-Maduro prepara la
escena para su (re) toma de posesión, atrincherado atrás de una FAN mermada y
con aliados militares que vienen del otro lado del mundo. En el imaginario
belicista del mandatario, los primeros tiros no serían para Estados Unidos
Los Zetas Inc (México DF, 2018) es la última novedad en los
anaqueles de las librerías mexicanas. Es el producto de una investigación que
se prolongó por seis años. La autora, Guadalupe Correa-Cabrera, es si se quiere
una víctima colateral de este grupo criminal, pues su papá se vio obligado a
abandonar sus tierras luego de negarse a pagar derecho de piso –vacuna, diríamos en Venezuela- a los
enviados de la organización en el estado de Tamaulipas, fronterizo con EEUU.
Con esta motivación personal, y gracias al respaldo institucional de la
universidad de Texas Rio Grande Valley, pudo desarrollar un proyecto que ha
desembocado en esta obra. Aunque los Zetas son el producto de un especial
proceso, referido a la “paramilitarización” del crimen organizado, promovida
por el entonces líder del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas, con la finalidad de
desplazar a otras organizaciones delictivas y afrontar la oposición del estado
mexicano en los puntos clave de las rutas de la cocaína, hay una importante
reflexión sobre las dinámicas que adquiere la violencia en lugares donde las estructuras
delictivas deciden ejercer control territorial para asegurar la continuidad de
sus negocios. Un lector venezolano se pasea por las páginas de Los Zetas Inc y le resultará inevitable
pensar en lo que podría ocurrir, por ejemplo, con las encarnizadas disputas que
actualmente se desarrollan en el estado Bolívar por el dominio de los
territorios mineros. En México, sostiene Correa-Cabrera, los Zetas sentaron un
nuevo modelo de estructura criminal, que le plantó cara al Estado gracias a un
flujo ininterrumpido de armas y dinero, al punto de constituir una insurgencia
criminal. Otras organizaciones como los Caballeros Templarios han seguido su
ejemplo, incorporando a sus filas a militares y policías, atraídos por los
irresistibles “cañonazos de plata”. Una situación que ella define como un nuevo
tipo de guerra civil. ¿Falta alguno de estos ingredientes en Venezuela?
@javiermayorca
A menos de un mes
de la retoma de posesión por parte de Nicolás Maduro, el país es utilizado como
escenario de unos juegos de guerra en los que, por primera vez durante este
período, participan fuerzas armadas de países abiertamente hostiles a los
intereses de Estados Unidos en la región, en acción combinada con los
componentes militares venezolanos.
Para la puesta en
escena trajeron dos bombarderos con capacidad atómica Tupolev TU-160 BlackJack, junto a un jet de pasajeros
Ilyushin Il-62 y un carguero Antonov AN-124 capaz de trasladar hasta 150
toneladas. Poco o nada se conoce sobre lo que pudo ser traído en las bodegas de
esta aeronave.
La posibilidad de
llevar a cabo ejercicios combinados entre fuerzas aéreas tan dispares como la
rusa y la venezolana fue mencionada por primera vez en agosto. Sin embargo, fue
hasta la segunda quincena de octubre cuando, según fuentes militares,
comenzaron verdaderamente los preparativos de esta actividad. Todo con miras en
el lapso post electoral, que ahora atravesamos.
Los llamados
“Vuelos operativos Venezuela-Rusia” son en realidad un costoso mensaje, enviado
a Washington y, especialmente, a los gobiernos sobre los que recaerían las
primeras retaliaciones en un escenario de confrontación bélica: Colombia y
Brasil, en ese orden.
Si el BlackJack es capaz de llegar a Florida
en poco más de una hora, gracias a que desarrolla una velocidad máxima de 2.000
kms/hora, estaría en cielos colombianos y brasileños en menos de veinte minutos,
tras un despegue desde Maiquetía. Una perspectiva que desde luego ya deben
estar considerando los presidentes Duque y Bolsonaro.
Los Tu-160 han
sido utilizados en por lo menos seis vuelos de provocación a fuerzas militares
de occidente durante los últimos tres meses, declaró el ex funcionario del
Pentágono Mark Schneider, especializado en sistemas de armas rusos, al portal
freebeacon.com. El más reciente fue reportado cerca de Noruega, y ocasionó una
persecución por bombarderos de ese país y Gran Bretaña sobre el Mar Báltico.
