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domingo, 9 de agosto de 2020

Venezuela: el rédito de la droga

-¿Hasta qué punto el tráfico de cocaína puede sustentar al régimen venezolano?

@javiermayorca

Con frecuencia se escucha a expertos en seguridad y opinadores que la merma en los ingresos de la renta petrolera ha obligado al régimen de Maduro a enfocarse en la obtención de recursos procedentes de distintos mercados ilegales.
Esta sospechada dependencia de la llamada economía negra ha servido como justificación para que se endilgue a este gobierno el remoquete de “narcorégimen”. Los señalamientos, además, se verían sustentados en acusaciones como las recientemente formuladas por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que involucran al gobernante venezolano y a otros trece importantes operadores del oficialismo en el denominado Cartel de los Soles, cuya principal actividad sería precisamente el tráfico de drogas.
No es la primera vez que la palabra narcorégimen es usada para catalogar a gobiernos en Latinoamérica. En Bolivia, el general de división Luis García Meza accedió al poder en 1980, gracias a un golpe de Estado financiado por Roberto Suárez, alias el Rey de la cocaína, que impidió la toma de posesión de Hernán Siles Zuazo. García Meza solo pudo sostenerse en el poder durante trece meses, debido a una creciente presión internacional liderada por EEUU, que denunció la alianza entre el gobernante de facto y el traficante.
Pero, en el caso boliviano, se trataba de utilizar los recursos del comercio internacional de drogas para propiciar un movimiento militar. En el caso venezolano, se indica la permanencia en el poder gracias al reemplazo de la renta petrolera.
La pregunta que surge de inmediato es cuánto podría obtener realmente el régimen, suponiendo que cada gramo de droga ilegal que pasa por su territorio saliera hacia los distintos mercados internacionales, y que ese dinero luego sea retornado completamente a las arcas del país.
Se plantea entonces la necesidad de establecer un modelo de análisis, que parte de ciertas premisas. En primer lugar, aunque son cada vez más frecuentes las informaciones sobre la detección de cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana, así como de enclaves para el procesamiento completo de la cocaína, Venezuela es catalogada todavía como un país de “tránsito” o “puente”, es decir, presta su territorio para el paso de las sustancias precursoras -en la fase de producción- así como también de las drogas ya terminadas.
Según la ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas Mildred Camero, por el país pasan unas 300 toneladas de cocaína al año. Si se toma esta cifra como cierta para 2019, estaríamos ante un incremento de 20% en el paso de esta sustancia, si se compara con lo señalado por ella misma para 2018, y de más de 100% con respecto a los años iniciales del régimen de Maduro.
Aunque los estimados de producción mundial de cocaína difieren según sea el organismo, la última cifra arrojada por la Organización de Naciones Unidas indica que salieron al mercado 1.723 toneladas de la mayor pureza. Se trata de una industria ilegal que se concentra básicamente en Perú, Bolivia y Colombia. Colombia ocupó el primer puesto entre los países productores, con aproximadamente 950 toneladas, de acuerdo con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por sus siglas en inglés).
La cocaína de Perú y Bolivia tiene sus rutas de salida naturales hacia Brasil, Argentina y el Pacífico, mientras que la colombiana puede ir por este océano o por el mar Caribe. Por Venezuela pasa, entonces, el 30% de la cocaína producida en Colombia.
¿Cuál sería la relación establecida entre los operadores venezolanos y los productores de la droga? Los casos consignados en EEUU contra Hugo Carvajal y los generales Reverol y Molina pueden ser tomados como referencia, aunque hay otros. De acuerdo con las acusaciones ventiladas en cortes de Nueva York y Florida, ellos no eran los propietarios de la mercancía sino los facilitadores de su paso. Es decir, los manejadores de las rutas internas. Entonces, la ganancia solo derivaría de un servicio prestado a los verdaderos carteles.
Un aspecto que ha sido objeto de debate en foros cerrados tiene que ver con el mayor involucramiento de efectivos policiales y militares venezolanos en el manejo de la ruta interna, en especial luego de la muerte de Hugo Chávez. Pareciera que durante los primeros años de este siglo no hubo un control férreo, pero en todo caso concentrado en el grupo reducido de oficiales que mencionó Walid Makled en entrevistas a distintos medios, antes de su extradición a Venezuela, y también el coronel Eladio Aponte, mientras era llevado a EEUU para convertirlo en informante. Eran los funcionarios que manejaban los puertos, aeropuertos y cuerpos de seguridad de alcance nacional.
Al morir Chávez ocurrió una dispersión, y entre 2015 y 2018 empezaron a verse casos de militares de baja graduación detenidos mientras llevaban alijos en sus propios vehículos, o en los de sus unidades.
Una primera conclusión, por ende, sería que el paso de drogas por el país no es controlado por una sola organización sino por varios grupos que presumiblemente intentan obtener un beneficio particular.

Lo que queda en el camino

Para recapitular: en Venezuela no se ha instalado por completo la industria de fabricación de drogas ilegales, y tampoco existe un control férreo de las rutas que posibilitan su paso. Esto implica que las ganancias no serán enteradas por completo a las arcas del país, para cubrir las necesidades del Estado. De hecho, lo más probable es que sean distribuidas entre los distintos grupos operativos y de poder, es decir, que sirven como reguladores.
¿De cuánto dinero estamos hablando? 
El precio de la cocaína sube y baja en cada país de acuerdo con diversos factores. En 2019, se incrementó levemente en Colombia, debido a una merma en la producción anual del arbusto que da la materia prima de esta droga. De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (una dependencia de la ONU) fue de unos 1.200 dólares promedio por kilo. La tendencia es que el monto se eleva en la medida en que se aleja el centro de producción. Pero en la frontera con Venezuela, por el área de Tibú, hay enclaves que representan el 10% del total de cultivos ilícitos en Colombia. Allí el precio, incluso, llega a bajar a 1000 dólares por kilo. 
De manera que, en números redondos, las 300 toneladas que pasaron por el país en 2019, según estimados de Mildred Camero, tendrían un valor aproximado de 300 millones de dólares en el punto de origen, que es la franja limítrofe. La cifra puede aumentar hasta 320 millones. Ese sería el tope. Pero realmente los transportistas de la droga no se quedan con todo, sino que cobran una tajada sobre este valor, que sería del 10% al 15%. Puede ser incluso una “tarifa plana” por viaje, si se trata de cantidades más o menos estables, que son llevadas por vía aérea hasta Centroamérica, República Dominicana o las costas ubicadas al norte del país. Con lo cual el rédito aminora considerablemente. Y desde luego no sirve para mantener a un Estado como el venezolano, aunque sí para pintar sonrisas en algunas de sus figuras representativas.
Esto en cuanto a la economía de la cocaína. Según estimados de la Casa Blanca, la economía de la marihuana, si bien abarca a muchos más consumidores finales, tiene precios 20 veces menores que los del alcaloide. Y los controles son más laxos.
Tanto la cocaína como la marihuana y las demás drogas ilegales tienen efectos en cascada dentro de cada país. Se generan redes de distribución para suplir los mercados en pueblos y ciudades que involucran a factores criminales, policiales y eventualmente políticos. Esa diversificación de intereses hace que sea prácticamente imposible un control de las ganancias desde el gobierno central. 
Es a este nivel donde se genera la mayor actividad represiva. En el caso venezolano, según cifras de la policía judicial, en 2019 fueron iniciados 1680 expedientes relacionados con delitos de drogas, que ocasionaron la detención de 3520 personas. El 72% fue imputado por “posesión”. Otro 25% afrontó cargos por consumo, y el resto (73 personas) por tráfico en sus distintas modalidades. Es decir, los traficantes solo dieron para el 2% de las detenciones. Estos números, vistos en términos generales, sirven para dar soporte a la propaganda oficial según la cual se está “atacando al flagelo de las drogas”. Pero, como se puede apreciar al discriminar las estadísticas, lo que ocurre es que se intenta afrontar un problema por sus consecuencias más evidentes, poniendo tras las rejas a quienes consumen o tienen en sus bolsillos pequeñas porciones de alguna sustancia prohibida.
Pero no van al fondo del asunto.
En conclusión, carece de asidero la expresión “narcorégimen”, cuando se usa para indicar que las finanzas del Estado venezolano se nutren de las ganancias del tráfico de drogas. Aún si fuese posible para el régimen apoderarse de los 300 millones de dólares que vale toda la cocaína al entrar por la frontera, eso no serviría ni siquiera para pagar un mes de las importaciones correspondientes al año pasado, que totalizaron los 6,2 millardos de dólares.
Sería necesario, entonces, analizar el impacto de cada una de las actividades ilegales en el país, lo cual es una tarea altamente difícil, pues la delincuencia organizada opera en las sombras. 

Breves

COVID EN EL SEBIN

El 4 de agosto, el comisionado de Juan Guaidó para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria, diputado José Manuel Olivares, reveló que un detenido en el Sebin-Helicoide fue llevado de emergencia al hospital clínico de la Ciudad Universitaria, al tenerse fuertes sospechas de que había sido contagiado por Covid-19. De manera extraoficial, fuentes de la policía política indicaron que se trata de Erick Echegaray, quien permanecía en ese centro de reclusión cumpliendo pena por el mismo caso de Walid Makled. Este contagio sería apenas la punta del iceberg. En Helicoide permanecen actualmente 160 reclusos, entre ellos once mujeres. Sesenta están siendo procesados por la Operación Gedeón desde el mes de mayo. Sin embargo, el contagio de Echegaray comenzó a manifestarse hace dos semanas, con fiebre sostenida, dolores y una merma en la capacidad olfativa. Luego, otros cuatro detenidos han caído enfermos con los mismos síntomas. Oficialmente, en la policía política no admiten la existencia de contagiados por Covid, pues eso pondría en evidencia que la transmisión se dio a través de funcionarios que cumplen labores de custodia en esa instalación. Desde la emisión del primer decreto de alarma nacional, el 13 de marzo, se ha impedido la visita de abogados y familiares. Los militares estadounidenses detenidos por el caso Gedeón, Luke Alexander Denman y Airan Seth Berry, están totalmente aislados.
PS: luego de la publicación de esta nota, el jueves 6 de agosto, fue reportada la muerte de Echegaray. Como ha ocurrido ya en otros casos, la causa del fallecimiento no ha sido establecida con claridad. Desde el Sebin, sin embargo, se insiste en que otros detenidos también han sido contagiados, sin que hasta el momento se hayan tomado acciones para mitigar la situación.

