domingo, 27 de diciembre de 2020

El informe del Senado

 -La cámara alta del parlamento estadounidense divulgó un reporte que podría cambiar los parámetros aplicados para la llamada “guerra contra las drogas”, desde que fue declarada por primera vez, en 1971

@javiermayorca

El 1 de diciembre, una comisión bipartidista del Senado estadounidense presentó un informe con una detallada revisión sobre los resultados arrojados hasta el momento por la llamada “guerra contra las drogas”.
Podría decirse que este reporte constituye el primer paso hacia la superación de un proceso iniciado en 1971, con la declaratoria del entonces presidente Richard Nixon, y renovado veinte años después, con la cruzada conocida mediante el lema: “Simplemente, di no” (Just say no), tan famoso como inútil para disuadir a la población joven de incorporarse a la tropa de consumidores de estupefacientes.
Efectivamente, en una democracia como la estadounidense, donde el Parlamento juega un papel fundamental, este documento de 117 páginas seguramente tendrá impactos en distintos sentidos. Algunos serán percibidos solamente fronteras adentro de los EEUU. Otros, podrían implicar algunos cambios en la política internacional y las relaciones de Washington con los vecinos latinoamericanos, altamente influidas por los temas vinculados a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas ilegales.
Ambas dimensiones (la interna y la internacional) están entrelazadas. Por ejemplo, es muy difícil proyectar una imagen dura contra las drogas ante la comunidad internacional cuando 35 estados de la unión han aprobado mediante referéndum e instrumentado el uso medicinal de la marihuana; quince han ido más allá, al autorizar el consumo de esta hierba con fines recreativos; otros seis estados dieron luz verde a la despenalización en cuanto al uso o la posesión de porciones de cannabis, y finalmente Oregon ha ido todavía más lejos, al impedir la persecución penal contra los usuarios de cualquier droga, por el solo hecho de consumirlas o tenerlas.
Estados Unidos se percató de que, como decía Naím, la “guerra contra las drogas” es una causa perdida, por lo menos en los términos en que fue planteada inicialmente. En su territorio, los costos han sido enormes. Según el reporte del Senado, las muertes por sobredosis de heroína y otros opiáceos, así como sustancias sintéticas, han sobrepasado las 70.000 en 2019. Todo un récord. Mientras tanto las cárceles se han llenado de individuos señalados por posesión o consumo de drogas. Algo que, por cierto, también sucede en Venezuela.
Por otra parte, la lucha de policías y militares por sacar de circulación tanto a las drogas como a los traficantes tiene escaso impacto en los precios finales de estas sustancias, es decir, lo que pagan los consumidores por sus dosis. Según el estudio parlamentario, estos precios han mostrado un crecimiento inercial, que poco o nada se relaciona con el resultado de las operaciones policiales o militares. 

Colombia, México y Venezuela

Pero el informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental contiene importantes recomendaciones, que posiblemente servirán para cambios en la estrategia internacional de la nueva administración estadounidense.
En primer lugar, se aconseja la superación del esquema de certificación unilateral en materia de drogas, y su reemplazo por un esquema en el que participen varios países. Esto no es muy complicado, pues ya lo hace un grupo especial de la Organización de Estados Americanos. Se llama Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). Se debe observar, sin embargo, que para EEUU la certificación en materia de drogas tiene un basamento legal, pues se exige como requisito para el otorgamiento de fondos que financien los planes de cooperación en esta materia. Llegar a un nuevo orden no debería ser excesivamente tortuoso, tomando en cuenta que el informe surge del consenso de los dos grandes partidos.
En 8 años, los cultivos de coca se han desplazado a la frontera con Venezuela
Esto no quiere decir que EEUU abandonará los esfuerzos para impedir el flujo de drogas desde los países productores y de tránsito. Lo que sugiere la comisión del Senado es una aproximación más diplomática y menos policial o militar, basada en acuerdos bilaterales, con objetivos alcanzables en el corto plazo, que podrán ser replanteados en la medida en que se evalúe su desarrollo. Aquí entrarían, por ejemplo, los planes de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia y otros países andinos.
El informe no hace una recomendación específica en cuanto al fomento de las relaciones con las fuerzas armadas de la región, a propósito de las labores de interdicción, esto es, el corte de las rutas de abastecimiento y transporte de las drogas. Pero en líneas generales es clara la preferencia hacia los entendimientos con entidades civiles. Solamente en el caso mexicano se hace una recomendación específica en cuanto al fortalecimiento de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo militarizado creado por Andrés López Obrador. 
El reporte formuló varias críticas hacia el sistema de sanciones implantado a través del Departamento del Tesoro, con base en el Acta Kingpin. No porque sea visto como un desconocimiento de EEUU a la soberanía de otros países, sino fundamentalmente porque se trata de un programa que carece de parámetros claros para establecer si ha tenido éxito, por una parte, y por la otra, si las medidas han sido aplicadas con atención al principio del debido proceso. “¿Cuántos (sancionados) permanecen activos en el tráfico de drogas u otras actividades criminales? ¿Cuántos han sido sacados de las listas, y por qué?”, se preguntan los senadores. 
Más de la mitad de las sanciones basadas en el Acta Kingpin apuntan a individuos nacidos en México y Colombia. Sin embargo, para la comisión del Senado norteamericano no escapa que muchos de los últimos sancionados son venezolanos, ligados al régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, una evaluación del sistema de sanciones debe tomar en cuenta el impacto político y económico de tales medidas en estos tres países.
El documento refleja la sensación de los parlamentarios estadunidenses en cuanto a que Maduro ha logrado eludir el efecto de las sanciones, en lo que fue descrito como un “efecto globo”, es decir, el desplazamiento de las operaciones ilegales hacia jurisdicciones menos reguladas. Este sería el producto de alianzas con otros regímenes como los de Rusia, China e Irán, y con organizaciones criminales y terroristas, así como también el aprovechamiento de nuevas formas de intercambio, basadas en las criptomonedas, que no están atadas a los bancos centrales de ningún país.
Este reporte anuncia nuevos tiempos en la llamada “guerra contra las drogas”. Pero la incidencia internacional de sus recomendaciones no será uniforme o sincrónica. En países democráticos como Colombia y México, donde la cooperación antidrogas y de fortalecimiento institucional está sustentada en acuerdos bilaterales, las decisiones podrán ser anunciadas en un futuro cercano. En un lapso intermedio sucederá lo mismo con los programas aplicados en países centroamericanos. Venezuela, en cambio, está fuera de todo esto, aislada y con gobernantes percibidos como parte del problema, no de la solución.

Breves

APORTE DESDE EL EXILIO

Desde el exilio, el abogado Zair Mundaraín, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, se comunicó con el autor para aportar interesante información en torno a la última entrega de esta columna (Las armas del hampa). Mundaraín representó a la Fiscalía en la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. En virtud de tal experiencia aseguró que “muchas de las armas que investigamos ligadas con organizaciones criminales eran de las fuerzas armadas, tenían troquel y todo, y no aparecían como solicitadas”. Recordó que a la banda de José Tovar Colina, alias Picure, le incautaron siete fusiles del Ejército, que no figuraban en ninguna notificación por robo o hurto. Al indagar sobre esta irregularidad, se percataron de que los jefes de parques de armas no denunciaban las sustracciones o faltantes detectados en sus respectivas unidades, pues eso tendría un impacto negativo a la hora de los ascensos. “Entonces, optan por sustituirlas o no decir nada, y pasar el problema a otros”, dijo. En cuanto a las granadas, cuyo uso por parte de delincuentes comenzó a hacerse más frecuente a partir de 2016, Mundaraín aseguró que todas las que están en poder del hampa pasaron alguna vez por los cuarteles. “Conseguimos una que estuvo en una sala de evidencias, pues fue recuperada luego de un delito, y volvió a salir, y eso fue muy revelador”, añadió. Recordó que entregaron un informe sobre el caso al ministro de la Defensa Vladimir Padrino, y “por supuesto no hizo nada”.

