La captura del coronel García Palomo

-Una serie de contratiempos, y la ausencia de articulación política permitieron al Gobierno abortar la Operación Constitución

@javiermayorca

En la página de los diez “más buscados”, la violencia criminal fue reemplazada por la violencia política. Cuando estas listas comenzaron, en septiembre de 2017, alias Coqui era un objetivo habitual, al menos desde el punto de vista declarativo. Luego de casi tres años de OLPs y operativos puntuales en la Cota 905, el líder de una de las principales megabandas de Caracas sigue en libertad. Pero ya como que no lo buscan mucho.

El Gobierno recompuso sus prioridades en materia de seguridad. La delincuencia sigue, pero ahora los “más buscados” son los que de una u otra forma han perturbado la tranquilidad de Miraflores. Quinto en la lista figura todavía el coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo.

En esta web gubernamental como que no se enteraron de que ya este oficial de 54 años de edad tiene varios días en los sótanos (o en la azotea) de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Boleíta.

La captura del coronel tiene numerosos detalles de interés para comprender las aristas del actual conflicto político venezolano. En una declaración suministrada el 31 de enero, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, afirmó que esta detención fue posible gracias a la previa captura en los Valles del Tuy de un sargento técnico de segunda, Miguel Antonio Palacio, alias Marco, de 44 años de edad, y la del primer teniente del Ejército Alberto Salazar Cabañas, de 43 años, también conocido como Pancho. Este último procedimiento fue llevado a cabo en San Antonio de los Altos, el domingo 27 de enero, según Reverol.

El funcionario indicó que los análisis de telefonía a los dispositivos decomisados a Palacio y a Salazar permitieron dar con la probable ubicación de García Palomo.

Aunque estos dos hombres pueden estar detenidos y sus teléfonos decomisados, esta versión de Reverol tiene inconsistencias. La información en poder del director del Foro Penal, Alfredo Romero, y del general retirado del Ejército Antonio Rivero establece que García Palomo fue privado de libertad el sábado 26 de enero en horas de la mañana. Por lo tanto, lo dicho por el ministro es, en el mejor de los casos, una verdad a medias.

Según Rivero, García Palomo forma parte de un movimiento cívico-militar cuyo objetivo es deponer a Nicolás Maduro. El general, ex director de Protección Civil, se incluye en ese mismo grupo. La idea era aprovechar la conmoción ocasionada en el país a propósito de la sorpresiva juramentación de Juan Guaidó como presidente interino, para dar así el golpe final al régimen.

Este interinato, sin embargo, los tomó por sorpresa también a ellos. De repente, el coronel llegó a la convicción de que se necesitaba apurar los preparativos, y se adentró en territorio venezolano con la esperanza de ultimar la ejecución de la llamada Operación Constitución. Pero no había un consenso en torno a la pertinencia de la acción en este momento. Rivero indicó que a García Palomo le habían advertido sobre los altos riesgos que correría.

Según fuentes castrenses, García Palomo había coordinado un encuentro con otros integrantes del movimiento en un punto de la autopista José Antonio Páez, en Barinas. En ese preciso lugar estaba una comisión de la policía judicial, esperándolo. Era claro que lo habían delatado.

Los problemas de comunicación entre los distintos participantes, así como las dificultades para encontrar gasolina, también perjudicaron la fluidez de la operación.

Según la ficha suministrada por el Gobierno, este oficial retirado está ligado a “actos terroristas contra el Estado venezolano, protegido y financiado por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia”. Nada que ver con el hombre que residía con su familia en una casa erigida en las apacibles montañas de Carrizal, rodeado de canes. En concreto, al coronel lo implican en todas las conspiraciones presenciadas en 2018. Desde la encabezada por el comandante del batallón Ayala del Ejército Igbert Marín Chaparro hasta la de los drones que estallaron el 6 de agosto en el centro de Caracas, precisamente en el acto aniversario de la Guardia Nacional.

