Publicidad

domingo, 22 de marzo de 2020

Venezuela en las drogas: debate abierto

-La referencia al Cartel de los Soles en el último informe de la JIFE ha suscitado sospechas y alertas, aún entre aquellos que en su momento avalaron la existencia de esta supuesta banda de militares

@javiermayorca

La mención al llamado Cartel de los Soles en el último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), como era de esperarse, ocasionó enorme revuelo y puso de nuevo el nombre de Venezuela en el primer plano de la discusión sobre el tráfico internacional de drogas.
No es para menos. La JIFE es un órgano de extraordinario prestigio que, según la Organización de Naciones Unidas, es “independiente y cuasijudicial”. Sus trece miembros son elegidos por el Consejo Económico y Social de la ONU. Diez de esos integrantes son propuestos a este cuerpo por los gobiernos de sus respectivos países. Se trata de personas que por regla general han surgido del mundo académico y de la investigación, cuyos criterios tiene peso específico en este ámbito de conocimiento. 
La sola mención al Cartel de los Soles en el reporte de este organismo, correspondiente a 2019, aunque carece de mayor fundamentación dentro del propio texto, tiene un enorme valor y se transforma en una suerte de conocimiento común. De ahora en adelante, la referencia al Cartel de los Soles, como una banda de militares activos venezolanos dedicados al transporte de psicotrópicos, presumiblemente con la anuencia del Gobierno, pasará a formar parte de los señalamientos que se hagan en el plano internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.
Para la expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid, actual ONA), Mildred Camero, la mención al Cartel de los Soles en el informe de la JIFE fue “tardía”.
“En el libro azul que entregábamos generalmente por estos meses de marzo a la ONU, en la forma de un cuestionario, advertíamos que había un grupo de militares que estaba traficando drogas, y que se presumía se podía tratar de un grupo denominado el Cartel de los Soles”, recordó la ex juez.
Camero estuvo al frente de la Conacuid hasta que el entonces presidente Hugo Chávez decidió terminar la ejecución del convenio de cooperación bilateral en materia de drogas con EEUU, en 2005. Chávez tomó esta determinación basado, precisamente, en el informe de uno de los militares de la Guardia Nacional que estaba enfrentado a la funcionaria, en medio de una guerra de mutuos señalamientos.
“Las informaciones que mandamos hace quince años ahora tienen valor”, afirmó la ex juez.
Sin embargo, es claro para ella que esta referencia internacional al grupo de militares metidos a traficantes tiene un “propósito político evidente”.
Cada día que transcurre, la Fuerza Armada adquiere mayor importancia como medio para la prolongación de Maduro en el poder. Por ende, una referencia en el ámbito de la ONU al Cartel de los Soles contribuye a reforzar los discursos que colocan al régimen venezolano en el plano del “narcoestado”.
No cabe duda que en todos los niveles de la institución militar hay oficiales involucrados en el comercio ilícito de drogas, al igual que en el contrabando de alimentos y combustibles y, más abajo, en el robo descarado y en actos de piratería. Cada caso conocido en materia de drogas solo contribuye a alimentar la convicción sobre la existencia del mencionado cartel. Como por ejemplo el del general Aquiles Lapadula, ex comandante de la zona operativa de defensa integral del Zulia (Zodi Zulia), vinculado a una investigación sobre el presunto desvío de ácido sulfúrico (un importante precursor para la fabricación de cocaína). Este oficial fue destituido en noviembre de 2019, cuando apenas tenía tres meses en el cargo.
Pero la historia sobre el Cartel de los Soles viene desde el segundo gobierno de Rafael Caldera. Entonces le decían el Cartel del Sol, en singular, puesto que supuestamente involucraba a generales de brigada.
Con el pasar del tiempo, la historia sobre este grupo fue transformándose y aderezándose con nuevos hechos, algunos de ellos sin mayor conexión. Los intentos del ex abogado de Inteligencia Militar, coronel Claudio Turchetti, para que los juzgados castrenses investigaran a este grupo, fueron inútiles.
Uno podría pensar que, en medio de este ambiente generalizado de impunidad, el paso de cocaína por el país se incrementaría de forma exponencial, amparado por las complicidades al más alto nivel. Pero a juzgar por un interesante reporte presentado en marzo por Geoff Ramsey y David Smilde, de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), la realidad es un poco más compleja.
El trabajo, titulado Más allá de la narrativa del narcoestado (Beyond the narcostate narrative), recoge las estadísticas elaboradas por la base de datos consolidada de las agencias antidrogas estadounidenses, llamadas CCDB, que es el termómetro más confiable para evaluar los vaivenes de producción y tráfico a través de los distintos países.
Según las estadísticas, entre 2015 y 2019 el paso estimado de cocaína por Venezuela tuvo dos etapas. En los tres primeros años (15 al 17) hubo un alza importante, de 134 a 249 toneladas métricas del alcaloide. Desde entonces, la tendencia ha sido a la baja, hasta situarse en unas 210 toneladas métricas.
Estas fluctuaciones parecieran explicarse en parte por el incremento de la producción mundial de cocaína, que llegó hasta las 2864 toneladas en 2016, y que a partir de entonces ha estado en descenso, de acuerdo con el CCDB.
Entonces, aunque las cifras netas puedan ser escandalosas, el paso de cocaína por Venezuela representaría poco más del 11,3% de la producción mundial de esta droga para 2019. Y este comportamiento ha sido relativamente constante, si se analizan las estadísticas disponibles desde la década pasada.
Se podría pensar que esa estabilidad en cuanto al paso de cocaína por el país sugiere la existencia de una “ruta segura”, en la percepción de los jefes de los grandes carteles. En otros términos, que las conexiones entre los traficantes y los gobernantes venezolanos son robustas. Pero el reporte de WOLA advierte que hay otras rutas más activas en cuanto al tonelaje de drogas que movilizan, como las que van desde el Pacífico colombiano hasta Honduras, y especialmente a Guatemala y México, y sin embargo los gobiernos de estos países no son cuestionados en el plano internacional con la misma intensidad que el venezolano.
Todos estos criterios contribuyen a movilizar el debate sobre el rol de Venezuela en el tráfico internacional de drogas. Es una discusión que debe contribuir a la colocación de cada factor en su debida importancia. Si las 210 toneladas de cocaína que pasan por el país (2019) fuesen manejadas solamente por el mentado Cartel de los Soles, la solución sería muy sencilla, y netamente de orden policial y militar. La realidad, sin embargo, impone un abordaje mucho más amplio.