EL CONTRATO DE RAMÍREZ

El 29 de julio, la sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la solicitud de extradición contra el exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Las noticias emitidas en ese momento se basaron en un escueto boletín del TSJ, que no hacen referencia al detalle de los hechos que originaron las imputaciones contra Ramírez por los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir. El caso contra el exministro se sustenta en las presuntas irregularidades en la contratación por “adjudicación directa” de la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) LTD, representada por Xabier Justo, para continuar con los trabajos de perforación de dieciséis pozos submarinos en los sectores llamados Patao y Dragón, una tarea que se vio afectada por el hundimiento de la plataforma Aban Pearl, el 13 de mayo de 2010 a 150 kilómetros al noreste de Paria. Para ese momento, apenas tenía una semana en funcionamiento. Según la solicitud de extradición, Petrosaudi se comprometió a suministrar una unidad semisumergible llamada Saturn. El contrato con Pdvsa Servicios no fue solo para paliar una contingencia, pues la estatal comprometió los servicios de esta empresa por siete años, a una tarifa de 460.888 dólares diarios, independientemente de si el buque cumplía o no con el propósito de su contratación. La denuncia sobre los hechos que motivaron la solicitud de extradición fue formulada por el diputado Luis Parra (actual presidente de la AN paralela) en febrero de 2017, es decir, casi siete años después de la firma del contrato con Petrosaudi, y cuando ya era claro que Ramírez se deslindaba de Maduro. Parra señaló entonces que el pago por la operación de la Saturn era 274% superior a la media del mercado para ese tipo de trabajos. La sentencia del TSJ, cuyo ponente fue el magistrado Juan Luis Ibarra, establece que este sobreprecio “fue consentido de forma evidente por la junta directiva de Pdvsa Servicios”. Por otra parte, el Saturn presentó fallas que le impidieron la plena operatividad, y solo funcionó a plenitud durante el 42% del lapso contratado, de acuerdo con declaraciones tomadas a un grupo de empleados durante la investigación del Ministerio Público. En agosto de 2018 se tuvo conocimiento oficial sobre la permanencia de Ramírez en España, pero en noviembre del año pasado supieron que el exministro y ex embajador ante la ONU había pasado a Italia.

NUEVA ESCLAVITUD

El 30 de julio se conmemoró nuevamente el día mundial contra la trata de personas, un delito que figura en la convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Según la Organización Internacional del Trabajo, se trata de una actividad que moviliza aproximadamente 150 millardos de dólares al año. La trata de personas es vista en la actualidad por la ONU como una nueva forma de esclavitud, que a menudo incorpora formas de explotación sexual. Cuando participan redes internacionales, este delito se entremezcla también con el de tráfico de migrantes. Ambas actividades representan enormes ganancias para las redes delictivas. Con el deterioro de la institucionalidad en el país, y la consecuente diáspora que ya supera los 5 millones de personas, Venezuela ha pasado a ocupar un lugar prominente como territorio de origen para estos delitos. El 25 de junio, el Departamento de Estado presentó su informe anual relacionado con el tema. Este documento contiene datos preocupantes sobre la realidad del país. Por ejemplo, se indica que sectores de jóvenes son incorporados en Bolívar a las filas de los grupos irregulares que operan en el Arco Minero, como el Ejército de Liberación Nacional, en condiciones de esclavitud. Además, el éxodo masivo de nacionales también ha puesto en entredicho la capacidad de otros países del área para tratar con el asunto, como Aruba, que fue degradado en este último lapso a una “lista de observación”. Las estructuras captan a jóvenes de ambos sexos para colocarlos en lugares tan lejanos como Macao, en el sur de China. Según este informe, Venezuela cuenta con un organismo que podría pesquisar tales delitos, como es la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. Pero este despacho no proyectó una labor de importancia, más allá de la ejecución de cineforos. De acuerdo con cifras conocidas de manera extraoficial, durante los primeros seis meses de 2020 las autoridades nacionales han abierto seis expedientes relacionados con estos delitos: cinco por trata de personas y el restante por tráfico de emigrantes. Solo se han producido cinco detenciones. Las averiguaciones fueron iniciadas en Falcón (1), Sucre (2) y Distrito Capital/Miranda (3). Nada se dice de áreas álgidas como Bolívar, Táchira, Zulia o Delta Amacuro.

DESLINDE MERCENARIO

Surgen nuevas informaciones que ponen en duda la solidez de Silvercorp, la empresa contratada para el entrenamiento en Colombia y el aporte de parte del pie de fuerza que participó en la Operación Gedeón. El 22 de mayo, fue consignado en los registros de esta corporación en Florida un documento firmado por el sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea de EEUU, Francis X. Reilly, con una “declaración de hecho”. En el texto, escrito en inglés, el militar dice haberse percatado de que su nombre y dirección de residencia anterior fueron utilizados para el registro de Silvercorp en el departamento de corporaciones del estado de Florida. Según Reilly, el inmueble referido le perteneció hasta el 30 de septiembre de 2019, cuando lo vendió a un tercero. Se trata de una casa en el 3658 Hollistein Circle de la ciudad de Melbourne, Florida. Acto seguido, el militar denunció que el documento de registro (que consigna su nombre mal escrito) “fue archivado en forma fraudulenta” y sin su “conocimiento o consentimiento”. Solicitó al despacho de corporaciones su total desvinculación con los registros de Silvercorp. Este sargento mayor retirado hizo la petición justo cuando estallaba el escándalo internacional por la participación de mercenarios en una fallida intentona contra Maduro. Rilley no contestó a una solicitud de información adicional para la redacción de esta nota.

CONDENA A PUERTA CERRADA

El viernes 7 de agosto, el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab informó a través de su cuenta Twitter sobre la condena a veinte años de prisión para los sargentos retirados y ex miembros de cuerpo de Boinas Verdes del Ejército de EEUU, Luke Denman y Airan Seth Berry, detenidos el 5 de mayo luego de desembarcar en la playa aragüeña de Chuao, como parte de la fallida operación Gedeón. Esta decisión se produjo en un juzgado expresamente instalado en el Sebin-Helicoide. Según William Saab, ambos admitieron culpa por los delitos de conspiración, asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo. Con esto, obtuvieron una rebaja de un tercio de la pena esperada. El acto judicial, sin embargo, se llevó a cabo sin el concurso del abogado que había obtenido un poder de los familiares de ambos militares, Alonso Medina Roa. “Se hizo la audiencia con defensa pública. Prohibieron la entrada a los defensores privados (..) El tribunal tenía la orden expresa de no aceptar nada de ningún defensor privado. A las 3 pm del viernes informaron que no habría audiencia. Sin embargo, en la noche la hicieron en el Sebin-Helicoide”, relató. Según Medina, este acto es violatorio del derecho constitucional a la defensa. “Al limitar este derecho, todo el proceso debe ser considerado nulo”, dijo. Sorprende la rapidez con la que impusieron estas condenas, en un sistema judicial cuya crónica lentitud se ha visto acentuada por la pandemia. La decisión del tribunal cuarto con competencia en terrorismo fue emitida luego de tres semanas de la visita al país del ex representante y ex gobernador estadounidense Bill Richardson.

Libros

La literatura sobre el tema de los mercenarios no es muy abundante. Debe uno acudir a libros e informes en inglés para encontrar algunas referencias de interés. Entre las obras más reconocidas tenemos Corporate Warriors, The Rise of the Privatized Military Industry (Washington, 2007), escrita por el politólogo Peter Warren Singer. La primera edición salió a las librerías en 2002. Pero el autor hizo una actualización en 2007, a propósito de la actuación de los denominados “ejércitos privados” en el conflicto de Irak. Esta obra, cuyo título se podría traducir como Guerreros corporativos. El surgimiento de la industria militar privatizada, aborda el tema del mercenarismo en forma balanceada y profusamente documentada, que denota cómo esta industria ha ganado terreno en forma constante tras la caída del muro de Berlín, por un sinfín de razones que van desde la mayor disponibilidad de sofisticados armamentos (la empresa rusa Sukhoi ha alquilado sus cazas y pilotos a Etiopía), junto a la entrada en el mercado laboral de cientos de militares que han quedado sin trabajo. Al mismo tiempo, tal y como en algún momento lo observó Mary Kaldor, desde la última década del siglo pasado los conflictos armados en todo el mundo cuentan con la participación de nuevos actores, que van desde grupos subnacionales hasta organizaciones transnacionales que no atienden a límites fronterizos y cuyos propósitos no necesariamente están alineados con los del Estado del que surgieron. En este contexto, los ejércitos privados confieren a las grandes corporaciones y a los gobiernos una nueva herramienta para la consecución de sus objetivos. Singer, sin embargo, advierte que la actuación de los “guerreros corporativos” en determinados contextos puede más bien atizar las disputas, no solo con el entorno sobre el cual pretenden incidir (caso de Papúa-Nueva Guinea) sino también con las fuerzas que se supone son sus aliadas (caso Irak). El problema de fondo, indica el autor, es que estas corporaciones están orientadas a la obtención de ganancias económicas. Todos los demás objetivos están en segundo plano. No importa si operan en las áreas de inteligencia, soporte logístico o si están en el teatro de guerra. Y esto marca una diferencia clave con respecto a los ejércitos regulares. Otra diferencia -que no es menor- se refiere a la ausencia de controles de los “guerreros corporativos”. Ellos y sus empresas permanecen en un área gris, de la que es muy difícil extraer información que permita conocer a ciencia cierta si han cumplido con sus objetivos, y ejercer así algún tipo de supervisión. Ante esta situación, Singer plantea la constitución de una instancia especial en la Organización de Naciones Unidas, que elabore un registro de estas empresas, reciba y procese las denuncias sobre la ejecución de excesos y establezca en fin de cuentas algún tipo de certificación. Nada sencillo, si se toma en cuenta que, en el siglo XXI, el ejercicio de la guerra es cada vez algo más “privatizado”. Los guerreros corporativos no son solo cuestión de lugares lejanos como los Balcanes, Liberia o el Congo. Singer analiza también las actuaciones de los mercenarios en Perú y Colombia. El caso venezolano, con el incidente Gedeón, solo nos confirma que estos nuevos actores llegaron para quedarse.