Rivero recordó haberle preguntado a García Palomo sobre su involucramiento en los estallidos de estos artefactos.

“El me lo negó, dijo que no tenía nada que ver con eso, aunque conocía a los que estaban en el plan. Pero era otro grupo”, recordó el general.

500 brazaletes, solo 6 detenidos...

Según Reverol, las pesquisas en torno al coronel dieron como resultado las detenciones de seis personas. Igualmente, son buscados dos oficiales activos de la Armada.

En la camioneta Tucson donde se trasladaba García Palomo, junto al también coronel retirado José Acevedo y el civil Antonio Iabichela Barrios fueron encontrados 500 brazaletes con una bandera tricolor y las siglas OC, por Operación Constitución.

Todo indica que las verdaderas dimensiones de este movimiento son desconocidas para el régimen. A juzgar por lo incautado y la escasa información aportada, abarca tanto a efectivos de tropa como a oficiales de tres componentes castrenses. Estas iniciativas atomizadas, como fue también la de los sargentos de la Guardia Nacional que se atrincheraron en Cotiza el 21 de enero, añade un factor importante de presión a lo interno de la Fuerza Armada, e igualmente al oficialismo y a los factores políticos de la oposición que intentan una salida concertada a la crisis venezolana. El desenlace es impredecible.

Breves

Coca tierna, lista para la cosecha

-En la medida en que avanza la crisis económica, la economía de la droga toma nuevos espacios en el país. Antes, el dinero derivado de esta industria surgía de las ventas al detal y al mayoreo, así como también del suministro de precursores e insumos, y de las comisiones por legitimación de capitales. Sin embargo, desde 2018 se tiene constancia por tres fuentes independientes de que hay contingentes de venezolanos dedicados al cultivo de la coca, en el departamento colombiano Norte de Santander. Los primeros viajes fueron de jóvenes residenciados en poblaciones del Sur del Lago y Táchira. Pero rápidamente llegaron merideños e incluso gente de Aragua. No hubo anuncios de prensa ni convocatoria a través de las redes sociales. Todo fue boca a boca: “Me dijeron que allá sembraban, y fui a ver”, dijo uno de ellos. Los jóvenes se trasladan por sus propios medios a La Gabarra, donde buscan alojamiento por muy pocos días, hasta que llega un “patrón” y los convoca para llevarlos a determinados fundos, donde pueden pasar hasta dos semanas continuas, llenando bongos de hoja que han cosechado. A ellos los llaman “raspachines”. Debido a la necesidad de ingresos, los jóvenes venezolanos se han convertido en mano de obra barata para las primeras etapas de elaboración de la cocaína, es decir, hasta que el arbusto se transforma en pasta base. Los cultivadores venezolanos de coca pueden hacer hasta cuatro viajes anuales a Colombia. Todo depende de variables ambientales. Según estimados de Naciones Unidas, en Norte de Santander ha ocurrido un notable incremento de la superficie cultivada con coca, hasta abarcar el 9% del total colombiano.

-Mucho se ha comentado sobre la situación de hambre que se pasaría en unidades militares. Esto es cierto hasta un determinado punto. En el estado Miranda, por ejemplo, en un día de diciembre el menú para los uniformados era arepa con pescado en picadillo para desayunar, pasta con el mismo guiso para almorzar y arroz aderezado con lo mismo para la cena. En otra unidad comen mejor: arepa con caraota y queso para empezar el día; pasta con pollo y berenjena para almorzar y prácticamente lo mismo para cerrar la jornada. Durante la época de mayor escasez de carne, hubo unidades que se vieron desprovistas de proteína para sus tropas y oficiales, y tuvieron que solicitar “colaboraciones” de dueños de abastos y supermercados. Otra cosa ocurre con los guardias nacionales y efectivos del Ejército cuando se encuentran desplegados en operaciones. En zonas urbanas, se ha podido ver a los militares pidiendo almuerzo a las mismas comunidades a las que prestan un servicio de policía preventiva. En las zonas rurales, la cosa depende también de los aportes privados. A finales de 2018, un hacendado de Apure se vio en un dilema: o entregaba una res para que los militares comieran, o quedaba a merced de elenos y faracos convertidos en bandoleros.

-El domingo 13 de enero, el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) anunció que el día siguiente comenzaría en todas las regiones militares el primer proceso de alistamiento correspondiente a 2019. Este año el llamado a filas castrenses tiene especial importancia, debido a las condiciones políticas del país y a la evidente pérdida del pie de fuerza de la FAN, en especial en los componentes de ocupación terrestre, como son el Ejército y la Guardia Nacional. Sin embargo, para ese momento la información no había bajado hasta todos los comandos de zona. De manera que aún no había un mandato claro en cuanto a cuál sería el número mágico que debía aportar cada componente en cada estado. A esto se le llama “cuota”. Cuando Chávez llegó al poder, en 1999, hasta 2014, se consideraba cuarteles adentro que no era necesario acudir a métodos compulsivos para alcanzar la cifra de conscriptos, pues las personas de ambos sexos con edades que podían ir desde los 18 años hasta los 30 años, acudían voluntariamente, atraídas por las facilidades para adquirir conocimientos sobre algún oficio, y la seguridad de que recibirían alimentación y alojamiento. Ahora, eso no es así. Entonces, está en el ambiente la posibilidad de que sean aplicados procedimientos que veíamos en los últimos años del siglo pasado: policías y militares en la calle, bajando a los pasajeros de las busetas e interceptando a transeúntes para exigir que les mostraran la constancia de inscripción. Pero, hasta el momento de la redacción de estas líneas, eso no ha ocurrido. Pensar, además, que se meterán en centros educativos para llevar a cabo la recluta es absurdo. Aun así, hay que estar pendientes con lo que suceda en las calles, pues el aumento de la conflictividad, interna y externa, podría suscitar medidas desesperadas.

Libros 

Quizá una de las palabras más publicadas en la actualidad sea “transición”. Pero muchas veces se habla de eso sin saber muy bien cuál es su real significado. El desafío de llenar de contenido a este término fue asumido por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. En noviembre de 2018 fue lanzado el libro La consolidación de una transición democrática. El desafío venezolano III. En esta entrega, el grupo coordinado por los profesores Benigno Alarcón y Sócrates Ramírez abordó los temas medulares de lo que debería ser el paso de un estatus político a otro, tomando en cuenta la particular realidad nacional: los problemas económicos, las relaciones internacionales, el sistema electoral, las relaciones entre los líderes y la sociedad civil, la libertad de expresión, el estado de derecho, la seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional. Para la realización de cada capítulo, se hicieron jornadas de reflexión con la participación de estudiosos de los temas correspondientes. En asuntos de seguridad ciudadana, se plantean nueve recomendaciones, destinadas a producir “victorias tempranas” y enviar un mensaje en el sentido de que se puede tener efectividad distanciándose de las tácticas militaristas y reivindicando el estado de derecho. En materia de control a las armas de fuego, se propone establecer un sistema de incentivos para policías y militares que muestren efectividad en el cumplimiento de esta tarea. Igualmente, se plantea la conformación de un Centro Nacional de Inteligencia criminal, adscrito al ministerio de Relaciones Interiores, así como también la convocatoria a la Organización de Naciones Unidas para conformar una Comisión contra la Impunidad en materia de lucha contra la corrupción, inspirada en el modelo guatemalteco. El tema de la Fuerza Armada, en cambio, fue tratado en términos mucho más generales. Y es lógico: la perspectiva de una frágil gobernabilidad en una situación de transición hace pensar que los militares seguirán teniendo una importancia vital en el devenir político. Sin embargo, era necesario retomar dos conceptos que propiciarían un debate posterior sobre una eventual reinserción de la FAN en los nuevos tiempos: prevalencia del mando civil y control sobre todos los procesos de la institución, desde las adquisiciones hasta los ascensos. En este terreno, el texto queda en deuda.