-En el nuevo proceso de reacomodo de las fuerzas policiales emprendido
por el Gobierno, el gran perdedor es Cicpc
Los primeros trabajos de la economista y periodista italiana Loretta
Napoleoni abordaban un tema intrincado, pero de creciente interés durante los
últimos años, como es el manejo que se le da a los recursos originados por grupos
criminales y las redes terroristas. Pero en esta obra, Traficantes de personas (Paidós, 2016), la investigadora profundiza
en la utilización del secuestro y la trata de personas como medio para el
financiamiento de los grupos que han participado en el conflicto armado en el
centro y el norte de África. Primero, Al Qaeda para el Magreb Islámico, y luego
su más connotado sucesor, Estado Islámico o Isis. De repente, cuando uno
recorre estas páginas, encuentra referencias claras a la realidad venezolana. ¿Cómo
conectan los terroristas que matan y secuestran en las latitudes africanas, en
Irak y Siria, con un país en el norte de Suramérica? Muy simple: a través del
gran negocio que es el tráfico de drogas. La búsqueda de nuevas rutas para
llevar la cocaína fabricada en los países andinos hacia el mercado europeo
produjo de manera casi natural una alianza entre las organizaciones criminales
colombianas y venezolanas con los terroristas del Magreb Islámico, que serían
capaces de asegurar el traslado de los alijos hasta Turquía, Italia y España,
dejando en cada paso recursos para enriquecer las cuentas de los jefes de estos
clanes, e igualmente para la compra de armas con las que continuarían la
guerra. Según Napoleoni, estas alianzas no se limitan al mero negocio de los
estupefacientes. Pero, probablemente debido a que se trata de procesos
relativamente recientes, no avanza en cómo sería ese reflujo hacia Suramérica. Traficantes de personas es un libro
inquietante, aún para los lectores de este lado del mundo.
@javiermayorca
El Gobierno avanza en una nueva reforma policial. Contrario a lo
sucedido en la época de la Conarepol (2006), cuando se hicieron discusiones y
mesas de trabajo entre expertos, con cierto grado de amplitud y apertura
política, lo que estamos viendo ahora es una novela por capítulos, que lenta e
inexorablemente intenta modelar el sistema de seguridad ciudadana hasta
llevarlo a la medida de las necesidades del régimen.
Se debe aclarar que estamos ante un proceso en desarrollo, que podría
tener giros inesperados en el camino. Sin embargo, sus tendencias más importantes
son las siguientes:
1.-Centralización.
Desde la puesta en
vigencia de la primera Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de
Policía Nacional (2010), el ministerio de Relaciones Interiores se autoerigió
en “órgano rector” de todos los cuerpos destinados a velar por la seguridad
ciudadana. Desde entonces, tanto las policías preventivas como los bomberos y
Protección Civil han ido perdiendo sus características regionales y locales,
para convertirse en ejecutores de los designios fijados desde Caracas.
Pero esto no es suficiente. Ya el general Néstor Reverol ha adelantado
algunas pinceladas de lo que vendría en materia policial si se aprueba la Carta
Magna elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, y cuyo primer borrador
es del conocimiento público. Un aspecto importante es que los gobernadores y
los alcaldes ya no podrán crear cuerpos policiales –en ejercicio de una
competencia concurrente con el gobierno central-, sino que se convertirían en
meros administradores de capítulos regionales y locales de la Policía Nacional.
De hecho, en la actualidad la autonomía de los mandatarios estatales y
municipales en materia de seguridad está bastante cuestionada. Por ejemplo,
para designar a los directores de estos organismos tienen que elevar una terna
al MRI, y es entonces cuando el nombramiento podrá hacerse.
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No son spetsnaz, son PNB |
2.-Pérdida del carácter civil.
Aunque la Constitución
vigente –y el proyecto que está en discusión- reivindican que los cuerpos de
seguridad ciudadana tienen carácter civil y deben ser conducidos por civiles,
en la práctica casi todos los órganos preventivos son dirigidos por militares,
activos o retirados. Empezando por la Policía Nacional, descrita como el
“cuerpo pionero” del nuevo modelo policial, que está bajo la égida de un
general de división. Además, existe un tutelaje castrense sobre las policías
uniformadas que se ha venido configurando a través de resoluciones
ministeriales. Una reciente, por ejemplo, establece que los puntos de control callejeros
deberán ser supervisados por militares de las correspondientes áreas de defensa
integral.
