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domingo, 30 de junio de 2019

Algunas tendencias de seguridad en Latinoamérica y el Caribe

-La militarización del servicio policial, el uso de nuevas tecnologías por redes transnacionales y los problemas de soberanía son apenas algunos de los factores que elevan las tasas de violencia en la región

@javiermayorca

La semana pasada se celebró en Ciudad de México una nueva reunión del Observatorio del Crimen Organizado y la Gobernanza Democrática en América Latina y el Caribe, una entidad que surgió hace diez años por iniciativa de la Fundación Friederich Ebert, y que desde entonces ha permitido el intercambio de ideas e informaciones sobre los problemas de seguridad ciudadana que aquejan a todos los países del área.
La sesión final consistió en un panel abierto, que contó con la exposición central de Eduardo Vergara, ex jefe de Seguridad Pública del ministerio de Interior de Chile y actual Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21. Vergara se define como un “cientista político” de filiación socialdemócrata o, como gustan autodenominarse, “progresista”.
La intervención fue titulada “Cómplices del populismo de la mano dura…”, lo que ya sugiere una postura crítica en torno a una de las principales características de las políticas de seguridad que se vieron en los países latinoamericanos y del Caribe durante los primeros lustros del siglo XXI.
En esta entrega, serán revisados -a título enunciativo- algunos puntos en común que han tenido las políticas o planes de seguridad ciudadana en estos países. Nos daremos cuenta de que muchas de tales medidas han trascendido los encasillamientos que suelen hacerse en términos de izquierdas o derechas, progresistas o conservadores. para aproximarse más a la necesidad de lograr resultados concretos y en lapsos breves, en términos que sean políticamente aprovechables.

*La bota inevitable: mientras estas líneas son redactadas, el gobierno de Guatemala hace preparativos para recibir un contingente de efectivos de la Marina estadounidense, con la finalidad oficial de llevar a cabo un ejercicio conjunto de asistencia humanitaria. La misma fuerza de tarea se desplegará en Belice, El Salvador y Honduras. Uno podría pensar que esta es la lógica de gobiernos conservadores como el de Jimmy Morales. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno “progresista” de Andrés López Obrador anuncia la gestación de una Guardia Nacional para trabajar asuntos de seguridad pública. Aunque este cuerpo no pertenece formalmente a las fuerzas armadas mexicanas, su contingente inicial y sus mandos tendrán un claro predominio castrense.
En la Venezuela “revolucionaria” de Maduro, los militares también están posicionados en todo el aparato de seguridad ciudadana, en contravención a las normas de la Constitución y de la Ley del Servicio de Policía. Y la carencia ya crónica de un pie de fuerza en los cuerpos uniformados civiles para siquiera cumplir con los estándares internacionales de encuadramiento (3,6 policías por cada mil habitantes), unida a una profunda fragilidad institucional, hace pensar que los militares permanecerán en labores de policía, sea cual sea el signo del gobierno que esté de turno en Miraflores.

*Populismo punitivo: en los gobiernos de todos los signos, hay la noción de que la seguridad ciudadana, o mejor dicho, los indicadores de criminalidad pueden mejorar sacando de las calles -con o sin vida- a las personas cuyas conductas sean consideradas reñidas con las leyes. Esto pasa por calificar como delictuales ciertos comportamientos que anteriormente no lo eran, y que probablemente eran considerados simples faltas. El tema de las drogas se presta mucho para esta discusión. En Colombia, por ejemplo, está en desarrollo un debate que intenta alterar los estándares fijados para la determinación de las dosis mínimas de marihuana, que pueden ser tomadas como mero consumo personal y no para el comercio. Esa controversia no pasaría de ser un mero ejercicio académico a no ser porque es promovida desde la propia Presidencia del país, con el argumento de la protección a la salubridad pública, y la creencia no documentada de que hay un nexo causal entre el consumo de esta hierba y las altas en la criminalidad.
Un ejemplo si se quiere caricaturesco del populismo punitivo es la sanción ya evaluada en Argentina y Nueva York para aquellas personas que envíen mensajes de texto mientras caminan por las calles. Actualmente, se considera que estos transeúntes podrían ser obligados a pagar una multa. Como esto no funcionará, pronto veremos un endurecimiento de las sanciones que podrían consistir en arrestos. Y así, poco a poco, se difuminan las libertades.
En la Venezuela de Chávez/Maduro, esta tendencia tiene numerosos ejemplos, que van desde los endurecimientos a las penas por portar armas o el robo y el hurto de vehículos, hasta todo un “menú” de amenazas de prisión contra la disidencia política o aquel que manifieste algún disenso incómodo para el poder. Las estadísticas demuestran que, en ninguno de estos casos, han mermado las conductas que se pretendía mitigar. En lo relativo a los robos y hurtos de vehículos y los portes de armas, fueron implantadas reformas legales que no tuvieron el efecto deseado, a pesar de que implicaban severos endurecimientos en las penas de prisión. Las aparentes disminuciones en los números netos de expedientes procesados por la policía judicial durante por estos delitos los últimos meses tienen más que ver con razones de mercado: los vehículos son cada vez más escasos y deteriorados, y las armas y municiones han elevado sus costos a tales extremos que incluso los delincuentes comunes piensan dos veces antes de usarlas. Si un cartucho 9 mm cuesta un dólar en el mercado informal, una cacerina se llevaría aproximadamente tres sueldos mínimos.

