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domingo, 17 de noviembre de 2019

Señales de una tragedia

-Lo ocurrido en el Parque del Este pudo ser evitado. Hubo tiempo suficiente, y sin embargo nadie actuó para impedirlo ¿Quién permitió la celebración a todo trance del concierto Banderas Blancas?

@javiermayorca

La pregunta clave para determinar responsabilidades en la tragedia del Parque del Este, ocurrida el sábado 9 de noviembre, es quién tenía la responsabilidad de proteger a los asistentes, y si esa entidad o persona contó con suficiente tiempo para tomar las medidas que impidiesen la cadena de hechos que arrojó un saldo parcial de una adolescente fallecida y otros diecinueve lesionados.
La segunda parte quizá sea más fácil de abordar. La iniciativa de utilizar las instalaciones del referido parque para llevar a cabo un evento artístico gratuito era conocida por lo menos con nueve días de antelación. La administración del Instituto Nacional de Parques (Inparques) había recibido el 1 de noviembre una solicitud de autorización para celebrar un “concierto de música urbana” en la concha acústica, ubicada en el sector norte, aledaño a la salida hacia la avenida Francisco de Miranda.
Esto pudo ser evitado
Inparques, a juzgar por la documentación conocida, negó la realización de la actividad llamada Banderas Blancas. Pero esta negativa parece haber sido ignorada por los organizadores.
Ahora bien, si un ciudadano de a pie pide permiso para llevar a cabo una celebración en ese parque, y la autoridad del lugar lo niega, pues lo más lógico es que el solicitante busque un sitio distinto. De lo contrario, esta autoridad podrá acudir a la fuerza pública para imponer su voluntad.
En el caso del Parque del Este convergen tres instituciones que podrían ser denominadas “fuerza pública”: la Guardia Nacional, que posee una compañía en esas instalaciones; Inparques, cuyos empleados hacen rondas por los estacionamientos y caminerías, y la Policía de Miranda, cuyos funcionarios tienen un puesto en el sector conocido como Bolívar, justo al lado de unas oficinas que ocasionalmente utiliza el gobernador Héctor Rodríguez.
Todos estos representantes del Estado imponen restricciones a los usuarios. Por ejemplo, cuando se celebran actos del oficialismo en el nuevo sector del parque -donde Rodríguez despacha-, los agentes de la policía regional impiden a los usuarios y corredores cruzar el puente que pasa sobre la autopista Francisco Fajardo. También hacen apostamientos -de vez en cuando- en el sector conocido como “pista de tierra”, donde los deportistas son asaltados con frecuencia.
Todos estos cuerpos contaron con suficientes días para impedir la celebración del concierto. Pero no lo hicieron. Por el contrario, miraron impávidos cómo era instalada la tarima donde el trapero Neutro Shorty haría su presentación. Por cierto, frente al despacho del gobernador.
El día del show, también hubo la oportunidad de parar la tragedia, de haber leído a tiempo las señales. Según testimonios recabados, los adolescentes se agolparon frente a la reja del parque, en la entrada Norte, desde muy temprano. En su desespero por ganar acceso, una joven escaló la malla perimetral y sufrió lesiones leves en una pierna al caer en el interior de la instalación. 
Los empleados del parque, disminuidos en número, optaron por cerrar todas las rejas, incluidas las del estacionamiento. 
Esto hubiese sido suficiente para enviar al lugar una unidad de orden público, ya fuese de la GN o de la Policía Nacional, que cumpliese un rol disuasivo. Como no sucedió, los muchachos envalentonados derribaron dos santamarías de la entrada y corrieron como manada hacia el sector sur, donde se llevaría a cabo el concierto.
Fue en este momento cuando se produjo la mayor parte de los lesionados, y según el parte preliminar de la PNB, la muerte de la adolescente.
Al ver a esta multitud corriendo en desbandada, los deportistas que tradicionalmente utilizan el parque tuvieron que ocultarse.
Un segundo sitio de suceso fue en los alrededores del puente que pasa sobre la autopista. Allí los adolescentes intentaron trasponer las barreras a como diera lugar, lanzándose por los bordes de la estructura y cayendo en el sector Bolívar. Los paramédicos tuvieron que improvisar un puesto de atención en el borde del lago donde está la réplica de la carabela.
El problema radica en que, desde junio de 2018, Inparques pareciera haber perdido la potestad de manejar esas instalaciones. Ese mes, Nicolás Maduro aprobó una solicitud formulada por Rodríguez, y nombró a Gerardo Sánchez Chacón “autoridad única” del parque. Los empleados del instituto manifestaron su descontento. 
Esta dualidad en el manejo de la instalación pudiera contribuir a explicar por qué los organizadores del evento hicieron caso omiso a la negativa de Inparques, y en cambio movieron el escenario desde la Concha Acústica hasta el sector sur. Sin duda, un poder superior los aupaba. El referido instituto pasó agachado, hasta que el escándalo por la muerte de la joven y los numerosos lesionados lo obligó a emitir un comunicado, en el que descargó la responsabilidad en los organizadores del evento.
Este suceso hace recordar otro episodio luctuoso: el de la fiesta en el club conocido popularmente como Los Cotorros, en El Paraíso, donde murieron diecinueve personas, luego del lanzamiento de una bomba lacrimógena. Esto fue en junio de 2018. En esa oportunidad, los fiscales no solo imputaron a quienes arrojaron el artefacto sino también a quienes participaron en la organización del evento juvenil, a los encargados de la seguridad y al regente del establecimiento.
Es claro que hay diferencias entre el caso de El Paraíso y el del Parque del Este. La principal es que el primero es un lugar es de uso privado, y el otro público, es decir, al cuidado del régimen. Y este matiz, desde luego, lo tiene presente el Fiscal.