Breves

-Al momento de la redacción de esta nota, se desarrolla en el país una situación caótica con respecto a las restricciones del derecho a la libre circulación, con el propósito aparente de prevenir la extensión del coronavirus. Los alcaldes, gobernadores y el gobierno central, a través de la Fuerza Armada, han implantado cada uno normas o criterios tan variados que, al final, es el funcionario de turno el que decide quién pasa y quién se devuelve. La alcaldía de Maracaibo comenzó la expedición de salvoconductos para el aprovisionamiento de gasolina, mientras que las zonas operativas de defensa integral emiten los suyos, mediante formatos que supuestamente posibilitan al portador el traslado entre municipios y estados. En medio de tan alta discrecionalidad, se abren las puertas nuevamente para la solicitud de coimas, en especial para los casos de empresas o individuos sobre los que no existe un criterio claro para calificar sus labores como esenciales o de seguridad. Este punto debe ser aclarado por el Ejecutivo nacional cuanto antes.

-Desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia informan que, en vísperas de la declaratoria presidencial del estado de alarma, fueron restringidas al máximo las visitas para los presos de conciencia y comunes que permanecen en las celdas de El Helicoide. La medida fue adoptada con la finalidad de prevenir los contagios por Covid 19, o coronavirus. En la Dirección de Contrainteligencia Militar, de la noche a la mañana, indicaron a los familiares y a los abogados de los detenidos que no llevaran alimentos hasta nuevo aviso, lo que se entiende también como una precaución, pues el virus puede ser transmitido a través de los envases. Estas decisiones endurecen aún más el régimen de reclusión al que están sometidos los presos políticos, desde mucho antes que se conociera de la existencia de la referida enfermedad. El temor ahora es que, en este aislamiento con aparente justificación, serán pocas las oportunidades de notificar al exterior si se producen contagios entre los internos. Temen que los propios custodios sean el vehículo para la transmisión de la enfermedad, toda vez que ellos poseen una mayor capacidad de movimiento que la ciudadanía común.

Tres preguntas a… Carlos Correa, director de Espacio Público

1.-Luego del decreto de alarma hemos visto las detenciones de por lo menos seis personas, en virtud de opiniones o informaciones emitidas a propósito de la crisis por el coronavirus. ¿Frente a qué estamos exactamente?
Básicamente lo que estamos observando es la continuidad de un trato represivo en contra de todo tipo de información u opinión crítica. Una de las cosas que está generando esto es que se está actuando de la misma manera que antes del estado de alarma. Si bien antes estábamos en un estado de excepción, ahora estamos en cuarentena en todo el país. Entonces, todo tipo de información que el Gobierno considere incómoda empieza a ser atacada. Una característica es que esto responde a ciertas dinámicas regionales o locales, pero es el mismo patrón. Informaciones u opiniones relacionadas con el coronavirus, y que no sean convenientes, según la consideración de los funcionarios de turno, avanzarán en dinámicas de detenciones. Observamos un patrón desde el año pasado, que no solo afecta a periodistas y medios, sino también a usuarios de redes y a médicos y enfermeros que denuncian la situación. Lo de ahorita es la continuidad de una política, que tiene consecuencias distintas, porque el escenario es de confinamiento. La gente está en sus casas, y la posibilidad de que circule la información abre la posibilidad de que la gente esté tranquila, o que sepa a qué se enfrenta.