*Emigrantes, los eternos culpables: progresistas o no, a los gobernantes latinoamericanos les resulta muy complicado justificar ante sus propios electores -a menudo ávidos de más y mejores trabajos- cualquier política que implique la acogida de emigrantes. Esta dificultad se incrementa cuando tales personas llegan a las fronteras nacionales por oleadas, como está ocurriendo con la llamada “diáspora” venezolana, que según las cifras conservadoras de Acnur ya sobrepasa los cuatro millones de personas, algo así como el 13% de la población del país.
       Los emigrantes no solo son vistos como individuos que restan empleos a las poblaciones de los países anfitriones, sino también como posibles participantes en alzas de criminalidad. En uno y otro casos, las conclusiones se basan en información sesgada. Quien esto escribe ha visto cómo en México, Colombia, Trinidad y Panamá, por citar algunas partes, los venezolanos han asumido los trabajos que desechan los residentes locales, e incluso también las personas que han emigrado años atrás y que ya han obtenido una posición de mayor bienestar.
      En Perú, últimamente se han magnificado las noticias sobre casos de asaltos y homicidios que efectivamente involucran a venezolanos. Aunque son dignos de análisis, por lo que pueden indicar sobre el posicionamiento de redes incipientes, y algunos han sido extremadamente cruentos, no existe una sola evidencia estadística que confirme que los venezolanos son protagonistas principales del delito. Como tampoco la existía cuando el ministro Reverol, y antes que él González López atribuyeron a los colombianos el auge del hampa en el municipio Sucre y en Táchira.
En su obra Mafias on the move, Federico Varese lo explica con claridad: los criminales que desean asentarse en un territorio ajeno, ya sea solos o en grupos estructurados, necesitan la aquiescencia de un anfitrión, alguien que domine el patio con antelación. Desde luego, este difícilmente aparecerá en los partes policiales. Las fotos de las noticias solo tendrán a los peones.

El ELN, en expansión transnacional
*Soberanías versus redes transnacionales: este dilema no es nuevo, pero algunos actores han cobrado mayor relevancia. En Centroamérica, las maras y los carteles mexicanos han ampliado su radio de acción hasta abarcar a varios países y múltiples actividades de crimen organizado, que van desde los secuestros y la trata de personas hasta el tráfico de armas. En esto, las nuevas tecnologías y plataformas para la comunicación son herramientas fundamentales. En Venezuela, hay redes de prostitución transnacional que convocan a mujeres y hombres por facebook, y les pagan estadías y “honorarios” por servicios durante fines de semana o temporadas completas en ciudades de Colombia y las antillas holandesas.
     Pero los conceptos de soberanía, anclados en nociones que comenzaron a formarse hace tres siglos, impiden a los estados una acción eficaz contra estos grupos. Si los poderes ejecutivos de tales estados no gozan de alguna afinidad política, o simplemente están enfrentados, como ocurre actualmente con Venezuela y Colombia, o con Venezuela y Brasil, se beneficiarán las redes criminales que anteriormente veían a estas fronteras como áreas de contención. No es de extrañar entonces que grupos como los Urabeños o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atraviesen en la actualidad fases de expansión en sus territorios y actividades.
      En México, López Obrador se percató de este riesgo, y entendió que le convenía llegar a mínimos acuerdos con su par estadounidense, pues de lo contrario la gobernabilidad fronteras adentro se vería comprometida casi de inmediato.

     Los países latinoamericanos y algunos del Caribe son, desde la década pasada y en términos generales, los territorios con las tasas más elevadas de homicidios por armas de fuego de todo el mundo, sin que exista en ellos alguna conflagración armada. Esto ocurrió en una época en la que las llamadas izquierdas llegaron a tener una clara mayoría (12 de 19 gobiernos latinoamericanos para 2009). Los gobiernos de este signo se embarcaron en reformas policiales e incluso institucionales, al promover constituyentes con mayor o menor grado de éxito político. Pero en lo atinente a seguridad ciudadana el fracaso fue una constante. Es por esto que Vergara finalizó su exposición con un mea culpa: “El progresismo ha demostrado tener un gran complejo con la seguridad”. En su descargo, y tomando en cuenta la realidad nada auspiciosa de los países cuyos gobiernos no podrían ser calificados de “progresistas”, hay que concluir que el problema no es promover una determinada ideología. El problema se presenta cuando esos discursos impiden llegar a diagnósticos acertados de las realidades, y tomar a tiempo las decisiones que sean pertinentes. Esto a menudo implica la formación de consensos con factores que no siempre comparten una misma visión sobre la política.  

Breves

-Algo muy sospechoso se esconde detrás del artificioso agrandamiento de las cifras sobre el número de milicianos en el país. Los discursos oficiales chocan con las cifras manejadas por la propia FAN. En noviembre de 2018, por ejemplo, mientras los voceros del Gobierno afirmaban que este cuerpo tiene 3 millones de integrantes, a lo interno de los cuarteles se indicaba que eran 1,3 millones de personas registradas, es decir, que figuran en una hoja mediante nombre, apellido y cédula de identidad. Pero se advertía que esto no asegura que estarán allí cuando sean llamados a filas con motivo de alguna situación de emergencia. El 24 de junio, Maduro afirmó que para 2021 era necesario contar con cuatro millones de milicianos. Una meta que sin duda resultará imposible de alcanzar en términos reales de tropas disponibles, aunque sí podrá servir para justificar eventuales gastos en alimentación e intendencia. Una vieja fórmula aplicada en los cuarteles para el enriquecimiento de los jefes militares.