Breves

-Desde finales de octubre, las autoridades del estado Zulia están reteniendo las motocicletas que son detectadas en circulación luego de las 7 pm, en atención a una orden emitida por el gobernador de la entidad, Omar Prieto, a través de su cuenta twitter. El 15 de septiembre, Prieto argumentó que esta decisión formaba parte del “combate a la inseguridad”.  Se desconoce qué elementos de juicio habrá tomado en cuenta el gobernante para emitir un mandato que restringe la libertad de circulación. Las estadísticas, conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, indican que las motos apenas son usadas en el 5,8% de los robos genéricos denunciados en Zulia. De hecho, en ese estado sucede algo curioso: las motos son menos utilizadas para asaltar que los carros o las camionetas, las cuales aparecen en 11,5% de los casos conocidos. Prieto pareciera guiado más por la intuición que por un criterio sólido. Finalmente, tanto en Zulia como en el resto del país, la mayoría de los robos (82,2%) es llevada a cabo por personas que van a pie.

-La división contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial adelanta una averiguación sobre una red nacional de distribución de cosméticos falsificados. Las pesquisas fueron iniciadas el 16 de mayo, una vez recibida la denuncia de la representante legal de la empresa Drocosca, Adriana Menéndez. Esta firma es la encargada de comercializar los productos marca Valmy. Según Menéndez, se detectó que productos tales como esmaltes y línea de tratamiento para uñas, que tradicionalmente son comercializados por grandes cadenas de farmacias, eran ofrecidos a través de la web MercadoLibre, e igualmente eran vendidos en quincallas y abastos en diversas ciudades como Barquisimeto, Maracaibo y San Cristóbal, a precios que representan casi la mitad de los que tradicionalmente tienen en las ventas al detal. La fiscalía 16 con competencia nacional, a cargo de Andrés Eloy Hernández y Milkary da Silva, coordina las diligencias de este caso. Luego de allanamientos en locales de Barquisimeto y La Urbina, se ha determinado que estos productos fueron traídos de China. Pero hasta el momento no ha sido posible encontrar un rastro documental que confirme el puerto de entrada. Los representantes de la compañía de cosméticos han solicitado un pronunciamiento del Instituto Nacional de Higiene, pues suponen que la baja calidad de los insumos utilizados para fabricar la mercancía “pirata” representa un riesgo para la salud de los usuarios. Han detectado, además, que en las nuevas oleadas de importaciones los imitadores han refinado sus técnicas, al hacer que las etiquetas externas sean copias casi fieles de las que traen los productos originales.