2.-¿Existe algún plan o resolución que permita saber lo que se puede esperar de las autoridades en este momento?
Puede estarse aprovechando la situación para pases de factura o para perseguir a personas que resulten incómodas para el sector gubernamental. Lo que podemos esperar es una información pública de mala calidad, mal presentada, con voceros de poca credibilidad. Después, hay una política represiva, con el agravante que en estos días los canales abiertos no se están viendo. Entonces, tenemos un sistema de medios deprimido, con canales restringidos, incluso los de propaganda. Y ese no es el mejor ingrediente para la situación que estamos viviendo.

3.-A una semana de haberse expedido el decreto de alarma, hay temor en sector de la sociedad civil en cuanto al giro que tendrán las medidas en el futuro inmediato, toda vez que ya se habla de “endurecer la cuarentena”. ¿Esto qué significa en términos de derechos fundamentales?
Estamos en una situación muy extraña, porque tenemos en vigencia el estado de excepción y el estado de alarma, pero las formalidades asociadas a ambos estados no se cumplen, entre ellas que sea notificada a la Asamblea Nacional y a los organismos internacionales correspondientes: ONU, OEA… Esos extremos el Gobierno no los cumple. Cuando hablamos de endurecer la cuarentena, tratan de establecer un toque de queda. Sería el siguiente paso. Pero uno de los problemas sustantivos es que la información que se nos suministra es de muy mala calidad. No es oportuna. No sabemos cuántas camas de terapia intensiva hay en el país, cuáles son las personas realmente infectadas y las políticas de aislamiento implementadas. Endurecer la cuarentena significaría mayores restricciones para la circulación de personas y menos posibilidades para que puedan trabajar las personas que realizan trabajo profesional de cobertura periodística. Eso es lo que se puede prever.

Libros

Para algunos teóricos, la llamada “guerra contra las drogas” es una empresa perdida. Para otros, es inútil, contraproducente e incluso irracional en su planteamiento. Un tercer grupo cree que es una causa justa, llevada adelante por individuos que han entregado sus vidas en una cruzada contra organizaciones capaces de desestabilizar estados completos. La guerra contra las drogas, como todo conflicto, tiende a polarizar las posiciones, y eventualmente hace perder la perspectiva en torno a los posibles cambios en las condiciones que la originaron. Pensemos, solo por un momento, en las consecuencias que tiene la despenalización y, en otros casos, la legalización abierta de la producción y el consumo de marihuana, desde Estados Unidos hasta los Países Bajos y Portugal. Rafael Pardo Rueda estuvo en uno de los frentes de batalla más importantes en esta guerra, pues fue asesor de seguridad y ministro de la Defensa de Colombia. Ambas posiciones durante el gobierno de César Gaviria, cuando la confrontación con el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, llegó a su punto culminante. Desde entonces, ha desempeñado numerosas posiciones, hasta la de ahora que consiste en la ejecución de los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Con el pasar de los años, este economista ha decantado su pensamiento, y en su última obra La guerra sin fin (Bogotá, 2020) trata de colocarse entre los polos de la confrontación. No escapa a Pardo que, a pesar del desmantelamiento de los grandes carteles de Medellín y Cali, y de los que le siguieron, la producción mundial de cocaína ha ido en aumento, el mercado de las drogas ilegales se ha diversificado y ahora cuenta con nuevos e importantes actores. En el caso neogranadino, según el autor, las líneas de trabajo que sustentaron el llamado Plan Colombia, con el propósito de reducir la oferta general de drogas, llegaron a lo que él mismo llamó “nivel de ineficacia”. Pero los mayores aportes están condensados en los dos últimos capítulos. En ellos, Pardo se permite una crítica a los programas en ejecución a partir de 2016, que plantean el reemplazo de los cultivos de coca por otros en los cuales el campesino carece de los mismos incentivos y rentabilidad. Esto explica los resultados dispares en uno de los puntos más trabajados en los acuerdos de paz de La Habana. Aún con la mayoría de las FARC desmovilizadas, la coca se sigue sembrando, pues el entorno internacional sigue haciendo atractiva a esta actividad. También en este ámbito, la experiencia colombiana debe servir de espejo para quienes no desean que se repita en otras latitudes. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario