-Luego
del impulso inicial, se desinfló el movimiento de los militares que cruzaron la
frontera con Colombia para unirse a la causa de Juan Guaidó. En Cúcuta, fueron
desalojados de sus albergues, y solo unos pocos sobreviven, haciendo trabajos
ajenos a la vida castrense
@javiermayorca
El
18 de julio, se cerró un ciclo para los militares y policías que habían cruzado
la frontera con el propósito de respaldar el paso de la ayuda humanitaria,
promovido por el presidente del Parlamento Juan Guaidó.
Ese
día, los oficiales, los efectivos de tropa profesional y alistada y los agentes
de distintos cuerpos preventivos que habían traspasado los puentes limítrofes
hacia Cúcuta en febrero recibieron una notificación según la cual el gobierno
colombiano, a través de una oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, les
entregaría dos bonos por un total de 450 mil pesos. De ellos, 200 mil servirían
para alimentos y traslado, y el resto para cancelar el alquiler de otro inmueble.
Esto siempre y cuando sus nombres estuviesen en un registro elaborado
previamente, con el concurso de la autoridad migratoria del vecino país.
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| El desalojo del hotel Acora |
La
notificación tenía implícito el desalojo de las habitaciones en los diez hoteles
y albergues donde se habían hospedado durante más de cuatro meses, con la ayuda
de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur).
El
19 de julio, luego de acudir a la referida dependencia del gobierno colombiano
para cobrar sus bonificaciones, tuvieron que abandonar las habitaciones que aún
estaban ocupadas por este contingente.
“Esta
crisis tomó por sorpresa a Guaidó y también al gobierno colombiano, pues no
esperaban a tantos militares cruzando la frontera”, afirmó un oficial que
todavía permanece en la ciudad del departamento Norte de Santander, ahora en
vida civil.
Según
Migración Colombia, durante la crisis por el paso de la ayuda humanitaria se
sumaron a la causa de Guaidó un millar de uniformados venezolanos, en su
mayoría de la Guardia Nacional. Pero en la actualidad solo permanecen en la
ciudad fronteriza unos 150. Como las asignaciones únicas entregadas para buscar
nueva habitación eran insuficientes, algunos se pusieron de acuerdo para
juntarlas con las de otros y así pagar lo exigido por el alquiler mensual de
pequeños espacios. Mientras tanto, buscaron los trabajos más insólitos. Un
sargento de la Guardia ahora viste un disfraz para distraer a niños en las
plazas de la ciudad. Un oficial de la Armada se dedica a cuidar vehículos en un
estacionamiento privado.
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| Parte del grupo que cruzó la frontera |
“Esta
es una ciudad absolutamente saturada por la migración venezolana. Por lo tanto,
tenemos que hacer lo que sea para poder sobrevivir”, explicó un capitán.
Atrás
quedó la posibilidad de gestar una Fuerza Armada en el exilio. Ya en marzo, el
director de la policía en Cúcuta, coronel José Luis Palomino López, les había
advertido durante una reunión privada que Colombia no promovería la formación
de movimientos armados en contra del régimen venezolano, por más que el
gobierno de Iván Duque desconociera la legitimidad de Nicolás Maduro en la
Presidencia. Esto fue reiterado en mayo, a propósito de la firma de un memorándum
entre el canciller neogranadino Carlos Holmes y el embajador designado por
Guaidó, Humberto Calderón Berti.
Como
ya se veía que el movimiento de los militares en el exilio no cuajaría, muchos
de ellos optaron por abandonar Cúcuta, rumbo a Ecuador, Perú y Chile. Algunos
de ellos tuvieron que formar matrimonios apresuradamente para asegurar un
estatus migratorio en Perú.
Cuando
llegó el 19 de julio, los militares y policías encontraron que las deudas en
los hoteles y albergues habían sido saldadas. Simplemente, tomaron sus maletas
y salieron a buscar nuevos alojamientos.
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| El recuerdo de las insignias |
Hasta
el momento de escribirse esta entrega, el escándalo por el manejo de los fondos
entregados a dos civiles designados por Guaidó para pagar los alojamientos y la
alimentación de estos militares no ha llegado a nada. En todo este tiempo, el
parlamentario solo sostuvo comunicación con el conglomerado de militares disidentes
en dos oportunidades. La primera fue en mayo, cuando varios de ellos
manifestaron públicamente su inconformidad por el tratamiento que estaban
recibiendo en Cúcuta y la incertidumbre sobre el futuro que tendrían en
Colombia. En esa ocasión, el presidente del Poder Legislativo trató de
transmitir palabras alentadoras durante una videoconferencia con los ex
miembros de la FAN reunidos en el hotel Vasconia. La segunda comunicación fue mediante
llamada directa, para conocer el estado de una sargento que se había
incorporado a este movimiento castrense con ocho meses de embarazo.
Mientras
tanto, Maduro degradaba y expulsaba mediante decretos a los oficiales y
sargentos que se habían sumado a la iniciativa de Guaidó. Desde Venezuela, sus
amigos les advertían que si intentaban volver serían detenidos y procesados por
traición a la patria.
Para
estos militares, Venezuela es una puerta que se cerró, y que solo se abrirá
nuevamente si ocurre un cambio político, en un proceso del cual se sienten
excluidos.
Breves
-En
varios despachos de Relaciones Interiores se ha reportado el pago de bonos en
efectivo, como un medio para mejorar el clima laboral, enrarecido por el
deterioro económico y la politización. Los beneficiarios han sido llamados
personalmente a las oficinas de sus directores, donde les entregan un sobre.