-Durante el lanzamiento del dispositivo Navidad Segura 2019, el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, divulgó las cifras actuales de funcionarios destinados a labores de policía preventiva y de investigación. Según este general, en este momento el pie de fuerza total de la policía judicial es de 9.065 funcionarios. Hay además 94.909 uniformados de cuerpos preventivos (PNB y policías estatales y municipales), así como 46.230 guardias nacionales. Se sabe que estas cifras incorporan al personal administrativo y a los funcionarios que siguen en nómina, a pesar de que no desarrollan ningún trabajo de seguridad puesto que son escoltas, están de reposo, suspendidos, de permiso, vacaciones o son usados para custodia penitenciaria. Al sumar los números de agentes preventivos y de la guardia nacional, el total es de 141.139. El estándar de Naciones Unidas -aceptado por Venezuela desde los tiempos de la Comisión Nacional para la Reforma Policial- establece que debe haber cuatro policías preventivos por cada mil habitantes. Esto es, agentes en las calles. Esto da 120.000 funcionarios. Pero las normas vigentes establecen que los policías tienen turnos de ocho horas diarias. De manera que, para cumplir con el estándar, el país debería tener unos 360.000 agentes preventivos. El déficit de agentes es de 60,7% en general. De allí que, a pesar del mandato constitucional sobre el carácter civil de la seguridad ciudadana, es y será muy complicado deshacerse de la Guardia Nacional. Sin este componente militar, la carencia de agentes para prevenir el delito superaría el 73,8%.

-Por cierto que el ministerio de Relaciones Interiores activó un grupo especial para la investigación de los delitos perpetrados en la industria petrolera. La unidad está bajo el mando de un general. El plan de Reverol es que tenga el rango de un viceministro. Pero esta decisión todavía no ha salido publicada en la Gaceta Oficial, probablemente para evitar que este oficial entre automáticamente en las listas de sancionados por el Departamento del Tesoro. La industria petrolera es sin duda la institución estatal más afectada por los hurtos de todo tipo de materiales. Hasta el mes de septiembre se contaban más de 380 casos denunciados ante la policía judicial. Pero cada denuncia refiere generalmente la sustracción de múltiples objetos, que forman parte del patrimonio del país. El impacto sobre la operatividad de la industria es enorme. Esta cifra, además, sugiere la existencia de redes bien consolidadas en el interior de la estatal petrolera, que se llevan todo tipo de activos y son capaces de comercializarlas en el mercado negro.

Libros

1989 fue quizá uno de los años más violentos de la historia de Colombia. Las bombas, los secuestros y la creciente actividad de los grupos guerrilleros y paramilitares parecían tener contra las cuerdas a las instituciones de ese país. La periodista Maria Elvira Samper recoge todo el dramatismo de esa época en su más reciente libro, que lleva por título precisamente ese año: 1989 (Bogotá, 2019). En estas páginas, la autora no se contenta solamente con hacer el debido recuento cronológico, es decir, informar al lector cómo ocurrieron las cosas. También trasluce cómo lo vivió la reportera. Hay además la valoración de personajes clave, que mediante entrevistas ofrecen nuevas perspectivas sobre hechos que han sido trajinados por escritores e historiadores. En 1989, la violencia colombiana reverberó sobre todo el continente. El asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán conmocionó a todo el mundo. Pero, tal y como se puede apreciar durante la lectura, este fue apenas un giro en la espiral de muertes de las que Colombia parecía no poder salir. Los Extraditables, un grupo de traficantes de drogas encabezado por Pablo Escobar, declararon la guerra al Estado en un conflicto que se prolongaría por más de cuatro años y que representó un paso importante en la conformación de los grupos paramilitares, posteriormente aglutinados con el término autodefensas. Se trata, pues, de un año digno de estudio, no solo para los colombianos sino para todos los que desean de alguna manera entender los procesos de violencia que afectan a grandes conglomerados nacionales.


domingo, 3 de noviembre de 2019

Disputas en Luxemburgo

-Diez prominentes oficialistas adelantan litigios para revertir las sanciones impuestas en distintos momentos por la Unión Europea, como consecuencia de violaciones a los derechos fundamentales de la población venezolana

@javiermayorca

Una parte del futuro de Venezuela se dirime en un juzgado de Luxemburgo, probablemente desconocido para la mayoría de la población del país.
En este pequeño territorio de Europa Central, denominado también Gran Ducado, opera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una instancia creada en 1952 con la finalidad de interpretar las normas de la confederación y controlar la legalidad de sus actos y decisiones.
Ante esa instancia, y en absoluto sigilo, diez importantes operadores del régimen de Nicolás Maduro han recurrido con la finalidad de anular las sanciones que les han impuesto a través del Consejo Europeo, por violaciones a los derechos humanos de la población venezolana.
Los primeros litigios se iniciaron con los recursos interpuestos en abril de 2018 por Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia; la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena; el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, y el fiscal general designado a través ese cuerpo y ex presidente del Poder Moral, Tarek William Saab. Moreno fue el primero que recurrió a la instancia judicial europea para revertir las sanciones.
El 18 de septiembre de ese año, el juzgado europeo recibió un segundo grupo de demandas de nulidad. En esta oportunidad acudieron Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañada por Xavier Moreno Reyes, secretario general de la misma entidad; la rectora Socorro Hernández, y la actual Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez. Los nombres son mencionados en el orden en que fueron admitidas sus demandas, y les asignaron números a sus expedientes.
En enero de este año abordaron el mismo tren la ex vicefiscal Katherine Harrington y el ex comandante general de la Guardia Nacional, mayor general retirado Antonio Benavides Torres.
La documentación que se ha logrado revisar sobre estos litigios indica que los argumentos esgrimidos por estos diez demandantes son esencialmente los mismos. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, se indica que el Consejo de Europa supuestamente “vulneró el principio de buena administración, así como su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, al denegarle el acceso a las pruebas en las que supuestamente se basa su inclusión en la lista”. De igual forma, según el actual presidente de la ANC, “el Consejo incurrió en un error de apreciación al no haber demostrado que el demandante esté implicado en acciones que menoscaben la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.
Oficialistas quieren revertir las sanciones europeas
Se debe recordar que Cabello fue sancionado por los países miembros de la Unión Europea el 22 de enero de 2018, específicamente por considerarse que “en menoscabo de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, en particular utilizando los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil”.
El general Benavides Torres fue incorporado en la lista negra junto a Cabello. Sin embargo, el oficial retirado esperó casi un año para solicitar la anulación de esta decisión. Argumentó que para el momento en que fue sancionado ya no ejercía la comandancia general de la Guardia Nacional. Sin embargo, la razón que se tomó en cuenta en su caso no era si ejercía o no el cargo, sino que cuando estaba al mando del cuerpo castrense se verificaron “graves violaciones a los derechos humanos”.
“Sus acciones y políticas como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, como el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana asumiera el liderazgo de la presencia policial en las manifestaciones civiles y abogara públicamente por que los tribunales militares tuvieran jurisdicción sobre la población civil, han menoscabado el Estado de derecho en Venezuela”, es el punto central de la sanción al oficial.
Por su parte, la rectora del CNE Socorro Hernández argumentó que las sanciones “constituyen una restricción injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de la propiedad”. Esto sugiere que la decisión adoptada por los países europeos le ha impedido disponer de sus activos.
Sobre estos litigios no se ha llegado a ninguna decisión. Cada expediente mantiene una numeración individual, lo que sugiere que hasta el momento no se ha producido una acumulación. Sin embargo, las decisiones que se tomen con respecto a las primeras solicitudes de nulidad tendrían un efecto sobre las demás.
Un factor en común en todos los juicios, además de los argumentos centrales, es la pareja de apoderados judiciales de los demandantes. Se trata de Fabrizio de Gianni (escritorio Van Bael & Bellis), asistido por otro litigante que solo se identifica como L. Giuliani.
Hasta ahora, ocho sancionados por la Unión Europea no han recurrido al tribunal de Luxemburgo: los ministros Jorge Rodríguez y Tarek el Aissami, los generales Gustavo González López (director del Sebin y del Cesspa), Iván Hernández Dala (director de la Dgcim), Jesús Suárez Chourio (comandancia en jefe de la FAN), Néstor Reverol (MRI), Sergio Rivero (ex comandante general de la GN) y el protector del Táchira Freddy Bernal.
Una fuente diplomática con conocimiento del tema explicó que durante cada uno de estos juicios los querellantes tendrán la oportunidad de acceder a los expedientes que fueron tomados en consideración para emitir las respectivas sanciones. Si el proceso finaliza con una decisión que los favorezca no solo revertirán las medidas de la Unión Europea, también podrán exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, y de las costas de todo el litigio.