La retórica
pacifista en la que los portavoces militares venezolanos intentaron envolver la
llegada de estos bombarderos para nada oculta lo que verdaderamente es: una
amenaza que, incluso, podría en lo inmediato ocasionar una carrera armamentista
en la región, siguiendo el precepto clásico según el cual siempre es necesario
“prepararse para lo peor”. No se olvide que desde el gobierno de Andrés
Pastrana Colombia se transformó en el principal receptor de ayuda militar
estadounidense en las américas.
Así lleva Maduro
al país para el próximo 10 de enero. Los venezolanos generalmente hemos dado
poco crédito a la verborragia oficialista, en especial cuando se ha tratado de
amenazas proferidas a los vecinos. Veíamos como fanfarronadas cuando el
diputado Carreño declaraba sin pudor alguno sobre cuánto tiempo tomaría un
misil venezolano en llegar a Bogotá. Esta posición no se modificó ni siquiera
cuando supimos que los ejercicios militares Independencia tenían como supuesto
fundamental que los primeros teatros de operaciones durante un hipotético
conflicto estarían frente a los departamentos Norte de Santander, Arauca y
Roraima.
Ahora, los hechos
indican que esto escaló. Con la llegada de los TU-160, lo que era visto como un
escenario muy lejano, y en todo caso manejable, se ha transformado en una
posibilidad cierta, que trasciende a lo meramente hipotético.
El mensaje transmitido
por una comisión de 100 militares encabezada por el comandante de la Aviación
Estratégica rusa, general de división Sergey Kobylash, es de abierto respaldo a
un gobierno que a partir de la segunda semana de 2019 entrará en una espiral de
desconocimiento internacional.
Estos ejercicios
combinados entre las aviaciones de Rusia y Venezuela deben leerse también en el
contexto de las alianzas que Maduro intenta forjar a paso redoblado, entregando
a cambio las riquezas del subsuelo patrio. Por eso vinieron al país el
presidente de la cosmética Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, Kim
Yong-nam, y el Primer Mandatario de Turquía Recepp Tayik Erdogan, país que de
la noche a la mañana se transformó en soporte fundamental del programa Clap.
Antes, un barco-hospital de la marina china hizo una simbólica parada en La
Guaira, y se espera que en los próximos días se concrete el viaje a costas
venezolanas de dos destructores iraníes.
Esto solo anuncia
conflictos, de una magnitud que hasta ahora no conocemos. La “revolución” hace
tiempo que perdió su carácter pacífico, y ahora es claramente armada.
PS: tal y como lo
había anunciado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, las aeronaves que
participaron en los ejercicios de acción combinada “Vuelos operativos
Venezuela-Rusia” despegaron el viernes 14 de diciembre. Los primeros en
abandonar el país fueron los bombarderos Tu-160. Son tan ruidosos que todos en
los alrededores del aeropuerto de Maiquetía se percataron del despegue, poco
después de las 7 am. A las 2 pm hicieron lo propio el carguero Antonov, con
cuatro vehículos usados para el transporte de los jerarcas militares rusos y
diversos artefactos que según fuentes castrenses eran equipos de navegación
aeronáutica, y el jet de pasajeros Ilyushin con 65 militares. De manera que una
parte de la comitiva rusa permanecería todavía en el país.
Breves
-¿Hasta qué punto
contribuye la policía judicial en las dinámicas de impunidad? Dos circulares
internas arrojan luces al respecto. La primera fue distribuida entre las unidades
de ese cuerpo el 30 de noviembre. Allí dice textualmente que los funcionarios
receptores de las denuncias de la ciudadanía anteponen “requisitos
innecesarios” e igualmente no cumplen con el deber de entregar la constancia de
la información aportada por las víctimas o sus allegados sobre la comisión de
un delito. De la misma forma, dice el documento, los agentes simulan que
levantan el acta de la denuncia, pero en realidad solo hacen garabatos en un
cuaderno, con lo cual las averiguaciones no son iniciadas formalmente. La
segunda circular fue distribuida en los despachos de Cicpc el 10 de diciembre,
con la reiteración de un mensaje del Director que ya había sido enviado el mes
anterior. Allí se reconoce que es común la práctica de los agentes de no comparecer
a los juicios. Cuando esta conducta se vuelve crónica, el riesgo de que las
acusaciones sean desestimadas se incrementa, aun cuando existan fundados
indicios de culpabilidad. Se reitera que
estas dos circulares fueron divulgadas en las filas de una institución que se
dice fundamental en las labores de represión al delito.
