domingo, 8 de marzo de 2020

La tercera vía militar

-Dentro de la Fuerza Armada se gestan grupos que acusan a “los políticos” de todas las tendencias por las penurias que pasa la población. La operación Aurora es apenas una demostración de lo que puede suceder

@javiermayorca

El 22 de diciembre de 2019, un grupo de oficiales subalternos del Ejército acompañado por reservistas de ese mismo componente, pertenecientes a la etnia pemona, asaltó el batallón de infantería Mariano Montilla, en la población de Luepa, estado Bolívar.
La acción fue llevada a cabo en forma incruenta. Los asaltantes, liderados por tenientes del Ejército graduados en la promoción de la Academia Militar en julio de 2012, aprovecharon las horas de la madrugada para sorprender a los guardias de prevención, someter a los soldados y apoderarse del parque de armas. 
Según el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, los militares lograron sustraer 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15, 5 escopetas Remington, 2 ametralladoras MAG, 209 granadas MK-15, 99 bayonetas fusil AK-103, 3 lanzacohetes, 6 pistolas, además de miles de municiones para todas estas armas.
Una semana después, los oficiales que encabezaron esta irrupción divulgaron un video en Youtube para declarar que esa jornada marcó el inicio de lo que denominaron operación Aurora.
El comunicado fue leído por el teniente del Ejército Josué Abraham Hidalgo. A su derecha en la pantalla aparecía el también teniente Franklin Caldera y del otro lado el oficial del mismo grado Russo Cárdenas.
Todos forman parte de la promoción coronel Diego Jalón. Sus integrantes fueron los últimos en recibir el sable del entonces presidente Hugo Chávez, quien moriría ocho meses después, en marzo de 2013.
En el comunicado del 28 de diciembre, Hidalgo dijo estar amparado en los artículos de la Carta Magna que abren la posibilidad de hacer uso de la fuerza para retomar el hilo constitucional, ante quienes según sus palabras “tienen secuestrada a la Nación mediante el engaño y la manipulación del pueblo y sus leyes”.
En la misma declaración, los oficiales afirmaron que la crisis venezolana no sería solamente responsabilidad de las decisiones del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.
“Venezuela pasa por momentos difíciles, siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo en la miseria, para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común”, afirmó el líder del grupo.
Según el general de brigada retirado del Ejército Antonio Rivero, el núcleo de la operación Aurora está constituido por los mismos oficiales de ese componente que encabezaron la operación Espada de Dios, un complot gestado en la principal fuerza militar del país para derrocar a Maduro, y que fue desmantelado en sus etapas iniciales por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Hidalgo Azuaje escapó junto a otros once efectivos militares cuando era trasladado desde el Consejo de Guerra Permanente de Caracas, en Fuerte Tiuna, a la cárcel de Ramo Verde en Los Teques, en noviembre de 2017. Varios de ellos cruzaron la frontera y se quedaron en Colombia. Pero Hidalgo llegó hasta Perú.
No creen en oficialistas ni en opositores
Desde ese país, junto a otros oficiales y efectivos de tropa profesional, emitió un comunicado en el que apoyaba la iniciativa de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, en febrero de 2019.
Rivero indicó que el distanciamiento del presidente del Parlamento Juan Guaidó (reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países), así como las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la manutención de los militares que permanecían en Cúcuta en apoyo al diputado, forjaron en los participantes de la operación Aurora la convicción de que se necesita “un cambio generacional en los órdenes militar y político”.
“Ellos no dan su anuencia a Guaidó, y tampoco a Maduro. Van fundamentados en esa posición (…) Creen que (Maduro y Guaidó) son más de lo mismo. Y eso es lo que más temen los políticos”, añadió.

Reagrupamiento

Luego del asalto al batallón Montilla, hubo otros dos enfrentamientos con unidades de la Guardia Nacional y de la policía del estado Bolívar. Un efectivo de tropa murió (Luis Jeanpier Caraballo) y otro fue capturado. Esto posibilitó la detención de otras diecisiete personas, que fueron imputadas por la Fiscalía por los supuestos delitos de conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación para delinquir.
El general retirado de la Guardia Nacional Marco Antonio Ferreira indicó que en este movimiento participan militares del Ejército y también de su propio componente, aunque en menor medida. Los guardias nacionales se habrían unido a Aurora luego de cruzar la frontera hacia Cúcuta.
El 29 de diciembre, los ministerios de la Defensa y Relaciones Exteriores de Brasil emitieron una declaración conjunta para confirmar que dieron refugio a cinco oficiales del Ejército venezolano, que fueron detectados en su territorio del 26 de diciembre. El gobierno venezolano los pidió en extradición, pues asegura que participaron en la incursión en el batallón Montilla.
El comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, advirtió que los oficiales de la operación Aurora “van a continuar sus acciones”, y confirmó que no existe una alianza formal con el grupo opositor liderado por este diputado. Dijo que se trata de un plan ajeno al movimiento del llamado G4, donde participan los principales movimientos opositores.
“Esto es parte del despertar de la Fuerza Armada Nacional. Hay una genética que sigue viva y que se refleja en las acciones de estos muchachos. Son unos combatientes”, dijo.
Aurora fue el tercer movimiento armado contra el régimen de Maduro reportado en Venezuela durante 2019. Los otros dos fueron encabezados por sargentos de tropa profesional de la Guardia Nacional, el 21 de enero, y efectivos de un destacamento del mismo componente, el 30 de abril.
El líder del alzamiento que finalizó en el Escuadrón Montado de Cotiza hizo un llamado a la población en general para que los acompañara en su gesta, y en ningún momento se identificó como alguien cercano a los partidos opositores.
Hubo movimientos previos en el seno de la FAN cuyos exponentes tampoco profesaban simpatía hacia el liderazgo opositor, y desde luego aborrecen al jefe del Estado y a su entorno. Ese fue el caso del grupo liderado por el teniente coronel Igbert Marín Chaparro.
Este oficial fue alférez mayor de la promoción egresada de la Academia Militar en 1999. Quienes lo conocen tienen el mejor concepto de él en cuanto a su preparación académica y logros en el desempeño militar. Su carrera se desarrolló básicamente a la sombra de Hugo Chávez (de quien fue edecán), aunque con notable brillantez. Según el expediente ventilado en este juicio, de haber tenido éxito Marín hubiese encabezado un triunvirato netamente militar que no hacía concesiones a la oposición, y tampoco al oficialismo.
En todos los casos, así como en el de los drones que estallaron en la avenida Bolívar durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, los agentes de la Dgcim intentaron demostrar algún nexo entre estos militares y jefes de los partidos que adversan a Maduro, desde Juan Guaidó hasta Antonio Ledezma y Maria Corina Machado. Pero nunca se logró una evidencia contundente, puesto que el divorcio entre la FAN y los políticos (en especial los de oposición) resulta evidente. Quizá por lo que admitió desde el exilio la diputada Gaby Arellano: “Creo que hemos fallado en nuestro mensaje a la Fuerza Armada”. 

Breves

-El último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) salió de la rutina al incorporar una inusitada mención al llamado Cartel de los Soles. Esto resulta por lo menos una sorpresa, pues la JIFE no es un órgano que suela hacer referencias explícitas a grupos delictivos, menos aún si se trata de estructuras que hasta el momento no han sido referidas en ningún juicio o expediente judicial, referido a la violación de leyes sobre asociación mafiosa o delictiva con permanencia comprobada mínima de diez años. Desde la primera década de este siglo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) instruía un expediente que era conocido precisamente con ese nombre: Cartel de los Soles. El centro de la pesquisa era un grupo de generales de la Guardia Nacional que habían promovido el cese de la cooperación bilateral antidrogas entre EEUU y Venezuela. En la lista estaban los oficiales Frank Morgado, Alexis Maneiro y otros. Pero en la medida en que pasaba el tiempo la lista iba cambiando, con lo que realmente no parecía adecuado acudir a la figura de un “cartel” para describir la situación. Muchos de estos oficiales, además, tenían relaciones antagónicas, con lo que realmente no se podía hablar ni siquiera de una estructura consolidada en torno a un negocio ilícito, como sería el tráfico de drogas. Estas circunstancias son bien conocidas en foros internacionales, por lo que la mención en el reporte JIFE (entidad de la ONU encargada de la evaluación del cumplimiento de las regulaciones internacionales en el área de drogas) debe tenerse como la antesala de señalamientos mucho más graves, sobre el presunto involucramiento del gobierno de Nicolás Maduro en el tráfico internacional de estupefacientes. 

