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domingo, 23 de febrero de 2020

Escudo Bolivariano

Las últimas maniobras de la Fuerza Armada colocan a una buena parte de la población como “enemiga” del régimen, y por ende susceptible de ser objetivo militar en un contexto de conflicto

@javiermayorca

Las maniobras Escudo Bolivariano fueron mucho más que lo reflejado en el video de la gordita miliciana atascada en el caucho de un circuito de entrenamiento.
Ese episodio contribuye a reforzar una imagen de los milicianos, que puede ser parcialmente cierta, pero que no explica el denodado interés del régimen por promover el crecimiento de la institución, caracterizada como “pueblo en armas”. La banalización de uno de los factores del conflicto no es conveniente, aún si la iniciativa parte de sectores del propio oficialismo. 
Con bochornos, pero avanzan
Escudo Bolivariano fue mucho más que esa anécdota. Los milicianos, como el resto de la Fuerza Armada, participaron en unas maniobras que perfilaron las acciones a emprender si en Venezuela llegase a declararse un estado de conmoción, en virtud de la intervención de factores externos.
En primer lugar, cabría preguntarse qué se intentará proteger con el mentado escudo. Sobre ello hay varias pistas. Una muy significativa es que en la fase preparatoria se ordenó el traslado de tropas de la Guardia Nacional desde el estado Miranda hacia el municipio Libertador. Allí, los militares y los grupos civiles armados conformarían una serie de anillos en torno a Miraflores, lugar donde tiene su asiento el Poder Ejecutivo.
En algunos documentos revisados para este trabajo en torno a los recientes ejercicios militares se pudo apreciar una premisa común: las acciones de la Fuerza Armada y los grupos civiles del oficialismo eran la respuesta a la incursión de “fuerzas invasoras” de Estados Unidos, en hipotética alianza con factores locales. El “enemigo”, entonces, no solo son los militares estadounidenses sino los venezolanos que rechacen al actual régimen.
Esta línea ha sido trabajada por el régimen desde hace varios años. Ya el famoso Plan Zamora y sus catorce planes subsidiarios adelantaron algunas cuestiones al respecto. Incluso, las primeras maniobras Escudo Bolivariano, llevadas a cabo en 2015, hacían referencia a esta misma situación. Solo que ahora la respuesta perfilada por los militares ha sido mucho más contundente. Por ejemplo, el despliegue de los sistemas de misiles BUK y Pechora en torno a los aeropuertos que sirven a la capital, y el apostamiento de tanques T-72, así como otros blindados en los principales accesos a la capital pareciera indicar una mayor disposición del Ejército a participar en situaciones que no necesariamente tienen las características de conflicto regular. También se ensayó desde azoteas en Caracas el disparo de cohetes Iglas, algo que ha ocasionado legítima preocupación por autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).
Otro elemento se refiere a la gestación en el Ejército de los llamados “grupos tácticos de batallón”, o GTB, que son unidades especiales de dimensiones reducidas, cuyo propósito es liderar las actividades de guerra irregular. En diciembre, la comandancia de este componente ofició a la Academia Militar para que se hiciera la escogencia de los estudiantes que pintaban mejor para esta tarea. Los GTB son creación directa del ejército ruso, y fueron puestos en acción en los conflictos de Ucrania y Siria.
Como parte de Escudo Bolivariano, se llevaron a cabo actividades en Higuerote y Carenero, en las que participaron efectivos de fuerzas especiales junto a milicianos.  Se simuló la colocación de minas antipersonales en las vías que dan acceso a la capital y en las playas donde supuestamente desembarcarían las tropas invasoras. Otro tanto se hizo en el aeropuerto de Higuerote, donde fueron emplazadas baterías antiaéreas falsas o dummies, con el propósito de transmitir la impresión de que se posee una capacidad bélica mayor que la realmente disponible.
En el caso de los ejercicios llevados a cabo en Barlovento, las acciones estuvieron orientadas por el llamado “método táctico de resistencia revolucionaria”, que confiere una importante participación a los civiles en la defensa de los intereses del régimen. 
Este procedimiento ha sido objeto de estudio en las academias militares del país, por lo menos desde hace tres años, como parte de una materia más amplia referida a las guerras de cuarta generación. Las fuentes de inspiración son teóricos chinos. En los casos de la Armada y la Guardia Nacional, se da a entender que en las primeras de cambio el “ejército invasor” logrará establecer posiciones en el territorio nacional, luego de vencer la resistencia ofrecida por los conglomerados de tropas regulares y civiles. En este contexto, la victoria para los militares venezolanos estaría definida por la posterior expulsión de los contingentes extranjeros.
En el escenario de guerra planteado en el aeropuerto de Higuerote, por ejemplo, el tiempo tope de resistencia para los militares venezolanos sería de dos semanas. En esos días de duros combates, no contarían con refuerzo alguno.
Escudo Bolivariano, desde luego, tiene un guion de final feliz para los militares leales al régimen. Pero esta es una situación hipotética. La vida real, en cambio, se acerca más a lo declarado por el llamado Protector del Táchira, Freddy Bernal: un conflicto con las fuerzas armadas de Estados Unidos sería “un suicidio”.