-¿Falló el
periodismo independiente del país en la denuncia de la creciente corrupción del
régimen durante 2018? El director de la organización Espacio Público, Carlos
Correa, cree que no. En su criterio, gracias a reporteros e investigadores
hemos podido enterarnos de las irregularidades que signan la adquisición de
alimentos para el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (Clap), e igualmente de cómo Venezuela fue, luego de Brasil, el
principal país receptor de los sobornos entregados por la Constructora
Odebrecht, con 98 millones de dólares. La falla, según Correa, está en el
tejido institucional que, en otros contextos, ha logrado incluso la destitución
de jefes de Estado y sus posteriores enjuiciamientos, a propósito de las
averiguaciones relacionadas con el segundo caso. "En Venezuela, en cambio, no pasó nada", sentenció. Para este periodista, 2019
será todavía más desafiante para los medios independientes, que se han visto obligados
a depender de manera casi exclusiva de plataformas digitales. En este ámbito,
el régimen se ha preparado en forma sistemática. Los bloqueos permanentes a
Armando.info y El Pitazo, así como las denegaciones de servicio a runrun.es, y las
presiones a las operadoras telefónicas para que se plieguen a las tácticas de
censura, aplicadas en el año que finaliza, son apenas unas señales de lo que
harán con mucho más encono en apenas unos días.
-El comandante de
la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), teniente
coronel (GN) Rafael Bastardo envió una comunicación a todos los jefes de ese
grupo élite con la finalidad de prohibir el uso de uniformes de la PNB o de la
propia FAES, así como armas de fuego a personal ajeno a la institución. De
igual forma, se prohibió la participación de civiles en las operaciones de
campo de la FAES. Este mensaje fue distribuido el lunes 10 de diciembre, al
conocerse detalles sobre el secuestro del comerciante Emilio D´Andrea en un
local de Los Caobos. El grupo que se lo llevó vestía uniformes de la FAES e
irrumpió en el local simulando un allanamiento. Por este caso, hasta el momento
de la redacción de esta nota han sido detenidos un funcionario activo y otro
retirado del Sebin, y quedan por lo menos otros dos individuos por capturar. En
octubre, fue apresado un hombre que fabricaba credenciales de esta organización
policial, con una máquina tan sofisticada que de acuerdo con fuentes de la
propia PNB pudo ser utilizada en algún momento para expedir las chapas legales.
Tres preguntas para… el diputado Américo de Grazia
(Causa R-Bolívar)
-Han
pasado varios días desde el incidente en el que murió un miembro de la
comunidad pemona, y aún la situación no está clara. ¿Puede narrar en detalle lo
ocurrido e indicar por qué este desenlace violento?
-El evento ocurrió así: unas 34
personas, todas miembros oficiales de la Fuerza Armada, dirigidas por la Dgcim,
tomaron el campamento de Canaima simulando ser turistas. Eso fue a partir del 4
de diciembre. El 8, cuatro días después, habían escondido armas en un campamento
de Corpoelec, y salieron con guías turísticos indígenas para conocer el Salto Ángel.
En el trayecto se desviaron, amarraron a los indígenas, tomaron el control de
tres lanchas y se desviaron al sector El Arenal, donde funcionan unas minas
dirigidas por los pemones. En el trayecto comenzaron a disparar e hirieron a
dos indígenas, Carlos Peñaloza Rivas y Charlis Peñaloza Rivas, ambos hermanos y
ambos con disparos en las piernas y la cadera. Estos se dan a la fuga y llegan al
sector turístico de Canaima, donde está la comunidad indígena. Son auxiliados y
llevados en un avión de turismo hacia el hospital Ruiz y Páez de Ciudad
Bolívar, donde horas después falleció Charlis Peñaloza, de 21 años de edad.
Mientras que el resto de los funcionarios atacaba en Los Arenales a los
indígenas que operaban en ese sector. Fue capturado uno de los funcionarios de
la Dgcim, luego dos trabajadores de Corpoelec que guardaron las armas y otros
dos Dgcim. En total cinco retenidos que aún hoy sábado (15-12) permanecen en
manos de los pemones. Estos hechos fueron negados inmediatamente por la Guardia
Nacional acantonada en Canaima. Posteriormente el jefe de la Redi Guayana,
mayor general Jesús Mantilla, fue a Canaima y negó que la operación tuviera que
ver con la FAN. Todo el Gobierno lo negó y manifestaron en un comunicado los
Tupamaros, que la operación fue financiada por el diputado Américo de Grazia y
por la Causa R, para sembrar de pánico al sector y responsabilizar al Gobierno
de estas acciones, y apoderarnos de la minería. Esa fue la versión que comenzó
a rodar el propio 8 de diciembre, hasta que finalmente el ministro Padrino
López asumió la responsabilidad, no sin antes responsabilizar a supuestas
mafias del oro de la actividad que allí se desarrollaba. La frontera con Brasil
fue cerrada por los pemones, fueron boicoteadas las elecciones en Gran Sabana
por decisión de los pueblos indígenas. El viernes, a las 12 m, se canceló el
cierre de la troncal 10 que va a Brasil y fue abierto el paso a Brasil.
