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domingo, 28 de junio de 2020

Los profesionales

-Por sus conocimientos y habilidades, Alex Naín Saab forma parte de un selecto grupo, que es vital para el desarrollo de cualquier estructura ilegal

@javiermayorca

El 23 de junio, la Corte Suprema de Cabo Verde desestimó la petición de libertad para Alex Naín Saab. Esta decisión fue calificada como una “victoria” de Estados Unidos, país que había emitido en primera instancia la solicitud de búsqueda y captura internacional en contra del empresario colombiano, de 48 años de edad.
La ratificación de la detención de Saab en este pequeño archipiélago fue precedida de numerosos pronunciamientos por operadores del gobierno venezolano, tales como el canciller Jorge Arreaza y el embajador en Senegal, -con jurisdicción en Cabo Verde y otros países africanos- Alejandro Correa Ortega, en el sentido de que Saab es un “agente” del régimen, que estaba en cumplimiento de una “misión”, cuyos detalles no fueron especificados. Esto explicaría el otorgamiento de un pasaporte venezolano que le confería a este hombre un estatus diplomático.
¿Por qué se traslada este comerciante a un grupo de islas del Atlántico, a 4600 kilómetros de distancia de Venezuela? Según la senadora colombiana Maria Fernanda Cabal, Alex Saab tuvo que volar hasta allí para asegurar el éxito de una transacción de oro por gasolina y otras mercancías, procedentes de Irán.
“Había dos buques detenidos en Cabo Verde, que ondeaban bandera de Liberia, pero resulta que eran griegos, y sus productos iraníes. Le tocó (a Saab) ir para poder negociar que soltaran estos buques, cargados con gasolina y otros productos”, explicó la parlamentaria, en una entrevista con Fernando Londoño.
Entonces, se trataba de una tarea que no podía ser resuelta por nadie más que él. Un propósito que no admitía delegación. Esto confirma varias apreciaciones hechas con respecto a la relevancia de este individuo para el régimen venezolano.
En primer lugar, no se puede ver a Saab como un perseguido más. Si se analiza al régimen venezolano como una “empresa criminal” (Farah, 2019), el rol de personas como Saab cobra extremada importancia, porque aglutina conocimientos y habilidades que la propia estructura no puede facilitarse con recursos humanos propios, y debe salir a buscarlos entre sus aliados. Aunque se debe guardar las distancias en cuanto a tiempos y lugares, Saab tiene para esta particular “empresa” una relevancia similar a la que tuvieron en su momento para el Cartel de Cali el contador Guillermo Pallomari y el abogado Harold Ackerman. El primero, un chileno, y el otro un estadounidense. Ambos fueron detenidos a solicitud de EEUU y, al convertirse en testigos, pasaron a ser piezas clave para el desmantelamiento de la organización y el enjuiciamiento de sus líderes, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Los aviadores son otros profesionales contratados con frecuencia por las agrupaciones criminales. Muchos tienden a pensar que son parte integral de tales organizaciones. Pero esto no es así. Cuando la empresa crece, tiene que buscar en el mercado laboral a estos especiales talentos, preguntando aquí y allá entre sus conocidos a ver quiénes estarían disponibles para “coronar”. Y, aunque puedan ser depositarios de la mayor confianza, los líderes de las organizaciones siempre toman alguna precaución, para evitar sorpresas. A veces, dejan cautivo a algún familiar o allegado del piloto, hasta que la operación finalice. En otras ocasiones, lo involucran directamente en el envío específico, indicándole que le pagarán con parte del alijo, de manera que, si se produce algún decomiso, el también perderá. En el caso del Cartel de Medellín, fue famoso el estadounidense Max Mermelstein, “el hombre que hizo llover coca”, y que también se convirtió en un informante de la policía estadounidense.
Contadores, pilotos, abogados y traders como Saab forman parte de este grupo de “profesionales” sin los cuales no es posible el funcionamiento de una estructura transnacional, organizada y moderna, como la que ahora persigue el gobierno estadounidense. Pero son proveedores externos a la organización, o outsourcing, como se diría en jerga empresarial.
Muchos han calificado a Saab como un “testaferro”. Esta es una figura desarrollada desde el punto de vista teórico y legal por los italianos, cuya legislación establece penas de prisión para los también llamados “prestanombres” u “hombres de paja”. Según los europeos, el testaferro representa a todo evento los intereses de una persona, que permanece en las sombras. Pero en el caso del magnate colombiano la relación pareciera ir más allá. Saab encarnaría los objetivos de todo un régimen. Y en ese sentido su definición como “agente” del gobierno madurista, aportada por Arreaza, cobra un extraordinario significado. Aun así, estaría por verse si este comerciante no participa también en un juego de carambolas a varias bandas.
Antes de la decisión del máximo tribunal de Cabo Verde, el abogado de Saab José Manuel Pinto declaró que la detención del colombiano había sido el producto de una “decisión política”. Si esto es así, lo que estaría en desarrollo en el archipiélago es una especie de subasta, en la que el oferente más agresivo se llevaría la mejor parte. Esta línea de argumentación, sin embargo, no parece ser la más inteligente, tomando en cuenta que el proceso apenas comienza. En efecto, la legislación caboverdiana contempla detalladas reglas para el desarrollo de las extradiciones. En este momento, está en curso la primera fase, llamada “administrativa”, que debería finalizar durante la primera quincena de julio, cuando el ministerio de Justicia de ese país africano evalúe la documentación enviada por Estados Unidos para sustentar su solicitud de llevarse a Saab, y enjuiciarlo en la Corte del Distrito Sur de Florida por conspiración para lavar dinero, y varias imputaciones por lavado de dinero.
Si el gobierno caboverdiano diera el visto bueno al expediente presentado, se abriría la segunda fase, llamada “judicial” según el Ministerio Público del archipiélago. El debate se desarrollaría en la Cámara de lo Criminal de la Corte de Apelaciones. Entre una y otra incidencias podría durar hasta tres meses, siempre y cuando Saab insista en oponerse a la extradición. Con lo que se aleja la perspectiva de un rápido traslado a territorio estadounidense.
La importancia real de Saab para el régimen, más allá de lo declarado por sus representantes diplomáticos, se podrá apreciar en las próximas semanas o meses. ¿Seguirán recibiendo los turcos el oro venezolano? ¿Continuará sin tropiezos la entrega de los Clap con mercancía turca y mexicana? ¿Llegará más gasolina iraní? Si estos programas continúan, quiere decir que este colombiano solo era una ficha más. Pero, si alguno se paraliza, el golpe fue certero.

