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domingo, 26 de enero de 2020

El declive del ejército profesional

-La promoción de la Milicia Nacional pone en riesgo una de las características primordiales de la Fuerza Armada, según lo establecido en la Constitución

@javiermayorca

El 9 de enero, el Inspector General del Ejército, general de división Isidro Ubaldo Rondón Torres, ordenó a los jefes de unidades de ese componente la remisión “con carácter de urgencia” de la información más actualizada del “completamiento” de las plazas vacantes en cada dependencia, con efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana.
En otras palabras, la orden de este oficial revela que los milicianos serán destinados para aquellos cargos o posiciones que no hayan sido llenadas mediante los procesos regulares de reclutamiento, o por la incorporación voluntaria de tropas profesionales a la principal fuerza militar del país.
En la FAN, la Inspectoría General de cada componente tiene la misión de supervisar el debido cumplimiento de los procesos. En este caso concreto, entonces, la orden de Rondón es el producto de una decisión tomada previamente por el alto mando militar.
Sangre nueva, que no llega por recluta
 Lo que está sucediendo en el Ejército no es un caso aislado. En agosto de 2019, el presidente Nicolás Maduro anunció la incorporación de contingentes de milicianos a la Guardia Nacional.
La Milicia Nacional no solo se ha convertido en el quinto componente de la Fuerza Armada (gracias a la reforma implantada en la legislación militar, vía Habilitante, en noviembre de 2014), sino también en una fuente de “sangre nueva” para el resto de las fuerzas, o por lo menos las que están destinadas al control terrestre.
Maduro insiste en que ya la Milicia Nacional rebasó los tres millones de integrantes. Esto es poco probable. El único registro conocido sobre la magnitud del personal registrado en la Milicia, divulgado en la FAN con motivo de un ejercicio que se desarrolló en noviembre de 2018, indica que este cuerpo tiene 1,34 millones de individuos inscritos. Esta cifra se logó luego de una intensa campaña que abarcó tanto a sectores populares como a los despachos de la Administración Pública.
Aún si esta cifra fuese real (1,34 millones) la desproporción entre los milicianos y el resto de las fuerzas resultaría enorme. Tanto como diez a uno. Pero, si lo que ha dicho Maduro últimamente se acerca a la realidad, entonces la proporción de milicianos con respecto al resto de los componentes regulares sería de treinta a uno.
Los desafíos para que los componentes de la FAN asimilen la entrada masiva de milicianos son múltiples. En este espacio, solo se referirá el relativo a los requisitos para la admisión a la FAN: mayoría de edad, nacionalidad venezolana, dos fotos carnet, copia de la cédula de identidad, resumen curricular y una “carta de buena conducta”, emitida por la autoridad civil correspondiente. Como se ve, el estándar mínimo es bastante bajo. Tanto que ni siquiera se menciona el tradicional requisito de estatura igual o superior a 1,65 metros. Tampoco, haber cursado educación media, o educación alguna.
La “buena conducta” puede ser certificada por algún consejo comunal, y no implica ausencia de antecedentes penales, pues esta constancia no la expide una jefatura civil sino el ministerio de Relaciones Interiores. En otras palabras, se abre una ventana de oportunidad para el ingreso a la FAN de personas que hayan cometido delitos. Y que seguirán en eso, aprovechando el uniforme, tal y como sucedió con los materiales guardados en el almacén del hospital de Coro (julio 2019), los medicamentos de la base de misiones en Barcelona, Anzoátegui (agosto 2019), y los juguetes que repartirían en la fundación Lara Bella y Segura (diciembre 2019). La lista es mucho más larga.
La primera característica que asigna la Constitución vigente a la Fuerza Armada (artículo 328) es que se trata de una institución “esencialmente profesional”. A los oficiales que formaban parte de la cúpula militar cuando Chávez llegó al poder, esto les parecía un avance con respecto a la Carta Magna de 1961, que resaltaba más los valores de obediencia y no deliberancia. Ese carácter profesional debería pasar por rigurosos procesos de selección y formación de los oficiales y efectivos de tropa. La FAN tendería a ser una institución más bien reducida pero altamente eficaz.
Veinte años después, la jerarquía castrense se ve obligada a tomar decisiones que van contra el primer rasgo definitorio de la FAN -según la Constitución- al incorporar a milicianos con el simple propósito de llenar las plazas y cumplir así con los requisitos mínimos fijados en las tablas de organización. 
En un artículo de reciente divulgación, el coronel retirado del Ejército Antonio Guevara escribió que el centro de gravedad del proceso político nacional, encabezado por Chávez y ahora Maduro, se ha desplazado hacia la Milicia, con lo que ella sería “la verdadera columna vertebral del régimen”. En esta misma línea, la incorporación de milicianos al ejército regular también podría interpretarse como una jugada por dar cierta formalidad a un cuerpo que hasta ahora se distingue precisamente por lo contrario.
Es una apuesta arriesgada, que probablemente mermará las capacidades ya reducidas de la institución militar en pleno.

