La institución de un cuerpo especial para investigar el terrorismo es
llamativa si se toma en cuenta la fragilidad institucional del país y la
tendencia mostrada hasta el momento por la Fiscalía y los órganos de
instrucción penal en cuanto a calificar como terrorismo las iniciativas
antigubernamentales de la oposición y de la sociedad civil, y no la exhibición
de poder armado y las amenazas –abiertas y veladas- contra los opositores por
parte de los grupos paramilitares que defienden al régimen.
*La policía judicial tiene adelantadas las pesquisas sobre el asesinato
del activista político e ingeniero de sistemas Gabriel de Mendonça. El hombre
de 33 años de edad salió a correr el sábado por La Lagunita y más nunca lo
vieron con vida. Su cadáver fue encontrado el lunes en un matorral del sector
El Encantado del mismo municipio, con cuatro heridas por proyectiles.
Inicialmente, se pensó que había sido una víctima más de secuestro. Pero, de
acuerdo con información conocida de fuente policial, durante una de las últimas
comunicaciones telefónicas con su familia, admitió que tenía una deuda de 50
mil dólares, que no podía pagar. Lo que no se ha precisado es el origen de esa
deuda, aunque para el momento de escribir esta nota una de las teorías se
refería a negocios con moneda virtual. Entonces, no se ha descartado del todo la
posibilidad de un plagio, pero también se evalúa si este homicidio fue producto
de un sicariato.
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El paso, un día de 2018 (Foto: M. Rendón) |
*Los relatos sobre los obstáculos que deben superar las personas que
salen del país vía San Antonio son asombrosos. Edgar explicó con toda crudeza las cosas que vio y las que tuvo que hacer para llegar a Cúcuta, donde tomaría
un vuelo a Brasil. “Es algo para locos. A los taxis los paraban en la carretera
cualquier alcabala de la Guardia Nacional o el Ejército, y bajaban a la gente.
Nosotros pasábamos en un carro particular, y veíamos cómo les sacaban hasta el
último trapito de la maleta, les quitaban la ropa, cualquier dólar que
apareciera lo robaban. Luego, aparecían en San Antonio llorando, los chamos a
los que les quitaron la plata (…) una tragedia. Luego, en la Plaza de las Dos
Naciones, donde está el Saime (…) allí nos agarraron unos gestores. Había como
tres mil personas en una cola, y nos cobraron 30 mil pesos para ponernos de
primeros. De la mano del gestor, nos coleamos, y de repente llegaron
funcionarios del Saime y del Ejército amenazando que nos iban a quitar el
pasaporte, porque cómo era posible que nos coleáramos. Al parecer, los gestores
no hicieron bien su trabajo y nos metieron en un zaperoco. Nos devolvieron al
final de la cola, y eran miles de personas (…) Me encomendé a Dios. Me le pegué
a un guardia y le dije que tenía la tensión muy baja, que ni voz tenía. Me
sentía muy mal. Pregunté a quién tenía que pagarle para pasar al otro lado a
ver a un médico. Le conté lo del gestor y los 30 mil pesos. El tipo decía que
eso no era posible, dio media vuelta y se fue. A los diez minutos, cuando
estaba a punto de colapsar, se me pegó un tipo y me dijo que tenía dos
opciones: darle el pasaporte con 50 mil pesos y confiar en él, o quedarme ahí.
Pensé que volvería con el guardia a decirle que me habían quitado el pasaporte.
Resulta que el tipo había ido de parte del guardia. Se fue y a los cinco
minutos salieron el guardia y el tipo, me dio media vuelta y me dijo que fuera
a comprarle una malta, que me costó el equivalente a dos millones de bolívares.
Yo me tomé una también. Allí me dio mi pasaporte, sellado (ríe). Sí (…) Pasamos
para el lado colombiano y allí súper amables, siga no más, siga no más. El guardia echó el pitazo para que me
pasaran. Llegamos a otra cola como de 500 personas, donde estaba la gente de
Cáritas y médicos argentinos que me tomaron la tensión y me dieron agua. Eso
sí, tuve que hacer mi cola. Y me sellaron mi pasaporte (…) Si no hubiese traído
dólares no llego. Era el infierno. La GN repartiendo cachazos a los clandestinos
que iban por el rio. Sientes que las autoridades del lado venezolano están ahí
para robarte y violar tus derechos. Y las del lado colombiano para evitar que
pases, y proteger su país”.
*El deterioro de la seguridad en la vía hacia oriente comienza poco
después de Guarenas y se extiende, por lo menos, hasta Clarines. El fin de
semana, tres funcionarios de cuerpos de seguridad padecieron en carne propia el
accionar de las bandas. Dos de ellos fueron despojados a punta de pistola de
sus vehículos cuando regresaban a sus viviendas. El tercero era un sargento
segundo de la Guardia Nacional que murió mientras cumplía su turno en un punto
de control en la Troncal 9, entre Araira y Cupo. Los antisociales,
aparentemente, no esperaban la presencia del militar en plena vía, y la
emprendieron a tiros contra él. En este contexto, el general retirado del
Ejército Rafael Delgado relató que el fin de semana pudo ver cómo vías locales
que pasan por El Guapo son cerradas en la noche para evitar que los conductores
las transiten y sean víctimas del “hampa desbordada”. Más allá, entre Clarines
y Puerto Píritu, está el área en la que más vehículos de carga han sido
saqueados durante el primer trimestre de 2018, según lo afirmado por el
presidente de la Asociación Civil de Transportistas de Carga Pesada, Jorge
Hernández. Buena parte de esta situación es consecuencia directa del programa gubernamental
de las zonas de paz, que fortaleció a las bandas criminales en tales sectores.
*Tres veces han detenido en 2018 a la estudiante de medicina Ariana
Granadillo. Según el director del Foro Penal, Alfredo Romero, todo es
consecuencia del parentesco que ella guarda con el coronel retirado de la
Guardia Nacional Oswaldo García Palomo. Romero explicó que en virtud de esa
relación ella residió durante un tiempo en la vivienda del oficial en Carrizal,
mientras adelantaba sus estudios en Caracas. Granadillo fue capturada por Cicpc
en Táchira y traída a la capital, para su presentación ante el juzgado segundo
militar, donde se ventila la causa por la conspiración conocida como Armagedón, en la que también han
implicado a la principal dirigente de Vente
Venezuela Maria Corina Machado. Luego de pasar varios días detenida, Granadillo
recibió una medida cautelar. Según Romero, para el 9 de julio estaban tras las
rejas 80 personas ligadas a supuestas conspiraciones castrenses. El abogado
afirmó que en las últimas semanas ha disminuido el número de detenidos por
razones de conciencia. Pero indicó que ese puede ser el prólogo a una nueva ola
de represión selectiva, en la que saldrán afectados dirigentes políticos,
militares y periodistas.
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