-Esta es la
historia de una conspiración que nunca existió, y por la cual llegaron a estar
detenidos casi un centenar de extranjeros, señalados de participar en campamentos
paramilitares en un momento de extremada fragilidad política
@javiermayorca
El Grupo de
Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas evalúa
una denuncia formulada por el gobierno colombiano sobre la aprehensión en
Venezuela de un contingente de personas nacidas en ese país, como consecuencia
de las acciones llevadas a cabo por organismos de seguridad para el
desmantelamiento de un supuesto complot contra el presidente Nicolás Maduro, en
septiembre de 2016.
En esos días, el
descontento contra el mandatario estaba en ebullición, y la oposición parecía
encaminada a dar la estocada definitiva. Mientras la prensa internacional
reportaba en vivo sobre el éxito de la llamada Toma de Caracas, Maduro
encabezaba una concentración en la avenida Bolívar, que sirviera como dique
ante un posible avance de los miles de manifestantes opositores, reunidos en el
este de la ciudad.
Luego de varios
rodeos, el Presidente reveló el hallazgo de un supuesto “campamento” de
subversivos. Sus palabras deben ser recordadas:
“Hemos estado con
la OLP capturando mercenarios en la zona norte de Caracas. Ustedes no lo saben.
Yo se los voy a decir. En la zona norte de Caracas, en Manicomio capturamos un
campamento de paramilitares colombianos, con 92 colombianos allí, a 500 metros
de Miraflores, hace dos días. Capturamos a importantes dirigentes de la derecha
golpista, con planes para colocar bombas, con armas, con miles de dólares
falsos y miles de dólares verdaderos. Con planes para atacar a su propia
gente”.
Al día siguiente,
el titular de Relaciones Interiores Néstor Reverol cumplía la orden de darle
sustento a lo señalado por el jefe del Estado. Dijo que en realidad eran dos
los supuestos campamentos donde se alojaban los 92 irregulares neogranadinos.
Uno en Tacagua y otro en Manicomio. Y mostró dos fusiles de distintos calibres
e igual número de escopetas.Pero esto no bastaba. El Gobierno encomendó a la Policía Nacional la detención de los colombianos. En efecto, fueron 92. Pero de acuerdo con los abogados Sergio Aranguren y Ricardo Reyes estos procedimientos ocurrieron en distintas partes del Distrito Capital, no precisamente en Manicomio. La mayoría fue en barrios de Libertador y en Petare.
Una de las
detenciones se produjo en una oficina del Saime en Caracas. Fue el caso de
Helen Hincapié Brochero, quien migró al país desde Colombia cuando tenía doce
años.
“Siempre me
movilicé a sacar los papeles, pero nunca se presentó la posibilidad de
sacarlos. Me dieron una boleta de citación en el Saime para que me presentara.
Me presenté con todos mis papeles. Tenía el pasaporte, pero el sello había
vencido. Fue para la época en que Maduro cerró la frontera. Cuando me presento
en el Saime evalúan mi caso. Me dicen que como no tenía ni hijo ni esposo me
iban a deportar. Me detuvieron y me quitaron todas mis pertenencias. Pasaron ocho
días. Una noche me sacan en una patrulla y me llevan para Delincuencia
Organizada. Mis familiares preguntaron y les dijeron que eso era rutina, que el
lunes regresaría al Saime. El lunes se convirtió en más de dos años. Después
empezaron a decirnos que nos hacían pasar por paramilitares”, relató.
Los detenidos eran
gente humilde, totalmente ajena a la política. Son zapateros, albañiles, amas
de llaves, vendedores de perros calientes. Aranguren y Reyes se involucraron en
el caso puesto que uno de los privados de libertad, Albert Yépez Carrillo,
hacía labores de mantenimiento en la vivienda del primer litigante y carecía de
medios para pagar una defensa.
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Los supuestos "paramilitares" |
Los supuestos
paramilitares nunca fueron presentados ni imputados formalmente ante ningún
tribunal. El Gobierno había cumplido con su objetivo, que era desmovilizar a la
oposición, ligándola nuevamente con supuestos complots. Y mientras tanto, los
colombianos pasaban los días, los meses y los años a merced de sus carceleros.
Primero, en la estación de la Policía Nacional en Maripérez. Luego, en la sede
del mismo cuerpo en La Yaguara.