Breves

-En la Policía Nacional hay varias formas de ascender. Por una parte, está el método convencional. Se parece al que aplican en la Fuerza Armada: un grupo de superiores destacados en cada región policial, reunidos en un comité, evalúa el desempeño de los subalternos en la tarea asignada, e igualmente la antigüedad en el grado, la edad y los logros académicos de cada uno. Pero hay también un procedimiento especial. Lo aplican desde agosto de 2017, por orden del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol). Lo han denominado “justicia social”. En la PNB, opera como una especie de “puerta trasera” para subir en la pirámide policial. Según fuentes de la propia institución, opera así: luego de los ascensos regulares, se abren lapsos para que los comités ad hoc reciban las quejas o solicitudes de reconsideración sobre las razones por las que no se otorgó la promoción al grado superior. Estas mociones, de acuerdo a fuentes de la PNB, generalmente son acogidas puesto que rara vez se toma en cuenta el desempeño del oficial que acude a esa instancia. De hecho, en documentos enviados a las regiones policiales se indica que los únicos elementos para participar en el proceso son los de antigüedad en el grado, la edad y la limpieza del historial, es decir, que el agente no tenga expedientes administrativos o penales. Esto quiere decir que, a los efectos del proceso de “justicia social” en la PNB, la eficiencia y el empeño en el cumplimiento de la labor pasan a un segundo plano, y ceden ante los padrinazgos y la proximidad a los círculos del poder. Alguien en el MRI se percató del efecto pernicioso de este método alterno para los ascensos, y se ha anunciado que la última ronda se abrió a finales de 2019. En diciembre, aspiraban a un “ajuste de rango” por esta vía más de 6.500 agentes.

-La Dirección contra Drogas de la policía judicial elaboró un documento denominado Siete líneas estratégicas, con su correspondiente presentación para la consideración de la jerarquía de ese cuerpo. A continuación, un extracto de la llamada “primera línea”, cuyo propósito declarado es “expandir la estabilidad democrática”. Se transcribe:
“La guerra de alta intensidad a la que el imperio norteamericano ha sometido la región latinoamericana y caribeña está concentrando sus fuegos en la Revolución Bolivariana, gestando un golpe de estado continuado aupado por diversos sectores de la derecha internacional, la burguesía reaccionaria venezolana y la clase media alienada con su avanzada de juventud fascista. 
“Esta situación ha disparado la opinión pública nacional e internacional arreciando el bloqueo mediático contra la República Bolivariana de Venezuela, declarando una pretendida inestabilidad política y el resquebrajamiento del hilo democrático de derecho y justicia de las instituciones del país. 
“Por consiguiente, se hace necesario, primero, aclarar el concepto de estabilidad política que está a la base práctica de la Revolución Bolivariana y que constituye uno de los legados de nuestro comandante Chávez. En segundo lugar, con el concepto a la mano, se puede dar vuelta a los balances políticos que intencionalmente deforman la realidad del país a la búsqueda de una intervención extranjera. 
“Por lo que como pilar fundamental de administración de justicia, de acuerdo a nuestra excelencia investigativa y estando conscientes que tenemos a puertas unas elecciones, debemos canalizar el espíritu democrático y electoral dando el ejemplo desde nuestra institución. Iniciando los esfuerzos para disipar todas las conspiraciones y complots (…)”
Se reitera, este es un texto sobre la orientación que tendrán las actividades de una dirección tan importante como la investigación sobre delitos de drogas, en Cicpc.