LAS RUTAS A TRINIDAD

Fuente: ONSA
$300 es la tarifa que, en promedio, cobran los lancheros de Güiria por el traslado de una persona hasta las playas de San Fernando, en Trinidad, según la información suministrada por tres fuentes distintas. Este precio, desde luego, solo si la embarcación va repleta de viajeros. Para llegar a esta ciudad, al sur de Puerto España, es necesario navegar durante aproximadamente tres horas, de acuerdo con un mapa divulgado en primera instancia por el gobernador de Sucre, Edwin Rojas, y recogido por la Organización Nacional de Salvamento. Es el mismo tiempo que toma el recorrido desde Pedernales, en Delta Amacuro. Desde Tucupita, más al sur, los navegantes cobran alrededor de 500 dólares por persona, según lo establecido en expedientes de tráfico de emigrantes instruidos por la Guardia Nacional. En Güiria, los lancheros deben pagar un tercio de sus ganancias a los militares, es decir, cien de cada trescientos dólares quedan en poder de “los verdes”, como les dicen allá. Hasta ahora, hay siete efectivos del comando de Vigilancia Costera bajo investigación por extorsión, a propósito de la tragedia con los peñeros Mi Refugio y Mi Recuerdo, que zarparon desde la ciudad sucrense el domingo 6 de diciembre. Cuando detuvieron a los organizadores de la red de transporte, ellos señalaron que el grupo comandado por un capitán de la GN les exigió el pago de 4.500 dólares. Esta información, dada a conocer por el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, no aclara si esta cantidad fue un “extra” para garantizar la impunidad, o si era por la deuda adquirida a propósito de los viajes fallidos. Es imposible pensar que esta corrupción solo ocurre en el punto de zarpe. En la llegada, también deben existir autoridades y organizaciones que se hagan de la vista gorda, o que incluso participen en la acogida, el ocultamiento y la explotación de los venezolanos que desean emigrar. Sobre este punto, todavía no ha salido una sola información en la prensa trinitaria, que durante toda esta situación ha sido complaciente con las versiones aportadas por los voceros gubernamentales de ese país. Por cierto que, a propósito de un viaje efectuado a esa isla en 2017, quedan claras dos cuestiones: 1) en Trinidad y Tobago, como en otras partes, es subestimada la magnitud de la emigración venezolana. Hace tres años, representantes de Acnur calculaban que permanecían allí unos 40.000 connacionales. Pero la cifra dada a conocer por las voces oficiales, entonces y ahora, la ubica en 16.000 personas; 2) la afinidad del gobierno trinitario con el régimen de Maduro tiene su explicación en la entrega de recursos de la industria petrolera, en planes que no han sido del todo interrumpidos por las sanciones de EEUU. Esto explica el intempestivo viaje a Puerto España de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en mayo de este año.

MÁS CORRUPCIÓN EN PDVSA

El 2 de diciembre, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la cabeza de su presidente Maikel Moreno, emitió una sentencia que autoriza la solicitud de extradición del venezolano Francisco José Blasini de Velazco, por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. La sentencia correspondiente fue divulgada veinte días después, y contiene datos de interés para entender cómo opera la “lucha contra la corrupción” en el país. En primer lugar, las presuntas irregularidades administrativas por las que solicitan la captura y el traslado de Blasini a Venezuela fueron denunciadas en primera instancia por el Sindicato de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, en febrero de 2015. El centro de los señalamientos, de acuerdo con el relato contenido en la sentencia, era el director de la estatal petrolera Pedro León, mejor conocido como Zar de la Faja. En dos platos, se trataba de la típica contratación con sobreprecios para la adquisición de bienes y servicios, sin licitación en favor de amigos, socios y relacionados. Es decir, mediante asignación a dedo. Llama la atención que este hallazgo no fuese producto del trabajo de la gerencia de Prevención y Control de Pérdidas (PCP), la policía interna de la petrolera, sino de una organización laboral. Pero ya sabemos que PCP, bajo de jefatura de alias Nadal, también estaba en irregularidades. Luego, en junio de 2017, se decidió hacer un expediente aparte con el caso de Blasini, pues los capítulos de Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas ameritaban un esfuerzo especial. Según la averiguación, en la que sí participó por comisión específica el personal de PCP, se constataron cobros mixtos de 15,1 millones de dólares más 2,69 millardos de bolívares por la adquisición de veinte “cabezales bridados de producción”, suministrados por la compañía Mabca 2001, en la cual Blasini figura como representante, junto con Eduardo Enrique Aguirre y Luis Guillermo Solórzano. Al asomarse al mercado internacional, la estatal petrolera se percató de que cada cabezal costaba alrededor de 9.586 dólares. El sobreprecio salta a la vista. En este caso, de acuerdo con la sentencia del TSJ, se ha recibido información de que Blasini fue detenido en Italia. Aunque los señalamientos por corrupción puedan estar claros, la duda surge cuando se evalúa la capacidad de los tribunales nacionales para juzgar a una persona de manera imparcial, y con resguardo a sus derechos. En España, este argumento fue invocado para negar la extradición a Venezuela de la ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Guillén, y su esposo Adrián Velásquez, quien además fue guardaespaldas del mandatario.

Tres preguntas a… Mildred Camero, ex presidenta de la Conacuid

1.-Recientemente el Senado de EEUU presentó un informe crítico hacia la política aplicada por los gobiernos de ese país en materia de drogas. ¿Habrá algún cambio?
Pienso que sí. Las situaciones han cambiado. Las drogas han proliferado, y en otras formas. Se consumen estupefacientes y psicotrópicos, además de drogas sintéticas, que están invadiendo al mundo. En EEUU han incrementado las muertes por consumo, aún en la pandemia. Sobre todo por el consumo del fentanilo, un opioide que se usa para el tratamiento de enfermedades graves. Habrá un cambio radical, porque en EEUU a menudo no distinguen entre consumidores y traficantes, sino que tienden a tratarlos a todos como traficantes, y los llevan presos (…)  Hay que modernizar la política de drogas en EEUU, verificar qué drogas son las más consumidas, y sus efectos. En fin, todo esto es muy interesante.

2.-¿Será sencillo superar la certificación, como se recomienda en el informe?
Es difícil. La certificación tiene como objetivo ayudar a que los países se comprometan más con las políticas en el campo de drogas, sobre todo en parar el tráfico. Cuando se descertifica a un país, se quita la ayuda entregada a través de la NAS (Narcotics Affairs Section), del Departamento de Estado. Quitan esa fuente de ayuda, sobre todo para los países pobres, en la lucha contra las drogas. Va a ser muy difícil quitarla. No deberían hacerlo. Es el aliciente para que los países se comprometan. A veces se hacen políticas en documentos, pero cómo las aplicas si no tienes el dinero.

3.-El informe muestra una actitud más bien comprensiva hacia países como México y Colombia. No así en el caso de Venezuela, que es objeto de numerosas críticas ¿Qué piensa al respecto?
Venezuela aparece como un ejemplo devastador del impacto generado por el crimen organizado (…) Venezuela ha tenido dos etapas. En la época de Chávez, el farquismo, por las relaciones de Chávez con las FARC. La otra parte, la he llamado elenismo, por la relación de Maduro y su régimen con el ELN. Pareciera que hay una vuelta al farquismo, pero las operaciones de drogas y oro con más con el ELN. Pero hay una relación también con los desincorporados de las FARC. Es evidente que con los acuerdos de Paz con Santos esos desincorporados y disidentes empezaron a pelear por la recuperación de tierras en el Norte de Santander, Zulia, Barinas y Apure (…) No han dejado de tener relaciones con Iván Márquez y Santrich, pero las últimas operaciones han sido más con los elenos. Eso tiene mucho que ver con el crimen organizado. Con Chávez, se les dio espacios para que ellos pudieran operar. Hicieron lo mismo con Hezbollah. Se les permitió usar tierras en Margarita. Con el ELN Maduro hizo lo mismo, permitiendo que usaran ciertas tierras. Aquí la política se convirtió en una actividad criminal, y la justicia en algo político.

Libros

Las aproximaciones a los problemas de la violencia, ya sean de origen criminal, social o político, desde una perspectiva economicista, no son nuevas. Desde el famoso ensayo de Gary Becker, en 1968, hasta estos días han sido numerosas las obras que intentan encontrar cierto orden en un fenómeno que aparece caótico, a los ojos del ciudadano común. Ya en la entrega anterior se recomendó la lectura de una obra que intenta examinar el efecto de la extorsión sobre las economías nacionales, utilizando ciertas herramientas de la teoría de la racionalidad económica. Pero Gary Shiffman fue más allá. Su último libro The Economics of Violence. How Behavioral Science Can Transform Our View of Crime, Insurgency and Terrorism (Reino Unido, 2020), este ex funcionario de los departamentos de Defensa y de Seguridad Interna de EEUU, ahora dedicado al trabajo académico en la universidad de Georgetown, no solo propone una extensiva aplicación de estas teorías, no solo con el cometido de entender las dinámicas ocultas de la violencia, sino también para establecer patrones que permitan incluso predecirlas en determinados contextos. Con esta perspectiva, el robo que finaliza en una muerte deja de ser el resultado de un impulso momentáneo para convertirse en el producto de una situación que, de acuerdo con el autor, no era deseada ni siquiera por el perpetrador, o por lo menos no era tenida como primera opción. Shiffman también se sumerge en la violencia que tiene el propósito de infundir miedo, y generar cambios políticos, o reforzar los regímenes ya existentes. Mediante el estudio de casos, como los de Joseph Koni en Uganda, Osama bin Laden en Afganistán y Estado Islámico o Daesh en el norte de Africa, el autor encuentra puntos en común que posibilitan delinear narrativas encaminadas a justificar el uso de la violencia, las cuales pronto se transformarán en baños de sangre. La Economía de la Violencia es una obra de obligada lectura para todos los que desean entender un aspecto fundamental de la vida en sociedad. Puede ser adquirida en formato electrónico.

domingo, 13 de diciembre de 2020

Las armas del hampa

 -Las cifras del propio Gobierno sugieren que los fusiles, las granadas y las pistolas usadas por las megabandas no provienen de robos ni hurtos

@javiermayorca

En las amenazas a sus rivales, el ex guardia nacional Erick Alberto Parra, mejor conocido como Yeico Masacre, muestra sin reparos una parte de su arsenal: una granada fragmentaria por acá, dos fusiles por allá, pistolas modificadas para tiros de repetición más allá. 
Parra, de 27 años de edad, ha extendido su violencia desde el Zulia hasta Bogotá. Pero este militar retirado no es el único en exhibir su poder de fuego. Al otro lado del país, los piratas que asolan las rutas marítimas entre Sucre y Trinidad muestran sin pudor los fusiles de asalto que utilizan para someter y despojar a los pescadores de sus motores. Son en su mayoría viejos FAL, calibre 7.62 mm, como los que usaban en la Fuerza Armada, hasta que fueron desincorporados y reemplazados por los AK-103.
¿De dónde salen estas armas? Este tema ha sido motivo de discusión recurrente en foros académicos, pero hace tiempo que desapareció del mapa de interés del Gobierno. En la época en la que funcionó la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, el profesor de Educación Integral Pablo Fernández (secretario técnico de la entidad) asomó un primer elemento para el análisis: “Venezuela no es propiamente un productor de armas, sino que las importa”. Esa premisa se mantiene hasta la actualidad, puesto que los proyectos para la fabricación de la pistola Zamorana y del fusil AK-103 tuvieron escaso o nulo impacto. En el caso del armamento ruso, cabe destacar, el dinero para la construcción de la ensambladora de fusiles en el país se lo tragó la corrupción militar de Caracas y Moscú.
Entonces, las armas que terminan en poder de los delincuentes en los cuatro costados del país entran generalmente por importaciones legales, llevadas a cabo por el propio Gobierno. Esto fue así por lo menos hasta 2018, de acuerdo con los datos en poder del sociólogo José Luis Fernández Shaw, ex integrante de la referida comisión.
Una muy pequeña porción podría llegar a Venezuela gracias al contrabando, tal y como se evidenció en un procedimiento dado a conocer el 1 de julio, tras la incautación de 21 fusiles AK-47 y 2 pistolas Glock, presumiblemente traídos en un buque desde EEUU. Pero este pequeño cargamento no se compagina con el número de armas que circularía en el país. Según Fernández Shaw, serían unas 700.000, sin tomar en cuenta las que utilizan en el sector militar.
“Lo que nos preocupaba no era tanto la magnitud sino el descontrol. De esas 700.000 armas, sabíamos dónde estaban unas 200.000”, reveló.

El “circuito” ilegal

Cuando fue disuelta, la Comisión para el Desarme apenas iniciaba la investigación sobre un punto que el secretario técnico calificaba entonces de “fundamental”, como era conocer los mecanismos que facilitaban o propiciaban el tránsito de las armas de fuego a la ilegalidad.
Una de las teorías más repetidas era que los antisociales obtenían (y obtienen) sus armas porque las robaban o las hurtaban a sus legítimos propietarios, en un proceso que podría calificarse de compulsivo.
Ese fue uno de los argumentos para justificar la prohibición en cuanto a la importación y la compra de armas por parte de empresas privadas o particulares, e igualmente las consecutivas resoluciones que prohíben los portes de armas.
Pero las cifras en poder del propio Gobierno sugieren que éste no puede ser el principal mecanismo para la obtención de tales instrumentos. Según estos datos, conocidos de manera extraoficial, en 2018 fueron robadas o hurtadas 1.360 armas, y otras 729 en el año siguiente, para un total de 2.089.
El arma más codiciada por los delincuentes en los últimos dos años ha sido la pistola (998), y luego la escopeta (770).
Paradójicamente, lo que más se reporta en redes es el uso de los fusiles y las granadas. Pero estos dos armamentos solo han sido robados o hurtados en 16 casos desde 2018.
Los fusiles y las granadas son por definición instrumentos de uso privativo de la Fuerza Armada Nacional. Por lo tanto, las sospechas se encaminan naturalmente hacia los cuarteles.
“La presencia creciente de armas más vinculadas a lo militar, como los fusiles hace pensar que el control de las armas de la República es muy laxo”, explicó Fernández Shaw.
Recordó que la ausencia de controles llega hasta otro elemento vital para que un arma sea eficaz, como es la munición. Durante los últimos ocho años, la promesa de instaurar un sistema de marcaje de los cartuchos se ha estrellado contra un muro erigido en la propia administración pública. Cuatro veces lo han ofrecido, y todavía el sistema no arranca. De manera que disminuye la trazabilidad de lo que se dispara.
Las bandas y las megabandas cada día que pasa exhiben un mayor poder de fuego. Los robos y los hurtos contribuyen muy poco en esto, como se pudo apreciar por las cifras manejadas en el Ejecutivo. Entonces queda la otra posibilidad, conocida con el eufemismo de “transferencia ilícita”, en la que el funcionario cede el arma, ya sea porque la vendió, la alquiló o la entregó voluntariamente. El 30 de noviembre, por ejemplo, la policía judicial informó que había detenido a un detective junto a un oficial del cuerpo de seguridad regional, señalados de comercializar armas, municiones y explosivos con el grupo de Yeico Masacre. En ese mismo caso, quedaron solicitados cinco efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas).
Es difícil saber cuántas de estas armas robadas, hurtadas o cedidas son usadas inmediatamente para cometer delitos. Sin embargo, los números del propio régimen indican que el plan Desarme no ha rendido los frutos esperados, pues luego de ocho años las armas de fuego son usadas en 85 de cada 100 homicidios.

Breves

¿QUIÉN ESCOGIÓ LA ESCENA?

El 1 de diciembre compareció el mayor general (GN) Richard López Vargas ante el tribunal primero de juicio en materia de terrorismo, donde se ventila el debate oral por el estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante los actos de celebración del aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. López era el comandante general de este componente para la fecha. Por este caso, también conocido como “magnicidio frustrado”, fueron acusados el general de división Alejandro Pérez Gámez, el general de brigada Héctor Hernández da Costa, además del diputado Juan Requesens y otras 13 personas. Uno de los señalamientos contra Pérez Gámez indica que él de alguna forma fue determinante en la escogencia de la avenida Bolívar para la celebración del evento. No obstante, de acuerdo con lo afirmado por López Vargas durante su comparecencia, las propuestas con las distintas locaciones fueron elevadas por la máxima jefatura del componente al ministerio de la Defensa, cuyo titular Vladimir Padrino hizo la selección junto al Presidente, luego de consultar el criterio del jefe de la Casa Militar, el mayor general Iván Hernández Dala, quien entonces -como ahora- también era jefe de Contrainteligencia Militar, y tuvo a su cargo la conducción de las pesquisas correspondientes al supuesto atentado contra Maduro. Luego de la intervención de López Vargas en este juicio, Pérez Gámez tomó la palabra: “Yo no escogí la avenida Bolívar para la celebración del acto. No era de mi competencia”. Luego solicitó a la juez Enit Carolina López el otorgamiento de una “medida humanitaria” que le permita continuar su tratamiento médico para cáncer de próstata fuera de prisión.

EL SECUESTRO DEL CONTRATISTA

Las investigaciones sobre la desaparición y muerte del contratista gubernamental Edward Gregory Velásquez están muy avanzadas, y apuntan a un grupo numeroso de agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, adscritos a La Quebradita y Parque Central. Las informaciones disponibles hasta el momento indican que el comerciante, de 40 años de edad, fue visto con vida por última vez el jueves 12 de noviembre aproximadamente a las 10 pm en la calle La Escuela de Campo Alegre, cerca de la quinta Esmeralda, cuando fue interceptado por vehículos de apariencia policial. Uno de ellos era un Chery Orinoco blanco con coctelera. Luego, los funcionarios simularon un procedimiento en la vivienda de la víctima, de donde supuestamente sustrajeron una importante suma de dólares en efectivo. De acuerdo con el ex presidente de la Conacuid Carlos Tablante, esta fortuna fue cobrada como un anticipo por un contrato de suministro para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Inicialmente, las pesquisas fueron asumidas por agentes de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial. Según fuentes internas, las presiones para sacar el caso fueron numerosas desde el comienzo, pues Velásquez tenía muy buenas relaciones con operadores del alto gobierno. Cinco agentes de la Policía Nacional fueron detenidos, basados en los vehículos utilizados, el lugar de la intercepción y el indicio arrojado por una consulta no autorizada en el Sistema de Información Policial (Siipol), en la que corrieron el nombre de la víctima durante los días previos a su desaparición. El fin de semana de las elecciones parlamentarias, las investigaciones dieron un nuevo avance al constatarse que unos restos óseos hallados en el Cementerio General del Sur pertenecían al contratista. Ya para ese momento, estaba claro que lo de Velásquez no fue un secuestro propiamente dicho -puesto que nunca hubo solicitud de rescate ante algún tercero- sino una suerte de desaparición forzada con propósito de robo. Los restos hallados en el camposanto, posiblemente un trozo de peroné, supuestamente fueron llevados allí por algunos de los coautores del crimen, que deseaban “limpiar” las culpas con un rito palero. Los agentes de la FAES que participaron en este crimen están en fuga. Fuentes policiales indican que los detalles de este caso son conocidos por la titular del MRI Carmen Meléndez.

ORDEN CON EL UNIFORME

El 1 de diciembre, el ministerio de la Defensa emitió una directiva con las normas sobre el uso del uniforme patriota Tiuna. El propósito de esta decisión era “unificar” los criterios para la utilización del atuendo militar. Dicho de otra forma, eliminar el desorden que se podía apreciar en cuanto a las indumentarias que portaban los profesionales de armas, tanto en los cuarteles como durante las salidas en comisión. Esto además facilitará la detección de aquellas personas que han utilizado este ropaje con la finalidad de obtener ciertas prebendas, como por ejemplo el acceso preferencial a las estaciones de servicio, e igualmente de aquellos individuos que se hacen pasar por personal de la FAN para instalar falsos puntos de control y cometer delitos tales como robos o secuestros. Un aspecto no especificado en esta directiva tiene que ver con el uso de los uniformes una vez finalizada la jornada laboral. En vista del sentimiento negativo que predomina hacia la FAN y el auge de la criminalidad, en varias oportunidades se ha ordenado a los profesionales de armas que vistan de civil al salir de los cuarteles.

Libros

En el coloquio popular de los países, tiene múltiples denominaciones. Le llaman pizzo, derecho de piso, matraca, raqueteering… y así se podría llenar el resto de esta página con sinónimos de la extorsión. En el derecho tradicional, se trata de un delito contra la propiedad, puesto que quienes la ejercen al final intentan obtener una ganancia económica. Pero los estudios llevados a cabo en este siglo en Colombia (fundación Nuevo Arcoiris) y en España (Mikel Buesa), a propósito de los grupos de distinto signo ideológico que nutrían sus arcas gracias a la capitalización del miedo, nos indican que la extorsión no puede ser analizada como la conducta ocasional de algún individuo que actúa fuera de la ley. La extorsión, nos advierte John Dickey, está en la base financiera de las organizaciones criminales. Ahora, Luis de la Calle hace un interesante aporte para el análisis de este delito. En su obra La economía de la extorsión El lastre que despoja a México (México, 2020), este economista y consultor revisa al detalle el impacto que tiene la sistematización de las amenazas como medio para la obtención de ganancias ilícitas. La extorsión, nos indica el autor, ocasiona daños de diversa índole: genera y profundiza las inequidades, derivadas de la incapacidad de los más pequeños para sobreponerse a los embates de los criminales; aleja las inversiones, tanto locales como foráneas, hacia lugares percibidos como más “seguros”; despoja al Estado de vitales impuestos para su funcionamiento, al promover la informalidad de los negocios y obligar a encaminar recursos hacia los sistemas represivos. En fin, la extorsión comporta una progresiva sustitución del Estado en su función primordial, que es ofrecer “seguridad” a sus ciudadanos. El efecto pernicioso de este delito, nos sugiere de la Calle, no se puede medir solamente a través de las cifras duras de pagos periódicos u ocasionales a las bandas criminales o a los policías corruptos. Hay un intangible, un impacto que ocurre en las sombras, en el silencio, pero que puede y debe ser medido y sumado al primero. Aunque esta investigación se centró en la realidad mexicana, aporta interesantes y novedosos elementos para el análisis de lo que ocurre en otras latitudes como la nuestra, donde se intenta obligar a los comerciantes a entregar sus ganancias a punta de granadas y disparos de fusil. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.

Para comunicarse con el autor de esta columna, compartir denuncias, datos y críticas, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com. 

domingo, 29 de noviembre de 2020

Pasado y futuro de la FAES

 -Aunque Maduro asegura que la unidad élite de la Policía Nacional continuará en funciones, las presiones internacionales podrían obligar a transformarla

@javiermayorca

En febrero de 2016, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino ordenó a todos los componentes de la Fuerza Armada el “completamiento” de las fuerzas de acciones especiales, como parte de un plan que permitiría afrontar el desafío (para ellos, siempre presente) de una hipotética intervención extranjera.
Según el jefe castrense, ya entonces era necesario “consolidar y fortalecer las FAES de la FANB para dar respuesta a las diferentes formas de amenaza interna y externa”.
“Según instrucciones del señor presidente de la República y Comandante en Jefe de la FANB, este es el año de las Fuerzas de Acciones Especiales”, sentenció.
Casi en forma simultánea, el entonces director de la Policía Nacional Bolivariana, general de división (GN) Juan Francisco Romero presentaba un plan de reorganización de ese cuerpo, que proponía la fusión de las unidades de operaciones tácticas especiales, conocidas por su acrónimo "uotes", dispersas en varias partes del país, para crear una versión policial de los grupos élite que había en la FAN.
Así nació la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).
Esta idea tenía un asidero legal. Una disposición transitoria de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana ordenaba la progresiva supresión de todos los grupos de intervención, y la transferencia de sus tecnologías y parques de armas a la PNB, aunque sin establecer una fecha precisa para el cumplimiento de este mandato. Eventualmente el monopolio de los grupos swat quedaría en manos de la PNB. Esto también implicaba la disolución de la famosa Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial (BAE). Pero un efectivo lobby de los jefes de esa institución hizo que ese plan fuese postergado.
La FAES de la PNB nació bajo una tutela militar. Y no solo porque su primer comandante/director fuese un oficial superior de la Guardia Nacional. Según el proyecto que le dio origen (y que fue revisado en su oportunidad), este grupo debería caracterizarse por su versatilidad. En tiempos de paz, abordaría de forma frontal la creciente amenaza encarnada por las megabandas. También actuaría durante situaciones de rehenes y casos de secuestro.
En tiempos de conflicto, la FAES se plegaría al esquema de guerra de cuarta generación, como si fuese un componente militar, cuyas acciones serían coordinadas por el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). Y esto sería corroborado durante la participación de la FAES-PNB en los ejercicios cívico-militares efectuados durante los últimos cuatro años. También en desfiles del 5 de julio.
Entonces, no se trata de un pequeño grupo de policías aislados. La FAES no es un servicio más de la PNB, como podría ser el de vigilancia en el Metro o las embajadas. Tampoco es una dirección propiamente dicha, a pesar de que su máxima figura tiene el rango administrativo de director de línea, como pueden ser los de Policía Comunal o Delincuencia Organizada. Los de la FAES tienen un sentido corporativo muy particular, celebran aparte (para envidia de los demás agentes de la PNB), los asciende su propio jefe, tienen un lema distinto al del resto de la institución, y rara vez reportan al Director General. Con ellos pasa algo similar a lo que sucede con la Dgcim o el Sebin, que parecieran estar por encima de las leyes, u obedecer solo a códigos propios.
La FAES se mostró refractaria ante los informes presentados desde julio de 2019 por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien pidió la inmediata disolución de esta unidad policial, y la investigación de sus crímenes por una instancia independiente, con apoyo internacional. De hecho, ese año gracias a la FAES la Policía Nacional se ubicó como el cuerpo armado más letal del país, medido en términos de porcentaje de participación sobre el total de fallecidos. En 2020, se consolidaron en esta posición.
Este año, el informe de la misión de determinación de hechos de la ONU atribuye 925 muertes a las FAES, que según Marino Alvarado (Provea) podrían ser calificadas de ejecuciones extrajudiciales. Esto implica que el número de homicidios atribuido al accionar de esta unidad policial es mayor, pero solo en esos 925 casos se pudo constatar la existencia de condiciones para concluir que hubo una acción letal deliberada contra personas ya sometidas, que no representaban riesgo para los funcionarios, lo que por ende permitía descartar los factores que configurarían la legítima defensa.
El auge de las FAES, en la PNB y en la Fuerza Armada, como vimos, ha sido consecuencia de la voluntad presidencial. También la permanencia en el tiempo de estas unidades, a pesar de las incesantes denuncias de violaciones a los derechos humanos que obligan al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, a confesar en televisión su ignorancia en torno a lo que está sucediendo con estos funcionarios.
Maduro y el denominado “protector” del Táchira Freddy Bernal han jurado que la FAES continuará. Sin embargo, el propio régimen parece tener su plan B. Una salida decorosa, que le permita lavarse la cara. Según Williams Cancino, uno de los pocos integrantes de ese grupo que desertó a Cúcuta en febrero de 2019, la solución sería más bien cosmética:
“¿Disolver? Lo que harán es cambiar de nombre y distribuir al personal a otras unidades o estados”, afirmó.
Un plan que podría servir para este fin fue presentado en julio de 2018 por el entonces titular de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, y Maduro le dio ejecútese. Se trata de un cuerpo antiterrorista que se manejaría como un despacho especial, distinto de la PNB. Su creación fue anunciada por el gobernante en febrero de este año.
La conversión de la FAES en este cuerpo es una posibilidad. La FAES, advierten informes de ONGs como Una ventana para la libertad, no tendría mucho problema en erigirse en el principal látigo contra el “terrorismo”, tomando en cuenta la particular acepción que se da a este término desde el poder venezolano.

Breves

PROTESTAS POR HIDROCARBUROS

El régimen ordenó a los comandos de zonas de la Guardia Nacional una evaluación sobre el impacto de la escasez de combustible y gas doméstico en las manifestaciones callejeras. El propósito es orientar los recursos -cada vez más escasos- de ese componente, de la Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos estatales de forma tal que estas protestas puedan ser contenidas o aisladas durante sus fases iniciales. En 2019, la FANB y la PNB reformularon y alinearon su doctrina táctica en materia de orden público. Desde entonces, las unidades más reducidas que actúan en las manifestaciones son llamadas “escuadras ligeras de intervención” (ELI), en teoría conformadas por diez efectivos a pie, uno de ellos oficial subalterno. Le sigue el denominado “pelotón de restitución del orden público” (PROP), cuyo pie de fuerza es de treinta uniformados. Y así se va produciendo un incremento en el número de militares o policías, y el equipamiento requerido, hasta que se llega a constituir la “unidad de intervención combinada”, que tiene blindados, motos y guardias a pie con escudos. Estas las hemos visto en la Francisco Fajardo. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, desde septiembre la carencia de combustibles y gas doméstico ha sido el principal motivador de las protestas callejeras.

PLATAFORMA DEL TERROR

La creciente presencia de elementos de radicalismo islámico en Venezuela y Latinoamérica preocupa en la comunidad internacional, en especial cuando se habla del grupo chiíta Hezbollah, o Partido de Dios. Según el experto en terrorismo y crimen organizado Alejandro Cassaglia, la plataforma de inteligencia de esta agrupación en los países americanos está intacta desde el atentado con explosivos a la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), perpetrado en Buenos Aires en julio de 1994. Como se recordará, una etapa importante de este ataque fue organizada en territorio venezolano, lo que ameritó el traslado a Caracas del juez argentino Juan José Galeano, primer instructor del expediente judicial. Cassaglia es el coordinador para Latinoamérica de la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (Ciseg), una organización dedicada a la investigación académica y divulgación de estos temas. Durante un seminario internacional llevado a cabo entre los días 25 y 27 de noviembre, advirtió que la presencia de este grupo, señalado como terrorista por EEUU y la Unión Europea, “se ha potenciado” durante la gestión de Nicolás Maduro. Refirió como ejemplo que elementos ligados a esta y otras organizaciones radicales han sido detectados con pasaportes emitidos en Venezuela. “Son personas que ni siquiera hablan español”, dijo. Añadió que durante una operación policial en Las Vegas (EEUU) fue incautado un lote de pasaportes colombianos, que según Cassaglia fueron falsificados en Venezuela.

GRANADAS Y UNIFORMES

Uno de los delitos que ha incrementado su frecuencia durante los lapsos de cuarentena radical ha sido la extorsión. Muchas de las víctimas son comerciantes que se han aventurado a abrir sus puertas, violentando alguna disposición de cualquier nivel de gobierno (central, estatal o municipal) y que luego son presionados para que entreguen dinero a cambio de quedar indemnes. En Bello Monte, relata el defensor de DDHH Rafael Uzcátegui, hay dueños de locales que deben entregar hasta un tercio de sus ganancias para que les dejen trabajar en la cuarentena. Algo similar sucede en los locales de la avenida Victoria. “La práctica de cobrar a los restaurantes se ha generalizado durante la pandemia, pues en caso contrario aparecen personas sin tapabocas ni medidas de bioseguridad que ameritan el cierre”, explicó. Junto a esto, están las bandas criminales que mantienen asolados a los dueños de locales en estados como Lara, Mérida y Zulia, donde el lanzamiento de granadas se ha convertido en una moda. Durante los primeros nueve meses de 2020, en plena cuarentena radical, han sido iniciadas 274 averiguaciones por extorsión. Esto rebasa en más de 33% el total de denuncias recibidas y procesadas durante todo 2019. Tal y como ha sucedido con otros delitos, a partir de julio comenzó una especie de repunte, que ha llevado las cifras prácticamente a los mismos niveles que existían antes de la alarma nacional decretada en marzo.
PS.: luego de la publicación de esta entrega en runrun.es y talcualdigital.com, el jueves 26 de noviembre, se conoció que la alcaldesa del municipio Guaicaipuro (Los Teques) Wisely Álvarez, destituyó a su director de Seguridad, al tiempo que admitió la existencia de redes policiales que cobran por vigilar a los comercios en la capital mirandina. En las redes sociales, el público se burló de esta declaración, por considerar que se vendió como un gran hallazgo algo que prácticamente es un lugar común. No obstante, es una comprobación fehaciente del auge de la extorsión, en especial por quienes están investidos de alguna autoridad.

Libros

Los meses que precedieron a la muerte de Hugo Chávez estuvieron llenos de incertidumbre. La ausencia de información veraz y oportuna, aderezada por medias verdades y mentiras descaradas de quienes se suponía estaban allí para dar certezas solo incrementaba la angustia de la población, y transmitía la sensación de que tras bastidores se desarrollaba una intensa disputa por el poder, entre las distintas facciones del oficialismo. Aquellos días marcaron de manera definitiva el presente de los venezolanos, y sin embargo es muy poco lo que se sabe al respecto. El primer esfuerzo sincero por arrojar un poco de luz recién sale a los anaqueles, con la firma del periodista venezolano Francisco Olivares. Los últimos días de Hugo Chávez. El alucinante encubrimiento de la enfermedad y muerte del líder del socialismo del siglo XXI (Caracas, 2020) es un recuento minucioso de aquellos hechos que, para acudir a la jerga policial, tuvieron tres “sitios de suceso”: Caracas, La Habana y, brevemente, Brasil. Uno lee a Olivares y se traslada de inmediato a aquellos lugares y momentos llenos de preguntas sin respuestas, que se acumulaban sobremanera cuando el teniente coronel se ausentaba, y ponía el destino del país en las manos de Fidel y Raúl Castro. Lo que eventualmente llevó a la emisión de importantes decretos en la capital cubana, cuya validez siempre quedará bajo sospecha. Esas firmas electrónicas estampadas al pie de cada decisión en otros tiempos pudieron calificarse de “planas”. Uno se imaginaba a Chávez postrado en cama, intubado y, sin embargo, dando el dudoso visto bueno a los movimientos que le sugerían los miembros de su entorno más cercano. El libro de Olivares refleja un esfuerzo por aproximarse a otrora chavistas como Héctor Navarro y Luisa Ortega, quienes fueron marcando distancia y pagaron un precio por aquellas “traiciones”. Pero para ellos no basta colocarse en el lado opuesto: es necesario vencer la complicidad del silencio. El libro está disponible en formato electrónico.

domingo, 15 de noviembre de 2020

FAN C.A.

 -Documentos demuestran que, desde hace por lo menos cuatro años, existe un impulso institucional para convertir a los militares en empresarios, e involucrarlos aún más en el soporte político al régimen

@javiermayorca

La organización Transparencia Venezuela divulgó en octubre un estudio titulado Los militares y su rol en las empresas del Estado, en el que destaca la creciente influencia de los llamados profesionales de armas en la gestión de las más diversas actividades económicas relacionadas con el sostenimiento del régimen.
A juzgar por este trabajo, ya no se trata solamente de garantizar la defensa y la soberanía en los espacios terrestres, acuáticos y aéreos del país, lo cual es ya una responsabilidad bastante gruesa. Desde hace algún tiempo ya, en las unidades castrenses tienen que gestionar emprendimientos tan diversos como el ensamblado de vehículos (Emsoven), la fabricación y distribución de fertilizantes (Agrofanb), la banca (FanFanB) y la minería (Camimpeg), por citar solo algunos rubros.
Esto tiene un impacto directo sobre la conformación de la burocracia venezolana. Según el reporte, ocho de los treinta y tres ministros del gabinete son o han sido oficiales de la Fuerza Armada. Y muchos de ellos, a su vez, imponen en sus respectivos equipos de trabajo a individuos surgidos de los cuarteles también. Entonces, además de ser oficiales o efectivos de tropa profesional, son viceministros, directores o jefes de división.
En los gobiernos regionales y municipales ocurre algo similar. Y de celebrarse las “elecciones” el próximo seis de diciembre, se instalará en el Parlamento toda una fracción de origen castrense, con el general en jefe (Ejército) Jesús Suárez Chourio a la cabeza y un pelotón de otros quince diputados militares.
Esto plasma lo que Transparencia Venezuela ha calificado como un Estado-Cuartel.
Pero tal situación no se configuró de la noche a la mañana. Por el contrario, es el resultado de un largo devenir, que muy probablemente comenzó cuando la Constituyente de 1999 insertó, sin mayor oposición, a la “participación activa en el desarrollo nacional” entre las funciones de la Fuerza Armada. Uno podría entender que generar condiciones de seguridad y estabilidad hubiese sido suficiente aporte de los militares para impulsar el desarrollo, de manera que las fuerzas productivas del país contasen con ese “marco institucional” tantas veces anhelado. Pero en realidad el propósito era otro. La idea de fondo era hacerse cuarteles adentro con una tajada de la economía del país. Y que en ese camino proliferasen millonarios tuertos Andrades y acaudaladas enfermeras Díaz. Lo cual resultaba tanto más apremiante en cuanto se deterioraban las condiciones sociales del común de los venezolanos, y la crisis humanitaria compleja tocaba las puertas de las propia “familia castrense”, minando así la cohesión del poder armado en torno al régimen.
Entonces, no bastaba solamente con una línea perdida en el artículo 328 de la Carta Magna. Había que ser más explícitos en el mensaje. Algo que bajara por todas las cadenas de mando. Y la oportunidad para transmitir esta orden llegó con la emisión de las llamadas Guías de planeamiento. Estos son documentos en los que la cúpula castrense, encarnada en el general Padrino y el almirante Ceballos, indica dónde deberán enfocarse las energías de los oficiales y las tropas durante el año siguiente. Se pudo revisar versiones que datan desde 2016.
La correspondiente a 2017 fue quizá la más clara de todas a las que se tuvo acceso para este trabajo. En ella, Padrino acudió a la primera persona: “Quiero que concentren sus esfuerzos en: 
-Inspeccionar y contribuir al desarrollo y la eficiencia de las empresas estratégicas productivas del Estado (…)
-Impulsar el motor industrial militar y Agrofanb como parte de la estrategia nacional para fortalecer el desarrollo integral y la economía (…)
-El aparato productivo militar (sic) debe disminuir la dependencia de bienes esenciales y empezar a plantearse retos de autogestión (…)
-En cada dependencia, en cada unidad de la FANB tiene que existir un proyecto productivo de cualquier naturaleza”.
Desde luego, cuando el ministro de la Defensa se expresa en estos términos, las órdenes aguas abajo fueron hacer empresas a como diera lugar. Y de aquí en adelante, los jefes de unidades que no incluyeran entre sus logros la constitución de algún “proyecto productivo” no serían bien vistos a la hora de los ascensos.
Esto es llevar a la Fuerza Armada como si fuese una compañía, aunque sin las exigencias de competitividad que impone la participación en mercados abiertos. De esta manera, ya no pueden argumentar que fueron las víctimas de un régimen que los llevó a la situación actual.
Este proceso ha sido analizado de cerca por el historiador Luis Alberto Buttó, quien se ha especializado en el estudio de las particulares relaciones entre el sector civil y el militar en Venezuela.
“Cuando dejas de ser ejecutor y te conviertes en el diseñador de las políticas, te conviertes en un actor político, con todas las consecuencias que de allí derivan. Los militares son operadores del sector defensa. Cuando cruzas esa frontera, se abre la puerta para que los militares pasen al ejercicio de la política”, explicó.
Y ahora, por si fuera poco, el régimen extendió esta posibilidad de ejercer control económico desde los rubros o actividades, como pueden ser la minería o la distribución de alimentos, hasta territorios geográficos. De allí la instauración del concepto de “zona económica especial militar” en la llamada Ley Constitucional de la FANB, aprobada en enero por la Asamblea Constituyente. Estos son espacios donde los militares dirigirán “actividades productivas endógenas”, en términos casi monopólicos.
Aragua será el primero.