-Venezuela se habría convertido en un refugio para los ex funcionarios de países que alguna vez fueron aliados del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Este sería el caso del ex secretario de Comunicaciones de Ecuador, Fernando Alvarado, investigado por presuntos hechos de  corrupción en la organización y puesta en escena de las ruedas de prensa que solía hacer Rafael Correa en distintos puntos de su país los días sábado. “Tenemos casi la certeza de que se encuentra en Venezuela”, afirmó un funcionario con conocimiento directo de la investigación. En el expediente también se hace mención a Vinicio Alvarado, hermano de Fernando y ex secretario de la Presidencia ecuatoriana. Desde octubre de 2018, se emitió una notificación azul a través de Interpol para recabar información sobre el paradero del ex encargado de las Comunicaciones y el montaje de las “sabatinas”. Pero son pocas las esperanzas de que los gobernantes venezolanos contesten a la petición de manera oficial, en virtud de la afinidad que hubo entre Correa y el régimen. El intercambio de inteligencia, sin embargo, ha permitido precisar que Fernando Alvarado estaría en el país desde enero, bajo resguardo.

-Varios detalles son indicadores del clima interno de la Fuerza Armada Nacional, a propósito de los actos conmemorativos de la Batalla de Carabobo. En primer lugar, el Gobierno optó por abstenerse de dar cualquier información sobre lo que sería la dinámica de esta celebración. No hubo convocatoria abierta, para que el pueblo se acercara a la explanada ubicada al sur de Valencia, como era tradicional. En segundo término, no hubo transmisión en vivo y directo por televisión. La cadena correspondiente comenzó poco antes de las 8 am, cuando ya el acto había terminado. Los locutores e incluso el comandante general del Ejército, mayor general Jesús Suárez Chourio, se cuidaron de hacer cualquier referencia a la hora real. Pero el reflejo del sol que despuntaba y encandilaba a los presentes revelador. Además, al iniciar su alocución, Maduro se refirió a “este amanecer (...) 6:30-7 am”, y con eso despejó cualquier duda. Es claro que ante las informaciones sobre un nuevo complot contra el gobernante, encabezado supuestamente por un general de brigada la Aviación, y el recuerdo de los drones que estallaron en agosto de 2018, durante la celebración del aniversario de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar, había que tomar todo tipo de medidas de seguridad. Al mismo tiempo, se esforzaron en transmitir una imagen de “normalidad”, en abierta disonancia con lo que sucede en las calles del país. Tan desafinada como el trompetista de la banda marcial en el acto de Campo Carabobo.

Acosta, torturado
-El sábado 29 de junio, el abogado Alonso Medina Roa confirmó la denuncia formulada horas antes por el general de brigada retirado Antonio Rivero y la activista de derechos humanos Tamara Sujú, en torno a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, presumiblemente como consecuencia de las torturas recibidas luego de su detención, el 21 de junio. Acosta fue involucrado por voceros del régimen como Jorge Rodríguez y el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, en un supuesto complot para matar a Nicolás Maduro, precisamente durante los actos de celebración del Día del Ejército. La muerte del oficial fue admitida por el régimen en un comunicado divulgado el sábado. Contrario a lo ocurrido en otras oportunidades, este fallecimiento no podrá ser ocultado detrás de la figura del suicidio, puesto que Acosta fue visto en un deplorable estado durante el acto de presentación ante el juez tercero de control militar de Caracas, capitán Máikel Amézquita, con lesiones tan graves que le impedían articular cualquier expresión distinta a una solicitud de auxilio, y que lo obligaban a permanecer sentado en una silla de ruedas. Tal era su condición que el propio juez militar ordenó el jueves su inmediato traslado al llamado hospitalito de Fuerte Tiuna. Posteriormente, de acuerdo con la información aportada por la directora de la ONG Control Ciudadano Rocío San Miguel, fue enviado al hospital militar Carlos Arvelo, donde murió el sábado a la 1 am. Para el momento de la redacción de esta nota (sábado en la noche), los apoderados de Acosta no habían podido constatar las condiciones en las que murió. Tampoco sus familiares, pues no habían logrado ver el cadáver ni el protocolo de autopsia. Una de las razones por las que Acosta no podía sostenerse en pie, según el general retirado Antonio Rivero, era porque “no tenía piel en la planta de los pies”, debido precisamente a las torturas de las que fue víctima. Abogados consultados para esta entrega sospechan además que el oficial, ex integrante de la unidad de Operaciones Especiales de la Armada, padecía lesiones pulmonares que le impedían respirar y expresarse. La opacidad con la que han actuado los cuerpos estatales con posterioridad a esta muerte hace sospechar la posibilidad de un nuevo montaje. De allí que resulte pertinente la solicitud formulada por la diputada D’elsa Solórzano, en el sentido de que las averiguaciones sobre la muerte de Acosta sean desarrolladas según lo estipulado en el Protocolo de Minnesota, que dispone la designación de una comisión independiente del Estado.