domingo, 26 de julio de 2020

Expreso de oriente

-Solo la pandemia ha detenido la carrera para poner en funcionamiento el primer automercado iraní Megasis en Venezuela

Texto y fotos:
@javiermayorca

Al aproximarse la inauguración del primer local de la cadena iraní de supermercados Megasis en Caracas, la actividad en sus instalaciones se hace cada vez más intensa.
El local abrirá en el este de Caracas
Desde la semana que comenzó el lunes 6 de julio, los alimentos y otras mercancías traídas en barco directamente de la república islámica están llegando en caravanas de camiones. Según el vocero y máximo representante del Consejo Comunal de la urbanización Terrazas del Ávila, José Antonio García, solo entre el miércoles 8 y el jueves 9 descargaron en los estacionamientos de ese local ocho contenedores de cuarenta pies cada uno.
Los vecinos del sector se mantienen atentos a la entrada y salida de vehículos de carga. De allí han salido máquinas registradoras, aparadores y mercancías de marcas desconocidas para el comprador nacional. 
Para el momento de la redacción de este reporte, quedaba mucho trabajo por ejecutar. El local donde operará el primer Megasis tiene 10.300 metros cuadrados, y alrededor una extensa playa de estacionamiento. Hasta el mes de enero, funcionó allí una sede de las tiendas Clap, la cadena donde comercializaban alimentos subsidiados por el Ejecutivo, traídos a Venezuela a través del consorcio Salva Foods, cuyos principales socios, los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, son el centro de un escándalo internacional por lavado de dinero. A pesar de todo el respaldo con el que contaban los empresarios colombianos de parte del régimen de Nicolás Maduro, los anaqueles de ese galpón difícilmente eran llenados. Tuvieron que arrendar algunos espacios y acudir a proveedores externos.
Ahora, las tiendas Clap han dado paso a una venta de alimentos al detal sobre la que recaen denuncias y sanciones estadounidenses por un supuesto financiamiento al terrorismo. 
Según el Wall Street Journal, Megasis es el punto de venta de alimentos marcas Delnoosh y Varamin. Ambas son subsidiarias de la corporación iraní ETKA, creada hace más de 60 años con dinero de la seguridad social de los militares retirados de Irán. ETKA, indica el rotativo, pertenece a las Fuerzas Armadas de Logística, una dependencia del ministerio de la Defensa iraní que ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense, por su participación en el desarrollo de misiles balísticos.
El reporte periodístico cita informes de inteligencia estadounidenses según los cuales la apertura de un negocio como Megasis en el extranjero requiere de autorización de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, otra entidad sancionada por el Tesoro.

Inspección comunal

En Venezuela, la gran mayoría de la población se mantiene ajena a los antecedentes reportados por el rotativo estadounidense. En los alrededores del nuevo local, prevalece la curiosidad por saber si productos tales como el aceite de oliva y las especias harán honor a la fama que poseen en otras latitudes.
El representante vecinal de Terrazas del Ávila se acercó el jueves 9 de julio para constatar el avance de los trabajos correspondientes al primer Megasis de Venezuela. Su presencia fue notada por los vigilantes del lugar. Cinco minutos después, salió a la calle un hombre de unos 35 años de edad que se presentó ante él como el encargado (manager) de turno. Dijo llamarse Rheza, natural de Teherán. 
Rheza dijo no hablar español, así que buena parte del breve diálogo se desarrolló en un inglés rudimentario, puesto que él tampoco parecía hablarlo con fluidez. Dijo que la apertura del supermercado estaba pautada para “dentro de dos semanas”. Pero ese objetivo no fue cumplido, presumiblemente por la radicalización de la cuarentena en el país. Este ha sido el segundo aplazamiento. 
Según el encargado, en la actualidad están acondicionando los espacios internos del local, y simultáneamente avanzan en la contratación del personal venezolano, que serán unos cien empleados. Precisó que el primer Megasis venezolano tendrá un horario corrido de 8 am a 9 pm.
Rheza dijo no temer a la delincuencia en una de las áreas más riesgosas de la capital más violenta del mundo, con una tasa de 74,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el último listado de la ONG Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
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“Los venezolanos son excelentes personas”, fue su respuesta. Y rápidamente se despidió.

Trámite exprés

Los registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) indican que este nuevo centro de compras fue inscrito a nombre de la compañía anónima Megasis 2020 (Registro de Información Fiscal J-500238703).
Como presidente de la entidad aparecen registrados Seyed Alí Hannani, venezolano de origen iraní de 55 años de edad, y su esposa Carmela Aidée Arciniegas de Hannani, colombiana nacionalizada venezolana, de 46 años. Los dos pusieron a la sede del local como su dirección fiscal.
En ambos casos, la inscripción en el registro tributario se llevó a cabo el miércoles 10 de junio de 2020, apenas diez días antes de que la embajada de la República Islámica de Irán en Caracas informara sobre la llegada a Venezuela del buque Golsan, que traía “alimentos para inaugurar el primer supermercado iraní en Venezuela”. 
Esta embarcación es propiedad de una empresa que también ha sido sancionada por el Tesoro, pues supuestamente es utilizada por la Guardia Revolucionaria para la ejecución de sus programas misilísticos.
El portavoz del consejo comunal observó que, quizá por la urgencia, los ejecutivos de Megasis han olvidado un trámite indispensable: el permiso de funcionamiento emitido por la alcaldía, en este caso la del municipio Sucre del estado Miranda. Para que esa autorización sea emitida, deben contar con el aval previo de los representantes vecinales, según lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
En el caso de Terrazas del Ávila, recordó García, hay un precedente muy cercano de ejercicio del poder comunal, cuando se impidió momentáneamente la puesta en funcionamiento de un autocine en el estacionamiento de la Universidad Metropolitana. El argumento, explicó, es que las funciones emitirían ruidos molestos.
“El trámite ante el consejo comunal es gratuito, pero siempre se le pide al comercio que haga alguna bienhechuría a la comunidad. La empresa, además, debe comprometerse a colocar sus señales y vigilar los alrededores”, indicó.

Relaciones ampliadas

La apertura de este primer Megasis no es una simple operación comercial. Según la propia embajada iraní, es la expresión de las “relaciones amistosas y fraternales” existentes entre Irán y Venezuela. Sucede en un contexto de escalada conflictiva entre estos dos países y Estados Unidos.
Según la internacionalista Elsa Cardoso, la puesta en funcionamiento de Megasis es una “costosa operación”, que tiene “un fuerte contenido geopolítico”.
“Se trata de un desafío al régimen de sanciones implantado por EEUU, al tiempo que es una señal explícita de los crecientes nexos económicos de Irán con el gobierno venezolano”, afirmó.
Observó que la entrada de los iraníes en la rama de distribución de alimentos ocurre luego de la puesta en marcha de acuerdos en el plano energético, que implicaron la traída al país de técnicos e insumos para la reactivación de refinerías en centro y occidente, así como la importación de gasolina para paliar una aguda escasez.
“Todo esto sucede mientras EEUU toma la bandera de romper el acuerdo nuclear que había con el régimen de Teherán”, observó.
El profesor de relaciones internacionales Carlos Romero recordó que los iraníes intentaron sin éxito entrar en el sector industrial venezolano durante el mandato de Hugo Chávez, quien firmó acuerdos con el gobernante iraní del momento, Mahmud Ahmadineyad, para la construcción y la puesta en funcionamiento de fábricas de automóviles (Venirauto) y de bicicletas (Fanabi).
“Estos proyectos no dieron resultados. Ahora, entramos en un plan que va hacia los consumidores finales”, dijo.
Romero advirtió que este es un paso más, dentro del desarrollo de las relaciones bilaterales entre Venezuela y la república islámica, que en un plazo cercano podría abarcar “campos más sensibles”.
“La ventana de la cooperación militar está abierta”, sentenció.

Breves

Fuente: FANB
Fuente: FANB
MENOS SOLES

El 5 de julio, Maduro ascendió a 130 oficiales a los grados del denominado generalato, que abarcan desde general de brigada y contralmirante a general en jefe y almirante en jefe. No hubo ascendidos a estas dos últimas jerarquías, que según la tradición establecida por el gobernante están reservadas hasta ahora al ministro de la Defensa (Vladimir Padrino), el jefe del Ceofanb (Remigio Ceballos) y el jefe de Estado Mayor de la Comandancia en Jefe (Jesús Suárez). Aun así, la cifra de beneficiados podría parecer exagerada para algún lector desprevenido. Lo cierto es que, durante los últimos seis años, Maduro viene aplicando una estrategia de disminución progresiva en cuanto a los ascensos a las máximas jerarquías de la FAN. El tope de ascendidos a estos grados lo alcanzó en 2014, con 229. Desde entonces los totales han disminuido, con la excepción de 2019, cuando ocurrió un leve incremento. Este punto ha sido escasamente analizado. Sin embargo, es claro que, si los ascensos a general están signados por la percepción de lealtad y obsecuencia, esta merma del 43% puede ser la consecuencia de un estado de desconfianza en Miraflores. De igual forma, con una FAN cada vez más reducida en cuanto a sus cuadros regulares, cabría preguntarse si realmente se justifica el acceso de 130 oficiales a la cúpula castrense.

PANDEMIA EN CUARTELES

El 11 de julio, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino declaró que más de 160 efectivos castrenses estaban contagiados por coronavirus. El oficial puso sobre el tapete algo que ya se venía comentando, y que circulaba en minutas, cuya difusión solo había sido mitigada por la censura. Desde que comenzó la pandemia, se ha conocido sobre contagios entre efectivos de unidades militares y policiales ubicadas en Distrito Capital y Miranda, Vargas, Táchira, Aragua, Nueva Esparta, Zulia, Lara y Apure. Desde luego, lo más probable es que haya funcionarios enfermos en otros estados. La situación ha sido crítica en instalaciones de la Guardia Nacional en Zulia y de la Armada en Nueva Esparta, donde se ha ordenado pruebas rápidas a todos los efectivos de guardia. Esto es lógico, pues en ambos estados los militares de esos componentes desempeñan labores que implican permanente contacto con la ciudadanía. Según el infectólogo Julio Castro (referencia para la sociedad civil en esta materia) el país apenas está entrando en la “fase exponencial” de la pandemia, lo que implica una multiplicación del número de casos en lapsos cada vez más cortos. Esto sucede luego de cuatro meses de permanente despliegue de los funcionarios en calles, avenidas, autopistas, carreteras y estaciones de servicio. Muchos de ellos ni siquiera reciben su ración diaria de alimentos. En consecuencia, a estas alturas ya se encuentran extenuados y cada vez menos dispuestos para atender las crecientes demandas de la ciudadanía.