Este proceso no se restringe solo a la cuestión meramente jerárquica. En la Policía Nacional poco a poco han sustraído toda la simbología que apuntaba hacia un cuerpo preventivo de proximidad con las comunidades, para acercarlos más a la Fuerza Armada. Allí están como evidencias el nuevo uniforme de camuflado gris, que reemplazó al caqui, y la participación -por primera vez- de cuadros de este cuerpo en el desfile militar del pasado 5 de julio.
3.-Pérdida de especificidad.
En el modelo
vigente, las labores de prevención del delito son potestad de los cuerpos
municipales y regionales, así como también de la Policía Nacional, que
complementa a los primeros. La PNB también tiene asignadas potestades de
investigación en delitos específicos, como por ejemplo la extorsión y el
secuestro, el terrorismo y el tráfico de drogas. Sin embargo, el trabajo más
relevante, según los propios legisladores, debe ser complementar los trabajos
de policía ostensiva.
Un primer paso hacia el “nuevo modelo” lo vimos en una resolución de
Relaciones Interiores, publicada en Gaceta Oficial el 27 de septiembre, en la
que se “habilita” a siete policías municipales para llevar a cabo trabajos de
investigación e instrucción de expedientes en delitos catalogados como
“menores”, es decir, que tienen penas máximas de hasta ocho años de prisión.
Una medida similar fue emitida para los capítulos de la Policía Nacional en Zulia,
Lara, Carabobo y Anzoátegui. En otras palabras, las policías preventivas asumen
funciones de la policía de investigación.
Esto implica que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas formalmente perdió el monopolio de la pesquisa en materia penal.
Uno podría suponer que esta circunstancia obligará a los directivos de Cicpc a
concentrar los escasos recursos disponibles en la investigación de los delitos
catalogados como “más graves”, comenzando por los homicidios. Y sin embargo
vemos que se distraen importantes porcentajes de horas-hombre cuando se destina
a funcionarios de las divisiones contra Robos y Bandas para recorridos en
circuitos de patrullaje inteligente, o cuando los ponen a vigilar jornadas de
ventas de alimentos. Entonces, la policía judicial también queda desvirtuada.
4.-Defensa de una parcialidad
política.
Cuando el entonces presidente Chávez ordenó alterar la ley del
Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional para incorporar en su
título el adjetivo “Bolivariana”, en diciembre de 2009, le daba una estocada a
uno de los objetivos planteados inicialmente con la reforma policial, que era la
preservación de un espíritu de imparcialidad política, independientemente de la
militancia que pudieran profesar sus individualidades. Al catalogar a la
Policía Nacional como Bolivariana, el principal cuerpo armado civil del país
(con unos 26.000 hombres en la actualidad) se alineaba con una ideología. Por ende, marginaba a
todos los que no comulgaran con ella. Esto lo observó en su momento uno de los
principales exponentes de la Comisión para la Reforma Policial, el criminólogo
Luis Gerardo Gabaldón. Desde luego, no le hicieron caso.
En el preesente, todas las policías bajo mando centralizado (incluida
Cicpc) dicen ser “revolucionarias” e incorporan en sus documentos viejos y
nuevos eslóganes, tales como “El sol nace en el Esequibo” o “Chávez vive...”, que por
cierto no guardan ninguna relación con el objetivo fundamental de un sistema
policial en régimen democrático.
Y aquí va la última y quizá más preocupante tendencia.
5.-Giro autoritario.
Las policías, y
en especial la Policía Nacional con su Fuerza de Acciones Especiales, se han
constituido en el principal factor de violencia en Venezuela, junto a las
bandas organizadas. Para 2017, las acciones de los funcionarios policiales y
militares (en actos policiales) representaron el 27% de todos los homicidios.
Al momento de la redacción de este trabajo, esa cifra había subido a 31%. Esto
dice mucho de la incapacidad de abordar los problemas de criminalidad mediante
medios no letales. Y visto en términos más amplios, sobre la forma imperante
para resolver los conflictos, que es mediante la eliminación física del
contrario, del que sea considerado delincuente.
Las tácticas de “mano dura” reciben elogios, abiertos y solapados, desde
muchos sectores de la población, incluidos algunos que no están con el
Gobierno, pero que coinciden con los oficialistas en ese sentimiento de
impotencia ante tanta ilegalidad. Desde ese punto de vista, la eliminación
física del delincuente viene a ser la salida más expedita. Por eso las OLP han
continuado, aunque despojadas de ese nombre.
La última encuesta mundial Gallup sobre ley y orden revela que los
venezolanos tienen uno de los niveles más elevados de desconfianza en sus
cuerpos policiales. Estas medidas que están adoptándose solo contribuirán a
incrementarlos, y obligarán al ciudadano a trajinar caminos no institucionales
en la búsqueda de justicia.