Libros

El proceso de pacificación colombiano es, desde luego, el producto de una decisión política de los actores del conflicto. Pero, si nos atenemos a lo afirmado por Eduardo Pizarro Leongómez en su última obra, De la guerra a la paz (Bogotá, 2018), es también la consecuencia de una profunda transformación en las Fuerzas Militares de ese país. El sociólogo, autor de una de las primeras historias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ex presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, logró acceso a documentación de primera mano para comprobar que la reingeniería del componente castrense, si bien contó con apoyo norteamericano, fue el producto de la iniciativa de una generación de oficiales del Ejército colombiano, encabezada por los generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora, quienes hicieron un análisis crítico sobre el desarrollo del conflicto interno, y llegaron a la conclusión de que, para inicios del siglo XXI, y luego de la experiencia de la “zona de distensión” en el Caguán, las FARC se acercaban como nunca antes a la concreción de su anhelado sueño de instaurar su modelo político en todo el país. Una posibilidad que se acrecentó desde 1999 con el respaldo activo de Hugo Chávez desde Venezuela, y posteriormente de Rafael Correa en Ecuador. Según Pizarro, el declive de las FARC ocurrió por la conjunción de diversos factores, que iban desde la insistencia de la organización guerrillera en el logro apresurado de objetivos que no le eran alcanzables y la incorporación de sus cuadros en actividades criminales como el tráfico de drogas para el financiamiento de la empresa bélica, hasta la consolidación de una “nueva arquitectura” de las fuerzas militares colombianas, en función de alcanzar una “victoria estratégica”, que obligara a este grupo a sentarse en la mesa de negociación. De la guerra a la paz es una obra reveladora y extensamente documentada, que solo es posible cuando un investigador como Pizarro logra aprovechar una coyuntura de consolidación institucional, que le permite acceder a informaciones cuya divulgación sería impensable en otros contextos. Colombia tiene en este momento una de las fuerzas militares más robustas y mejor equipadas del continente, quizá solo equiparables con las de Brasil. Sin embargo, de acuerdo con el autor, afrontan en este momento el desafío de garantizar la sostenibilidad de la paz interna, según el concepto del “posconflicto benigno”. Uno de los factores que más atentarían contra este objetivo es el reagrupamiento de los grupos en armas en sectores periféricos y, en el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Venezuela. Pizarro sostiene que “muchos de los miembros de la dirección elena consideran que su futuro se podría estar jugando en Caracas (...)”, lo que implica un importante cambio en los ejes de acción de esta organización, y un escenario en el que despierte “un nuevo clima revolucionario continental”.

domingo, 16 de junio de 2019

La botija del régimen

-Una buena parte de la explicación sobre la incapacidad de Pdvsa para suministrar combustible a los venezolanos está en los expedientes de corrupción y sobornos que se ventilan en juzgados de EEUU

@javiermayorca

El 29 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el resultado del juicio que se adelantaba en una corte de Texas contra el venezolano-americano José Manuel González Testino, por su implicación en un esquema de sobornos para la obtención de contratos para adquisiciones de Petróleos de Venezuela en el exterior, a través de la subsidiaria Bariven.
El caso de este comerciante, de 49 años de edad, parecía una réplica de numerosos expedientes anteriores, que eran divulgados por las autoridades norteamericanas en la medida en que caían los imputados. En lo que respecta a González Testino se comprobó, gracias a testimonios de coparticipantes en el esquema de corrupción y documentos recopilados, que las coimas sumaron 629.000 dólares, solamente en los cuatro meses que transcurrieron entre noviembre de 2012 y marzo de 2013.
González Testino admitió culpa
Ante la solidez de las evidencias recabadas, González Testino admitió su culpabilidad por conspiración para propiciar la corrupción de autoridades foráneas, algo penado según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Algunos documentos relativos a este proceso judicial fueron incorporados a un gran archivo, abierto por el Departamento de Justicia bajo el rótulo de “casos relacionados”. Allí hay acusaciones, declaraciones de agentes involucrados en las averiguaciones, testimonios de informantes y otros datos que sirven para formarse una idea bastante clara de cómo ha sido manejada la industria petrolera venezolana, por lo menos, desde los últimos años del gobierno de Hugo Chávez.
Si contamos el caso de González Testino, las pesquisas desarrolladas por múltiples agencias (Aduanas e Inmigración, Seguridad Interior, Buró Federal de Investigaciones y Servicio de Renta Interna fueron algunas) suman diecisiete expedientes relacionados en forma directa. Sin embargo, al revisar los casos nombre a nombre uno se percata de que hay otros tantos vinculados con éstos, aunque de forma indirecta. Por ejemplo, según el gobierno estadounidense, la pesquisa contra González Testino guarda un nexo estrecho con la que se desarrolló contra Abraham Shiera Bastidas. Y este último se relacionaba con Luis Carlos de León, quien no aparece referido en el primer listado.
Pero hay nombres que se repiten una y otra vez. Son individuos enjuiciados en forma individual, en parejas o en pequeños grupos, pero que según el despacho de Justicia estadounidense compartían una misma práctica criminal: Roberto Rincón (Tradequip) y su socio Abraham Shiera, Moisés Millán Escobar, Rafael Reiter (Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa), el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos, Alejandro Istúriz, César David Rincón, el empresario estadounidense Charles Quintard Beech III, Juan Carlos Castillo y José Orlando Camacho, por citar algunos.
Entre todos ellos, suman manejos ilegales por 20,8 millones de dólares. Es lo probado en las investigaciones, y consignado en las acusaciones correspondientes. Los casos que involucran los mayores montos han sido el de Rincón y Shiera, con seis millones de dólares, y el que coloca en un mismo esquema a Luis Carlos de León, Nervis Villalobos, César Rincón, Alejandro Istúriz y Rafael Reiter, con 9,47 millones de dólares.
Por supuesto, uno se pregunta por qué una investigación que involucra a tantas agencias y que ha logrado tantos enjuiciamientos exitosos no ha tocado hasta el momento al ex ministro de Energía Rafael Ramírez, que era el tope de la organización donde se gestaban estas prácticas generalizadas de corrupción. Ramírez entregó en 2013 de la cartera de Energía y la presidencia de Pdvsa, y por ejemplo en el caso de José Orlando Camacho las evidencias indican irregularidades en las compras que comenzaron en 2009 y se extendieron hasta 2013. Cuatro años de gestión de quien declaró a la estatal petrolera “roja rojita”.
Pdvsa: casi una empresa criminal
En este momento, la primera corporación nacional es objeto de sanciones de distinta naturaleza a través del Departamento del Tesoro, por considerarse que es “instrumental” en la prolongación del régimen de Maduro. Pero a la luz de la información recabada en estas averiguaciones penales -y otras que se desarrollaron en Francia, España y Andorra- uno entiende que el gobierno estadounidense pudo declarar en algún momento que Petróleos de Venezuela era una gran empresa criminal, aunque en un sentido especial, pues no fue creada con la finalidad expresa de violentar las normas. Sin embargo, da la impresión de que torció su cometido durante la primera década de este siglo, al punto en que no había un contrato más o menos jugoso en el que los montos no se incrementaran de manera artificial con la finalidad de engrosar las cuentas de los funcionarios involucrados. Esto es, ni más ni menos, lo que señala un auto de acusación que se ventiló en el principado de Andorra.
En estos momentos, los ciudadanos del país con las reservas probadas de crudo más grandes del planeta se pelean por lograr un puesto salidor en las colas para surtirse de combustible. Otros pagan coimas a funcionarios para saltarse los turnos. Otros cancelan el hidrocarburo en dólares o en pesos colombianos. Los gobernadores han comenzado a implantar medidas que intentan esconder una realidad de racionamiento puro y duro. Buena parte de la explicación para esta situación se encuentra, precisamente, en los tribunales de Estados Unidos.