GASOLINA DE SANGRE

Un civil murió y otro resultó herido por disparos, mientras que un sargento de la Guardia Nacional también fue lesionado en la cabeza durante una situación confusa, reportada el sábado en la tarde en los alrededores de la estación de servicio Buenos Aires de Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui. Las minutas conocidas de forma extraoficial divulgan datos contradictorios, que intentan justificar el uso de fusiles AK-103 contra la población, con el argumento de que los militares eran atacados por lo que llaman “grupo estructurado de delincuencia organizada” (GEDO), liderado por un hombre al que identificaron solo por el alias (el Badó), y que supuestamente cobraba extorsión para permitir a la población surtirse de gasolina. Y se supone que las bombas son vigiladas por efectivos militares las 24 horas del día, por orden del ministerio de la Defensa. Este incidente ocurre apenas nueve días después de otra situación similar, en la que resultó muerto un pescador de Isla de Toas (Zulia), donde igualmente ocurrió un reclamo por la ausencia de acceso al hidrocarburo. En una comunidad de pescadores, disponer de gasolina para las lanchas marca la diferencia entre poder trabajar o languidecer en casa. En ambos casos, los militares intentan justificar el uso de sus fusiles con el supuesto de que respondían a ataques previos con armas de fuego, cuestión que hasta el momento no ha sido verificada.

POPULARIDAD MERMADA

En este contexto, el Observatorio Venezolano de la Violencia presentó los resultados de un estudio sobre la letalidad policial en el país. Las cifras son preocupantes, pues revelan un crecimiento exponencial en los homicidios a manos de uniformados durante los últimos cuatro años, que como se sabe aparecen registrados como muertes por “resistencia a la autoridad”. Según el reporte, en 2016 la proporción fue de 289 por cada 1000 homicidios, mientras que en 2019 fue de 802 por cada 1000 homicidios. Según la legislación penal vigente, la resistencia a la autoridad es un delito con una pena máxima de cinco años de prisión, por lo que puede ser catalogado como “menos grave”. Aún así, es usado como pretexto para el ejercicio de la acción letal de los policías y los militares. Las estadísticas del propio Gobierno indican que en 2015 hubo 4882 procedimientos por “resistencia a la autoridad”, que ocasionaron 2576 fallecidos. El promedio de muertes por expediente fue de 0,52. En 2019 hubo 4023 casos de este delito, que dejaron el saldo de 5201 cadáveres. El promedio de muertes por cada caso se elevó entonces de 0,52 a 1,29. Paradójicamente, el incremento de la letalidad policial en el país no ha ido acompañado de una mayor confianza en los cuerpos de seguridad. Por el contrario, según el informe presentado por el Observatorio de la Violencia, el 70% de los entrevistados en una encuesta especial calificó como malo o muy malo el desempeño de los agentes y militares.

Libros

Sobre el caso Odebrecht se ha querido tender un manto de silencio en Venezuela. Pareciera que el esquema de sobornos descubierto inicialmente por un reducido grupo de policías federales y fiscales radicados en Curitiba, al sur de Brasil, en el marco de un expediente conocido como Lava Jato, o autolavado, ocasiona incomodidad en sectores políticos nacionales que van más allá del oficialismo, tal y como sucedió en el lugar de origen. Pero pocos atinan a establecer una secuencia de hechos. Según el extenso reportaje del periodista Vladimir Netto, The Mecanism (Londres, 2019), lo de Odebrecht, en realidad, no fue el origen sino una consecuencia muy importante de la pesquisa sobre las actividades de un cambista (Alberto Youssef) que servía como conducto para la distribución de las coimas derivadas de la asignación de contratos de la estatal petrolera Petrobras. Youssef tenía una larga trayectoria en el mundo del delito organizado, por lo que no sorprendió verlo nuevamente en el centro de una investigación, iniciada formalmente en 2013. Los que los agentes no podían avizorar entonces es que, a la vuelta de tres años, este caso con sus 29 capítulos policiales, ocasionaría el enjuiciamiento de dos expresidentes (Fernando Collor y Luis Inacio da Silva), la destitución de una mandataria en ejercicio (Dilma Roussef), el ascenso al poder de Jair Bolsonaro y una ola de averiguaciones en por lo menos siete países latinoamericanos, donde las empresas cariocas, con Odebrecht a la cabeza, expandieron sus capitales, así como los esquemas de sobornos. Entre estos territorios, desde luego, figura la Venezuela del chavismo-madurismo. No se olvide cuál fue el caso que motivó el enjuiciamiento intentado contra el gobernante Maduro por la fiscal en el exilio Luisa Ortega. Aunque el libro de Netto no hace énfasis en la proyección internacional de las averiguaciones, sí se puede colegir que este es un subproducto más bien tardío del proceso Lava Jato. De allí que todavía queda mucho por hurgar. Lo cierto es que la investigación relatada en The Mecanism pone en tela de juicio a todo un sistema político, que había establecido una simbiosis con un cartel de dieciséis empresas, conocidas como el Club, que se repartía los contratos a dedo, y luego retornaba jugosas tajadas a los funcionarios de turno y jefes de las principales toldas políticas, no solo el gobernante Partido de los Trabajadores. En este sistema, donde todos cobraban, el silencio era la norma. Para quebrarlo, fueron necesarias negociaciones y acuerdos judiciales con más de cincuenta personas. Y esta es quizá una de las primeras lecciones que recibe un lector desprevenido. No es posible desmadejar las marañas de la corrupción sin los datos de quienes participaron en ella. Claro está, en procesos conducidos por un sistema judicial independiente y debidamente supervisado. Otro dato de interés, en especial para quienes piensan en alguna transición, es que tales acuerdos con los procesados deben comportar la devolución de los activos generados por los sobornos. Esto no ocasiona sentencias de absolución. Pero, de cierta manera, en el caso brasileño los corruptos también “compraron” un tratamiento menos duro que el que tendrían si se produce una confiscación compulsiva de sus haberes. Esta es una forma de justicia más expeditiva. Economía procesal, la llamarían. El libro de Netto es una prueba fehaciente de la transparencia que prevalece en el particular sistema judicial carioca. Los hechos fueron plasmados casi en estricta secuencia cronológica, sin aderezos ni sensacionalismos. Y aun así fueron suficientes para una serie de Netflix. Esta obra está disponible en versión electrónica.

domingo, 12 de julio de 2020

Dos mitos en seguridad ciudadana

-Existen concepciones erróneas en materia de seguridad en las que parecieran coincidir oficialistas, opositores e independientes

@javiermayorca

La Real Academia de la Lengua Española nos dice que los mitos son historias ficticias que, por la fuerza de las repeticiones, son aceptadas como verdades escritas sobre piedra por amplios conglomerados.
En los mitos, igualmente, se habla de cosas o personas a las que les atribuyen cualidades que en la realidad no poseen.
En el ámbito de la seguridad los hay tan fuertes que casi constituyen puntos de encuentro entre integrantes de todos los sectores políticos y niveles socioeconómicos.
En esta entrega, se analiza dos de los mitos más difundidos en el país.

El verdadero poder de las armas

Una noción que pareciera estar imbuida en la cultura policial consiste en que los agentes deberían gozar de cierta paridad en cuanto al poder de fuego, con respecto a sus contrapartes del mundo de la delincuencia.
A pesar de esto, la impresión generalizada es que desde el propio Gobierno se ha pretendido desarmar a las policías, con propósitos inconfesables. Es cierto que durante el régimen de Maduro han ocurrido varias rondas de desarme a cuerpos de seguridad. Pero estas acciones parecieran ser selectivas, es decir, van más encaminadas a mermar los recursos de instituciones bajo el mando de alcaldes o gobernadores opositores, que por una concepción general de los medios que deben estar a la disposición de esos funcionarios, en cumplimiento del modelo trazado hace una década.
En otras palabras, los llamados “estándares” en cuanto al armamento han sido aplicados con rigor a las instancias de gobierno que no son afines al régimen. En cambio, se ha permitido que los cuerpos preventivos de estados y municipios gobernados por oficialistas se apertrechen con armamento de guerra, e incluso se hagan llamar “fuerzas armadas policiales”. Sus funcionarios, retratados con fusiles terciados en el pecho, como sucede en Lara, sugieren el acatamiento de modelos militaristas, dispuestos a aplicar “mano dura” contra los delincuentes.
Del otro lado, en sectores de la oposición también hay la convicción de que se debe incrementar el poder de fuego de los cuerpos preventivos. La reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, sancionada por el Parlamento (regido por opositores) en octubre de 2016, tiene una disposición transitoria según la cual “todas las armas y municiones que fueron retiradas de las policías estadales y municipales por alguna medida administrativa o por la aplicación de la resolución número 17.350, del 13 de febrero de 2011 (…) u  otro  instrumento  jurídico  de contenido  similar,  deberán  ser devueltas por el Ejecutivo Nacional a los organismos de los cuales fueron sustraídas”.
Esta es una lógica que el criminólogo Keymer Ávila ha descrito como de “guerra fría”: si el hampón tiene fusiles, todo policía también debe tenerlos, y de ser posible mejores.
“Si seguimos esa lógica, tarde o temprano tendremos a policías municipales con bazucas”, advirtió.
Pero esa convicción generalizada pareciera carecer de sustento científico o estadístico. En 2014, Avila llevó a cabo una investigación sobre la victimización policial. En esa época, sorprendían las cifras de agentes ultimados. Luego de revisar y sistematizar la información consignada en los expedientes penales, concluyó que el uso de armas largas en contra de los funcionarios “es excepcional”.
Los fusiles, como los exhibidos recientemente por miembros de bandas en Petare y la Cota 905, tienen según Ávila una utilidad más simbólica que instrumental. A partir del miedo que inspiran, se facilita el control en determinados territorios. Wilexis y Coqui los saben.
Lo cierto es que las policías preventivas usualmente se abstienen de intervenir cuando perciben que del otro lado hay hampones con FAL o AR-15. Desde luego, los impactos por los proyectiles de estas armas pueden ocasionar daños considerables. Pero la sola posesión en manos de antisociales no es argumento suficiente para no actuar, aun si se dispone solo de las armas reglamentarias.
Según el comisario jubilado de la policía judicial e instructor de tiro, John Tovar, tan importante como el armamento es el conocimiento táctico sobre su utilización y el permanente entrenamiento. Esto puede marcar una diferencia clave en situaciones comprometidas como las que día a día enfrentan los uniformados.
El ex funcionario indicó que la mayoría de los delincuentes no equipara el nivel de preparación que deben poseer los policías. Además, creen que el arma por sí sola es suficiente, pero “no tienen tácticas”.
Aún así, es raro ver que gendarmes con la dotación reglamentaria enfrenten a bandas que poseen armas de guerra. Para encontrar un ejemplo hay que remontarse a diciembre de 2012, cuando comisiones de las policías de Chacao y Sucre protagonizaron una larga refriega contra los integrantes de una renombrada banda de secuestradores, liderada por José Ricardo Suárez, alias Penco. Estos sujetos llevaban fusiles Colt AR-15, mientras que los uniformados tenían sus pistolas y escopetas reglamentarias. Luego de un intenso intercambio, en una calle ciega de Los Palos Grandes, murieron cuatro delincuentes, incluido el líder de los plagiarios. Ningún policía resultó herido. 