-El miércoles 22 de enero comenzó el juicio oral por el caso del estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, el 4 de agosto de 2018. El debate se lleva a cabo en el juzgado primero de Terrorismo de Distrito Capital, a cargo de la abogada Carolina López Mesa. En esta jornada, uno de los acusados, Brayan Oropeza, reconoció en la misma sala a uno de los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que lo torturó. Este agente, conocido como Toyota, era uno de los testigos promovidos por el Ministerio Público. El señalamiento de Oropeza, hecho de viva voz, ocasionó cierta conmoción en el recinto. La juez, sin embargo, cortó a Oropeza y lo instó a que hiciera tal comunicación a través de su defensor, el abogado Guillermo Heredia. Oropeza es señalado de haber manejado uno de los drones con un control remoto. Durante las audiencias de presentación y preliminar, este procesado había denunciado las torturas de las que fue víctima cuando lo interrogaban (extracción de las uñas y lesiones en los testículos, ambas con pinzas). Pero esta fue la primera vez en la que pudo reconocer públicamente a una de las personas que participaron en tales vejámenes. La fiscal 83 nacional Dinora Bustamante afirmó que la denuncia era impertinente, y la juez, siguiendo la misma línea, concluyó: “Eso no es materia de este juicio”. La juez que había atendido las dos audiencias previas, Carol Padilla, había instado a la Fiscalía para que iniciara la investigación pertinente, pero las diligencias para esclarecer este aspecto del caso nunca se iniciaron.

Libros

Las noticias sobre sucesos siempre concitan la atención del público. No importa dónde sea. Es como si fuesen una mirada a lo más oscuro de cada sociedad, hacia lo deformado y anormal. Muchos lo ven como la inspiración de la novela negra y, más cerca en el tiempo, de series televisivas tan exitosas como La Ley y el Orden. Pocos libros, sin embargo, han explorado el origen de esta atracción popular hacia los relatos sobre los delincuentes y sus víctimas. La periodista Paula Corroto ha dado un primer paso en esta dirección, con el titulo El crimen mediático. Por qué nos fascinan las noticias de sucesos (Madrid, 2019). Lo curioso es que la autora no ha trajinado los caminos del reporterismo en la fuente policial. Sus escritos en medios de gran prestigio en España como El País y El Confidencial han versado más bien sobre temas de cultura y entrevistas. Aun así, el resultado de su investigación permite al lector desprevenido sacar algunas conclusiones sobre la temática, y desde luego hacer comparaciones con respecto a la realidad venezolana. En primer lugar, es claro que España posee un andamiaje institucional que permite el desempeño del periodismo de sucesos, esto es, el acceso a las fuentes que le dan forma. Las paredes bloqueadas para impedir el paso de los reporteros y las amenazas veladas o abiertas, por ahora, son impensables en ese país. Hay, desde luego, la crítica y la autocrítica hacia los excesos del trabajo reporteril (el irrespeto a la vida privada, el amarillismo y las deformaciones, el énfasis en ciertos aspectos con el simple propósito de satisfacer la lectoría, etc). Pero estos son factores que están presentes en toda sociedad democrática, y que de hecho son necesarios para que los comunicadores mantengan un estándar de calidad. Otro aspecto resaltado en la investigación sobre el tratamiento dado a cuatro casos de alto perfil es que las noticias de sucesos en España dieron un vuelco con la irrupción de las redes sociales. Sobre este punto, Corroto hace observaciones que pueden alimentar futuros debates. Los efectos han sido en por lo menos dos sentidos. En primer lugar, en cuando a la rapidez de la difusión, que a veces genera dinámicas competitivas que dan prevalencia al sensacionalismo sobre la verificación de los datos. En segundo término, las redes sociales permiten a los periodistas hacerse de informaciones sobre la intimidad de víctimas y victimarios que anteriormente solo podían ser obtenidas mediante arduos y prolongados procesos. Esto da al trabajo reporteril una falsa noción de facilidad, que afecta no solo a los profesionales españoles sino en buena medida a todos los que practican el oficio. El crimen mediático puede ser visto como un trabajo inconcluso, pues difícilmente puede arrojar respuestas definitivas, pero es un importante aporte a un debate que debe darse, por lo menos, en los foros gremiales y en las escuelas de comunicación.