Breves

-En los primeros días de junio, comenzó a correr en redes una conversación entre el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de división (Ejército) Manuel Christopher Figuera, y un periodista que no se identificó pero que presumiblemente tuvo un encuentro con el oficial en República Dominicana. El intercambio de preguntas y respuestas dura aproximadamente una hora, y se tocan temas de extraordinaria relevancia para el país. Hay por ejemplo una importante revelación del ex jefe de la policía política, en torno a una reunión que él sostuvo que representantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en esa misma isla en los primeros meses de 2018, cuando él se desempeñaba en la subdirección de Contrainteligencia Militar. Christopher dijo haber acudido a la cita con la plena autorización de Maduro, precisamente para elevar cuatro peticiones al gobierno de Donald Trump: 1) eliminar la orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de EEUU; 2) levantar las sanciones del Tesoro a los personeros del régimen; 3) levantar las restricciones al comercio internacional (Christopher las englobó bajo el término “bloqueo”), y 4) establecer un canal de comunicación de carácter “técnico” con la Casa Blanca. Los agentes estadounidenses solo hicieron dos solicitudes: 1) liberar a Joshua Holt, lo que se concretó en mayo de ese año, y 2) que Maduro abandonara el poder.

Protesta anti FAES en Petare
-Las bandas criminales parecieran haber adquirido un nuevo impulso durante los últimos meses. En esta nota solo se hará referencia a tres de ellas. La primera, el llamado Tren de Aragua. Este grupo, dirigido desde el internado de Tocorón, ha expandido poco a poco sus redes, y se ha convertido en punto de atención de policías de otros países. El jefe del cuerpo de seguridad de Cúcuta, coronel José Luis Palomino, sostuvo recientemente que la banda surgida del sindicato de la construcción del ferrocarril en el centro norte venezolano estaría aliada en la zona limítrofe con los “bota de caucho (ELN), milicias y colectivos, generando confrontaciones contra las estructuras delincuenciales de la frontera”. Hay además indicios sobre la participación de este grupo en disputas por el control de las rutas de salida de drogas en poblaciones del estado Sucre. Otras dos bandas han generado estados de alarma entre residentes de Caracas. La primera, liderada por Carlos Revette, alias Coqui, protagonizó un intenso tiroteo en la Cota 905 en una especie de homenaje póstumo a uno de sus miembros, que fue ultimado por agentes de Cicpc en Parque Central. La tercera es la organización que ha surgido en José Félix Ribas (Petare), liderada por Wilexis Acevedo. Este grupo supuestamente auspició el lunes 10 de junio una manifestación callejera contra la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, en la vía que comunica a Petare con Palo Verde. Los participantes en la protesta gritaban que preferían tratar con el hampa que con los efectivos policiales. Desde el domingo, corrían los reportes sobre la inminencia de esta acción de calle, y se recomendaba la toma militar de la zona. Pero esto no ocurrió. A pesar de que sufren ocasionalmente algunas bajas, las tres organizaciones parecieran estar en crecimiento sostenido y ocupar cada vez más espacios, ante la mirada complaciente del Estado, en especial de sus operadores municipales y regionales.