¿Cómo se traslada el hampa?

Aquí va el segundo mito.
Sobre las motos – y sus conductores- pareciera caer un estigma. Los usuarios de estos vehículos son permanentemente detenidos y verificados por los agentes de todas las policías, simplemente porque circulan sobre dos ruedas.
Esta opinión negativa hacia los llamados “motorizados” no se forjó exclusivamente durante los mandatos de Chávez y Maduro. En los ochentas del siglo pasado, por ejemplo, se llegó a prohibir mediante decreto presidencial que estos vehículos transitaran por las autopistas de Caracas.
Recientemente, sin embargo, gobernadores y alcaldes han implantado restricciones en sus territorios exclusivamente para los usuarios de motocicletas, también guiados por la noción de que son los medios de transporte predilectos de los delincuentes. El último de ellos ha sido el mandatario regional de Zulia, quien prohibió la circulación de estos vehículos durante las noches. Esta medida ha posibilitado la confiscación de facto de numerosas motos, sin mayor basamento que un decreto de alcance regional.
En el libro Revolución de la muerte (Caracas, 2020) los autores Fermín Mármol y Luis Izquiel -que participaron en la elaboración del capítulo sobre seguridad del Plan País de Juan Guaidó- también se muestran proclives a la imposición de restricciones al uso de motos, bajo la noción de que son los medios mayoritariamente utilizados por los asaltantes en las vías públicas.
Como se ve, tanto oficialistas como opositores parecieran coincidir en que los cuerpos de seguridad deben tener una actitud más rigurosa hacia quienes utilizan este medio de transporte. Pero, ¿qué dicen al respecto las estadísticas manejadas por las propias policías?
Según cifras conocidas extraoficialmente, en 2019 fueron reportados 15097 robos genéricos y robos de vehículos. Estos son delitos contra la propiedad caracterizados por un accionar violento, en los que las víctimas pueden tener una idea de cuáles fueron los medios utilizados por sus contrapartes. En los hurtos es más complicado determinarlo, puesto que por definición prevalecen la agilidad y la destreza para llevar a cabo los despojos de los bienes y del dinero.
De todos estos robos denunciados ante las policías, y presumiblemente investigados, se constató el uso de motocicletas por los victimarios solamente en 1006 casos. Esto equivale al 6,6%. En otros 898 (5,9%) casos las víctimas afirmaron que los asaltantes usaron autos, camionetas o camiones.
Como se ve, la diferencia entre el uso de motos y de otros vehículos en los robos de todo tipo fue muy pequeña. Pero las decisiones han sido contra los motorizados. Pareciera que el criterio estadístico no fue tomado en cuenta por gobernadores y alcaldes a la hora de aplicar medidas que ponen cortapisas a un derecho constitucional, como el de la libre circulación.
Lo cierto es que, en la Venezuela actual, con parques automotores extremadamente reducidos y poco acceso a los repuestos, la gran mayoría de los ladrones se traslada a pie, o con medios de transporte que no han sido determinados por los cuerpos policiales. Estas dos alternativas abarcan el 87% de los robos conocidos durante el año pasado. Son razones suficientes para abstenerse de tomar decisiones de gobierno que van directamente en contra de un grueso sector de la población.
Otra cosa distinta es obligar a los conductores de motos, y de todo tipo de vehículos, a acatar las normas del tránsito terrestre, y aplicar los correctivos previstos en ellas cuando se detectan infracciones. De esa forma se podría contrarrestar el ambiente de profunda anomia que se percibe en las calles y avenidas del país.

En próximas entregas, serán analizados otros mitos de la seguridad ciudadana en Venezuela.

Breves

DRONES/ONU

El 18 de junio, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas dictaminó que el gobierno venezolano  debería poner en libertad “sin dilación” al general de brigada (GN) Héctor Hernández da Costa, uno de los oficiales detenidos como consecuencia del estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante la celebración de un acto aniversario de la Guardia Nacional. El dictamen, identificado con el número 20/2020, indicó además que este oficial debería “obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”. Hernández fue apresado el 13 de agosto de 2018 durante una incursión de Contrainteligencia Militar en su vivienda, ubicada en Los Palos Grandes, llevada a cabo sin orden judicial ni presencia de representantes de la Fiscalía. “En días posteriores, se realizaron tres allanamientos más, durante los cuales se sembraron pruebas en su contra”, indica el documento. El oficial fue desaparecido durante cinco días, hasta su presentación en un tribunal, el 18 de agosto. Igualmente, “fue torturado por los miembros de la Dgcim para obligarlo a prestar una falsa declaración que inculpara a los dirigentes políticos de la oposición, implicándolos en el supuesto intento de magnicidio”. En esos días, le ofrecieron que si declaraba contra los políticos pasaría de ser imputado a testigo. En este caso, el Gobierno respondió ante la ONU a los señalamientos formulados por los representantes del general. Informó que Hernández da Costa fue aprehendido debido a una orden judicial expedida el 16 de agosto, es decir, tres días después de la incursión policial en su vivienda. Además de implicarlo en el caso de los drones, el régimen cree que él participó en los asaltos a la 41 brigada blindada del Ejército, y al puesto de la GN en Laguneta de la Montaña. Estas acciones fueron encabezadas, respectivamente, por grupos en los que participaban el capitán Juan Carlos Caguaripano y el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez. El alegato gubernamental no especifica cómo habría sido la participación de este general en ambos casos. Indicó, además, que los defensores de Hernández no denunciaron ante la juez de control “los supuestos actos de tortura, amenazas contra sus familiares y la colocación de evidencias falsas en su domicilio”. En su dictamen, el grupo de la ONU concluyó que las alegaciones del régimen en su descargo fueron “aisladas y no sustentadas”, y que por ende no desvirtúan las denuncias.

ORO DE SANGRE

En una resolución aprobada el 9 de julio, el Parlamento Europeo hizo un llamado a los estados miembros para aplicar una “prohibición inmediata en el comercio interno y la circulación del oro de sangre ilegal desde Venezuela”. Es la primera vez que este cuerpo deliberante coloca al metal precioso procedente del país en la categoría de los llamados minerales de conflicto. Se trata de un nuevo paso en el proceso de estrechar el margen de maniobra del régimen de Maduro para obtener recursos procedentes de la venta internacional de materias primas. Este pronunciamiento, indica el consultor en minerales estratégicos Daniel Valero, fue tomado apenas días después de que un tribunal en Londres negara la entrega al régimen del oro depositado en las arcas del Banco de Inglaterra. Adelantó que el precedente del Reino Unido va a orientar las decisiones de las demás instancias internacionales. Recordó que la Unión Europea aprobó un reglamento para el tratamiento de casos como el del oro venezolano, que entrará en vigencia en enero de 2021. De la misma forma, EEUU tiene una ley sobre la materia, llamada Dodd-Frank. El punto clave de todo esto, según Valero, es que buena parte del valor del metal precioso viene dado por la “trazabilidad”, es decir la posibilidad de que un ente reconocido internacionalmente, como es London Metal, certifique el origen del oro. Las grandes transnacionales de informática, como Apple o Intel, han asumido esta norma. “No se va a poder trazar ningún mineral venezolano que esté incluido en la lista de los minerales de conflicto transables en el mundo”, advirtió. En consecuencia, el régimen venezolano entraría en una pequeña porción del mercado mundial (20%), que opera sobre la base del contrabando.

VUELOS DE LA DROGA

El 5 de julio, mientras en el país celebraban los ascensos militares, aterrizaba en una carretera del municipio mexicano Chunhuhub (Quintana Roo) un jet Gulfstream siglas XB-RCM cargado con aproximadamente 700 kilos de cocaína. Aunque las trazas de vuelo indicaban un punto de despegue desde Maracaibo, lo más probable es que el jet haya salido desde alguna pista del sur del lago o del Catatumbo. Según fuentes policiales, estos son los lugares donde se está produciendo con más frecuencia el embarque de drogas ilegales con destino en países centroamericanos como Honduras o Guatemala, y también México, como sucedió el domingo. El jet despegó poco después de las 6 am, y luego de aterrizar fue quemado por sus ocupantes. Una de las dos camionetas en las que fue colocado el alijo fue incautada por las autoridades mexicanas, mientras que la otra fue hallada después, ya sin carga. Este envío presumiblemente pertenecería al Cartel Jalisco Nueva Generación. La ONU ha advertido que debido a la pandemia los traslados de drogas ilegales desde Suramérica han perdido frecuencia. En el caso venezolano, estarían saliendo desde marzo un promedio de tres vuelos semanales, sospechosos de llevar sustancias ilícitas. En cuanto a la ruta marítima, preferida para el transporte de alijos a Europa y países de África Occidental, los participantes en la operación aeronaval encabezada por EEUU frente a las costas venezolanas, llamada Orión V, han reportado el decomiso de 50,3 toneladas de cocaína y otras 7,3 toneladas de marihuana hasta junio.