Breves

-En los últimos meses, la Fiscalía ha dado una mayor visibilidad a los casos en los que murieron mujeres a manos de sus parejas. Según este discurso, parece que la violencia homicida en Venezuela se ensaña contra las personas de sexo femenino, en contextos de intimidad. En realidad, las propias cifras manejadas por el Gobierno revelan que la victimización de este sector de la sociedad ha disminuido, tanto en números absolutos como en porcentaje con respecto a la población victimizada. En 2019, fallecieron en hechos de violencia 691 mujeres adultas, adolescentes y niñas. Esto equivale al 9% de los casos. El año anterior fue 16%. Según fuentes de Relaciones Interiores, la mayor cantidad de víctimas tiene edades entre 25 y 29 años. Y el móvil más frecuente, así como en el resto de los homicidios, es el llamado “ajuste de cuentas”. Desde luego, hubo una gran cantidad de casos en los que no se supo por qué mataron a la persona, toda vez que Cicpc no profundizó en las averiguaciones. Pero las muertes de mujeres por razones pasionales suelen dejar muchas evidencias, producto de los arrestos de ira y dolor. Y por eso se llegó a la cifra de 131 víctimas.

-Dos sucesos reportados esta semana revelan que existe un trato preferencial por parte del Estado hacia funcionarios de determinados cuerpos de seguridad, o que se desempeñan en determinadas tareas. El miércoles, a eso de las 5:30 pm, en el distribuidor Los Campitos de la autopista Prados del Este, grupos pertenecientes a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional y de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial se liaron a golpes, ocasionando alarma entre vecinos y conductores, cuyas vidas quedaron en riesgo puesto que participantes en la trifulca sacaron a relucir armas largas en su intento por someter a sus contendores. El lugar y el momento en que ocurrió este hecho permitió que muchas personas hicieran grabaciones con sus teléfonos. Una de ellas acompaña esta nota. Esta situación fue similar a la registrada en marzo de 2018 en plena avenida Sucre de Catia. Sin embargo, esta última mostró un grado de virulencia mucho más elevado. A pesar de los golpes y las amenazas, quedó firme la detención del oficial jefe de la FAES José Laureano Julio Mendoza, aunque se optó por dejarlo en la sede de su propio cuerpo. Mientras tanto, según fuentes de Cicpc, en la gresca los polinacionales lograron apoderarse de dos armas reglamentarias de sus contendores. El segundo incidente fue el viernes 21 de febrero, cuando agentes de Cicpc en la avenida Los Leones de Barquisimeto a dos escoltas de una concejal de esa misma ciudad que, armas en mano, pretendían despojar de su celular a un estudiante de la UNES, en la puerta de un local nocturno. Los espalderos fueron aprehendidos in fraganti. Sin embargo, debido a las presiones atribuidas a la edil ambos fueron liberados, aunque sin armas ni chalecos. Hechos como éste contribuyen a reforzar la pésima imagen de los cuerpos de seguridad, que se supone están llamados a proteger a la ciudadanía. Ninguno se salva. Encuestas como la Gallup y Latinobarómetro han determinado que los venezolanos tienen el mayor grado de desconfianza en sus policías y militares. 