-El sábado 7 de marzo corrió un fuerte rumor sobre la recaptura del ex director de Contrainteligencia Militar, mayor general (Ejército) Hugo Carvajal. Algunas agencias noticiosas manejaban la información, pero no habían podido confirmarla. Esto sucede a pocos días de la ratificación por la Audiencia Nacional en cuando a la decisión de extraditarlo a Estados Unidos. En noviembre, Carvajal escapó en forma inexplicable de su arresto domiciliario en Madrid, y desde entonces sería el centro de una búsqueda internacional. Este oficial fue el diseñador del sistema de represión a lo interno de la FAN, como parte de un plan que, paradójicamente, se llamaba Libertad. Cuando empezó a caer en desgracia, se cambió el apellido. Ya no sería Carvajal sino Peck. Pero este general no maneja otra lengua distinta del castellano. Así que sus posibilidades de pasar inadvertido afuera de España son escasas. A menos que goce de la hospitalidad de algún ex compañero de armas, por ejemplo, en Portugal. En las consultas previas a la redacción de esta nota, una fuente en Madrid indicó que alias Pollo cuenta también con la solidaridad de miembros de la inteligencia de ese país, con quienes habría forjado lazos de cooperación en los tiempos en que era uno de los militares más poderosos de Venezuela. Sin embargo, la reaparición de Carvajal y su traslado a EEUU pareciera ser solo cuestión de tiempo.

-La policía judicial ha avanzado en las pesquisas sobre el asalto al buque San Ramón, mientras se encontraba fondeado en las adyacencias de Isla Borracha, el 24 de febrero. En la incursión, los piratas mataron con un disparo en la cabeza al capitán de la embarcación, el colombiano Jaime Herrera Orozco, de 58 años de edad, e hirieron con un golpe al sargento segundo de Guardacostas Freddy José García. Según informe del grupo de Investigación de Homicidios de Cicpc Anzoátegui, el propósito de la incursión era despojar de sus pertenencias a los once tripulantes de la nave, registrada en Togo. Siete hombres han sido detenidos hasta el momento de la redacción de esta nota, todos venezolanos: el teniente de corbeta Edgar José Amundaraín, de 28 años de edad; los agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Región Oriental, Eliézer Samuel Lagos (28), Néstor José Bastidas (32) y José David Salas Perfecto (26), quien además ostenta el grado de teniente del Ejército; el panadero Josmil José Pérez (32), el pescador Víctor Daniel Maleno (22) y Asdrúbal Ruiz (30). Otros tres individuos solo han sido parcialmente identificados. La embarcación permanecía anclada en ese lugar desde hace siete meses, pues sus tripulantes eran investigados por un supuesto tráfico de combustible. Durante el asalto, los hampones se apoderaron de cuatro teléfonos.

-¿Qué pasó realmente el 26 de febrero entre el Centro Ciudad Comercial Tamanaco y la autopista Francisco Fajardo? ¿Dónde quedó la camioneta Hyundai Tucson que supuestamente acompañaba a los integrantes de la banda liderada por Carlos Luis Revette, alias Coqui? ¿Quién era la víctima del supuesto secuestro? Un experto en el análisis de estas situaciones, como el ex director de la policía judicial Miguel Dao ha manifestado sus dudas en torno a las informaciones emitidas de manera oficiosa por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, mediante oportunas filtraciones a la prensa. Según Dao, se intentó forzar una situación para que pareciera un procedimiento en flagrancia. Pero ni siquiera hubo un intento de secuestro. El primer enfrentamiento ocurrió en los alrededores del centro comercial, específicamente en la vía que da acceso a la entrada peatonal ubicada frente al Cubo Negro. Debido a la hora, aproximadamente 4:50 pm, este hecho fue presenciado por numerosos testigos, quienes indicaron que todo comenzó cuando la referida camioneta y una Land Cruiser blanca apenas llegaban. No hubo tiempo de secuestrar ni de concretar alguna extorsión. Los delincuentes, al verse descubiertos, huyeron rumbo a la autopista. Pero los funcionarios activaron el llamado plan de cierre de esta vía expresa, y en consecuencia pronto los alcanzaron, con el resultado de cuatro fallecidos (dos en la cabina del rústico, uno sobre el asfalto y otro en el curso del Guaire). A partir de entonces, la idea ha sido cubrir este hecho con un manto de silencio. Por esta razón, suspendieron una rueda de prensa que iba a dar el director de la PNB al día siguiente, el general Elio Estrada. El Coqui maneja una de las estructuras delictivas más importantes de Distrito Capital. Sin temor a equivocación, se podría decir que controla la Cota 905. En la PNB y PoliCaracas dicen que esa es una “zona de paz”. Entonces, no tiene sentido la información según la cual su organización fue a cobrar una extorsión a un entorno que no manejaba, y donde podía ser emboscado, como en efecto sucedió. Si la idea era secuestrar a un comerciante (cuyo nombre nunca ha sido facilitado), tampoco tenía sentido ir a Chuao. Bastaba con seguirlo e interceptarlo en el momento en que fuese más vulnerable, tal y como lo han hecho los integrantes de esta banda desde la primera década del siglo en toda Caracas. Descartados el secuestro y la extorsión como motivaciones para la movilización de este grupo armado, la posibilidad más fuerte indica que la idea era concretar una transacción, que desde luego no era legal, pero sí muy jugosa.