ALEX SAAB

Son innumerables las presiones ejercidas desde diversos gobiernos en torno al pedido de extradición del magnate colombiano Alex Naín Saab, detenido en el archipiélago Cabo Verde a instancias de Estados Unidos, bajo cargos de lavado de dinero en negociados con el régimen venezolano. Además de los pronunciamientos públicos del canciller Jorge Arreaza y del embajador con jurisdicción en ese país africano, Alejandro Correa, exigiendo la liberación de este hombre, con el argumento de que cumplía una “misión” de Estado, también se cuentan las gestiones que, de acuerdo con el investigador Joseph Humire, habría llevado a cabo el gobierno ruso en favor del empresario de 48 años de edad. El 5 de julio, además, el canciller estadounidense Mike Pompeo envió este mensaje al archipiélago, con motivo del 45 aniversario de su independencia: “EEUU está orgulloso de su cercana alianza con Cabo Verde; nuestra relación tiene sus raíces en más de 200 años de historia, y propósitos compartidos hacia la democracia, la seguridad regional y la prosperidad económica”.  El año pasado, Pompeo no se tomó esa molestia. De allí que el presidente de ese pequeño país, en las costas frente a Senegal, José Carlos Fonseca, calificara de “caso delicado” este proceso de extradición, e indicara además que nunca había recibido “tantas llamadas de jefes de estado extranjeros”. Luego de la última entrega de Crímenes sin Castigo (Los profesionales), dedicada a este tema, se produjo la remisión de los documentos que soportan la solicitud de extradición a territorio estadounidense. En este espacio reiteramos que el proceso podría extenderse hasta el último trimestre de 2020, a menos que Saab desista del juicio, lo que implicaría una negociación previa con EEUU. En todo caso, al colombiano le conviene llevar este litigio hasta el final, puesto que así se garantizaría ciertos beneficios, como por ejemplo que los norteamericanos se comprometan evitar las dobles imputaciones, penas de prisión por encima del límite establecido en la legislación caboverdiana y la reextradición a terceros países. Debe recordarse que los tribunales colombianos también han abierto expedientes penales en contra del famoso detenido.

Libros

Primero fue Bob Woodward, con Miedo. Ahora, el ex asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, con The Room Where It Happened (New York, 2020), todavía sin traducción oficial. Difícilmente, una gestión presidencial en Estados Unidos ha tenido tantas filtraciones, tan documentadas y en tan poco tiempo. Luego de sobreponerse a los intentos judiciales de su antiguo boss, para impedir que saliera a las librerías, la obra del ex consejero amenaza con transformarse en un auténtico éxito de ventas. No es para menos. Durante veinte meses, Bolton tuvo acceso irrestricto a todos los secretos de la administración liderada por Donald Trump. Aunque no es posible saber desde afuera si todos fueron plasmados en estas 588 páginas, lo cierto es que cada capítulo contiene información reveladora, especialmente en lo referido a los temas de la agenda internacional estadounidense, que abarcaron la mayor parte de su gestión. Desde la relación amor-odio hacia el gobernante ruso Vladimir Putin hasta la admiración velada por líderes autoritarios como el de Corea del Norte, Kim Jong Un, acaso por el poder que poseen para ejecutar sus decisiones sin las cortapisas derivadas de los contrapesos democráticos. Bolton -al igual que Woodward- pinta a un presidente errático, efervescente y en ocasiones chabacano, poco dado al estudio en profundidad sobre los temas clave de la agenda mundial. Trump, además, ha sido presa de la improvisación a la hora de conformar su equipo de gobierno, con lo que a menudo sus propias decisiones no han sido ejecutadas convenientemente. Todos los venezolanos que quieran entender por qué las cosas están como están, deberían pasearse por las páginas de Bolton, y en especial por el capítulo dedicado completamente al caso nacional (Venezuela libre). Algunas perlas: según el autor, Trump también abriga cierta admiración a la capacidad de Maduro para sostenerse. Por otro lado, las burocracias de los departamentos de Estado y Tesoro habrían retardado en forma clave la aceleración de las sanciones a los operadores del oficialismo, en momentos en que de acuerdo con Bolton esto era necesario para agudizar la crisis en el gobierno venezolano. En el caso de la cancillería, temían ataques contra el personal diplomático emplazado en Caracas. En lo referido al despacho de Steven Mnuchin (Tesoro), Bolton refirió una actitud de excesiva protección a los intereses de las petroleras estadounidenses que todavía operaban en el país. En esto, como en otros asuntos, el autor no se descargó completamente de responsabilidad por los magros resultados, pero tampoco asumió su cuota, más allá de algunos episodios en los que actuó con el deliberado interés de hacer un "control de daños". El libro es definitivamente un “baño de realidad”, dirigido a quienes albergan optimismos ilusorios en cuanto a la incidencia de factores externos en la realidad política del país. La obra puede ser adquirida en formato electrónico.

Cualquier información sobre los contenidos de esta columna, o en general sus preguntas o inquietudes sobre temas de seguridad, las puede enviar al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, y tendrán oportuna respuesta.

domingo, 28 de junio de 2020

Los profesionales

-Por sus conocimientos y habilidades, Alex Naín Saab forma parte de un selecto grupo, que es vital para el desarrollo de cualquier estructura ilegal

@javiermayorca

El 23 de junio, la Corte Suprema de Cabo Verde desestimó la petición de libertad para Alex Naín Saab. Esta decisión fue calificada como una “victoria” de Estados Unidos, país que había emitido en primera instancia la solicitud de búsqueda y captura internacional en contra del empresario colombiano, de 48 años de edad.
La ratificación de la detención de Saab en este pequeño archipiélago fue precedida de numerosos pronunciamientos por operadores del gobierno venezolano, tales como el canciller Jorge Arreaza y el embajador en Senegal, -con jurisdicción en Cabo Verde y otros países africanos- Alejandro Correa Ortega, en el sentido de que Saab es un “agente” del régimen, que estaba en cumplimiento de una “misión”, cuyos detalles no fueron especificados. Esto explicaría el otorgamiento de un pasaporte venezolano que le confería a este hombre un estatus diplomático.
¿Por qué se traslada este comerciante a un grupo de islas del Atlántico, a 4600 kilómetros de distancia de Venezuela? Según la senadora colombiana Maria Fernanda Cabal, Alex Saab tuvo que volar hasta allí para asegurar el éxito de una transacción de oro por gasolina y otras mercancías, procedentes de Irán.
“Había dos buques detenidos en Cabo Verde, que ondeaban bandera de Liberia, pero resulta que eran griegos, y sus productos iraníes. Le tocó (a Saab) ir para poder negociar que soltaran estos buques, cargados con gasolina y otros productos”, explicó la parlamentaria, en una entrevista con Fernando Londoño.
Entonces, se trataba de una tarea que no podía ser resuelta por nadie más que él. Un propósito que no admitía delegación. Esto confirma varias apreciaciones hechas con respecto a la relevancia de este individuo para el régimen venezolano.
En primer lugar, no se puede ver a Saab como un perseguido más. Si se analiza al régimen venezolano como una “empresa criminal” (Farah, 2019), el rol de personas como Saab cobra extremada importancia, porque aglutina conocimientos y habilidades que la propia estructura no puede facilitarse con recursos humanos propios, y debe salir a buscarlos entre sus aliados. Aunque se debe guardar las distancias en cuanto a tiempos y lugares, Saab tiene para esta particular “empresa” una relevancia similar a la que tuvieron en su momento para el Cartel de Cali el contador Guillermo Pallomari y el abogado Harold Ackerman. El primero, un chileno, y el otro un estadounidense. Ambos fueron detenidos a solicitud de EEUU y, al convertirse en testigos, pasaron a ser piezas clave para el desmantelamiento de la organización y el enjuiciamiento de sus líderes, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Los aviadores son otros profesionales contratados con frecuencia por las agrupaciones criminales. Muchos tienden a pensar que son parte integral de tales organizaciones. Pero esto no es así. Cuando la empresa crece, tiene que buscar en el mercado laboral a estos especiales talentos, preguntando aquí y allá entre sus conocidos a ver quiénes estarían disponibles para “coronar”. Y, aunque puedan ser depositarios de la mayor confianza, los líderes de las organizaciones siempre toman alguna precaución, para evitar sorpresas. A veces, dejan cautivo a algún familiar o allegado del piloto, hasta que la operación finalice. En otras ocasiones, lo involucran directamente en el envío específico, indicándole que le pagarán con parte del alijo, de manera que, si se produce algún decomiso, el también perderá. En el caso del Cartel de Medellín, fue famoso el estadounidense Max Mermelstein, “el hombre que hizo llover coca”, y que también se convirtió en un informante de la policía estadounidense.
Contadores, pilotos, abogados y traders como Saab forman parte de este grupo de “profesionales” sin los cuales no es posible el funcionamiento de una estructura transnacional, organizada y moderna, como la que ahora persigue el gobierno estadounidense. Pero son proveedores externos a la organización, o outsourcing, como se diría en jerga empresarial.
Muchos han calificado a Saab como un “testaferro”. Esta es una figura desarrollada desde el punto de vista teórico y legal por los italianos, cuya legislación establece penas de prisión para los también llamados “prestanombres” u “hombres de paja”. Según los europeos, el testaferro representa a todo evento los intereses de una persona, que permanece en las sombras. Pero en el caso del magnate colombiano la relación pareciera ir más allá. Saab encarnaría los objetivos de todo un régimen. Y en ese sentido su definición como “agente” del gobierno madurista, aportada por Arreaza, cobra un extraordinario significado. Aun así, estaría por verse si este comerciante no participa también en un juego de carambolas a varias bandas.
Antes de la decisión del máximo tribunal de Cabo Verde, el abogado de Saab José Manuel Pinto declaró que la detención del colombiano había sido el producto de una “decisión política”. Si esto es así, lo que estaría en desarrollo en el archipiélago es una especie de subasta, en la que el oferente más agresivo se llevaría la mejor parte. Esta línea de argumentación, sin embargo, no parece ser la más inteligente, tomando en cuenta que el proceso apenas comienza. En efecto, la legislación caboverdiana contempla detalladas reglas para el desarrollo de las extradiciones. En este momento, está en curso la primera fase, llamada “administrativa”, que debería finalizar durante la primera quincena de julio, cuando el ministerio de Justicia de ese país africano evalúe la documentación enviada por Estados Unidos para sustentar su solicitud de llevarse a Saab, y enjuiciarlo en la Corte del Distrito Sur de Florida por conspiración para lavar dinero, y varias imputaciones por lavado de dinero.
Si el gobierno caboverdiano diera el visto bueno al expediente presentado, se abriría la segunda fase, llamada “judicial” según el Ministerio Público del archipiélago. El debate se desarrollaría en la Cámara de lo Criminal de la Corte de Apelaciones. Entre una y otra incidencias podría durar hasta tres meses, siempre y cuando Saab insista en oponerse a la extradición. Con lo que se aleja la perspectiva de un rápido traslado a territorio estadounidense.
La importancia real de Saab para el régimen, más allá de lo declarado por sus representantes diplomáticos, se podrá apreciar en las próximas semanas o meses. ¿Seguirán recibiendo los turcos el oro venezolano? ¿Continuará sin tropiezos la entrega de los Clap con mercancía turca y mexicana? ¿Llegará más gasolina iraní? Si estos programas continúan, quiere decir que este colombiano solo era una ficha más. Pero, si alguno se paraliza, el golpe fue certero.