-Desde
hace por lo menos tres años, la FAN viene advirtiendo sobre la posibilidad de
una espiral de violencia en torno a la extracción de minerales. ¿Podría
identificar a los actores/grupos en pugna por el control de esta actividad en
Bolívar?
-Toda la violencia que se ha
presentado en el sector minero de Bolívar, en Delta Amacuro y Amazonas ha sido
promovida, inducida, provocada, dirigida y patrocinada por el Estado
venezolano. La violencia fue sembrada por prames,
delincuentes salidos de la cárcel, con ánimo de tener el control de las minas,
cobrar diezmos a los mineros y por supuesto reportar parte de las ganancias a
los enchufados y al Banco Central de Venezuela. Esa es una modalidad de
violencia. Otra la ejerce directamente la FAN o el Estado a través de
cualquiera de sus componentes, desde el Ejército hasta el Sebin, Dgcim, Cicpc o
policía del estado Bolívar. Hemos denunciado que las armas fueron entregadas a
los prames de la zona por el general
Julio César Fuentes Manzuli (secretario de Seguridad Ciudadana de Bolívar durante el gobierno de Fancisco Rangel). De
eso tenemos dos informes hechos por un funcionario del Sebin, que hoy está preso, y otro por el primer teniente del Ejército José Leonardo Curbello, que hoy está
exiliado en Lisboa. Ambos afirman esta versión de que el general Fuentes
Manzulli, bajo el gobierno de Francisco Rangel suministró todos los armamentos
que necesitaban los prames. De manera
que la violencia no comenzó hace tres años. Las masacres comenzaron el 26 de
septiembre de 2006 en La Paragua, y aún continúan. El tercer elemento es la
operación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolívar, Amazonas,
Apure, Táchira y Zulia. Pero de manera concreta las minas de Parguaza, donde se
explota el coltán, están controladas por el ELN. Las minas donde se explota diamantes
en San Vicente de Paúl, están siendo controladas por el ELN, y las minas donde
se explota el oro en Sifontes, concretamente en Anacoco, San Martín de Turumbán,
Bochinche, El Manteco y La Paragua están siendo controladas también por el ELN.
-El
presidente Maduro ha insistido nuevamente en la que Ud. y Andrés Velásquez
forman parte de una de esas “mafias” de la minería. ¿Qué lectura da a este
reiterado señalamiento, en el actual contexto político y de seguridad?
-Maduro pretende responsabilizar a
Andrés Velásquez y a Américo de Grazia como una huida hacia adelante, una vez
que quedó en evidencia que hasta su propio hijo, Nicolás Maduro Guerra, opera
minas de coltán en el sur de Caicara, en el sector llamado Parguaza. Y por
supuesto nos tienen de chivos expiatorios por los crímenes que ellos cometen, y
nos señalan de tener el control de las minas. Pero no se atreven a decir cuáles
minas, dónde operan, cómo lo hacen como decimos nosotros con lujo de detalle,
porque nosotros sí tenemos un mapa suficientemente detallado de quién opera en
cada sector, cómo lo hacen, cuándo y para quién. Tenemos un conocimiento sobre
el tema, y eso pretende invisibilizarlo Maduro, criminalizándonos con ánimos de
desaparecernos, extinguirnos, neutralizarnos, que son las palabras que ellos
mismos han usado. No solo Maduro sino también el Dgcim, el ministerio de la
Defensa y Diosdado Cabello. Tenemos que insistir en la misión de poner al
descubierto toda esta operación criminal que no solo ha traído como
consecuencia un desastre ecológico, sino que también afecta a la hidrológica
más importante del país y las fuentes de agua. En defensa de nuestros pueblos
indígenas, no se trata de decir si son inocentes o culpables, sino que sus
operaciones en minería fueron inducidas por el Estado venezolano. Una vez que
se metieron en ese círculo vicioso, colonizando su forma de vida, enfermándolos
con males que nunca habían conocido como el VIH, la diabetes y cardiopatías, la
difteria, el sarampión y la malaria, que es el foco epidemiológico más
importante del planeta. Y eso fue provocado por todo este desastre. Maduro
pretende cobrarnos el haber expuesto todo esto.
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