Para comunicarse con el autor de este espacio, transmitir denuncias, observaciones y críticas, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com

domingo, 12 de enero de 2020

FAN 2020

-Es un error formarse una opinión sobre toda la Fuerza Armada Nacional a propósito de la situación bochornosa del 5 de enero los alrededores del Parlamento. Otros matices deben ser tomados en cuenta

La Fuerza Armada Nacional comenzó este año en medio de circunstancias contradictorias, difíciles de comprender, que parecen la consecuencia de las tensiones internas a las que se ve sometida la institución como un todo, y también los hombres y mujeres que la conforman.
Para cualquiera que apenas esté bajándose de un avión, resultaría relativamente sencillo formarse una opinión general sobre los militares venezolanos con tan solo echar un vistazo a las imágenes bochornosas del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, tratando de brincar una reja para acceder a la Asamblea Nacional mientras que los efectivos de la Guardia Nacional -llamados a preservar la institucionalidad del país- se lo impiden usando los escudos de orden público.
No sería muy difícil hacer una generalización a partir de un hecho tan grueso como este. Mucho menos si vemos que esos mismos militares se hacen de la vista gorda cuando los miembros de los colectivos armados arremeten contra los periodistas, los golpean y los despojan de sus instrumentos de trabajo.
Todo esto es cierto. Lo sucedido el lunes 5 de enero demuestra nuevamente que la FAN es el principal pilar sobre el que se sostiene el régimen de Nicolás Maduro. Pero esa es solo una parte de la historia.
Hay matices. Hechos que conviene colocar en la balanza para lograr una comprensión más cabal de lo que sucede cuarteles adentro. Aquí va un recuento que no pretende ser exhaustivo. Es solo la enumeración de algunos elementos que vale la pena incorporar a cualquier análisis.

1.-En 2019 hubo tres rebeliones. Se dice fácil, pero esto nunca había sucedido en el país. Ciertamente, fueron movimientos parciales, que apenas involucraron a unidades específicas o a pequeños grupos de oficiales y tropas de la Fuerza Armada. En enero, fue un contingente de sargentos de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional. En abril, hubo efectivos de tres destacamentos del mismo componente, aunque las sospechas alimentadas por voceros del gobierno estadounidense indican que se trató de algo mucho más amplio y profundo, que no se manifestó en su total dimensión. La participación del general de brigada del Ejército Manuel Christopher Figuera, entonces director del Sebin, pareciera ser una evidencia al respecto. En la última rebelión, reportada el 22 de diciembre, participaron reservistas y oficiales del Ejército. Este, además, pareciera ser el prólogo de una serie de acciones que los propios protagonistas enmarcan dentro de la llamada Operación Aurora.
Las supuestas conspiraciones detectadas en los primeros años de mandato de Maduro eran esencialmente producto de murmuraciones o planificaciones previas a las acciones, con elevada participación de oficiales retirados o que no tenían mando sobre tropas. Ahora son las tropas mismas las que se alzan.