Breves

-Desde marzo se han incrementado las denuncias sobre invasiones en Distrito Capital. No solo son los recurrentes alertas emitidos por el portavoz del Frente de Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, quien ha contado quince casos de inmuebles ocupados de forma ilegal en Libertador. En El Hatillo, el director de la policía municipal, comisario Sergio González, indicó que durante la alarma nacional han procesado un promedio de cuatro denuncias mensuales sobre invasiones a edificaciones o terrenos de propiedad privada. En Chacao, según el alcalde Gustavo Duque, han sido reportados seis casos. En los municipios mirandinos, pareciera que existen grupos dedicados a la detección de edificaciones aparentemente abandonadas por sus legítimos propietarios. Para ellos no es difícil, pues durante la cuarentena se supone que la gente debe permanecer en sus lugares de residencia, y la falta de actividad en ciertos inmuebles es percibida desde la calle sin mayor esfuerzo. González advirtió que las invasiones son controlables cuando están iniciándose. Pero en las etapas posteriores, los desalojos se complicarán.

-El 21 de junio, la fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció en una entrevista ante el Grupo Diarios de América que finalizará su valoración sobre las denuncias formuladas contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad “en los próximos meses”. Afirmó que la decisión sobre este caso se ha retardado en virtud de la necesidad de traducir una gran cantidad de documentos. Bensouda debe finalizar su gestión en ese cargo en julio de 2021, de manera que aún le resta un año para avanzar en el proceso. Muchas situaciones pueden presentarse en estos doce meses. Entre ellas, que prospere la propuesta para una transición política formulada el 31 de marzo por el Departamento de Estado de EEUU, que contiene claras concesiones al sector castrense venezolano. En el punto V, los norteamericanos plantearon que un representante de la FAN sea “asesor militar” del Consejo de Estado que conduciría los destinos del país en ese lapso. Esto, si se quiere, resultaría lógico tomando en cuenta la actual situación del país y la necesidad de garantizar ciertos niveles de gobernabilidad. En el punto X, además, se indica que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retirarían el respaldo a las denuncias consignadas ante la CPI, con lo que el proceso contra Maduro y el entorno militar perdería vigor. 

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Se quedaron sin gasolina
Con el paso de los días, se conocen más detalles de la Operación Gedeón, el fallido intento por insertar un contingente de militares y policías venezolanos, junto a mercenarios estadounidenses, con el aparente propósito de subvertir al régimen de Maduro. Según fuentes que permanecen en Cúcuta, todos los participantes en esta iniciativa habían embarcado desde un punto cercano a Castillete, en la península Guajira, el viernes 1 de mayo en la noche. El bote pionero, donde navegaba el capitán de la Guardia Nacional Robert Levid Colina Ibarra, alias Pantera, llevaba unas tres horas de adelanto con respecto al que le seguía. El plan inicial era que todos desembarcarían en la playa de Macuto, adyacente al Instituto de la Vivienda del estado Vargas (Invivar). A las 6 am del domingo 3, el capitán (GN) Antonio José Sequea, que lideraba el segundo grupo, pudo recibir las noticias que lo que había sucedido hora y media antes, gracias a que había señal telefónica en la costa frente a Arrecife: seis muertos a manos de agentes de las FAES, y el resto capturado. Allí decidió retroceder a Puerto Cruz, donde dejaría a una parte del contingente que navegaba con él, e inmediatamente poner proa hacia Bonaire, acompañado por Josnars Adolfo Baduel (hijo del exministro de la Defensa Raúl Baduel), los enviados de la contratista de seguridad Silvercorp Airam Berry y Luke Denman, Fernando Noya Contramaestre (cuñado de Sequea), el capitán Víctor Pimienta Salazar y el lanchero Cosme Rafael Alcalá. El problema es que no tenían gasolina suficiente para llevar a cabo la travesía hasta la antilla holandesa, y no hubo más remedio que intentar alejarse lo más posible de Vargas para un nuevo desembarco. Lo ocurrido en la playa de Chuao el 4 de marzo, con la captura de este grupo, no fue ninguna proeza digna del retumbe de tambores, como intentó hacerlo ver la propaganda oficialista. Todos iban desarmados, sedientos y, para ese momento, con tres días sin probar alimentos.

Libros

La inseguridad constituye una de las preocupaciones más importantes de los venezolanos, a juzgar por las encuestas de opinión de todas las marcas y colores. No se trata de algo reciente. Por el contrario, desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, los porcentajes de personas angustiadas por los embates de la delincuencia fueron creciendo, casi al mismo ritmo que las tasas de homicidios del país. Paradójicamente, la bibliografía con tratamiento de este tema en profundidad ha sido escasa. En este contexto sale a las librerías la obra de los abogados Fermín Mármol García y Luis Izquiel, Revolución de la muerte: veinte años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela (Caracas, 2020). Tal y como lo indica el título, se trata de una visión documentada sobre los orígenes de la criminalidad en un país que, aún hoy en día, figura entre los más violentos del mundo. En estas páginas, ambos autores repasan los principales tópicos del problema, sin hacer concesiones al actual régimen. Se debe señalar, en aras de la imparcialidad, que tanto Mármol como Izquiel estuvieron involucrados de lleno en la elaboración del capítulo del Plan País sobre seguridad ciudadana. Y sin embargo este libro no es un panegírico del liderazgo opositor, sino más bien un ejercicio de crítica que surge de la preocupación compartida ante el avance de la violencia y la impunidad en Venezuela. Revolución de la muerte no pretende erigirse en tratado criminológico. Es más bien una explicación sencilla para comprender, por ejemplo, por qué los venezolanos sienten tanto miedo de salir a las calles de noche como lo tienen los habitantes de cualquier país en guerra, y también cuáles son los principales actores del delito organizado en el país, que tienen una incidencia permanente sobre las otras manifestaciones de ilegalidad, comunes y visibles. Este libro es un abrebocas para un debate informado que, tarde o temprano, será necesario en Venezuela. En función de esto, queda pendiente -quizá para una segunda edición- la valoración sobre el rol del sector militar, tanto en lo referido a su involucramiento como actor de la criminalidad, y también como posible factor para superarla.

domingo, 14 de junio de 2020

Irán en Cicpc

-El izado de la bandera de la república islámica en Parque Carabobo confirma la radicalización de un cuerpo antaño famoso por su neutralidad

@javiermayorca

Desde la semana pasada, la bandera de la República Islámica de Irán ondea en la fachada de la vieja sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
No es un hecho casual, producto de la mente de algún policía radical. De haber sido así, pronto la hubiesen arriado. En cambio, la bandera iraní es exhibida en forma continua desde hace varios días, en el tope del asta derecha de la entrada principal del edificio de Parque Carabobo, sede histórica de una de las cuatro instituciones de seguridad ciudadana del país.
No pusieron atención a leyes ni protocolos. Un despacho que se supone fundamental para preservar el estado de derecho en el país desatendió la norma correspondiente al uso de las banderas en las instituciones públicas, elaborada por el propio oficialismo en marzo de 2006. Según ese texto, el tricolor venezolano tenía que estar a la diestra, en señal de su mayor importancia. Sobre el tema, además, fue publicado un manual del Consejo General de Policía.
Este podría ser considerado un detalle insignificante, pero es un reflejo de la manera atropellada como se están desarrollando los procesos en el país, donde ya se perdió incluso la atención por las formalidades.
Nunca antes habían izado la bandera de un país extranjero en la vieja central de policía. Era la primera vez que lo hacían, y lo hicieron mal.


