-De la noche a la mañana, la yunta Harrington-González López se
convirtió en una carga imposible de llevar para el régimen, acosado por sus
aliados internacionales a partir de la muerte del concejal Fernando Albán
@javiermayorca
En la policía política, las principales razones para quitar y poner a
sus directores son políticas. Que nadie se engañe: este despacho, adscrito a la
Vicepresidencia Ejecutiva de la República, no es un bastión para la defensa de
los valores democráticos. Su propia reglamentación interna lo define como una
herramienta para la preservación y la consolidación del proceso político, antes
liderado por Hugo Chávez, hoy por Nicolás Maduro.
Desde febrero de 2014, el mayor general del Ejército Gustavo González
López asumió esta tarea con denuedo. Heredó la estructura para la represión
diseñada por Miguel Rodríguez Torres, y la elevó hasta niveles antes nunca
vistos. Claro está: en el camino él sabía que no todos en sus filas actuarían
guiados por una convicción revolucionaria. Sabía que era necesario hacerse de
la vista gorda ante esos deslices de los “muchachos” del comisario Calderón en
Investigaciones Estratégicas, o los de Contra, que se redondeaban con uno que
otro secuestro en el Country, o mediante la extorsión a los presos de
conciencia y a esos que conocían como “población”. Había para todos: 400 mil
bolívares de los de 2017 por dejar pasar un celular, o los millones que el
Turco Walid pagaba para llevar una vida más o menos digna en El Helicoide.
Todos allá adentro lo sabían.
Pero esto era lo de menos, a los ojos del Gobierno. Realmente, hace dos
meses, hubiese sido imposible predecir la salida del Sabueso. Las quejas de
volumen creciente en foros internacionales por el trato inhumano a los
detenidos, que incluían sistemáticas golpizas y torturas como la famosa
“crucifixión”, aún no pasaban de ser un secreto a voces en el país. La muerte
de Rodolfo González, “suicidado” en marzo de 2015 en una de las mazmorras, no
solo fue convenientemente encubierta. Además, según testimonios de ex presos,
fue utilizada como medio de amedrentamiento. El cadáver del Aviador fue sacado
de la celda y abandonado durante horas en un pasillo, a la vista de todos.
En septiembre, González López parecía atornillado en su cargo, eficaz
como ninguno para impartir terror desde la maquinaria del Estado y desmantelar
todo atisbo de oposición.
Hasta que ocurrió la muerte del concejal Fernando Albán.
El 8 de octubre representó un auténtico punto de quiebre, por lo menos
en el Sebin.
Los efectos de este suceso comenzaron a verse donde menos lo pensaban:
en España. El cogobierno Psoe-Podemos, que llegó al poder tras la destitución
parlamentaria de Mariano Rajoy, iba en un lento viraje para alinearse con el
madurato. Ya habían dado prueba de ello, al oponerse públicamente a nuevas
sanciones para el régimen, a través de la Unión Europea.
Pero allá aún existe un balance de poderes. Y la muerte del edil,
calificada sin ambages como un “asesinato” a manos de la policía política, durante
debates parlamentarios a los que acudía Sánchez, puso un frenazo al maridaje.
La secuencia de hechos no da pie a dudas. España –en la actualidad,
firme creyente de una salida negociada a la crisis venezolana- aprovechó la
conmoción ocasionada por el caso Albán para lograr de una vez por todas la
liberación y el destierro de Lorent Gómez Saleh. Este caso era una especie de
punto de honor para el régimen. Durante las negociaciones que posibilitaron la
libertad de varios de sus compañeros de celda, el Gobierno había reiterado que
este activista no saldría. Pero ocurrió la “caída de altura” de Albán, y las
cosas dieron un giro radical. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez envió en
misión oficial al secretario de cooperación para Latinoamérica y el Caribe,
Juan Pablo de Laiglesia, en Caracas ya habían tomado la decisión de dar un
salvoconducto a Gómez Saleh.