En noviembre de
2017, el juzgado 27 de control de Caracas declaró con lugar una solicitud de
hábeas corpus para todos los colombianos afectados por este montaje. Habían
transcurrido catorce meses desde que fueron privados de libertad. Algunos de
los que formaban parte del grupo inicial lograron evadirse sin mucho escándalo.
Otros dos murieron por enfermedades y otros fueron liberados mediante medidas
humanitarias, pues estaban profundamente afectados por las condiciones de
insalubridad de los retenes. Hoy quedan 59.
La orden de
liberarlos emitida por el tribunal de control nunca fue ejecutada. Esta es la
principal razón por la que se llevó este caso ante la instancia de Naciones
Unidas que investiga las detenciones arbitrarias.
El Gobierno
percibe que esta iniciativa –y la decisión consecuente- podría profundizar su
desprestigio internacional. El 21 de noviembre, el fiscal del Ministerio
Público ante el Tribunal Supremo de Justicia Víctor Hugo Arias solicitó la
“revisión constitucional” del hábeas corpus decidido un año antes. Ese mismo
día, el magistrado de la Sala Constitucional Juan José Mendoza emitió una
ponencia según la cual se suspendían los efectos de la sentencia ordenada por
el tribunal de control.
Durante los
últimos meses de este proceso, el Foro Penal se ha involucrado en la defensa de
35 de los colombianos. El representante de esta organización Alfredo Romero
cree que forman parte de una categoría especial de presos políticos, que son
mantenidos tras las rejas pues sirven para sustanciar un discurso
gubernamental. Para él, son simplemente “rehenes”.
Mientras estas
líneas eran escritas, una comisión del Saime visitaba por primera vez a los
detenidos en la estación de la Policía Nacional. Extraoficialmente se conoció
que comenzaron a elaborar expedientes administrativos con el propósito de
deportarlos del país. Una solución rápida para 59 colombianos olvidados.
PS: el mismo día
en que esta columna fue publicada en Tal
Cual y Runrunes nos enteramos de
la primera reacción gubernamental ante la perspectiva de una nueva decisión
adversa en el plano internacional: enjuiciar de manera express a los colombianos que todavía permanecen detenidos por este
caso. Sin pruebas ni expediente, luego de más de 26 meses tras las rejas. Este caso
tiene algunas similitudes con el de los famosos paracachitos detenidos en la finca Daktari de El Hatillo en mayo de
2004. Veremos el curso que toman las cosas en los próximos días. Los abogados
consultados para este trabajo creen que, aún en estas circunstancias, el
Gobierno podría estar preparando el terreno para una deportación masiva de los
colombianos detenidos.
Breves
*Las estafas a
través de Facebook han cobrado auge en el país durante las últimas semanas. Los
primeros alertas llegaron desde Amazonas y Aragua. Una colega relató al correo crimenessincastigo@gmail.com un
incidente del cual ella formó parte colateral, puesto que intentaron
involucrarla en el proceso de engaño. Comenzó el 16 de noviembre, cuando fue
hackeada la cuenta que tiene en esa red social una amiga de la infancia de la
periodista. “El delincuente aprovechó la oportunidad de que mi amiga cumplía
años el 14 de noviembre (…) y se comunicó con varios de sus contactos a través
de la mensajería directa, para informar que su número de celular ahora era
0414-XXXXXXX”. Luego, el pirata informático puso en venta a través del
Messenger la cantidad de 1.100 dólares. Ella se comunicó vía whatsapp al número
suministrado por la persona que suplantó la cuenta. “Le saludé como de
costumbre. Su respuesta fue efusiva y con palabras que no me hicieron
sospechar”, recordó. Luego, el timador le insistió en la oferta de la moneda
estadounidense. Dos días después, la comunicadora recordó que una familiar
tenía interés en adquirir las divisas, y le dio el número del pirata
informático que fingía ser su amiga. Pero ese familiar tampoco tenía todo el
dinero, y buscó a una tercera persona, que sí reunió el equivalente a la suma
ofrecida. En ese proceso, la periodista se enteró de algunos alertas sobre
estafas a través de la red social, e intentó llamar al número suministrado por
el pirata informático. Desde luego, este nunca atendió. “Después de indagar y
verificar pude contactar a mi amiga de verdad, quien no tenía la menor idea de
que su cuenta Facebook había sido hackeada,
y que alguien estaba estafando en su nombre”, relató. Para ese momento, ya la
transferencia en bolívares por los 1.100 dólares se había concretado. El
estafador desapareció. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público.