Pero este hecho, y la decisión que lo originó, no pueden restringirse a los confines de una sala de interrogatorios. Ciertamente, cuando la bandera de la república islámica era elevada frente a la llamada “policía científica”, la gasolina traída de ese país empezaba a ser dispensada en las estaciones de servicios, luego de haber cruzado medio mundo en cinco buques. Sabemos que no era un regalo ni un gesto de solidaridad revolucionaria, sino una costosa operación comercial, pagada con oro del Banco Central. Y aun así, fue saludada con servilismo.
No había otra justificación. Irán no tiene relaciones de ningún tipo con la policía judicial. Otros países como España, Francia e incluso EEUU han aportado mucho más para el desarrollo institucional de este cuerpo. Pero su directiva nunca ordenó elevar la bandera de alguna de estas naciones, por varios días y en lugar preferente. 
En el primer momento, la imagen de la bandera iraní al frente del edificio de Parque Carabobo fue recibida con incredulidad. Los viejos policías egresados de esa institución, acostumbrados a la neutralidad contra viento y marea, creyeron que se trataba de otra travesura de las redes sociales. Luego de hacer un par de llamadas, constataron que no era un montaje.
“Estamos ante un proceso sistemático de politización, que no tiene ningún sentido”, advirtió el ex director de ese organismo, Miguel Dao.
Para este comisario general, lo de la bandera iraní es un “exabrupto” que no debió ser avalado por la jerarquía de la institución.
“En mi caso, de haber sido el director, no lo permitiría. Otros, sí”, sentenció.
Dao no quiso mencionar en ningún momento al funcionario que rige los destinos de Cicpc, y sobre quien recaen todas las críticas, el comisario general Douglas Rico. Sin embargo, no ocultó su descontento hacia el mensaje que transmite la colocación de la bandera iraní, en la entrada de la central policial.
Al igual que el resto de las policías y componentes de la FAN, Cicpc ha visto afectado su desempeño por una creciente corrupción, cuyo capítulo más reciente fue el presunto involucramiento de dos importantes jefes de Carabobo en las redes de tráfico de drogas comandadas por Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith. Pero era claro que los funcionarios de la institución hacían esfuerzos por mantenerse al margen de la diatriba política, aún incluso en contra de los dictados de su director.
El comisario general Douglas Rico es un ejemplo de cómo el poder modifica a los seres humanos. Este funcionario creció durante los primeros años del chavismo a la sombra del comisario Vicente Álamo, quien llegó a la subdirección durante la gestión de Marcos Chávez. Rico se hizo experto en la investigación de robos. La pesquisa sobre una banda de asaltantes de blindados lo hizo acreedor de un cangrejo de bronce, en la primera década de este siglo. Pero luego pidió una temprana jubilación, argumentando precisamente que la politización enrarecía el ambiente en las filas de Cicpc. Y se acomodó en la empresa privada.
Pero la vida da vueltas. Con la llegada de Miguel Rodríguez Torres a Relaciones Interiores, Rico fue reincorporado para que asumiera la subdirección. En 2016, con la destitución del comisario José Gregorio Sierralta, llegó al tope. 
Los cambios en él comenzaron a hacerse patentes con el caso del inspector jefe Oscar Pérez, cuyo grupo fue perseguido sin cuartel, señalado de llevar a cabo actos de terrorismo. Esto enrareció el clima interno del cuerpo. Antes que calmar la aguas, Rico se radicalizó aún más, al declarar en mayo de 2018 que Cicpc era una institución “revolucionaria”. Eso implicaba que serían aplastados quienes estuviesen contra el “proceso”, y mientras tanto los colectivos que matan en el 23 de Enero, a plena luz del día, permanecen impunes. Con estos antecedentes, no debía extrañar que la bandera iraní fuese izada por sus agentes.
El caso del actual director de Cicpc también tiene sus rarezas. A pesar de su permanencia prolongada en la conducción de este despacho, ha quedado fuera del radar de las sanciones estadounidenses. Tómese en cuenta que el Departamento del Tesoro ha congelado los bienes y eliminado las visas a jefes de casi todos los cuerpos de seguridad de alcance nacional, vinculados a la represión contra la disidencia política, como son el Sebin, Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana.
En este sentido, podría decirse que el izado de la bandera iraní en Parque Carabobo es como un reto, a ver si Washington reacciona. La pajita en el hombro, buscando pelea.

PS: luego de la publicación de esta entrega en Runrunes y en Tal Cual, el comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, reportó en su cuenta Twitter la quema de la bandera iraní que había sido izada en la sede de Cicpc en San Agustín. Hasta el momento, no se ha aclarado si esto fue producto de un accidente o de la acción de funcionarios molestos. En todo caso, Simonovis lo saludó.

Breves

-Una nueva forma de engaño están aplicando los delincuentes, para aprovecharse de la escasez de medicamentos en tiempos de cuarentena. Comienza con la distribución a través de grupos de mensajería (Whatsapp, Telegram, etc) de un mensaje en el que se ofrece en forma gratuita la conocida marca de insulina Lantus. “Recibimos un donativo muy grande por parte de laboratorios Pisa”, dice el texto. Luego da un número telefónico de Caracas atribuido a una supuesta asociación civil, cuyo nombre nunca es precisado. Pero esa marca específica de insulina no pertenece a la empresa mencionada. Además, ese laboratorio no opera en Venezuela, sino en México. Las investigaciones hechas hasta el momento por Cicpc indican que se trataría de un esquema destinado a la estafa o la extorsión vía telefónica, puesto que las personas interesadas en recibir donativos deben aportar numerosos datos personales, lo que incrementa el riesgo de ser víctima de amenazas.

-Hasta el mes de abril, Zulia era el estado donde los cuerpos de seguridad habían recibido la mayor cantidad de denuncias por extorsión, con 45. Eso equivale al 33% de los expedientes iniciados este año por el referido delito en todo el país. Aragua y Distrito Capital/Miranda totalizaron la misma cantidad de casos durante los primeros cuatro meses de 2020, con 21. Desde Zulia, se ha extendido a otros estados occidentales el uso de granadas para dar credibilidad a las amenazas, y apurar los pagos. Así han arremetido también contra comercios de Trujillo y Lara. Simultáneamente, los líderes de las bandas envían videos en los que aparecen ellos mismos exigiendo a las víctimas que cooperen, mediante la entrega de cantidades en divisas extranjeras. De esta forma, las pequeñas bandas se consolidan como grupos estructurados de delincuencia organizada.

-Desde el mes de marzo, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Nils Melzer, y la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Leigh Toomey, ambas entidades pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas, procesan las denuncias sobre torturas contra el capitán de navío Luis de la Sotta Quiroga, los tenientes coroneles (AV) Ruperto Molina Ramírez e (Ej) Igbert Marín Chaparro, y el coronel (Ej) Johnny Mejías Laya, presuntamente llevadas a cabo por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Según el informe suscrito por Melzer y Toomey, estas serían prácticas “sistemáticas en varios centros custodiados por al Dgcim, incluso en las instalaciones de la Dgcim en Boleíta”. A De la Sotta, por ejemplo, lo torturaron con polvillo lacrimógeno y asfixia con bolsa plástica. Al comandante Molina, indica el documento, intentaron coaccionarlo “a través de varias palizas para conseguir que firmara documentos autoinculpándose, pero se negó”. Mejías Laya “de forma sistemática habría sido golpeado con barrotes de madera, obligado a beber agua del inodoro y asfixiado con bolsas de plástico”. El informe, además, indica que todos los oficiales fueron desaparecidos en las fases previas a su presentación en los tribunales, y que los juzgados, así como los representantes del Ministerio Público, no atendieron a las recurrentes denuncias sobre torturas.

-Para el momento en que esta nota es redactada, aun no se define la situación con respecto al empresario colombiano Alex Nain Saab, detenido en el archipiélago de Cabo Verde desde el viernes. Hay varios detalles confiados por fuentes con acceso al caso de este comerciante de 48 años de edad, vital para los intereses del gobierno de Nicolás Maduro. Cabo Verde es un conjunto de diez islas ubicado en el Atlántico a 500 kilómetros al oeste de Senegal, que se independizó de Portugal en 1975. Entre los siglos XVI y XIX fue un importante punto para el trasiego de esclavos que navegaban desde África a América. Desde finales del siglo XX, la ruta se invirtió, y se convirtió en lugar de escala de los aviones y embarcaciones que llevan drogas ilegales hacia el continente africano, y de allí a Europa. Este pequeño país carece de tratado de extradición con Estados Unidos, lo que incrementa su atractivo para los delincuentes del mundo. Allí hizo escala el viernes el jet Bombardier con siglas de San Marino T7-JIS, donde iba Saab. El relato, conocido extraoficialmente, indica que en primera instancia el hombre mostró ante las autoridades migratorias su pasaporte original colombiano. Al revisar en el sistema de búsquedas internacionales, las autoridades caboverdianas se percataron de que sobre él pesaba una notificación roja, emitida a través de Interpol en julio de 2019, con cargos por conspiración para lavar dinero y lavado de dinero, según expediente ventilado en la Corte del Distrito Sur de Florida, donde también aparece coacusado su socio Álvaro Pulido. Una vez que le notificaron de la situación, Saab mostró un pasaporte diplomático emitido por el gobierno venezolano. Para el domingo 14 de junio, el dilema que se presentaba en el archipiélago africano era si le daban mayor peso a la nacionalidad originaria de Saab, o si conferían algún valor al estatus diplomático que le concedió el régimen de Maduro. Una situación parecida a la que se planteó en julio de 2014 con el mayor general Hugo Carvajal, cuando fue detenido en Aruba. Se debe recordar que en aquella oportunidad el lobby venezolano logró la liberación del oficial, con base en su presunto estatus diplomático. Al ser consultado sobre este caso, el comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, reveló que el régimen de Maduro ha intentado presionar a las autoridades de Cabo Verde a través de sus aliados rusos. Este caso es de la mayor importancia para Maduro y su entorno, y por eso según Simonovis han comisionado directamente al canciller Jorge Arreaza. De otra parte, EEUU también envió un equipo para lograr el traslado de Saab a su territorio. Según el comisario, el conflicto tardará varios días en ser dirimido.

Libros

Los países sudamericanos no están exentos del terrorismo.  Sus ciudadanos lo padecen de diversas formas. Quizá las más frecuentes son llevadas a cabo a través de grupos paraestatales, o por el Estado mismo, con la finalidad de oprimir o “neutralizar” a quienes sean considerados incómodos. Estas son manifestaciones del ejercicio del terror poco reportadas en foros internacionales, puesto que la calificación de un acto como terrorismo es básicamente una decisión del poder de turno. En cambio, pareciera haber un consenso mundial en cuanto a que las acciones de grupos como Estado Islámico para Irak y Siria (Isis, por sus siglas en inglés), o Boko Haram en el centro de África sí forman parte del menú del terrorismo. La tendencia en Latinoamérica es ver a estas estructuras como el producto de estados fallidos o de prolongadas disputas de raíz religiosa, que se desarrollan a miles de kilómetros de distancia, y que difícilmente llegarían a estas latitudes. En este contexto surge la última obra de José Levy, Terror alerta Isis, una amenaza para toda América (Bogotá, 2019). Se trata del mismo periodista y docente, conocido por sus reportes como el jefe de la corresponsalía de la cadena CNN en Español para los países del Medio Oriente. El mensaje del autor está claro desde las primeras páginas: lo de Isis amerita atención en los países latinoamericanos, en términos similares a la que debería prestarse hacia Hezbollah y, más recientemente, Al Qaeda. Aunque se trata del resultado de conflictos distintos, con objetivos diversos, los militantes de todas estas organizaciones podrían incorporar a los territorios latinoamericanos en sus teatros de operaciones, tal y como lo hizo en su oportunidad Hezbollah, con las voladuras de la embajada de Israel y de la Amia en Buenos Aires, en la última década del siglo pasado. Desde entonces hasta el presente, podría decirse que el mundo se “achicó” gracias a la tecnología o, visto a la inversa, los intereses locales se han globalizado (efecto glocal), más aún si se toma en cuenta, como argumenta Levy, que el proyecto de Isis es de naturaleza transnacional: comienza con la constitución de un califato que puede llegar, incluso, a las tierras españolas (Levante). El libro de Levy no tiene la exhaustividad académica de otros autores, pero sí ofrece un relato comprometido y sencillo de entender para el público de habla hispana. Puede ser adquirido en formato electrónico.