-Esta semana, el fiscal 57 provisorio con competencia en materia de terrorismo Farik Karin Mora presentó la acusación contra el ingeniero Otoniel Ramos Sánchez por daños a instalaciones del sistema eléctrico nacional, terrorismo y asociación para delinquir, con motivo de los apagones que afectaron a todo el país a partir del 7 de marzo. Ramos fue hasta 2018 un analista de sistemas de la Gerencia de Automatización, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de Corpoelec. Esto quiere decir que para el momento en que ocurrieron los cortes del servicio él ya no tenía la posibilidad de entrar a las oficinas de la estatal eléctrica. Sin embargo, los acusadores sostienen que él, supuestamente, tuvo un acceso remoto a los sistemas mediante la utilización de una clave vieja, que le habían asignado cuando aún estaba en nómina. Ramos ha sido el único detenido por este caso, pues los demás lograron salir del país, justo cuando el Sebin se disponía a privarlos de libertad. Ellos son Ramón Oswaldo García, Julio César Acuña, Miguelangel José Freitas y Jesús Eduardo Rodríguez. La juez cuarta de control en materia de terrorismo, Yrani Villafañe Reyes, admitió sin reservas la acusación y envió a Ramos nuevamente a las celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Boleíta. Los abogados del Foro Penal Antonio Vargas, Alejandro Cantillo y Estefani Miglieri asistieron al detenido durante la audiencia. Desde un primer momento, los voceros del Gobierno han descargado sobre Ramos la responsabilidad por el mayor apagón en la historia del país, medido en términos de tiempo de duración, extensión geográfica y población afectada. No obstante, según estudios de la UCV, este gran corte se inició cuando un incendio de vegetación afectó las líneas de 765 KV entre el complejo hidroeléctrico de Guri y la subestación Malena, y no por una manipulación informática.

Libros

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha convertido en un tópico de conversación en Venezuela, no solo por la decisión del régimen de acompañar a este grupo guerrillero en las conversaciones de paz con el gobierno colombiano (formalmente suspendidas), sino también por las informaciones cada vez más frecuentes que indican una creciente presencia de esta organización en diversos estados fronterizos, desde Zulia hasta Bolívar y Amazonas. El ELN, sin embargo, tiene características que lo distinguen de otros factores de la violencia colombiana, ahora expandida al territorio nacional. En Historias de guerra para tiempos de paz (Bogotá, 2018), Víctor de Currea-Lugo ofrece una descripción de esta guerrilla. Obtuvo la información gracias a un acceso casi irrestricto a la llamada Delegación de Diálogos, integrada por miembros de la cúpula elena y los jefes de algunos frentes (cuyos nombres no precisó) que participaron en una de las rondas de negociaciones con el gobierno colombiano, en Ecuador. En estas páginas, el autor se difumina y permite que los jefes combatientes se expresen con sus propias palabras, sobre temas como la educación, la muerte, el miedo, los paramilitares, la ecología y el sentido de la lucha. Quizá las páginas más reveladoras se refieren a la “justicia popular” que implanta el grupo guerrillero en aquellos lugares donde ha logrado un control territorial; cómo se desarrollan los procesos y cuáles son las penas aplicadas, incluida la pena capital. Es, en fin de cuentas, una obra de gran interés, escrita sin la pretensión de haber dicho la última palabra en torno a un tema sobre el que todavía falta mucho por decir.

domingo, 2 de junio de 2019

Violencia, íntima y doméstica

-La parálisis nacional pareciera haberse convertido en un factor importante en los cambios que se están reportando en ciertos patrones de la criminalidad violenta

@javiermayorca

En la madrugada del 22 de mayo, una niña de dos años de edad llegó muerta al hospital general de Barcelona. La primera información suministrada por su mamá a la policía indicaba que la menor supuestamente cayó de la cama donde dormía, mientras pernoctaba en la casa de una vecina del barrio Cruz Verde.
El testimonio, sin embargo, no era consistente con las lesiones que tenía la niña: hematomas en el pecho, la parte izquierda de la frente, en un ojo y en la cadera, además de escoriaciones recientes en ambas nalgas.
Los médicos de guardia de inmediato llamaron a los investigadores de Homicidios de la policía judicial. Desde un inicio las sospechas recayeron sobre la progenitora, ante la evidencia de que los hematomas podrían ser el producto de distintos hechos, es decir, de una práctica de malos tratos hacia la víctima.
Dos días después, pero en el Zulia, un hombre de 48 años de edad fue aprehendido por la policía regional por supuestos actos lascivos contra una sobrina de once años. La denuncia fue formulada por una tía del propio victimario. Todo ocurrió en viviendas del sector La Conquista.
Estos dos casos muy recientes sirven para ilustrar ciertos cambios en la violencia y en la criminalidad, en los que la parálisis económica pareciera ser un factor influyente. El asunto es motivo de preocupación en la policía judicial, al punto en que se ha ordenado a todos los jefes de unidades en el país aplicar la mayor diligencia en cuanto a la recepción y el procesamiento de las denuncias sobre hechos generalmente catalogados como “violencia doméstica”. Algo que contrasta con la actitud displicente que hay hacia otros delitos, en especial los que afectan a la propiedad privada.
Las estadísticas conocidas extraoficialmente indican que, para mediados de mayo, las violaciones sexuales se habían incrementado en distinta magnitud en ocho estados del país, mientras que en otros tres tienen exactamente el mismo número que los registrados en 2018 para la misma fecha. En otros cinco estados, además, los registros son levemente menores.
Los totales más preocupantes son los de Lara y Trujillo, donde los casos de violación sexual conocidos y procesados se han incrementado en 86% y 75%, respectivamente.
Estos registros están basados en denuncias, por lo que se considera que la cifra real de casos debe ser mucho más elevada.
La violación sexual es apenas un delito en una larga lista en la que el lugar de residencia ha cobrado enorme relevancia. Otros son el robo y el hurto.
La vía pública ha sido por regla general el escenario donde son perpetrados los delitos contra la propiedad. Las calles y avenidas son los lugares donde tradicionalmente los asaltantes y carteristas han logrado aproximarse a sus víctimas. Sin embargo, desde hace algunos años, este patrón ha ido cambiando paulatinamente.
Viviendas, escenario de delitos
En 2015, por ejemplo, el 21,4% de los robos y los hurtos genéricos era perpetrado en alguna vivienda. Para 2017, los lugares de residencia habían subido su figuración como escenario de robos y hurtos hasta 26,9%. En 2018 este porcentaje se mantuvo.
Esto incrementa el riesgo de que las víctimas sean ultimadas mientras roban en sus viviendas. No solo se trata de la proximidad entre los asaltantes y las personas que ocupan los inmuebles, durante lapsos que pueden prolongarse por horas, sino también porque hay mayores probabilidades de que las víctimas hayan tenido algún contacto previo con quienes intentan llevarse sus pertenencias.
En abril, hampones mataron a Luis Demetrio Zárate durante un robo a su apartamento, ubicado en una urbanización de Villa de Cura (Aragua). En marzo sucedió lo mismo con un hombre de 52 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado en el apartamento de su propiedad, en La California Norte. Y el 5 de mayo un odontólogo fue ultimado en su propio inmueble de residencia en Lecherías (Anzoátegui), presumiblemente por dos vigilantes que habían prestado servicio para el mismo condominio.
En un país que languidece, la gente de todas las clases sociales tiende a pasar lapsos cada vez más prolongados en sus lugares de residencia. Esta tendencia se reafirma cuando vemos que muchos también han trasladado las oficinas a sus viviendas, con la finalidad de ahorrarse los costos derivados de los alquileres de locales, transporte, estacionamiento y comida en lugares públicos.
En este contexto, es muy probable además que aumenten los hechos de violencia derivados de conflictos por convivencia. Ante esto es poco lo que pudieran hacer las policías preventivas, cuyos contingentes se han visto disminuidos hasta niveles preocupantes, que apenas pueden garantizar un mínimo de servicios en las vías de mayor incidencia delictiva y en horas del día.

