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domingo, 2 de junio de 2019

Violencia, íntima y doméstica

-La parálisis nacional pareciera haberse convertido en un factor importante en los cambios que se están reportando en ciertos patrones de la criminalidad violenta

@javiermayorca

En la madrugada del 22 de mayo, una niña de dos años de edad llegó muerta al hospital general de Barcelona. La primera información suministrada por su mamá a la policía indicaba que la menor supuestamente cayó de la cama donde dormía, mientras pernoctaba en la casa de una vecina del barrio Cruz Verde.
El testimonio, sin embargo, no era consistente con las lesiones que tenía la niña: hematomas en el pecho, la parte izquierda de la frente, en un ojo y en la cadera, además de escoriaciones recientes en ambas nalgas.
Los médicos de guardia de inmediato llamaron a los investigadores de Homicidios de la policía judicial. Desde un inicio las sospechas recayeron sobre la progenitora, ante la evidencia de que los hematomas podrían ser el producto de distintos hechos, es decir, de una práctica de malos tratos hacia la víctima.
Dos días después, pero en el Zulia, un hombre de 48 años de edad fue aprehendido por la policía regional por supuestos actos lascivos contra una sobrina de once años. La denuncia fue formulada por una tía del propio victimario. Todo ocurrió en viviendas del sector La Conquista.
Estos dos casos muy recientes sirven para ilustrar ciertos cambios en la violencia y en la criminalidad, en los que la parálisis económica pareciera ser un factor influyente. El asunto es motivo de preocupación en la policía judicial, al punto en que se ha ordenado a todos los jefes de unidades en el país aplicar la mayor diligencia en cuanto a la recepción y el procesamiento de las denuncias sobre hechos generalmente catalogados como “violencia doméstica”. Algo que contrasta con la actitud displicente que hay hacia otros delitos, en especial los que afectan a la propiedad privada.
Las estadísticas conocidas extraoficialmente indican que, para mediados de mayo, las violaciones sexuales se habían incrementado en distinta magnitud en ocho estados del país, mientras que en otros tres tienen exactamente el mismo número que los registrados en 2018 para la misma fecha. En otros cinco estados, además, los registros son levemente menores.
Los totales más preocupantes son los de Lara y Trujillo, donde los casos de violación sexual conocidos y procesados se han incrementado en 86% y 75%, respectivamente.
Estos registros están basados en denuncias, por lo que se considera que la cifra real de casos debe ser mucho más elevada.
La violación sexual es apenas un delito en una larga lista en la que el lugar de residencia ha cobrado enorme relevancia. Otros son el robo y el hurto.
La vía pública ha sido por regla general el escenario donde son perpetrados los delitos contra la propiedad. Las calles y avenidas son los lugares donde tradicionalmente los asaltantes y carteristas han logrado aproximarse a sus víctimas. Sin embargo, desde hace algunos años, este patrón ha ido cambiando paulatinamente.
Viviendas, escenario de delitos
En 2015, por ejemplo, el 21,4% de los robos y los hurtos genéricos era perpetrado en alguna vivienda. Para 2017, los lugares de residencia habían subido su figuración como escenario de robos y hurtos hasta 26,9%. En 2018 este porcentaje se mantuvo.
Esto incrementa el riesgo de que las víctimas sean ultimadas mientras roban en sus viviendas. No solo se trata de la proximidad entre los asaltantes y las personas que ocupan los inmuebles, durante lapsos que pueden prolongarse por horas, sino también porque hay mayores probabilidades de que las víctimas hayan tenido algún contacto previo con quienes intentan llevarse sus pertenencias.
En abril, hampones mataron a Luis Demetrio Zárate durante un robo a su apartamento, ubicado en una urbanización de Villa de Cura (Aragua). En marzo sucedió lo mismo con un hombre de 52 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado en el apartamento de su propiedad, en La California Norte. Y el 5 de mayo un odontólogo fue ultimado en su propio inmueble de residencia en Lecherías (Anzoátegui), presumiblemente por dos vigilantes que habían prestado servicio para el mismo condominio.
En un país que languidece, la gente de todas las clases sociales tiende a pasar lapsos cada vez más prolongados en sus lugares de residencia. Esta tendencia se reafirma cuando vemos que muchos también han trasladado las oficinas a sus viviendas, con la finalidad de ahorrarse los costos derivados de los alquileres de locales, transporte, estacionamiento y comida en lugares públicos.
En este contexto, es muy probable además que aumenten los hechos de violencia derivados de conflictos por convivencia. Ante esto es poco lo que pudieran hacer las policías preventivas, cuyos contingentes se han visto disminuidos hasta niveles preocupantes, que apenas pueden garantizar un mínimo de servicios en las vías de mayor incidencia delictiva y en horas del día.

Breves

No iban a fugarse
*No hubo intento de fuga. La matanza de 29 reclusos en el retén policial de Acarigua no fue el producto de un supuesto plan para escapar del lugar, tal y como lo señaló en primera instancia el secretario de seguridad del gobierno regional de Portuguesa, Carlos Valero. Los datos manejados por Carlos Nieto Palma (Una ventana para la libertad) y el Ministerio Público indican que esta mortandad ocurrió en un contexto distinto. El grupo que dominaba este recinto, liderado por Wilfredo José Ramos, alias Ñema é pavo, se mantenía confinado con visitantes desde hace varios días, mientras intentaba que la dirección del retén acogiera un conjunto de exigencias, entre ellas que se permitieran las pernoctas y festejos en el interior del centro de coordinación policial. También se solicitaba autorización para la construcción de un centro recreativo con piscina, tal y como había ocurrido, por ejemplo, en el internado judicial de Margarita. Ramos dominaba una población de 540 detenidos, y con semejante mercado no tenía necesidad de salir a la calle. Este hombre de 32 años de edad ya había sido sentenciado en primera instancia por el homicidio de dos hombres en Turén, reportado en abril de 2014. Un caso judicial que se basó en pruebas frágiles, como fue el testimonio de una mujer allegada a las víctimas, quien dijo haber visto a Ramos y a otros dos individuos, supuestos integrantes de la banda Los Gandolas, cuando huían del sitio de la matanza, blandiendo escopetas y una pistola. Estas armas nunca fueron recuperadas. Pero Ramos era visto por la comunidad como un “azote de barrio”. Ese testimonio junto a esta reputación fue suficiente.

*El suicidio de un sargento técnico de primera de la Guardia Nacional en instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta está ligado directamente a las averiguaciones sobre un supuesto plan de fuga del exministro de Relaciones Interiores, mayor general (Ejército) Miguel Rodríguez Torres. El funcionario castrense, de apellidos Monsalve Estaba, pertenecía a uno de los dos grupos asignados para la vigilancia del oficial. Cuando se detectó el complot, se inició una pesquisa a los custodios, y Monsalve quedó en entredicho. Este suicidio, sin embargo, suscita tantas dudas como el del concejal Fernando Albán en la sede del Sebin Plaza Venezuela, o el del mayor del Ejército Jesús Alberto García (asistente del general Manuel Christopher en el Sebin) en un hotel de la Panamericana. Un factor en común en los dos últimos casos, además, es que los deudos se abstienen de declarar para los medios de comunicación, presas del miedo. La caída de altura del sargento Monsalve ocurrió en forma casi simultánea a la detención de la pareja de Rodríguez Torres en La Grita. Cuando Rocío Ramírez fue trasladada a la Dgcim en Caracas, cuatro días después, ya el sargento agonizaba en el hospital militar. Al momento de la redacción de estas líneas, el general permanece recluido en un complejo de celdas recién construidas, en la Brigada de Policía Militar en Fuerte Tiuna.

*El alzamiento del 30 de abril, si bien fue un fracaso para los planes inmediatos de Juan Guaidó, reveló la existencia de una importante fractura en las filas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Para el momento de la redacción de estas líneas, por lo menos cuarenta y ocho funcionarios de ese cuerpo están bajo investigación -penal o administrativa- por su participación en los hechos registrados en la residencia del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y posteriormente en los alrededores de la base aérea La Carlota. Tres de ellos ya están formalmente detenidos, mientras que a los demás intentan convencerlos para que declaren que fueron engañados, que no sabían para qué los llevaron a ese sector de Caracas. El funcionario de mayor jerarquía procesado hasta el momento ha sido el comisario general Roberto Antonio Bracho, jefe de la unidad de Acciones Inmediatas, quien fue presentado ante un juzgado civil y enviado al Centro para Procesados Militares de Ramo Verde. El funcionario alegó en su defensa que se trasladó al distribuidor Altamira en acatamiento a órdenes impartidas por el director del cuerpo para ese momento, general de división (Ejército) Manuel Christopher Figuera, y que cuando estaban allí les arrojaron desde el puente Altamira una bolsa con los brazaletes azules, que permitían distinguir quiénes participaban directamente en la Operación Libertad. Apenas cinco días antes de este alzamiento, Bracho era señalado por medios en Estados Unidos como uno de los principales responsables de violaciones a los derechos fundamentales de opositores.

*Tres preguntas a… Douglas Farah, consultor y coautor del ensayo La decisión final de Maduro. La supervivencia de Venezuela mediante la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana

1.-En su trabajo Maduro’s laststand… Ud sostiene que en Venezuela se instaló desde el poder una “empresa criminal conjunta”. Esto sugiere que no existe una estructura jerárquica que domine todos los negocios ilícitos al mismo tiempo, sino una red de redes. ¿Cómo queda entonces el negocio del tráfico de drogas, como un Cartel de los Soles o como la confluencia de varias organizaciones de traficantes?
DF: Hay organizaciones con más peso dentro de las redes. Los Soles son importantes, pero no únicos, y dependen de otras redes dentro del Gobierno y afuera. Diría que son más fragmentos de los que muchos piensan, pero sí hay fragmentos más grandes que otros, o redes más importantes.

2.-¿Cuál es el verdadero propósito de la “empresa criminal conjunta bolivariana”, asegurar la permanencia de Maduro y de su grupo en el poder o suministrar riquezas a 181 personas?
DF: El propósito es el poder perpetuo y el beneficio económico. La mentira más grande que se vendió es que era una revolución del pueblo. Era una revolución de una nueva clase de oligarcas para criminalizar la totalidad del Estado. Y para mantener eso hay que seguir en el poder.

3.-En la conclusión, Ud aboga por una aproximación más holística o comprehensiva para afrontar al régimen de Maduro. Esto implica una acción combinada entre la comunidad internacional y los operadores del gobierno estadounidense. ¿Cree entonces que la crisis venezolana puede ser superada solamente con una combinación de diplomacia negociadora y sanciones, sin acción militar?
DF: Sí. Creo que la presión económica real, con Europa, América Latina, etc., trabajando en forma conjunta, puede congelar muchos recursos (que pasarían a un nuevo gobierno) y elevar el costo de hacer negocios con el régimen de Maduro a tal punto que no vale la pena. Sería mucho más efectivo a mi juicio que cualquier acción militar y aportaría recursos a un nuevo gobierno.

Libros

En la medida en que avanza la crisis venezolana, crecen los sectores del país que abogan por alguna clase de intervención externa. Uno de los ejemplos tomados en cuenta con mayor frecuencia es el de la invasión a Panamá, en 1989. Este episodio ha sido abordado desde distintas perspectivas por periodistas de renombre. En su libro Los comandantes (1991), Bob Woodward dedicó un capítulo revelador a la gestación de la Operación Causa Justa. Más adelante, Peter Eisner ofreció una perspectiva crítica sobre los resultados y motivaciones de esta acción militar, en America’s Prisoner (1997). Ahora, desde Panamá, los periodistas Rita Vásquez y J. Scott Bronstein lanzan El fantasma de Noriega (2018). Los autores, conocidos gracias al proyecto de los Panama Papers, aprovecharon la oportunidad que se les presentó debido a un acercamiento con el coronel retirado del Ejército estadounidense Charles Chico Stone, un veterano de Viet Nam que a partir de 1979 llegó a ser el jefe de la oficina encargada de suministrar toda la cooperación militar a los países latinoamericanos, cuya sede estaba en el sector Hato Pintado de la capital panameña. El programa se llamaba US Army Security Assistance for Latin America. Desde esa posición, fue testigo excepcional del ascenso político de alias Cara de Piña, desde las oscuras oficinas de la inteligencia de la Guardia Nacional panameña (G2) hasta la máxima jefatura de las Fuerzas de Defensa, donde se erigió en general y se constituyó en el “hombre fuerte” del país, es decir, en el verdadero mandatario, independientemente de quiénes ocuparan la Presidencia. Gracias a la confianza que se labró en el entorno de Noriega, Stone pudo apreciar cómo iba acumulando poder y cómo eventualmente sus antiguos mentores de la Agencia Central de Inteligencia (que lo habían captado como informante desde que era un aprendiz en la escuela militar de Chorrillos, en Perú) lo abandonaban, en la medida en que la Guerra Fría llegaba a su fin y los abusos del general hacia sus opositores se tornaban en un lastre demasiado pesado para los aliados de Washington. El fantasma de Noriega tiene aspectos reveladores sobre los elementos de juicio que se tomaron en consideración para emprender una invasión militar, hace ya treinta años. Hay analogías entre los casos de Panamá y Venezuela, como por ejemplo la imposición de sanciones económicas para estrangular la capacidad de maniobra del Gobierno. Pero también una larga lista de divergencias, que hace pensar en desenlaces distintos a una nueva versión de Causa Justa.

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