*¿Quiénes son los
principales violadores de derechos humanos en Venezuela? Una encuesta llevada a
cabo durante la última semana de octubre y los primeros días de noviembre en mil hogares de todo el país revela
que la mayoría de las opiniones (33,6%) apunta al Ejecutivo, es decir, el
Presidente y su tren ministerial. Luego están la Guardia Nacional (21,6%), el
Sebin (16,1%) y la Policía Nacional (8,6%). Para llegar a estas cifras fueron
entrevistadas mil personas a lo largo de todo el país y de todas las clases
sociales. Estos resultados llaman la atención si se toma en cuenta que el
trabajo de campo se desarrolló pocos días después de la muerte del concejal
Fernando Albán, mientras estaba en custodia de la policía política. Aun así,
las actuaciones de los militares durante las protestas de 2017 siguen
influyendo en la percepción de los encuestados.
*Tres preguntas a…Carlos Tablante (ex presidente de la Conacuid
y ex gobernador del estado Aragua)
-¿Existe una relación entre los casos que se llevan en
EEUU contra el ex Tesorero Alejandro Andrade y el empresario Raúl Gorrín, o se
trata de investigaciones distintas?
Es evidente que
todo está vinculado al control de cambio que existe en Venezuela desde 2003.
Los negocios ilícitos con el diferencial cambiario generaron una trama corrupta
donde la delincuencia organizada financiera, con habilidad y astucia, supo
mezclar lo legal con lo ilegal en una trama de corrupción para producir el gran
saqueo que ha sufrido Venezuela. Los bonos, las notas estructuradas, el pago de
intereses de la deuda externa, son parte de los instrumentos financieros
utilizados desde la Oficina Nacional del Tesoro y Pdvsa por el ex tesorero Andrade
y su socio Gorrín. Para ello utilizaron la plataforma financiera de la
Tesorería Nacional y la vice presidencia de finanzas de Pdvsa.
-Es claro que Andrade llegó a un trato con los
fiscales estadounidenses. ¿Cuál es entonces el verdadero objetivo de esta
investigación?
Andrade está
convicto y confeso de varias actividades criminales como el lavado de dinero y
la corrupción, delitos cometidos en Venezuela y en EEUU. De acuerdo a
informaciones que fueron recogidas en diferentes trabajos de investigación como
en nuestros libros Estado delincuente
(2013) y El Gran Saqueo (2015),
Andrade llegó a algún tipo de acuerdo con las autoridades de EEUU.
Aparentemente no cumplió los términos de lo convenido y a finales de 2017 su
status de colaborador cambió al de acusado. Con él caen también todas las
conexiones con el alto Gobierno, en especial con los hijos de Cilia Flores que
aparecen mencionados en el documento oficial de la acusación. Según el mismo,
los Gaviria Flores fueron presentados al banquero Matthias Krull por Raúl
Gorrín para tramitar los sobornos correspondientes, con lo que queda en evidencia
la trama de corrupción al más alto nivel en el caso de los 1.200 millones de
dólares de la operación Money Flight.
Además, hay que añadir que en el momento en el que se hicieron parte de las
transacciones de la investigación en curso, el tesorero de la República y vice
presidente de finanzas de Pdvsa era el sobrino de Cilia Flores, Carlos Erik
Malpica Flores.
-¿Cuál es el propósito del fiscal designado por la ANC
al anunciar un proceso contra Andrade justo ahora?
Está claro que la
corrupción y la impunidad se han adueñado del país. Son tantas las evidencias
que el régimen intenta ocultar su complicidad y responsabilidad anunciando
investigaciones sobre denuncias ya realizadas por voceros de la oposición,
presentadas en la Fiscalía y la Asamblea Nacional. Ante la impunidad de un
Estado delincuente, son las instancias internacionales las que están actuando,
comprobando el gran robo de los dineros públicos que ha sufrido el país. Ojalá
que esta negligencia no afecte el interés que debemos hacer valer los
venezolanos, una vez que se inicie la transición democrática, de recuperar
parte del patrimonio robado. Por ello es importante la Ley de recuperación de
activos vinculados a la corrupción que discute la AN y que hemos estado
promoviendo.
Libros

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