Breves

No iban a fugarse
*No hubo intento de fuga. La matanza de 29 reclusos en el retén policial de Acarigua no fue el producto de un supuesto plan para escapar del lugar, tal y como lo señaló en primera instancia el secretario de seguridad del gobierno regional de Portuguesa, Carlos Valero. Los datos manejados por Carlos Nieto Palma (Una ventana para la libertad) y el Ministerio Público indican que esta mortandad ocurrió en un contexto distinto. El grupo que dominaba este recinto, liderado por Wilfredo José Ramos, alias Ñema é pavo, se mantenía confinado con visitantes desde hace varios días, mientras intentaba que la dirección del retén acogiera un conjunto de exigencias, entre ellas que se permitieran las pernoctas y festejos en el interior del centro de coordinación policial. También se solicitaba autorización para la construcción de un centro recreativo con piscina, tal y como había ocurrido, por ejemplo, en el internado judicial de Margarita. Ramos dominaba una población de 540 detenidos, y con semejante mercado no tenía necesidad de salir a la calle. Este hombre de 32 años de edad ya había sido sentenciado en primera instancia por el homicidio de dos hombres en Turén, reportado en abril de 2014. Un caso judicial que se basó en pruebas frágiles, como fue el testimonio de una mujer allegada a las víctimas, quien dijo haber visto a Ramos y a otros dos individuos, supuestos integrantes de la banda Los Gandolas, cuando huían del sitio de la matanza, blandiendo escopetas y una pistola. Estas armas nunca fueron recuperadas. Pero Ramos era visto por la comunidad como un “azote de barrio”. Ese testimonio junto a esta reputación fue suficiente.

*El suicidio de un sargento técnico de primera de la Guardia Nacional en instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta está ligado directamente a las averiguaciones sobre un supuesto plan de fuga del exministro de Relaciones Interiores, mayor general (Ejército) Miguel Rodríguez Torres. El funcionario castrense, de apellidos Monsalve Estaba, pertenecía a uno de los dos grupos asignados para la vigilancia del oficial. Cuando se detectó el complot, se inició una pesquisa a los custodios, y Monsalve quedó en entredicho. Este suicidio, sin embargo, suscita tantas dudas como el del concejal Fernando Albán en la sede del Sebin Plaza Venezuela, o el del mayor del Ejército Jesús Alberto García (asistente del general Manuel Christopher en el Sebin) en un hotel de la Panamericana. Un factor en común en los dos últimos casos, además, es que los deudos se abstienen de declarar para los medios de comunicación, presas del miedo. La caída de altura del sargento Monsalve ocurrió en forma casi simultánea a la detención de la pareja de Rodríguez Torres en La Grita. Cuando Rocío Ramírez fue trasladada a la Dgcim en Caracas, cuatro días después, ya el sargento agonizaba en el hospital militar. Al momento de la redacción de estas líneas, el general permanece recluido en un complejo de celdas recién construidas, en la Brigada de Policía Militar en Fuerte Tiuna.