2.-Pérdida del pie de fuerza. Poco a poco, se va reduciendo la magnitud de los contingentes militares. Varios factores obran en esto. En primer lugar, las tropas que salen de baja no son repuestas en su totalidad mediante los tradicionales procesos de alistamiento voluntario. La gente ya no ve en la FAN un medio de superación personal. La institución, además, ha perdido el aprecio popular, que era uno de sus más importantes capitales hasta la llegada de Chávez al poder. Antes, la FAN se disputaba los mayores índices de popularidad como institución, junto a la iglesia y los medios de comunicación. Ahora, a juzgar por los resultados del último sondeo Delphos, está entre las tres entidades menos apreciadas por la gente. Entonces, merman las incorporaciones a filas, y los que actualmente están en ellas las abandonan a raudales. En las guardias de navidad y año nuevo fueron numerosos los reportes sobre deserciones. El último conocido en Caracas fue un efectivo de tropa profesional asignado a la vigilancia de la flota del ministerio de la Defensa en la base aérea La Carlota. Huyó con su arma de reglamento.
Otro golpe importante a las filas de la FAN fue el abandono de más de 600 uniformados, casi todos de la Guardia Nacional, para respaldar la iniciativa de llevar ayuda humanitaria desde Cúcuta.
En lo inmediato, una consecuencia probable será la informalización de las labores militares, lo que otorgará creciente importancia a la Milicia.

3.-“Moral baja”. Luego del alzamiento del 21 de enero, fueron frecuentes los llamados de los generales a los jefes de unidades para que le “hablen a la tropa”. Pareciera que existe una separación entre los estratos inferiores de la FAN y los oficiales llamados a comandarlos. Desde luego, a los ojos de los uniformados rasos, esto le resta propósito a su accionar. En diciembre ocurrieron cosas insólitas, como la de efectivos de tropa de la Armada que desconocen quién es su comandante general, el mismo cuya foto debe estar en la cadena de mando de cada prevención. El máximo representante de la GN, mayor general Fabio Savarse, detectó algo similar durante una revista que pasó por unidades de ese componente a finales de diciembre. En palabras muy duras, afirmó que los guardias “están descuidados (…), con la moral baja, no tienen actitud de guerra”. Y ordenó a los comandantes de unidades que supervisaran más de cerca a sus subordinados. Pero los guardias como que prefieren enviar mensajes por sus teléfonos antes que estar pendientes de lo que sucede a su alrededor. Savarse lo advirtió. Ni siquiera la posibilidad de que los puestos fuesen atacados, como sucedió en Bolívar el 21 de diciembre, los pone alertas. Como si la tarea no importara.
Al respecto, conviene recordar lo dicho por el capitán de corbeta Miguel Angel León, al solicitar su pase a la reserva activa en noviembre de 2018: a los militares les molesta el abandono de sus funciones primordiales y la transformación de la FAN en una “milicia populista, dedicada única y exclusivamente a defender los intereses de una parcialidad política y una revolución que dista mucho de representar los intereses de todo el pueblo”. El efecto inmediato es un desempeño descuidado.
Las consecuencias de esta actitud generalizada en los cuarteles son múltiples. Cabe preguntarse, por ejemplo, qué incentivos habrá que dar u ofrecer a un militar para que se traslade a la frontera.

4.-Destellos. A pesar de todos estos factores, y como sucede en el resto de la sociedad, hay militares dedicados a cumplir sus tareas. Las que les competen por esencia. Esto también lo vimos en días recientes. En Amazonas, efectivos de la Guardia Nacional detuvieron y presentaron ante los tribunales a dos hombres señalados de pertenecer a las FARC, que supuestamente iban de avanzada para permitir el paso de un grupo más grande de esa organización guerrillera. En Bolívar, recaban información sobre el posicionamiento de organizaciones irregulares de todo tipo, y solicitan al gobierno de Maduro recursos suficientes para cumplir con sus tareas en los enclaves del Arco Minero. En Zulia son frecuentes los contactos hostiles con columnas del Ejército de Liberación Nacional. Algunos de estos episodios son conocidos gracias a que los propios protagonistas filtran la información, pues saben que los jerarcas en la capital no lo harán.
La Fuerza Armada es en parte lo que se pudo ver en los alrededores del Parlamento. Y también es mucho más que eso. Estos matices son, quizá, lo que más interesa para el futuro próximo.

Breves

-En diciembre, el ministerio de Relaciones Interiores entregó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el nuevo organigrama de la institución, previamente aprobado por el ministerio de Planificación. Ahora, la policía de investigación tendrá cuatro niveles: superior, donde está la Dirección General y el Consejo Disciplinario; de Apoyo, donde se ubican trece dependencias como las oficinas de Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Inspectoría, Atención a la Víctima y de Respuesta a Desviaciones Policiales, entre otras; el nivel Sustantivo consta de tres unidades, como son Investigación Penal, Criminalística y Apoyo a la Investigación Penal, y en el último nivel, llamado Operativo Desconcentrado Territorial, quedaron adscritas las 24 delegaciones estatales y las correspondientes unidades de apoyo a la Investigación Estatal. El corazón de Cicpc sigue siendo la investigación penal. En este punto, la “nueva” estructura tiene siete direcciones: delitos contra las personas, drogas, robo y hurto de vehículos, delincuencia organizada, delitos contra la propiedad, inteligencia y operaciones estratégicas. Este organigrama es el resultado de un proceso que se inició en junio de 2011, luego de un motín en los calabozos del Departamento de Aprehensión de ese cuerpo, en El Rosal, que ocasionó la muerte de tres personas. El suceso puso en evidencia todo un sistema de corrupción, que se intentó atacar mediante una reforma estructural. Ocho años después, se conoce el resultado. Salvo una adaptación a las realidades regionales y a las nuevas legislaciones que han surgido en este lapso, el aspecto organizativo de la policía de investigación se mantiene prácticamente igual.

-La decisión de la plataforma de microblogs Twitter de revocar más de treinta cuentas que estaban a nombre de personeros e instituciones gubernamentales venezolanas fue aplicada a pocos días de haberse conocido el proyecto denominado Ejército de trolls, en el que se explica todo un esquema de organización que utiliza esta herramienta web, así como también Instagram y Facebook, con el propósito explícito de generar confusión entre los opositores e imponer las versiones gubernamentales, por vía de la infinita repetición. Para la referida estructura, era vital contar con cuentas “verificadas” afines al oficialismo, que sirvieran como referencia para sus versiones. Pero el proyecto Ejército de trolls es mucho más amplio, e implica la generación de contenidos a través de páginas web creadas durante la ejecución del plan, o la adquisición mediante compra de otros espacios que ya cuentan con importantes números de seguidores. Este proyecto, atribuido al ministerio de Relaciones Interiores, tiene grandes similitudes con el sistema de organización para el dominio de internet llevado a cabo por el régimen ruso, tal y como lo ha descrito el ex editor de la revista Time Richard Stengel, en su libro Information Wars, reseñado en una entrega anterior de este mismo espacio.

-La nueva configuración de la policía judicial no tiene ninguna dependencia referida a la formación de los nuevos funcionarios, ni a la actualización de los conocimientos de los que ya están en la institución. Esa misión compete a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes). El 29 de noviembre, el vicerrector de Desarrollo Académico de este centro, José Ramón Muñoz, notificó a los directores de los centros de formación en todo el país que a partir de 2020 deberán iniciar los procesos de formación “para el personal que aún no ha culminado su bachillerato, para las y los funcionarios policiales, personal administrativo y obrero adscrito a todos los entes del MRI”. Este documento da por sentado que actualmente los cuerpos policiales tienen en sus nóminas a funcionarios que ni siquiera han finalizado la educación media, lo que se suponía era un requisito indispensable para ingresar a estas instituciones. Esta circunstancia era de sospecharse, a juzgar por la cantidad de errores -de forma y de fondo- que tienen las actas policiales. Plantearon una alianza con la Misión Ribas.