Primer revés

La Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inadmisible la demanda intentada por el gobierno venezolano para anular la decisión del Consejo Europeo que prohíbe las ventas de armas al país, la asesoría informática para los equipos militares y los servicios financieros necesarios para tales adquisiciones.
La sentencia, tomada el 29 de septiembre, indica que el gobierno venezolano había interpuesto una demanda el 6 de febrero de 2018 contra las decisiones de la instancia europea que configuran la única sanción general contra este régimen, referidas a las compras militares.
El recurso fue intentado con la representación de los mismos abogados que asesoran a los diez oficialistas.
Durante el juicio, Venezuela alegó que había adquirido de los países miembros equipos y servicios militares por 76 millones de euros en 2016 y 59 millones en 2017. En 2018, cuando la decisión del Consejo Europeo entró en vigor, no hubo ningún gasto.
Uno de los argumentos para la sentencia fue que las decisiones del Consejo Europeo en esta materia solo obligan a las partes integrantes de este cuerpo. Por lo tanto, no se puede concluir que afecte directamente el derecho del estado venezolano en materia de adquisiciones militares.
En la sentencia, se obliga al régimen a cancelar todos los costos derivados de este proceso judicial.

Breves

-98 personas han muerto durante los primeros nueve meses de 2019 en retenes policiales e internados judiciales. Las cifras que se han logrado conocer extraoficialmente por fuentes de Relaciones Interiores solo consignan los nombres de 69 reos fallecidos, pues omiten la matanza que hubo en el retén de Acarigua, ocurrida en mayo, en la que perdieron la vida 29 internos. Esta ha sido una constante en los despachos de seguridad gubernamentales desde hace varios años. Por ejemplo, los cadáveres de las masacres reportadas en instalaciones carcelarias de Puerto Ayacucho (agosto 2017) y Valencia (marzo 2018), nunca fueron tomados en consideración para las estadísticas gubernamentales. Once de las muertes que entraron en el registro ocurrieron en instalaciones del Distrito Capital y el estado Miranda. En Aragua han contado nueve, de las cuales siete fueron en el internado judicial de Tocorón. Otras cinco en La Pica de Monagas, y cuatro en Tocuyito. En general, salvo lo del retén en Portuguesa, los brotes de violencia entre detenidos han tenido un promedio apenas superior a un fallecido, lo que hace presumir disputas focalizadas, no riñas generales. Otro dato es que tales brotes generalmente finalizan con muertes. Las cifras levantadas hasta ahora solo dan cuenta de once heridos.