Breves

PLAGIOS FLEXIBILIZADOS

Otro de los delitos que estarían en auge con la “flexibilización” de la cuarentena es el secuestro. El miércoles 4 de noviembre en horas de la mañana, cámaras de seguridad instaladas en la fachada de un conjunto residencial de Los Chorros (municipio Sucre) captaron el momento en que el conductor de un Corolla blanco fue sometido y presumiblemente privado de su libertad, por sujetos que iban en una camioneta Explorer gris. Algunos captores tenían pistolas, chalecos antibalas e indumentaria similar a la utilizada por la Policía Nacional, aunque llevaban zapatos tenis. Sobre este episodio, el ex director de la policía judicial, Miguel Dao, indicó que varios elementos sugieren la irrupción de una banda de novatos, que actúan como si estuviesen amparados por un manto de impunidad. Uno de los aspectos más notables fue la tardanza en sacar a la víctima del sedán y llevarla a la referida camioneta. En la anterior semana de “flexibilización” ocurrió otro intento de plagio en la urbanización Montecristo, cerca del lugar donde ocurrió el último ataque, pero fue frustrado cuando volcó la camioneta donde llevaban a las víctimas, muy cerca del hospital Pérez Carreño. En ninguno de estos casos los cuerpos de seguridad ejecutaron el llamado “plan de cierre” en las vías expresas, y así los secuestradores contaron con un margen de tiempo que les permitió escapar. En octubre fueron denunciados siete secuestros en las oficinas de la policía judicial en todo el país, según se pudo conocer extraoficialmente. La mayoría en el estado Miranda, pero también los hubo en Aragua, Bolívar y Sucre.

BUSCANDO AGUINALDOS

Luego de la primera edición de esta columna (publicada en runrun.es y talcualdigital.com) se tuvo información de tres secuestros en Distrito Capital. En los tres casos, hay fundadas sospechas sobre la participación de funcionarios de cuerpos policiales. El primero fue conocido el viernes, cuando la víctima ya tenía varias horas en cautiverio, pues fue interceptada el jueves en la tarde, según la información preliminar, mientras circulaba con su camioneta por Altamira. El segundo caso fue reportado en un edificio de la primera transversal de Boleíta Sur, el viernes en la noche. Un grupo que aparentaba ser de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) intentó llevarse por la fuerza a un comerciante, pero la rápida comunicación con la policía municipal y la jefatura de esa unidad especial para Petare hicieron que los agentes desistieran. El viernes en la noche también fue secuestrada una empresaria en la urbanización Las Palmas. Los captores resultaron ser efectivos de la policía judicial. La mujer fue rescatada el sábado en la madrugada durante una operación de la división Antiextorsión y Secuestros de ese mismo cuerpo frente al bloque 9 de Lomas de Urdaneta, mientras los secuestradores negociaban el cobro de un rescate de $50.000. Tradicionalmente, los secuestros y extorsiones incrementan su frecuencia durante los últimos meses del años, y tal parece que 2020 no será la excepción.

DESCONFIANZA ARRAIGADA

Venezuela sigue siendo el país latinoamericano donde los habitantes manifiestan los menores niveles de confianza en sus cuerpos de seguridad. Así lo reveló la última encuesta mundial sobre Ley y Orden de Gallup, divulgada la primera semana de noviembre. Este trabajo se sustentó en 175.000 entrevistas con adultos residentes de 143 países. Cada entrevista constó de cuatro preguntas, una de las cuales fue: “En la ciudad o área donde Ud. vive, ¿tiene confianza en la policía local?”. En el caso venezolano, solo 22% de los encuestados manifestó algún nivel de aprecio por los uniformados. Esta cifra se compagina con las arrojadas por otros estudios como Latinobarómetro. El trabajo de campo de Gallup fue desarrollado en 2019. Venezuela figura en el lugar 141 en cuanto al índice general de Ley y Orden, con 54 puntos, y solo supera a Gabón (52 puntos) y Afganistán (43). Esta es la consecuencia de un prolongado deterioro institucional, que según los encuestadores se ha visto reforzado por la pandemia del Covid-19. De igual forma, con 22% Venezuela figura junto a Suráfrica en el antepenúltimo lugar mundial cuando se trata de medir el sentimiento de seguridad para caminar por las calles. Mientras tanto, los resultados de los residentes de Singapur, Noruega, Turkmenistán y Emiratos Árabes son superiores a 90%.

CHICHITURBO Y OTRAS CHATARRAS

A la izquierda, el estándar. A la derecha, lo entregado

Desde finales de 2019, el régimen ha avanzado en la entrega de vehículos para la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad estatales y municipales. La idea no es mala. Por el contrario, atiende un clamor de los jefes de estas instituciones, que han visto mermada la calidad del servicio por la indisponibilidad de medios para la movilización. El detalle radica en que estos vehículos no cumplen con los estándares fijados por el propio Gobierno, y que fueron aprobados por el Ministerio de Relaciones Interiores hace más de diez años. En otras palabras, el régimen fija unas normas que luego incumple. En el caso de las patrullas, estos patrones pueden ser revisados en las fichas técnicas el documento Pertenencia policial, publicado en mayo de 2010. De allí fue extraída la gráfica que acompaña estas líneas. Por ejemplo, las patrullas para ciudades debían tener cinco puertas, motor 1600 cc con doble árbol de leva para mayor aceleración, aire acondicionado, puertas delanteras con blindaje III, computadora y radio, entre otros accesorios. De repente, desde el MRI y gobernaciones oficialistas empezaron a “dotar” a las policías con vehículos Chery Arauca, motor 1300 cc de poca durabilidad. Un jefe policial de Caracas consultado para esta nota dijo creer que estos automóviles inicialmente fueron adquiridos por el régimen para la Misión Transporte, puesto que los vehículos tenían adentro un dispositivo que decía Libre/Ocupado. Luego, entregaron a la PNB y a cuerpos de Lara y Aragua unas motonetas que no obedecen a ninguna ficha técnica, y que actualmente utilizan solo para el traslado de personal. Los propios agentes se burlan de estos vehículos, puesto que además no ofrecen protección y son de escasa potencia. Estas “chichiturbo” y los Arauca tienen un factor en común: son de fabricación china y, presumiblemente, tienen un mismo proveedor.

Libros

Las dinámicas del tráfico de drogas por Venezuela desde siempre han sido impactadas por numerosos factores internacionales, que a veces pasan desapercibidos para el analista local: las fluctuaciones de precios en los países de origen y destino; las operaciones policiales; las innovaciones tecnológicas y las afinidades culturales son algunas influencias. En los años ochentas del siglo pasado, al otro lado del Atlántico, ocurrió un conjunto de hechos que abrió nuevos mercados y rutas, y que aún son de obligado paso por el territorio nacional. Fue una consecuencia impensada de la conversión de los antiguos contrabandistas de tabaco en transportistas de la cocaína producida en el área andina suramericana. Pero hablamos de procesos humanos, nuevas y viejas relaciones entre personas de un lado y otro del mundo. La convergencia forjada en la prisión de Carabanchel entre la nueva generación de traficantes gallegos, duchos en el uso de lanchas rápidas para serpentear por las rías de Arousa, y los representantes de Medellín, con Ochoa Vásquez y Matta Ballesteros a la cabeza, quienes buscaban nuevos y más lucrativos destinos para el alcaloide. Tato Troncheiro dice haber presenciado todo este proceso al otro lado del océano, y lo relata en Mar de Arousa (Barcelona, 2018), con interesantes detalles sobre la vida de los jefes de los clanes gallegos, que eventualmente decidieron pasar “do fume a fariña”, es decir, del tabaco a la droga. Troncheiro cambió los nombres de los protagonistas reales de la historia, pero estos claramente quedan retratados a través de sus expresiones y modos de actuar. Este libro pinta, con un tono casi costumbrista y a vedes moralizante, las peripecias de estos individuos en su permanente disputa con la Guardia Civil, las alianzas y los desacuerdos con los políticos, sus desvaríos amorosos y el lujo ostentoso que llegó de súbito a poblaciones de humildes pescadores como Cambados y Vilagarcía, en la forma de Mercedes último modelo, ropas de marca y festines sin límites, primero financiados con la venta de los Winston etiqueta azul, y luego con el comercio de las blancas panelas. Mar de Arousa es, ante todo, un relato entretenido escrito por un arousano temeroso de que sus hijos llegaran a convertirse en “piltrafas humanas”, por el consumo de la droga que llegaba -y llega- a raudales a las rías gallegas. Este libro puede ser adquirido en formato digital.

domingo, 1 de noviembre de 2020

El Curso 63

-En esta nueva fase del proceso político, la represión llega no solo a los funcionarios policiales o militares que opinen en contra del régimen, sino también a aquellos que guarden silencio y no los delaten

@javiermayorca

El viernes 16 de octubre, la Inspectoría de Control de Actuación Policial (Icap) de la Policía Nacional Bolivariana remitió al Centro de Operaciones Policiales de ese mismo cuerpo una convocatoria de carácter obligatorio, para que treinta funcionarios de las más altas jerarquías se presentaran el domingo siguiente en las oficinas de ese órgano de investigación interna, en Caracas.
Se trata de una acción sin precedentes en la corta historia de la PNB. De todos los nombres que integran la lista, solo cinco tienen grados de supervisores. Los veinticinco restantes son comisionados, es decir, están en el tope de la pirámide policial. Algunos de ellos se desempeñan en plazas tan remotas de la capital como San Cristóbal y Cumaná. Aún en esta situación de cuarentena, la inasistencia solo agravaría la situación.
Entre todos los convocados había un factor en común: participaban en un chat de WhatsApp denominado Curso 63. Este nombre, explicó uno de los participantes en ese foro, aglutina a los egresados de la Escuela de Formación de Agentes Policiales (EFAP) en el año 2000. En aquel entonces, la mayoría de los graduandos pertenecía a la Policía Metropolitana de Caracas, aunque algunos laboraban en cuerpos de seguridad municipales o de estados del interior del país.
Estos agentes, surgidos casi todos de las filas de la PM, conformaron en 2009 los primeros cuadros de la Policía Nacional, luego de ser sometidos a un proceso de homologación a los estándares de lo que se llamó el “nuevo modelo policial”, y con el pasar de los años han ocupado posiciones clave dentro del cuerpo civil armado más grande del país, con unos 27.000 funcionarios.
Persecución en la PNB
Pero los diseñadores de ese nuevo modelo no tomaron en cuenta el advenimiento de las redes sociales y de los sistemas de mensajería. Poco o nada se dice al respecto en los tres tomos entregados en 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, que sirvieron como base para la gestación de la PNB.
La preocupación comenzó cuando los jefes policiales se percataron de que las informaciones sobre los procedimientos llegaban primero a los medios de comunicación que a sus escritorios, con lo cual perdían el control de la propaganda. Ya no era necesario convocar a una rueda de prensa para suministrar datos que incomodaran a la superioridad, como le sucedió en la primera década de este siglo al entonces jefe de Antiextorsión y Secuestros de Cicpc, comisario Sergio González. Ahora, simplemente bastaba con filtrar las minutas a alguno de los cientos de grupos que comparten funcionarios activos y retirados, docentes y reporteros. Y al poco tiempo el asunto sería del dominio público.
En varias oportunidades, los jefes policiales enviaron advertencias con las sanciones a las que se expondrían los agentes que divulguen datos en foros o sistemas de mensajería. Sin embargo, el control se complicaba pues en algunas localidades la infraestructura de comunicaciones está tan deteriorada que no es posible hacer verificaciones de antecedentes en tiempo real, y la única forma de remitir las novedades es a través de WhatsApp. Y al correr de teléfono en teléfono, el riesgo de una filtración de los informes se incrementa.
En 2018, la Policía Nacional activó una oficina destinada a hacer un monitoreo a las redes sociales. Como objetivos de vigilancia están no solo los periodistas, sino también las fuentes de información. Posteriormente, comenzó el análisis de los grupos creados en sistemas de mensajería, en especial aquellos donde hubiese constancia de la participación de funcionarios. Detectaron que por allí podrían sondear el verdadero clima de opinión entre los agentes, en un momento en que se agudiza la conflictividad política.
En 2019, por ejemplo, una docente de la Universidad de la Seguridad en el interior del país fue llamada a Caracas. Según su propio testimonio, un directivo de la institución le recriminó por haber posteado una crítica al Gobierno en su cuenta personal de Twitter. La amenazaron con expulsarla ipso facto con el argumento de que era “personal de confianza”, y que por ende no podía referirse en esos términos hacia sus patronos. Ella renunció.
Pero el foro llamado Curso 63 era visto como algo más grave que la crítica aislada de una profesora. El régimen inició un monitoreo de los contenidos intercambiados entre los uniformados, para detectar quiénes tenían posiciones críticas hacia Maduro y su entorno. Según documentación recabada para esta nota, se decidió ir contra ellos para “enviar un mensaje contundente” a los que, según la jerarquía gubernamental, simpatizarían con “grupos extremistas”.
La cacería comenzó en marzo, con la detención del comisionado Will Coche, quien fue presentado en los tribunales de Caracas bajo el cargo de instigación al odio, debido a que posteó en su estado de WhatsApp una imagen en la que expresaba su rechazo a Maduro. Cuando lo llevaron a los juzgados de Cruz Verde, desmayó y tuvo que ser auxiliado por paramédicos.
Coche participaba en el chat Curso 63. Pero en ese momento, los contertulios no sospecharon que el centro de la investigación podría ser ese foro, y no un agente de manera individualizada. Eran los primeros días del estado de alarma, y la atención parecía enfocarse en otras cosas.

De Gedeón a Negro Primero

En la madrugada del domingo 3 de mayo, una comisión de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional mató en un rompeolas de Macuto a seis hombres que presumiblemente participaban en un plan para capturar a Maduro o a alguno de los oficialistas por los que el gobierno estadounidense había ofrecido millonarias recompensas, y precipitar de paso un cambio político en el país.
Los hombres que navegaban desde la Guajira colombiana habían bautizado esa cruzada con el nombre de Gedeón, el guerrero que según las sagradas escrituras venció a regimientos enteros contando con solo 300 campesinos. Mientras tanto, el oficialismo puso a la operación de los FAES el nombre de Negro Primero. Aunque la PNB emplazó a un número importante de funcionarios, el núcleo central de la acción era una docena de comandos. Una vez levantados los cadáveres, se retrataron frente al teatro de operaciones, con sus fusiles AK-103, pistolas y cascos tácticos.
Pero la foto de los policías no molestó tanto al régimen como la divulgación de sus nombres, dos meses después, cuando se propuso incorporarlos en forma express a las listas de ascensos de la PNB.
Uno de los que reaccionó en contra de esta situación fue el comisionado jefe Daniel Urpín Castañeda, egresado del Curso 63 de la PM y contertulio del chat que llevaba el mismo nombre. Para la primera semana de junio, era jefe de Archivo de Investigación Disciplinaria de la Inspectoría de la PNB. De acuerdo con un acta de notificación firmada por el general (GN) Frank Morgado, director de la Inspectoría de la PNB, este funcionario reveló a través del foro WhatsApp las identidades de los FAES que habían participado en la matanza de Macuto.
Para ese momento, indica el mismo informe, participaban en el chat 171 personas, ubicadas en el Ministerio Público, la policía judicial, Banco Central de Venezuela, Seniat y docentes en varias instituciones. Esto garantizaba que la lista de los ascensos correría como pólvora.
Según la abogada Jackeline Sandoval, Urpín fue privado de libertad el 9 de junio. El día anterior, hicieron lo propio con otro participante en el mismo foro de WhatsApp, el internacionalista y ex policía con once años al servicio del Parlamento Latinoamericano, Nelson Vivas. Según la litigante, ambos fueron despojados de sus teléfonos para extraerles las informaciones que luego sustentarían imputaciones por instigación al odio, a cargo del fiscal 59 Frank Bracho. La presentación se llevó a cabo el 12 de junio en el juzgado 26 del Área Metropolitana, a cargo de la abogada Janeth Jerez Mata.
Urpín y Vivas permanecen en el retén de la Zona 7 de la PNB, donde también fue recluido el comisionado Coche.
Mientras tanto, avanzan las averiguaciones administrativas. Los treinta funcionarios convocados para el domingo 18 de octubre han tenido que justificar su pertenencia al chat Curso 63, en términos que sorprenden por lo inusitado del caso. De acuerdo con la imputación de Morgado, los integrantes del foro enviaron “informaciones en contra del gobierno venezolano y de las políticas públicas llevadas por el régimen, y en ningún momento éstos notificaron al órgano disciplinario”, lo que según su valoración constituye una “novedad de carácter grave”. En otros términos, según la óptica del Inspector General de la PNB, los contertulios estaban en el deber de delatar a quienes hablaran mal de Maduro. Al no hacerlo, se arriesgan a recibir la pena máxima, que es la expulsión de la policía.
La remoción del general en jefe Néstor Reverol del ministerio de Relaciones Interiores aparentemente paralizó la purga en la PNB. La decisión ha quedado en manos de la sucesora en el cargo, la almirante en jefe Carmen Meléndez.
Pero ya fue logrado un primer efecto: implantar el miedo.
Según la abogada Sandoval, “ahora nadie habla en grupos policiales, no interactúan, se van saliendo (…), pues hay una cacería en cuanto a las opiniones que puedan emitir”.

Breves

LICENCIAS EXPRESS

Arriba, la de verdad, abajo la falsa
El 27 de octubre, la Policía Nacional española informó que 293 personas habían sido detenidas en todo el país europeo por el uso de licencias para conducir fraudulentas, aparentemente emitidas por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre de Venezuela. De acuerdo con la nota, los documentos eran ofrecidos por gestores a un promedio de 90 dólares, y eran entregados en un máximo de tres días. Esta investigación tenía varios meses en desarrollo. En junio, ese organismo envió una circular a todas sus brigadas de extranjería, en la que alertaba sobre la proliferación de los permisos para conducir venezolanos falsos, “los cuales están siendo utilizados en el interior del territorio español por nacionales de dicho país, cuyos portadores los presentan para identificarse en los controles policiales, en ocasiones junto con el documento de solicitante de asilo”. Anexo a ese texto, se remitían algunos ejemplos de licencias obtenidas de forma ilegal. En el afán de parecer verdaderas, les ponían códigos de barra en ambas caras. La licencia de conducir venezolana ya no es entregada en un soporte plástico, sino que es remitida por el INTTT directamente al correo electrónico del titular, en formato PDF, de manera que el propio interesado debe imprimirla y plastificarla. Según la Policía Nacional española, esta característica “hace más fácil su falsificación, al carecer de medidas de seguridad”. En España, el uso de un documento falso por extranjeros podría ser causal para una deportación. 

NUEVO BALANCE DE PODER

¿Quién gana y quién pierde con la remoción de Néstor Reverol del ministerio de Relaciones Interiores, y su reemplazo por Carmen Meléndez, actual gobernadora del estado Lara? Según el ex diputado y analista en temas militares Luis Manuel Esculpi, “con la salida de Reverol pierden varios (dirigentes del oficialismo), en primera instancia Tareck el Aissami”. Ciertamente, el gran salto del primer general en jefe de la Guardia Nacional fue en 2008, cuando fue promovido con el respaldo de el Aissami a la presidencia de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). De allí iría al viceministerio de Seguridad y Prevención, y posteriormente ocuparía la comandancia general de la Guardia Nacional y el MRI. Reverol ha sido un promotor de las tácticas de “mano dura” en el tratamiento a la criminalidad, e igualmente a la disidencia política, lo que le valió una sanción del Departamento del Tesoro por violaciones a los derechos humanos. Fue uno de los principales impulsores de las famosas operaciones de Liberación del Pueblo, aunque esa actividad ya había comenzado meses antes, cuando él era viceministro. Las OLP, con su estela de matanzas, fueron duramente criticadas por la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet. No hay duda de que buena parte de los señalamientos consignados en los informes de Bachelet y en de la misión de determinación de hechos de la ONU apuntan hacia este oficial. Cuando fue ascendido por Maduro al grado de general en jefe, en junio de este año, parecía que los rumores sobre su designación para el ministerio de la Defensa tenían sustento. Cuatro meses después, la situación es radicalmente distinta, y Reverol pareciera destinado a un futuro similar al del general Motta Domínguez. Según Esculpi, Meléndez forma parte del entorno directo de Maduro. A él debe su ascenso al grado que ostenta actualmente, así como su paso por distintos despachos del Gabinete. Sin embargo, al sacarla de la gobernación de Lara se comprueba que el círculo del mandatario se hace cada día más estrecho, y que nadie más allá de ese pequeño grupo está dispuesto a sacrificarse en una posición de tanta relevancia como el MRI. Huelga decir que los logros en la gestión de Seguridad Ciudadana carecen de relevancia para este nombramiento. Durante la primera pasantía de Meléndez (2014-2015) las tasas de criminalidad marcaron verdaderos récords, y Venezuela se consolidó como el país más violento del mundo. Las bandas criminales, además, ganaron importantes territorios gracias al avance de las llamadas “zonas de paz”.

HAMPA REACTIVADA

Con la prolongación “flexibilizada” del estado de alarma, comienza un resurgimiento de la criminalidad en el país. Uno de los delitos llamados “marcadores” por el régimen es el hurto de vehículos, en el que los autos, motos y camiones son despojados de sus legítimos propietarios mediante métodos de agilidad y destreza. Entre los meses de enero y marzo, fueron denunciados 861 casos de este delito en todo el territorio nacional. En el lapso abril-junio, la cifra disminuyó a 387, es decir, una baja de 55% con respecto al trimestre anterior. Pero en los tres meses siguientes (julio-septiembre) repuntó de nuevo en todo el país, para totalizar 502 denuncias (29% de incremento). Las cifras, conocidas extraoficialmente, indican que los delincuentes también están cansándose del prolongado confinamiento. En la zona conformada por Distrito Capital y estado Miranda, el comportamiento ha sido similar al del resto del país. Para finales de septiembre, totalizaban 860 casos reportados. El hurto de vehículos se lleva a cabo primordialmente en las vías públicas. El incremento de la circulación de autos, motos y camiones en los lapsos de “flexibilización” también es aprovechado por los delincuentes.

Libros

La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) avanza en una investigación sobre el destino de las fortunas amasadas por los corruptos jerarcas venezolanos. Por si fuera poco, encuentra que una parte de estos dineros ha recalado en un pequeño principado europeo, mezclados con los de mafiosos de China y Rusia, que también han ocupado las primeras planas de la prensa mundial. El propósito concreto es determinar quiénes son estos venezolanos y cuánta plata manejan. Para obtener esta información, es claro que no pueden irrumpir en los bancos con órdenes judiciales. Así no actúan los espías. Así que buscan un camino verde, una trocha, de la mano de un renombrado traficante de drogas español, conocido en las agencias de las entidades financieras andorranas por llevar bultos de efectivo para hacer sus depósitos. Mientras hacen el conteo de cada euro, el hombre introduce en las computadoras personales de los gerentes que le dispensaban atención VIP un troyano, convenientemente suministrado por los estadounidenses en un pen drive. De esta forma, los agentes obtuvieron una data valiosísima, que luego fue usada para exigir a entidades como la Banca Privada de Andorra que cesara sus operaciones, en un escándalo internacional de tales proporciones que terminó por poner una lápida sobre este banco. ¿Verdad o ficción? En el prólogo de su último libro Andorra Connection (Miami, 2019) Joaquín Abad aclara que sus páginas son el producto de la imaginación. Pero en la medida en que se avanza en la lectura, nos damos cuenta de que los nombres no han sido cambiados, y que los hechos narrados tienen un anclaje en noticias muy recientes, de realidad pura y dura, en la que los millardos sacados del país por oficialistas y "boliburgueses" termina mezclado en la banca del paraíso fiscal que también sirve a la corrupción española, que a juzgar por el relato de Abad también es abundante y variopinta. Andorra Connection es la continuación de una saga que inició con el lanzamiento de El Andorrano (Miami, 2018), y en la que este periodista se sumerge en la historia de este principado y sus fortunas, gestadas en el contrabando de tabaco y de las personas que huían de los conflictos armados que asolaron a Europa durante la primera mitad del siglo pasado. Con el proceso globalizador, Andorra se transformó en un importante centro bancario, donde los cambistas de otrora encontraron un nuevo nicho de negocios al ofrecer escondite para el dinero de evasores de impuestos, redes terroristas y traficantes de drogas y armas. Esta obra, escrita en una depurada prosa periodística, pareciera más un largo reportaje que un ejercicio de ficción.