-La puesta en vigencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también tomó por sorpresa a buena parte de la institución militar. No por el hecho en sí, puesto que el ministro de la Defensa Vladimir Padrino había acudido en diciembre a entregar el proyecto correspondiente ante al Asamblea Nacional Constituyente, en un acto público. Lo que sorprendió fue la relevancia adquirida en este nuevo esquema por la Milicia Nacional Bolivariana, así como las nuevas funciones que asume todo el sector militar. En la entrega anterior se sostenía que con esta ley todo el país, y no solo la FANB, entraría en una nueva etapa. De ahora en adelante, lo militar estará mucho más presente en la vida de toda la ciudadanía, a pesar de la falta de popularidad que tiene la Fuerza Armada como institución. Cuarteles adentro, es tal el desconocimiento del nuevo texto que los comandantes de zonas en el interior del país ordenaron una ronda de charlas y conferencias para explicar su contenido, y compararlo con el de la ley recientemente derogada, que apenas tuvo cinco años de vigencia.

-El 13 de febrero, la firma consultora Alto Analytics publicó un informe sobre los flujos informativos durante las crisis sociopolíticas del último trimestre de 2019 en Colombia y Chile. Fueron registrados 101 millones de mensajes, divulgados a través de 7,6 millones de cuentas en medios digitales. A continuación, se resume la primera conclusión de este documento: “Durante las semanas que siguieron al surgimiento de las crisis sociopolíticas, los analistas de Alto identificaron un pequeño número de cuentas que generó un gran número de publicaciones sobre el descontento. En Colombia, 1% de los usuarios generó 33% de los resultados analizados, y en Chile 0,5% de los usuarios generó el 28% de los resultados (…) Este es un indicador clave del desorden en la información (…) Colombia y Chile son particularmente interesantes debido a que comparten una misma lengua, el español, y los analistas de Alto han identificado 175 entidades anómalas que participaban activamente en ambas crisis. Cuando se buscó la geolocalización pública indicada por estos usuarios o perfiles, 58% estaba localizado en Venezuela”.

Libros


El quehacer periodístico siempre es caldo de cultivo para anécdotas, historias, reflexiones y dilemas. En Colombia, los reporteros parecieran estar en un permanente desafío, ya sea debido a la violencia desatada por los carteles o por las organizaciones guerrilleras, o en virtud de las múltiples manifestaciones del conflicto político. Esto se junta con los retos derivados de la manipulación a las tecnologías de la información, con la finalidad de inducir convicciones divorciadas de la realidad, o posverdades. Este mar de factores es abordado por la Directora de Noticias de la cadena radial RCN, una de las más influyentes de ese país, en su obra En el filo de la navaja. Historias, secretos y decisiones humanas detrás de las noticias (Bogotá, 2019). Este libro contiene notas escritas en distintos momentos, y agrupadas en siete líneas temáticas, algunas de ellas de carácter netamente autobiográfico, mientras que otras versan sobre los dilemas éticos que se presentan a diario en el ejercicio de la profesión. Estas últimas son quizá las páginas de mayor interés para quienes nos acercamos a este título con una mirada “foránea”. ¿Cuándo un periodista en funciones directivas puede tomar la decisión de no publicar una información exclusiva? A esto Ruiz dedicó un interesantísimo capítulo, inspirado en la cobertura de un secuestro, titulado Derecho al silencio. En ese caso, la determinación de no divulgar datos sobre el caso fue tomada en atención a una solicitud expresa de familiares de la víctima, que decían adelantar una negociación con los captores. Ruiz entendió que el derecho a la vida estaba -y está- primero que el de la información. Otros medios no siguieron la misma línea. En otro capítulo se relata la rectificación que debió hacer al aire luego de la divulgación de una información falsa sobre el siniestro de un helicóptero. Una decisión cuestionable, no por la rectificación en sí, sino porque ella, en nombre de la cadena radial, asumió un deber que competía al periodista que había divulgado la información en primera instancia, como parte de sus labores. En el filo de la navaja fue escrito con un estilo directo y sincero. Cualquier lector de habla hispana puede extraer de él conclusiones de interés, en especial los profesionales del periodismo. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.


domingo, 9 de febrero de 2020

Una nueva etapa para la FAN

La llamada Ley Constitucional de la FANB impone a la institución militar las características planteadas por Hugo Chávez en el proyecto de Carta Magna que fue rechazado por el país en 2007

@javiermayorca

La llamada Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en Gaceta Oficial el 30 de enero, implicará para la institución militar y para el país en general una serie de cambios que van mucho más allá de la mera elevación de la Milicia al grado de “componente especial”.
El texto, aprobado sin discusión alguna por la Asamblea Nacional Constituyente, hace una caracterización de la Fuerza Armada que reproduce los términos de la reforma constitucional planteada en 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez, y que fue rechazada en un referéndum.
En la nueva redacción del artículo 328, Chávez propuso una institución castrense antiimperialista, que ejecutara una particular interpretación de la “doctrina bolivariana”, que aplicara los principios de guerra popular de resistencia, y que no obedeciera a los intereses de “oligarquía alguna o poder imperial extranjero”. 
En el artículo siguiente, el mandatario propuso transformar la Guardia Nacional por Guardia Territorial, así como la inmediata creación de la Milicia Popular Bolivariana.
Según el expresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Luis Manuel Esculpi, esa propuesta “derrotada” posteriormente ha sido impuesta en cambios sucesivos a la legislación castrense, valiéndose de poderes habilitantes que fueron otorgados por la Asamblea Nacional en distintos momentos.
Al año siguiente del referéndum perdido por el oficialismo (2008), Chávez emitió un decreto ley que cambió el nombre de la Fuerza Armada, al añadirle el adjetivo de Bolivariana. Luego crearon a la Milicia Nacional (no popular) como una entidad de complemento a los componentes tradicionales. Ahora, la llamada Ley Constitucional la erige en el quinto componente de la FANB, algo que en la práctica ya era tomado como tal.
El artículo 1 de ese texto rescata todos los adjetivos del proyecto chavista: antiimperialista, antioligárquica, bolivariana. Y no menciona la primera característica citada en la Carta Magna, que es la esencia profesional de la FANB.
Esculpi sostuvo que el propósito de esta reforma es “colocar a la FANB al servicio de un proyecto de poder”. Ya no se trata de la concreción de un esquema ideológico sino la preservación del control del Estado con fines meramente prácticos.
Visto así, cobra enorme importancia la nueva figura instituida en el artículo 25 de esta norma, llamada zonas económicas especiales militares, que son áreas “donde se identifican y ubican potencialidades, condiciones generales y especiales para realizar actividades productivas endógenas, sustentables y sostenibles dirigidas por la FANB en unión cívico militar”. La designación de un territorio bajo esta condición es ahora potestad del Presidente.
Aunque Maduro pueda crear zonas económicas especiales militares en todo el país, para Esculpi las más importantes serán las que afecten la actual distribución de influencias en el Arco Minero. Allí, un grupo de generales del Ejército se disputa el control de las riquezas, al tiempo que la Guardia Nacional también ha ganado importancia como componente de vigilancia, mediante resoluciones de MinDefensa que expanden las jurisdicciones de dos destacamentos en Bolívar.

Ojos por doquier

En la nueva norma, los componentes castrenses acumulan en total 106 funciones. Esto representa un 55,8% de incremento con respecto a la ley implantada en noviembre de 2014. Todos los componentes sumaron atribuciones. Los más ambiciosos fueron la Armada y la Aviación, en ese orden. Paradójicamente, fueron las fuerzas que según Esculpi habían manifestado su mayor oposición a la gestación de la Ley Constitucional de la FANB.
Hay varios factores comunes en la nueva lista de funciones. En primer lugar, todos los componentes deberán “contribuir” con el sistema de inteligencia y contrainteligencia, en unos términos que no son especificados en la ley. Es cierto que cada fuerza tiene despachos de inteligencia y contrainteligencia, prácticamente desde que fueron creados. Pero entonces la búsqueda y el procesamiento de informaciones se orientaba hacia objetivos distintos, asociados a la vida castrense. Ahora, los militares tendrán la obligación de tender sus miradas hacia la sociedad. Y este deber comprometerá especialmente a los milicianos, que están imbuidos en los consejos comunales y en los despachos del Estado, a través de los llamados cuerpos combatientes.
La Fuerza Armada, además, extenderá su radio de acción hacia todo lo relacionado con la seguridad ciudadana. Los cuatro componentes tradicionales tienen ahora atribuciones de policía administrativa y de investigación penal.
Frente a esta situación, cabe preguntarse qué hará la Asamblea Nacional. Según el presidente de la comisión de Defensa, Eliézer Sirit, los diputados fijarán posición sobre el tema durante la próxima sesión.
En su criterio, se trata de una ley inconstitucional, que “destruye el profesionalismo de la Fuerza Armada, dándole responsabilidades a gente que no se ha preparado para eso”.
Aclaró que los diputados no podrían derogar la ley, puesto que se trata de un texto emitido por un cuerpo distinto del Parlamento, que en su criterio carece de validez. No obstante, ante la realidad concreta de que regirá la vida militar, lo más probable es que se apruebe un acuerdo en rechazo a la norma y al mecanismo puesto en marcha para su aprobación.

Breves

*En 2019 fueron reportadas 4953 muertes en 5179 casos de “resistencia a la autoridad”. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, confirman que los cuerpos policiales y militares, tomados como un todo pues se trata de agentes de la fuerza pública, se han constituido en el principal factor de violencia letal en el país. El número de muertes representa más del 43% de los homicidios registrados durante el año recién finalizado. La Policía Nacional Bolivariana, dentro de la cual se inscribe la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), es la institución cuyos funcionarios se han involucrado en la mayor cantidad de fallecimientos durante 2019, con 1818. Le sigue la policía judicial, con 1167. Los cuerpos uniformados regionales y municipales acumularon 1420, y los componentes de la Fuerza Armada Nacional participaron en 548. A partir de octubre, es decir, luego del segundo informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la actividad letal de los organismos policiales y militares disminuyó en forma consistente.

*Esta semana comenzó a circular por medios oficialistas y redes de mensajería de texto un video en el que un hombre vestido con el uniforme caqui de miliciano se lía a golpes en una calle con varios sujetos, que estaban acompañados por una mujer. A pesar de su avanzada edad, el militar salió victorioso de la golpiza, y de esta manera se ganó el respeto de sus contrincantes y de la fémina que los acompañaba. Luego, ella incluso le pidió disculpas: “En las redes sociales, las personas, todos se burlan de ustedes porque creen que ustedes no reciben defensa personal ni nada, y veo que sí, que usted se supo defender de los ataques de nosotros”. Para finalizar el video, de 2:57 minutos, el miliciano indicó al grupo el lugar donde podrían enrolarse en el quinto componente de la FAN. Aunque el mensaje tiene numerosas fallas que reflejan una pobre producción, deja claro que dentro del propio Gobierno y en la FAN llegaron a la convicción de que los milicianos son objeto de sorna, y que la población en general no los respeta. De allí que deban ganarse el aprecio mediante el ejercicio de la violencia. Por otra parte, da la impresión de que la Milicia, como el resto de la institución militar, comienza a padecer los efectos de las deserciones y el escaso entusiasmo por formar filas.