-Desde el mes de agosto, se percibe un claro incremento en los secuestros. Esto sucede tanto en Caracas como en diversos estados del interior del país. Aunque las cifras totales, conocidas de manera extraoficial, siguen siendo menores que las registradas en 2018, el hecho es que a partir de las vacaciones escolares se elevó de manera notable la frecuencia de las denuncias de este delito. No se trata solo del caso del exgobernador Yohnny Yánez, quien fue plagiado en Macaracuay y ultimado en cautiverio. En octubre han ocurrido casos en Altamira, que no han sido denunciados pues las víctimas tienen la convicción de que sus captores eran presumiblemente agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). En los primeros siete meses del año eran reportados casos de manera interdiaria. Ahora son todos los días. En Monagas, este delito ha subido 400%. En Sucre, 100%, 300% en Lara y 50% en Táchira. Esto desde luego contribuye a incrementar la angustia de la ciudadanía, que percibe un alza general del delito y una tímida respuesta de los cuerpos de seguridad.

-El viernes 1 de noviembre fueron arrojadas sendas granadas de mano contra locales comerciales en Maracaibo. El primer caso fue reportado cerca de las 10 pm frente al local Dulces Andrea. Allí resultó herido por las esquirlas un hombre de 46 años de edad. Igualmente, la explosión afectó dos vehículos de uso particular. De manera casi simultánea, lanzaron un artefacto similar al centro de apuestas Pitbull. Pero no estalló. A esto se suman los dos heridos por un hecho similar reportado en la entrada de un restaurant en la capital zuliana, el 25 de octubre. El ataque pudo tener resultados más dramáticos, a no ser porque las esquirlas dieron en su mayoría contra dos vehículos. Todos estos incidentes estarían ligados al accionar de redes de extorsión contra los pocos comercios privados que sobreviven en Maracaibo. Allí las bandas parecen haber pasado de las amenazas al ejercicio actual de la violencia contra las víctimas. Hasta el momento, Zulia acumula el 49% de las denuncias de extorsión formuladas en todo el país.

Libros

Durante siete años, Richard Stengel fue editor del semanario Times. Previamente, había colaborado con el líder surafricano Nelson Mandela en la redacción de su autobiografía. Pero un buen día de 2013 aceptó la sugerencia de un burócrata estadounidense y se incorporó al gobierno de Barack Obama. De su experiencia como subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos (una oficina de la Cancillería) surgió una interesantísima obra: Information Wars (Nueva York, 2019). Como buen investigador, Stengel va directo al grano. Una traducción libre de su planteamiento central sería: “Hay de hecho una guerra de información en pleno desarrollo alrededor de todo el mundo, y está sucediendo a la velocidad de la luz”. Las armas de este conflicto son las computadoras, los teléfonos y, como afirmaría Revel, las mentiras, esparcidas como metralla con la intención de generar confusión y, eventualmente, ganar las mentes de amplios conglomerados de población. Durante su experiencia, el periodista se percató de que las democracias, en especial la estadounidense, padecen una desventaja natural que las llevan a medirse en términos desventajosos contra regímenes autoritarios como el ruso, y organizaciones altamente sofisticadas en materia de propaganda como Estado Islámico o Isis. Esta es una nueva manifestación de los conflictos asimétricos, pero no la única. Solo que aquí los parámetros para medir las victorias y las derrotas son otros. Según Stengel, “tienes éxito simplemente enlodando las aguas”, es decir, imponiendo una visión distorsionada de la realidad, que no puede ser rectificada debido a que estos regímenes han sido capaces de eliminar los medios y los periodistas independientes, que pueden cuestionar las versiones oficiales. ¿Suena familiar? El relato de este ex funcionario del Departamento de Estado, a menudo narrado en primera persona, tiene pasajes extremadamente interesantes y aleccionadores, aunque a veces un poco decepcionantes. En las guerras de información, sostiene Stengel, los métodos y parámetros aplicados por los medios libres son usados contra ellos mismos para distorsionar las realidades. En esta guerra, como en ninguna otra previa, el primer muerto pareciera ser la verdad.