-El auge de la criminalidad durante el último trimestre de 2019 en Distrito Capital (más de 33% en la frecuencia de delitos violentos) se ha visto con especial fuerza en los espacios públicos de recreación. Lo que sucede en El Ávila y el Parque del Este es además una consecuencia directa del abandono por parte de los cuerpos preventivos. En ambos lugares, las policías y la Guardia Nacional habían incrementado la asignación de uniformados luego de los reportes sobre incidentes con muertos y heridos. Estos funcionarios tenían escasa interacción con los usuarios, y por regla general estaban más preocupados por enviar mensajes a través de sus teléfonos. En el Parque del Este, incluso, no usaban armas. Pero la sola presencia de los policías y militares servía como disuasivo. En noviembre, comenzaron a faltar, y esto de inmediato fue percibido por los delincuentes. Primero fueron hurtos en lugares sin vigilancia. Ahora, los hampones envalentonados irrumpen en estos espacios con armas, en especial durante las primeras horas de la mañana.

Libros

¿Dónde está el dinero de los cleptócratas, los evasores del fisco y de las personas que simplemente quieren ponerlo fuera del alcance de gobiernos voraces? Según Oliver Bullough, estas fortunas van a parar a cierto tipo de territorios, conocidos como paraísos fiscales, que tienen algunas características en común. La más importante, quizá, sea el secreto en cuanto a los nombres de sus clientes. Moneyland (Barcelona, 2019) es una extraordinaria exploración sobre estos peculiares lugares del mundo, que pueden ser archipiélagos como San Cristóbal & Nieves (tan afín al régimen venezolano), Londres, la Isla de Man o estados de la unión norteamericana como Delaware y Nevada. Este libro continúa, por lo tanto, en la misma línea de investigación que han encarado autores como Jeffrey Robinson y Clara Sterling. Bullough, sin embargo, nos ofrece una visión actualizada sobre un problema que afecta primordialmente a países como Venezuela, Rusia, China y Nigeria, donde las instituciones frágiles y los gobernantes corruptos han propiciado un monumental escape de capitales, que intentan refugiarse en los lugares donde permanezcan anónimos, pero a la disposición. Son, en su mayoría, recursos esquilmados mediante el robo, los tráficos ilegales y la corrupción, que dejan hospitales sin insumos, carreteras destruidas, sistemas de transporte inconclusos y cientos de personas muriendo de hambre. Las páginas escritas por este periodista británico están llenas de interesantes reflexiones. En primer lugar, hay una contradicción esencial entre el concepto de soberanía que ha dado forma a los estados-nación, con leyes que se atienen a los territorios de origen, y este nuevo ente llamado Moneyland, que no reconoce fronteras, pero que está en prácticamente todas partes, gracias a los desarrollos de las tecnologías de comunicaciones. En segundo lugar, la sola existencia de estos paraísos fiscales, y de los bancos que les dan vida, obliga a replantear el concepto mismo de corrupción, que tiende a depositar las culpas en los países de origen, pero poco hace en torno a los de destino, que suelen ser lugares del llamado primer mundo. Bullough dedica todo un capítulo al relato de los esfuerzos que hacen los cleptócratas para que sus jugadas nunca sean reportadas por la prensa independiente. Entendemos entonces que lo sucedido en Venezuela con el caso Clap no es un caso aislado, sino que obedece a un patrón de conducta de individuos que se han enriquecido de forma ilegal. La censura no ocurre solamente en estos países tropicales. También se extiende gracias a los tribunales ingleses. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.

Para comunicarse con el autor de esta página, aportar informaciones o críticas, puede escribir a mi correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com.