Al ex preso político no le impusieron voto de silencio en su nuevo
destino. Apenas se bajó del jet en Barajas hizo todo lo posible para dejar al
descubierto ante la comunidad internacional el sistema instaurado por González
López y su pareja, la entonces vicefiscal Catherine Harrington.
Ante este escenario, el Gobierno optó por aplicar tácticas de “reducción
del daño”. De repente, la dupla Harrington-González López dejó de ser la
estrella de la represión y se convirtió en un lastre demasiado pesado. Primero,
destituyeron a la abogada mediante un decreto constituyente, el 19 de octubre.
Una semana después, el mayor general también fue cesanteado. En ninguno de
estos casos hubo declaración oficial. La fracción madurista sabe que ambos
cuentan todavía con poderosos aliados, de los que gustan jugar la “carta dura”.
A estas alturas, es probable que González López se sienta traicionado.
Es por eso que, según fuentes de la policía política, se negó a hacer entrega
formal a su sucesor, el general de división (Ejército) Manuel Cristopher
Figuera. Hubo un acto administrativo, durante el cual él entregó la dirección,
y luego llegó su reemplazo, mano derecha del general Hernández Dala en
Contrainteligencia Militar, quien ahora tiene en su alforja todo el aparato de
espionaje, y quizá pase a ser el militar más poderoso del país.
PS: luego de la divulgación de este artículo en Tal Cual y Runrun.es, el
jueves 1 de noviembre, algunos lectores han preguntado por el supuesto
incidente entre la caravana presidencial y un grupo de la policía política, la
noche del viernes 26 de octubre. Algunos atribuyen la remoción de González
López a ese hecho. Diversas fuentes indican que hubo una especie de encuentro
hostil entre escoltas del Presidente y del Sebin en la autopista Francisco
Fajardo, cerca de La Planicie. Sin embargo, no es ni siquera factible que
tuviese la relevancia que se le ha atribuido. En todo caso, para ese momento la
destitución del director del Sebin ya estaba decidida. Esa no sería la causa
sino una de las consecuencias. Las otras estarán por verse.
Breves
-Un sombrío panorama en materia de seguridad ciudadana le espera a
Venezuela en los meses por venir. Por una parte, el municipio Libertador ya rebasó
al estado Vargas como el lugar con la tasa más elevada de delitos en general.
En la actualidad, la diferencia entre ambas localidades es de unos 20 puntos. Y
eso que Vargas estuvo en la delantera hasta julio. Esto es consecuencia del acelerado
impacto que está teniendo en Distrito Capital una ola de delitos contra la
propiedad. Aunque lo nieguen los voceros gubernamentales y hagan todo lo
posible por mantener artificialmente bajas las estadísticas, en las calles de
la capital se siente: hay más delincuentes y actúan con mayor frecuencia. En
los estados fronterizos con Colombia, la situación se torna aún más compleja.
La combinación drogas/grupos irregulares está originando brotes de violencia
armada. Y vendrán más. Este año, Naciones Unidas calcula que en el país vecino hay
209 mil hectáreas cultivadas con coca, un récord para el siglo XXI que va
aparejado con un mejoramiento en la productividad por hectárea. Ahora, la coca
ha sido potenciada genéticamente. Una de las zonas con mayor densidad en cuanto
a siembras de este arbusto está en el eje Tibú-Rio de Oro. Allí se concentra el
9% del total de plantíos. Algunos están en Zulia, otros en Táchira. La salida
“natural” de esta producción no es por el Pacífico sino por Venezuela. Por ahora,
el control de este trayecto se lo disputan el ELN y los llamados “pelusos” o
miembros del Ejército Popular de Liberación, donde han recalado ex integrantes
de las FARC. Pero esta violencia no es del todo “importada”. Allí también
participan venezolanos, que han servido de anfitriones a guerrilleros y
bandoleros.