-Desde el último trimestre de 2019 está en aumento la criminalidad en Caracas. Este problema resulta inocultable. A partir de noviembre, Relaciones Interiores y Cicpc hicieron todo lo posible para que la gente perdiera la noción de la realidad, al ofrecer solamente cifras globales, de las que por cierto ya no forman parte los casos de “resistencia a la autoridad”. Al llegar enero, la actividad del hampa no cesó. Los robos se han incrementado en más de 35% y los secuestros en más de 100% con respecto al año anterior. Este podría ser un resultado de los procesos de migración interna desde el occidente del país y desde los Andes hacia la Gran Caracas y sus zonas “dormitorio”. Hasta finales de febrero, Santa Teresa del Tuy era la localidad de Miranda con mayor cantidad de homicidios (27), sobre Sucre (24) y Zamora (10). Ante esto, el Gobierno ha continuado en su proceso de “ceguera voluntaria”, mediante continuas alteraciones en el modo de medir la incidencia delictiva. Ahora, solo interesan los llamados cuadrantes de paz. Esta unidad de análisis es tan reducida que impide las tomas de decisiones con la perspectiva suficiente. Frente a este recrudecimiento del hampa, es de esperarse una mayor represión, y la reedición de las redadas masivas, con nuevo nombre. Ya empezaron en algunas localidades del interior del país, y las ponen como la continuidad de Escudo Bolivariano.

Libros

Hay una leyenda sobre el origen de las esmeraldas colombianas. Según los indios muzos, estas gemas de enorme valor y belleza nacieron de las lágrimas de Fura, la primera mujer, que lloraba desconsolada por la agonía de Tena, su compañero. El desenlace de esta historia fue precipitado por una infidelidad de ella, lo que por ley divina aceleraba la vejez. Entonces, de acuerdo con esta tradición, las esmeraldas surgen del dolor y la muerte. Así lo explica el historiador y politólogo colombiano Petrit Baquero en su obra La nueva guerra verde (Bogotá, 2017). Pero el relato aborigen no es más que una parábola para explicar los conflictos que ha ocasionado en Colombia la extracción de este mineral, codiciado por la industria joyera mundial. La lectura de estas páginas permite trazar algunas analogías y explicaciones sobre la creciente violencia que se experimenta en los enclaves mineros del país. Aquí el oro, allá las esmeraldas. La historia de acá es relativamente reciente, y espera quien la cuente. La de allá es narrada con lujo de detalles por Baquero. En las páginas de este libro, los grandes procesos aparecen salpicados por historias personales, anécdotas y la misma ausencia de Estado que, aquí y allá, ha propiciado la imposición del más fuerte.  En el caso de las llamadas “guerras verdes” por el control de la industria esmeraldera, resulta interesante ver cómo las treguas y la superación definitiva de los conflictos no se lograron mediante la presencia del Estado y el imperio de la ley. De hecho, según Baquero, en los enclaves extractivos las instituciones estatales no pasaban de ser una presencia molesta, o en todo caso cooptada por el poder que viene con las enormes fortunas, potenciadas con la entrada de lleno de los capitales internacionales. Fueron los acuerdos entre los clanes en pugna los que lograron la primera pacificación, en 1990. Y este no fue el resultado de una mera filantropía, sino de la convicción de que la violencia iba contra la continuidad del negocio. Según Baquero, la muerte por razones naturales del primer gran zar de las esmeraldas colombianas, Víctor Carranza, dejó en 2013 un terreno fértil para que los nuevos actores de esta industria intentaran suplantar su liderazgo, a punta de plomo.  En las “guerras verdes” han muerto más de tres mil personas. Esta historia debe ser leída, para evitar en lo posible su repetición. 

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