*Desde diciembre de 2019, la policía judicial procesa la denuncia sobre una interesante modalidad de extorsión. Comienza con el anuncio de una gestoría para la renovación de pasaportes vencidos. El servicio se plantea como una solución para los que han emigrado a países como España o México, y que pretenden regresar por temporadas a ver a sus familiares. El gestor convence a las personas para que envíen el documento a la oficina de un conocido servicio de encomiendas en Cúcuta. A partir de ese momento, solo se comunica con los remitentes a través de un número del sistema de mensajería WhatsApp, y les pide una espera de un mes a mes y medio. Ya los clientes han cancelado por adelantado la suma de 250 dólares. Luego, el gestor incumple su promesa, y exige un nuevo pago por 400 dólares. Ante los reclamos, dice que no puede devolver los pasaportes debido a que supuestamente están en poder de sus jefes. Debido a las presiones y denuncias previas, el hombre tuvo que salir del país. Dejó a su mujer y a su hija a cargo de las operaciones. Según las denuncias, los pasaportes de las víctimas son llevados a un local de Turén (Portuguesa), que funge como centro de operaciones de este grupo. 

Libros


A finales de 2016, el diccionario Oxford anunció que “posverdad” (post-truth) era la palabra del año. Se refería a circunstancias en las que los hechos objetivos, los datos duros, como diríamos en el periodismo, resultan menos influyentes que las emociones y las creencias personales. La victoria electoral de Trump en EEUU y el respaldo al Brexit en Gran Bretaña sugerían que el predominio de las emociones sobre la razón debía ser estudiado con detalle. Aunque desde entonces han transcurrido ya más de tres años, esta palabra sigue siendo un tanto difícil de comprender y asimilar para quienes creen, con la vieja escuela, que la verdad se impone por su propia fuerza. Pues no. Si una conclusión se puede sacar con la lectura de La posverdad. Una cartografía de los medios, las redes y la política (Barcelona, 2019) es que la irrupción de las redes sociales, unida a la aplicación de estrategias finamente diseñadas para estas herramientas, ha contribuido a la relativización, no de la realidad en sí misma, sino de la forma como esta es percibida. Este proyecto editorial, coordinado por Roberto Aparici y David García Marín, compiló once ensayos que van directamente al grano en los distintos aspectos del tema. El análisis de la posverdad nos trae a nuevos desarrollos de temas que quizá ya eran conocidos, pero que ahora deben tomar en consideración realidades como la infoxicación, es decir, la formación de convicciones falseadas sobre la base de la continua repetición o la ausencia absoluta de datos (“silencio documental”), las noticias falsas o fake news, y la difusión de todo tipo de informaciones a través de nuevos canales, que generan una visión caótica de la realidad y tienden a esparcir el escepticismo, más allá de lo razonable y saludable. Una desconfianza que ralentiza la toma de decisiones, para la vida en sociedad y también en el ámbito personal. Los ensayos de La posverdad incitan a la reflexión. Si algo se le puede criticar a este esfuerzo es precisamente que no atendió los procesos de formación de posverdad en sociedades cuasidemocráticas o definitivamente totalitarias, donde los mecanismos de control al flujo informativo son más efectivos que en los entornos democráticos, pues parten desde el momento mismo en que se pretende acceder a una fuente, hasta el extremo opuesto, cuando no se puede acceder a algo ya publicado, en virtud de los bloqueos informáticos y la ausencia de servicios. Este libro es de lectura obligada para los que se preocupan por la nueva ecología de la información. Puede ser bajado en versión electrónica.