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Fiesta en la Cota 905 |
-A partir del lunes 29 se hicieron virales en las redes de mensajería
los videos de una celebración, presuntamente llevada a cabo el fin de semana
anterior en la platabanda de una vivienda de la Cota 905, en la que
participaron varios de los individuos que figuran en la lista de “los más
buscados” por el Gobierno. Primero entre ellos está Carlos Luis Revette, alias Coqui, descrito por Relaciones
Interiores como el líder de una banda de secuestradores que opera en la Cota
905, específicamente en el sector conocido como La Chivera. Pero esta fría descripción
no hace honor a la importancia que esta figura ha tenido en la historia de la
criminalidad venezolana. Cuando se iniciaron formalmente las operaciones
conocidas como Liberación del Pueblo (OLP), en julio de 2015, el lugar escogido
para la gran redada fue precisamente el predio de Coqui. En esa oportunidad, los cuerpos policiales mataron a 16
personas. Pero Revette salió bien librado, al igual que sucedió durante otras
tres operaciones llevadas a cabo posteriormente en el mismo sector. El hombre de
39 años de edad parece disponer de información privilegiada. Desde entonces han
pasado más de tres años, y Coqui
sigue allí, celebrando. Solo que ahora, desde luego, tiene menos competencia.
Las policías le han hecho el favor.
Tres preguntas a Javier Tarazona (Fundación Redes)
1) Ud ha denunciado el
avance del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Táchira. ¿Cúales frentes de este grupo actúan en el estado, y
quiénes los lideran?
Respuesta: En el Táchira y en otros estados del País.
FundaRedes ha documentado las operaciones de este y otros grupos irregulares
colombianos en Venezuela, y en particular en Táchira el frente Gustavo
Villamizar tiene control sobre varias zonas. Hay municipios novedosos para el
ELN, como García de Hevia, el Panamericano, Ayacucho y Lobatera, ahora los
controlan ellos con ese frente y algunas compañías. Hay varios comandantes,
pero el Gustavo Villamizar, el frente oriental de guerra…en el caso del Táchira
son alias Luis Aquiles, otro María la Popa, una comandante de Rafael Urdaneta,
y alias Miguel. Junto a ellos hay unos comandantes que trabajan en lo nacional,
como alias Gabino, Antonio García alias Pablito, Rafael Sierra y Ramiro Vargas
que son miembros del Comando Central.
2) ¿Existe algún
acuerdo con factores de poder regional o nacional que permita a este grupo
trabajar en la distribución de alimentos Clap en el Táchira?
Respuesta: Esto se ve. Hemos recabado testimonios de vecinos
que nos dicen que la guerrilla llega con miembros del gobierno y carros del
Gobierno. Pareciera que existe un acuerdo bilateral entre la guerrilla y el
gobierno de Maduro para esta distribución. Es de alta frecuencia. Cada 22 días
reparten la caja Clap con propaganda alusiva al grupo. Eso demuestra que hay un
trabajo conjunto, mancomunado.
3)¿Hay alguna
participación del ELN en los brotes de violencia armada en sectores del estado Bolívar,
o se trata de otros grupos?
Respuesta: Así se ha podido constatar a través de
defensores que son aliados de FundaRedes en Bolívar. En mayo hubo importante
presencia en el sector minero. Lo que ha pasado allí es que el Gobierno perdió
el control de las minas, a través del pramato
desarrollado en Bolívar, y el régimen de Maduro encontró en la guerrilla un
factor para extirpar a los pranes y
ganar control conjunto con la guerrilla. Es un preacuerdo. Hay un híbrido de pramato, grupos armados no vinculados a
la guerrilla y el ELN, que sigue avanzando con las emisoras de radio. Son
cinco. Sobre esto hubo una actuación militar a finales de mayo. La ZODI Apure
tuvo un procedimiento en Cutufí con el desmantelamiento de la 95.5 FM. Pero la
emisora sigue al aire.
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