Breves
-¿Están dadas las condiciones para la exhumación del cadáver del
concejal Fernando Albán? La teoría enseñada en las escuelas de policía
venezolanas hasta la primera década de este siglo indicaba que, en casos de investigación
penal, este procedimiento podía ser autorizado por un juez, a petición del
Ministerio Público, ante la existencia de dudas debidamente documentadas sobre
la verdadera causa de muerte de uno o varios individuos, cuando se presume que
el procedimiento de autopsia pudo estar viciado, o cuando el cadáver fue
inhumado sin efectuarle la autopsia de ley. Curiosamente, la última versión del
Código Orgánico Procesal Penal solo contempla esta última razón (entierro sin
autopsia) en su artículo 203. Sin embargo, en un artículo
divulgado por la propia Fiscalía, el doctor Boris Bossio Barceló –una autoridad
en la materia, que llegó a ser director de Asesoría Técnica e Investigaciones
del Ministerio Público- establece que este procedimiento puede ser autorizado “cuando
la evaluación del inhumado pueda suministrar valiosos aportes en la
investigación judicial, y de ella se puedan obtener valiosos indicios de
interés criminalístico y médico legales que coadyuven la investigación”. Más
adelante, el experto resume que la exhumación se puede practicar cuando la
autopsia no aportó “resultados convincentes”. Entonces, desde un punto de vista
estrictamente técnico legal, en el caso del edil hay sobradas razones para
llevar a cabo una exhumación. Las dudas sobre las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que ocurrió este deceso están más que fundadas. Por
ejemplo, en el acta de defunción filtrada a la opinión pública, están vacías
las casillas referidas a la fecha y hora del fallecimiento. El fiscal designado
por la Constituyente, Tarek William Saab, tampoco dio mayor precisión al
respecto, al señalar que esto sucedió “a la hora del almuerzo”, como si en el
Sebin aplicaran la usanza de los bomberos, que van al comedor cuando suena la
sirena. Luego, el mismo documento indica que la muerte fue producto de una “caída
de altura”, que ocasionó lesiones de distinto orden en el cuerpo de la víctima.
En este caso, las dudas surgen ante la evidencia clara y documentada en
informes previos sobre malos tratos y torturas en las instalaciones de la
policía política. Sin embargo, al margen de estas razones netamente técnicas y
legales, es claro que el entorno institucional no es favorable para llevar a
cabo, y ni siquiera solicitar, la exhumación en un caso tan polémico como este.
No hay contrapesos ni balances de poderes que pudiesen servir como aliados en
la búsqueda de la verdad. De manera que, en el caso del concejal, solo toca
cuidar que los restos no sean alterados mientras permanecen en su sepultura.
-La detención de tres de los oficiales implicados en el llamado Golpe
Azul, cuando ni siquiera tenían 24 horas de haber sido liberados por una orden
tribunalicia, es un hecho sin precedentes que amerita análisis. Los tres
militares de la Aviación fueron buscados en sus propias viviendas por elementos
del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la dirección de
Contrainteligencia Militar (Dgcim), lo que luce altamente contradictorio e
introduce dudas sobre el acatamiento del principio según el cual nadie puede
ser juzgado dos veces por el mismo delito. Esta sería una evidencia más sobre
la fractura existente en el sector militar. Los tribunales castrenses,
dominados por el ministro de la Defensa, emitieron las correspondientes órdenes
de excarcelación, y el aparato de inteligencia, comandado por generales afectos
al presidente de la Constituyente Diosdado Cabello, vuelven a jugarse la carta
radical, y envían así mensajes a los sectores del oficialismo que intentan
algún tipo de entendimiento.
-La criminalidad no solo se ha extendido por tierra firme en los estados
orientales del país. También azota a los navegantes. Dos recientes reportajes
de la prensa extranjera han puesto el foco en el auge de la piratería en las
costas frente a Delta Amacuro y Sucre. Pero el problema ha continuado avanzando
hacia el oeste, afectando incluso a la industria petrolera. En la madrugada del
lunes 15 de octubre, un grupo armado que se desplazaba en una lancha abordó el
buque de bandera china Shi Zi Shan, mientras permanecía fondeado en los muelles
de Jose. Luego de someter a la tripulación, los antisociales se llevaron el
dinero y los teléfonos celulares. Al parecer, los piratas iban uniformados como
funcionarios y dijeron al capital del buque que harían “una inspección”. Luego
de este incidente, fuentes ligadas a la industria comentaron que el modus
operandi ha sido aplicado este año en otras oportunidades.
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