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domingo, 6 de octubre de 2019

Costosos engaños


-Las estafas mediante el uso de las redes sociales y de los sistemas de mensajería se han convertido en un delito de moda, en el que los delincuentes se hacen pasar por amigos de toda la vida

@javiermayorca

Una noche de agosto, Cristina recibió un mensaje a través del sistema de mensajería de su cuenta de Instagram. Era un viejo amigo, que había emigrado a Estados Unidos y, aparentemente, regresaría a Venezuela en los próximos días.
“Me extrañó, porque tenía como tres meses de ausencia, sin poner nada en el Instagram”, recordó ella.
En el chateo por la red social, la convenció para que lo ayudara a obtener algunos fondos en bolívares, mediante el cambio de algunas divisas que él luego le entregaría.
La primera operación sería por $200. Pero Cristina no tenía los fondos para hacer la transferencia, así que buscó entre sus contactos a alguien interesado en comprar los dólares.
“Me transfirieron casi tres millones de bolívares. Pero yo no podía entregarle a él todo ese dinero de una vez, porque el banco me bloquearía la cuenta, así que solo pude transferir un millón y medio”, relató.
Para ese momento, el “viejo amigo” ya había regresado al país, a juzgar por la línea Movistar que utilizaba. Todo parecía marchar sobre ruedas, hasta el momento en que el hombre iba a trasladarse al lugar donde ella trabajaba, para entregar los billetes estadounidenses con la cara de Franklin. Entonces la llamó para decirle que estaba perdido. Ella volvió a especificar su dirección de trabajo, en el este de Caracas.
“El tipo apagó el teléfono, y no volví a saber nada de él (…) Fui víctima de una estafa por una persona conocida”, reflexionó.
Ahora convertida en víctima, Cristina denunció lo ocurrido ante la división contra Delitos Informáticos de la policía judicial. En medio de la emergencia, además, tuvo que endeudarse para poder cubrir los dólares que no había podido entregar a la persona que se los había comprado en primera instancia.
Las estafas mediante el uso de las redes sociales y los sistemas de mensajería se han convertido en uno de los delitos de moda en Venezuela. Cuando Cristina formuló la denuncia, un agente policial le confió que todos los meses la institución procesa unas 500 denuncias similares a las que ella hizo en agosto.
El funcionario se quedó corto: durante los primeros seis meses de 2019, los cuerpos de seguridad han iniciado 3.632 expedientes por estafa. El promedio mensual es de 520.
Fuente: MRI
Las estadísticas sobre este delito, conocidas extraoficialmente, revelan un crecimiento sostenido en las estafas a partir del mes de marzo. Ya para junio, el total fue de 754 denuncias, y a juzgar por los casos conocidos esta práctica delictiva se encuentra en permanente incremento.
Los estados donde los timadores actúan con mayor frecuencia son Miranda, Carabobo, Distrito Capital (Libertador), Lara y Zulia. Anteriormente, Zulia era preferida debido a la posibilidad de acceder a recursos de la renta petrolera. Pero esto cambió radicalmente en 2019, debido a la devastación ocasionada por los apagones y los saqueos.
Así como le sucedió a Cristina, en la mayoría de los casos el estafador es una persona conocida. O por lo menos eso cree la víctima. Esto quiere decir que el delincuente puede suplantar la identidad de otra persona mediante el hackeo de sus cuentas en las redes sociales, y desde allí iniciar la caza de sus posibles víctimas.
El éxodo masivo de personas al exterior también genera condiciones para los engaños. Un hombre que emigró a Sevilla desde San Juan de los Morros relató que estuvo a punto de ser estafado por una persona que había suplantado la identidad de una amiga, con la que iba a negociar la entrega de fondos para sus familiares en Venezuela. Se salvó a última hora gracias a su intuición. Optó por pasar de las redes sociales y el Whatsapp a intentar una conversación directa. Ante las evasivas para hablar, desistió de la operación.
En el 25% de los casos procesados este año por la policía judicial, la estafa se produce en operaciones de cambio de monedas, generalmente dólares o euros. En el resto de los casos, también es posible que se produzcan pérdidas en divisas para las víctimas. Pero el engaño ocurre en el curso de ventas de bienes escasos, como pueden ser repuestos para vehículos, alimentos, plantas generadoras de electricidad e incluso puntos de venta. Todo lo que en un momento determinado pueda exigir el mercado.
Esta es una de las consecuencias indeseadas de lo que el ex director de la policía judicial, Miguel Dao, denominó la “dolarización informal” de la economía venezolana. En un alerta emitido recientemente, el ex funcionario recomendó llevar a cabo estas transacciones “con empresas, comercios y personas conocidas, de confianza, con comprobables antecedentes legales, morales y éticos”.
Sin embargo, los timadores intentan llevar a cabo sus engaños aprovechando ciertas condiciones de apuro, ya sean reales o generadas por ellos mismos. Y en una economía afectada por la hiperinflación, lo que prevalece es la premura: el precio del dólar hoy seguramente será menor que el de mañana; el caucho nuevo costará más, así como el teléfono celular y el cargamento de carne. Por ende, se dificultan los procesos de verificación de los antecedentes. La víctima se aturde, y termina perdiendo su dinero.

Breves

-La Policía Nacional lleva a cabo en este momento un plan para incrementar su pie de fuerza mediante la reincorporación de funcionarios que habían sido excluidos de ese y de otros cuerpos de seguridad por distintas razones. Esta iniciativa había sido anunciada en mayo, luego de la remoción del general de división Carlos Pérez Ampueda, ante las sospechas de que había respaldado el alzamiento del 30 de abril, y su reemplazo por el general de brigada Elio Estrada Paredes. Los reincorporados forman parte de un grupo llamado “ingresos extraordinarios”. Según listados a los que se tuvo acceso, provienen de las policías de Caracas, Miranda, Baruta, Eulalia Buroz, Independencia y Sucre, por citar algunas. Pero la mayoría de estos reinsertados habían salido de la propia PNB, por razones que no han sido especificadas. Desde 2017, el contingente de la Policía Nacional se estancó en poco más de 26 mil efectivos, de los cuales 6.000 son mujeres. El pie de fuerza no se ha incrementado, y sin embargo son crecientes las exigencias del Gobierno, en especial en cuanto a extender la presencia policial a todos los estados del país, y reforzar ciertos servicios, como por ejemplo el de vigilancia al Metro de Caracas, al cuerpo diplomático o las vías expresas. La alternativa, entonces, ha sido la reinserción de estos funcionarios. También se abrirá la posibilidad de que se incorporen guardias nacionales que estén de baja. El riesgo que han reconocido los propios jerarcas de la institución en reuniones internas es que se abra las puertas a individuos excluidos por medidas disciplinarias o por haber participado en delitos.

-El ministerio de Relaciones Interiores inició una investigación al constatarse la distribución mediante correos electrónicos de mensajes que supuestamente tienen la finalidad exacerbar el descontento en las filas de ciertos cuerpos policiales en Distrito Capital. Uno de tales mensajes hace un explícito llamado al alzamiento en armas de los uniformados, para que “Venezuela sea libre”. En el texto, igualmente, se indica que los policías incorporados a este movimiento pueden convertirse en parte de la historia nacional, siempre y cuando hagan un esfuerzo por “neutralizar a las ratas”.  Lo cierto es que los policías, como el resto de la población, parecen más enfocados en asegurar un sustento diario, trabajando como escoltas en sus tiempos libres o como parceleros de panaderías, que por organizarse para propiciar un cambio político.

-A partir de junio de este año se ha tenido noticia sobre la activación de unidades que, sin pertenecer directamente a los organigramas de ningún cuerpo policial habilitado formalmente por el ministerio de Relaciones Interiores, intervienen en labores de seguridad ciudadana. El primer organismo está adscrito al propio despacho encabezado por el general Reverol. Se trata de la Brigada Especial contra las Actuaciones de Grupos Generadores de Violencia (BEGV). Aunque esta unidad se gestó inicialmente en 2014, cuando Miguel Rodríguez Torres era el titular del MRI, su actividad fue prácticamente nula. Pero en junio de este año, fue designado José Daniel Hernández Valdez para encabezar esta agrupación, por decisión del Presidente. Otro ejemplo está en el Zulia. Allí, la Secretaría General de Gobierno maneja una Dirección de Investigaciones, con agentes que presumiblemente fueron enviados en comisión de servicio desde la policía regional, y que operan en vehículos de ese cuerpo policial. El 4 de octubre, los funcionarios de esta unidad especial ultimaron a dos personas no identificadas en el barrio Fuerza Bolivariana, y a otro hombre en el barrio Puntica de Piedra del municipio San Francisco, identificada como Jorge Luis Luzardo, de 40 años de edad. Los reportes sobre este grupo especial son conocidos desde septiembre.

-En atención a la última entrega de Crímenes sin Castigo (titulada La venganza de Cristóbal), el mayor general retirado del Ejército y ex jefe de Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal Barrios, envió al correo crimenessincastigo@gmail.com una réplica sobre ciertos aspectos del referido texto. La misiva con fecha 2 de octubre es publicada a continuación, íntegra y sin alteración alguna:
“Con ocasión a una noticia publicada en el medio que Usted dirige, en fecha 22 de septiembre del 2019, firmada por el periodista Javier Ignacio Mayorca, titulado “La venganza de Cristóbal” y en que una parte afirma refiriéndose a mi persona: “Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolos de drogas, y de paso obtener recursos para financiar el proyecto político venezolano”. (Cita textual)
“Debo aclararle lo siguiente:
“La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesta por tres honorables magistrados, ha denegado la solicitud de extradición hecha por EEUU. En resumen, los argumentos jurídicos que fundamentan la decisión son:
“1. No existe un relato de hechos concreto que describa la conducta del reclamado en cuanto a lo que se le acusa; y que determine, al menos, lugar y fecha en que fueron cometidos los supuestos delitos.
“2. Los supuestos delitos son considerados delitos militares según la legislación española.
“3. La reclamación se fundamenta en una motivación política.
“Fuera de estos tres puntos que sustentan la sentencia de la Audiencia Nacional, no existe ninguna otra consideración objetiva que avale la interpretación hecha en el artículo mencionado. Por lo cual, cae en un ejercicio sofisticado de especulación periodística basada en conjeturas y supuestos de difícil comprobación que, lejos están de ayudar a esclarecer la verdad del tema, suma a una matriz de opinión perversa que ha lesionado mi reputación por casi una década.
“Debo ratificarle, lo que ya he hecho público por diferentes vías de comunicación:
“Los EE.UU. solicita mi extradición basándose en una narrativa de hechos de una supuesta actividad delictiva que ocurrió entre 1999 y 2019. Después de 20 años de una supuesta investigación, la fiscalía estadounidense debería ser capaz de decir ante la justicia española y ante el mundo, qué fue lo que supuestamente hice, dónde y cuándo. Además de soportarlo con pruebas. Hasta el momento, la fiscalía de EEUU. no ha explicado qué fue lo que supuestamente hice, ni ha presentado una sola prueba.
“Este entramado de mentiras que fue fabricado en mi contra desde hace más de diez años en Venezuela, y del cual no había podido defenderme efectivamente, no solo me hace víctima a mí, a mi familia, a mi entorno, sino también al propio gobierno de EEUU. Funcionarios del gobierno venezolano involucrados en narcotráfico elaboraron informes falsos donde me incriminaban con el fin de cubrir sus delitos y de procurar que el presidente Chávez me retirara su confianza. Estas falsas informaciones fueron recabadas por la DEA, quienes la presentaron a fiscales que, sin mayor cuestionamiento ni investigación, las tomaron como ciertas y decidieron acusarme.
“El contexto de lo que ocurría y sigue aconteciendo en Venezuela en materia de narcotráfico y terrorismo, ayudaba a creer que lo que se decía sobre mí, por el cargo que ocupaba, también debía ser cierto. Pero conmigo cometieron un error que el tiempo y la justicia corregirá.
“Con humildad y firmeza quiero hacer valer lo que la justicia española ha determinado en primera instancia. Y es que la motivación detrás de los señalamientos hechos por la fiscalía de EE.UU. es política. La persecución en mi contra se lleva a cabo desde los tiempos en que trabajé al lado de Hugo Chávez, a quién obedecí de manera directa como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional y presidente constitucional de la República, en el marco de mis funciones y con estricto apego a la ley.
“Vine a España con el firme propósito de colaborar en el restablecimiento de la democracia en mi país. Esto no ha cambiado, ni cambiará bajo ninguna circunstancia. Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para deponer a la tiranía criminal de Nicolás Maduro.
“Le agradezco revisar el mencionado artículo y atender a este Derecho de réplica a través del medio que dirige y sus redes sociales en el plazo establecido por la Ley, toda vez que las primeras reglas en el ejercicio responsable del periodismo, es contrastar las fuentes en las que se apoya la noticia y actuar con estricta sujeción a la verdad. Solicito sea publicado este escrito y realizar las aclaratorias pertinentes en honor a la verdad y a la justicia.”

Libros

¿Qué lecciones pueden extraer los venezolanos y en general los latinoamericanos del conflicto armado que padeció Colombia durante la última mitad del siglo XX y los primeros años de este siglo? ¿Qué deja para el futuro inmediato la paz acordada en La Habana con la cúpula de las FARC, y el aparente desmantelamiento del Ejército de Liberación Nacional? ¿En qué se transformaron exactamente los grupos que anteriormente eran calificados como “paramilitares”? Las respuestas a estas y otras interrogantes pueden ser encontradas en el último trabajo del subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, Ariel Fernando Ávila, titulado Detrás de la guerra en Colombia (Bogotá, 2019), que ya llega a su tercera edición. Se trata de una extensa investigación, que recopiló y sistematizó unos 14 millones de datos, obtenidos de informes de los cuerpos policiales y militares, entrevistas presenciales y reportes de los medios de prensa sobre el conflicto armado en el vecino país, desde la primera mitad de la década de los ochentas del siglo pasado. Ávila va llevando al lector por el sinuoso camino que han recorrido las dos guerrillas más importantes de Colombia, y las estructuras que terminaron agrupadas bajo el paraguas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Cada una con diferentes agendas y objetivos, aunque a la postre unidas en la producción y el tráfico de drogas. No solo se analiza las características de cada factor de violencia, sino también su particular relación con el Estado y las fuerzas militares. La investigación finalizada en 2018 ya permitía sugerir la reconfiguración de las FARC en lo que el autor denominó una “nueva guerrilla”, e igualmente entrega evidencias sobre el desplazamiento del conflicto hacia los sectores periféricos, donde florecen las economías ilegales. Entre esos sectores, desde luego, está la frontera con Venezuela, donde la guerrilla del ELN ha mantenido la mayor intensidad de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad colombianas. Aunque sumamente extensa, esta obra deja la impresión de que Ávila continuará su proceso investigativo, a la luz de las nuevas realidades que ya se desarrollan en Colombia, y que repercuten casi de inmediato en los países vecinos.

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