Generalmente, son cuatro o cinco billetes de Bs 20.000, que desde luego no
entran en la cuenta de las prestaciones. Los empleados se molestan pues
entienden que se trata de una medida esporádica, que solo contribuirá a hacer
algunas compras ese mismo día.
-Las
jornadas para la recolección de las firmas en la campaña “No + Trump” se han
convertido en una nueva prueba de lealtad a lo interno de los cuarteles y el
resto de los despachos gubernamentales. En el caso de la Fuerza Armada, el jefe
del Comando Estratégico Operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, ordenó
que los comandantes de unidades debían retratarse y grabar videos del momento
en que participen en la colecta de las firmas, para transmitir la impresión de
un apoyo total al gobernante. Las últimas unidades militares que están en el
cronograma de esta campaña son las de la Región de Defensa Integral Marítima e
Insular, el próximo fin de semana. Maduro aspira a obtener trece millones de
rúbricas en apoyo a su iniciativa política contra el presidente estadounidense.
Pero la ausencia de movilización y entusiasmo han sido evidentes. Para este
jueves 22 de agosto está pautada la jornada de recolección en la Región
Estratégica de Defensa Integral Occidental. Su comandante, el mayor general
Ovidio de Jesús Delgado, ordenó que todo el personal civil y militar de esa
unidad debía asistir acompañado por otras dos personas, para que éstas también
aporten sus firmas. Cada una será registrada por su número de cédula de
identidad. Esta es la tercera oportunidad en 2019 en la que el régimen colecta
firmas a lo interno de la Fuerza Armada para dar sustento a alguna campaña
política, que generalmente persigue enviar un mensaje al gobierno
estadounidense.
-En
el transcurso del juicio por el estallido de los drones en la avenida Bolívar,
el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa asomó
algunas de las razones por las que estaría siendo perseguido por el régimen: 1)
çuando era jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, ordenó
inspecciones para cada vuelo de Conviasa que salía a La Habana, con el fin de
detectar el traslado de estupefacientes o materiales prohibidos; 2) coordinó la
operación en la que fue detenido Richard Cammarano cuando intentaba salir por
el aeropuerto internacional de Maiquetía en compañía de la ex magistrada Miriam
Morandy, y 3) se declaró abiertamente opuesto a la politización de la Fuerza
Armada y a la injerencia de los cubanos en los cuarteles.
-El
Instituto de Medicina Legal de Colombia reportó el homicidio de 233 venezolanos
en ese país durante los primeros siete meses de 2019. Solamente en julio fueron
ultimadas 40 personas de esta nacionalidad. La frecuencia de muertes supera un
caso al día. La venezolana es, de hecho, la primera nacionalidad extranjera
víctima de homicidio en Colombia. En la medida en que la diáspora se extiende,
la violencia se incrementa. En 2014, cuando la migración masiva apenas asomaba,
solo fueron doce casos. En 2018, 533. En lo que va de año, el 88% de estos
homicidios tiene como víctimas a hombres. En cambio, cuando se habla de casos
reportados de violencia sexual, la mayoría de las víctimas venezolanas son
mujeres (83%).
-Debido
al bloqueo de los pasos fronterizos en San Antonio y Ureña, algunos productores
agropecuarios venezolanos han optado por intentar el traslado de insumos como
semillas y pesticidas a través del puente que parte de Puerto Santander y
atraviesa el rio Guarumito. Allí, sin embargo, se ha instaurado el cobro de lo
que denominan un diezmo, es decir, el 10% del valor de la mercancía, tal y como
aparece en las facturas de compra. La recaudación sería ejecutada por integrantes de la banda criminal de los Pelusos, que operan en ese sector
con la anuencia de la Guardia Nacional. Un productor venezolano, que ha debido
hacer estos pagos, indicó que los paramilitares detectan el paso de los
vehículos desde el Táchira, y siguen a los conductores durante las compras que
hacen en Puerto Santander. “Las tiendas de insumos agropecuarios están todas
prácticamente en la misma calle, por lo que no les resulta muy difícil”,
explicó. Los cobros de este impuesto informal se hacen en Venezuela, cuando se
ha verificado el paso de la mercancía, a pocos metros del puesto militar.
Libros
Humberto de la Calle ha sido uno de esos
colombianos que conoce el monstruo en sus entrañas. Este abogado ha sido magistrado
de la Corte Suprema de Justicia, ministro de Gobierno durante el mandato de
César Gaviria, Vicepresidente de la República y ministro de Interior, por citar
solo algunos cargos. Pero lo que amerita su mención en este espacio es su
última obra, referida a su experiencia como jefe negociador del gobierno
colombiano durante las conversaciones en La Habana. Revelaciones al final de una guerra (Bogotá, 2019) es un extenso
relato sobre el recorrido iniciado en agosto de 2012 para ponerle, como él
mismo lo refiere, “punto final” al conflicto armado contra las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), en un momento en que muy pocos concedían
alguna probabilidad de éxito inmediato a tal empresa, aunque ya se avizoraba la
“derrota estratégica” del grupo guerrillero. Estas páginas fueron escritas con
independencia de criterio, una actitud que según el propio autor lo explica en
sus primeros capítulos, es la consecuencia de su escaso apego a un proyecto político
partidista, que lo llevó en algunos momentos a manifestar diferencias con quien
entonces era un recién electo Presidente de su país. Así, con la debida
distancia, De la Calle lleva al lector de la mano por todo el camino de estas
negociaciones, sin la pretensión de haber dicho toda la verdad sobre un tema en
el que convergieron numerosas voluntades y puntos de vista. Para un lector venezolano,
este libro puede ser tomado incluso como un testimonio de lo que se debe y de
lo que no se puede hacer para llegar a la paz, luego de un prolongado
enfrentamiento.