*El alzamiento del 30 de abril, si bien fue un fracaso para los planes inmediatos de Juan Guaidó, reveló la existencia de una importante fractura en las filas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Para el momento de la redacción de estas líneas, por lo menos cuarenta y ocho funcionarios de ese cuerpo están bajo investigación -penal o administrativa- por su participación en los hechos registrados en la residencia del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y posteriormente en los alrededores de la base aérea La Carlota. Tres de ellos ya están formalmente detenidos, mientras que a los demás intentan convencerlos para que declaren que fueron engañados, que no sabían para qué los llevaron a ese sector de Caracas. El funcionario de mayor jerarquía procesado hasta el momento ha sido el comisario general Roberto Antonio Bracho, jefe de la unidad de Acciones Inmediatas, quien fue presentado ante un juzgado civil y enviado al Centro para Procesados Militares de Ramo Verde. El funcionario alegó en su defensa que se trasladó al distribuidor Altamira en acatamiento a órdenes impartidas por el director del cuerpo para ese momento, general de división (Ejército) Manuel Christopher Figuera, y que cuando estaban allí les arrojaron desde el puente Altamira una bolsa con los brazaletes azules, que permitían distinguir quiénes participaban directamente en la Operación Libertad. Apenas cinco días antes de este alzamiento, Bracho era señalado por medios en Estados Unidos como uno de los principales responsables de violaciones a los derechos fundamentales de opositores.

*Tres preguntas a… Douglas Farah, consultor y coautor del ensayo La decisión final de Maduro. La supervivencia de Venezuela mediante la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana

1.-En su trabajo Maduro’s laststand… Ud sostiene que en Venezuela se instaló desde el poder una “empresa criminal conjunta”. Esto sugiere que no existe una estructura jerárquica que domine todos los negocios ilícitos al mismo tiempo, sino una red de redes. ¿Cómo queda entonces el negocio del tráfico de drogas, como un Cartel de los Soles o como la confluencia de varias organizaciones de traficantes?
DF: Hay organizaciones con más peso dentro de las redes. Los Soles son importantes, pero no únicos, y dependen de otras redes dentro del Gobierno y afuera. Diría que son más fragmentos de los que muchos piensan, pero sí hay fragmentos más grandes que otros, o redes más importantes.

2.-¿Cuál es el verdadero propósito de la “empresa criminal conjunta bolivariana”, asegurar la permanencia de Maduro y de su grupo en el poder o suministrar riquezas a 181 personas?
DF: El propósito es el poder perpetuo y el beneficio económico. La mentira más grande que se vendió es que era una revolución del pueblo. Era una revolución de una nueva clase de oligarcas para criminalizar la totalidad del Estado. Y para mantener eso hay que seguir en el poder.

3.-En la conclusión, Ud aboga por una aproximación más holística o comprehensiva para afrontar al régimen de Maduro. Esto implica una acción combinada entre la comunidad internacional y los operadores del gobierno estadounidense. ¿Cree entonces que la crisis venezolana puede ser superada solamente con una combinación de diplomacia negociadora y sanciones, sin acción militar?
DF: Sí. Creo que la presión económica real, con Europa, América Latina, etc., trabajando en forma conjunta, puede congelar muchos recursos (que pasarían a un nuevo gobierno) y elevar el costo de hacer negocios con el régimen de Maduro a tal punto que no vale la pena. Sería mucho más efectivo a mi juicio que cualquier acción militar y aportaría recursos a un nuevo gobierno.

Libros

En la medida en que avanza la crisis venezolana, crecen los sectores del país que abogan por alguna clase de intervención externa. Uno de los ejemplos tomados en cuenta con mayor frecuencia es el de la invasión a Panamá, en 1989. Este episodio ha sido abordado desde distintas perspectivas por periodistas de renombre. En su libro Los comandantes (1991), Bob Woodward dedicó un capítulo revelador a la gestación de la Operación Causa Justa. Más adelante, Peter Eisner ofreció una perspectiva crítica sobre los resultados y motivaciones de esta acción militar, en America’s Prisoner (1997). Ahora, desde Panamá, los periodistas Rita Vásquez y J. Scott Bronstein lanzan El fantasma de Noriega (2018). Los autores, conocidos gracias al proyecto de los Panama Papers, aprovecharon la oportunidad que se les presentó debido a un acercamiento con el coronel retirado del Ejército estadounidense Charles Chico Stone, un veterano de Viet Nam que a partir de 1979 llegó a ser el jefe de la oficina encargada de suministrar toda la cooperación militar a los países latinoamericanos, cuya sede estaba en el sector Hato Pintado de la capital panameña. El programa se llamaba US Army Security Assistance for Latin America. Desde esa posición, fue testigo excepcional del ascenso político de alias Cara de Piña, desde las oscuras oficinas de la inteligencia de la Guardia Nacional panameña (G2) hasta la máxima jefatura de las Fuerzas de Defensa, donde se erigió en general y se constituyó en el “hombre fuerte” del país, es decir, en el verdadero mandatario, independientemente de quiénes ocuparan la Presidencia. Gracias a la confianza que se labró en el entorno de Noriega, Stone pudo apreciar cómo iba acumulando poder y cómo eventualmente sus antiguos mentores de la Agencia Central de Inteligencia (que lo habían captado como informante desde que era un aprendiz en la escuela militar de Chorrillos, en Perú) lo abandonaban, en la medida en que la Guerra Fría llegaba a su fin y los abusos del general hacia sus opositores se tornaban en un lastre demasiado pesado para los aliados de Washington. El fantasma de Noriega tiene aspectos reveladores sobre los elementos de juicio que se tomaron en consideración para emprender una invasión militar, hace ya treinta años. Hay analogías entre los casos de Panamá y Venezuela, como por ejemplo la imposición de sanciones económicas para estrangular la capacidad de maniobra del Gobierno. Pero también una larga lista de divergencias, que hace pensar en desenlaces distintos a una nueva versión de Causa Justa.