Breves

-Desde marzo se han incrementado las denuncias sobre invasiones en Distrito Capital. No solo son los recurrentes alertas emitidos por el portavoz del Frente de Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, quien ha contado quince casos de inmuebles ocupados de forma ilegal en Libertador. En El Hatillo, el director de la policía municipal, comisario Sergio González, indicó que durante la alarma nacional han procesado un promedio de cuatro denuncias mensuales sobre invasiones a edificaciones o terrenos de propiedad privada. En Chacao, según el alcalde Gustavo Duque, han sido reportados seis casos. En los municipios mirandinos, pareciera que existen grupos dedicados a la detección de edificaciones aparentemente abandonadas por sus legítimos propietarios. Para ellos no es difícil, pues durante la cuarentena se supone que la gente debe permanecer en sus lugares de residencia, y la falta de actividad en ciertos inmuebles es percibida desde la calle sin mayor esfuerzo. González advirtió que las invasiones son controlables cuando están iniciándose. Pero en las etapas posteriores, los desalojos se complicarán.

-El 21 de junio, la fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció en una entrevista ante el Grupo Diarios de América que finalizará su valoración sobre las denuncias formuladas contra Nicolás Maduro por presuntos delitos de lesa humanidad “en los próximos meses”. Afirmó que la decisión sobre este caso se ha retardado en virtud de la necesidad de traducir una gran cantidad de documentos. Bensouda debe finalizar su gestión en ese cargo en julio de 2021, de manera que aún le resta un año para avanzar en el proceso. Muchas situaciones pueden presentarse en estos doce meses. Entre ellas, que prospere la propuesta para una transición política formulada el 31 de marzo por el Departamento de Estado de EEUU, que contiene claras concesiones al sector castrense venezolano. En el punto V, los norteamericanos plantearon que un representante de la FAN sea “asesor militar” del Consejo de Estado que conduciría los destinos del país en ese lapso. Esto, si se quiere, resultaría lógico tomando en cuenta la actual situación del país y la necesidad de garantizar ciertos niveles de gobernabilidad. En el punto X, además, se indica que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retirarían el respaldo a las denuncias consignadas ante la CPI, con lo que el proceso contra Maduro y el entorno militar perdería vigor. 

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Se quedaron sin gasolina
Con el paso de los días, se conocen más detalles de la Operación Gedeón, el fallido intento por insertar un contingente de militares y policías venezolanos, junto a mercenarios estadounidenses, con el aparente propósito de subvertir al régimen de Maduro. Según fuentes que permanecen en Cúcuta, todos los participantes en esta iniciativa habían embarcado desde un punto cercano a Castillete, en la península Guajira, el viernes 1 de mayo en la noche. El bote pionero, donde navegaba el capitán de la Guardia Nacional Robert Levid Colina Ibarra, alias Pantera, llevaba unas tres horas de adelanto con respecto al que le seguía. El plan inicial era que todos desembarcarían en la playa de Macuto, adyacente al Instituto de la Vivienda del estado Vargas (Invivar). A las 6 am del domingo 3, el capitán (GN) Antonio José Sequea, que lideraba el segundo grupo, pudo recibir las noticias que lo que había sucedido hora y media antes, gracias a que había señal telefónica en la costa frente a Arrecife: seis muertos a manos de agentes de las FAES, y el resto capturado. Allí decidió retroceder a Puerto Cruz, donde dejaría a una parte del contingente que navegaba con él, e inmediatamente poner proa hacia Bonaire, acompañado por Josnars Adolfo Baduel (hijo del exministro de la Defensa Raúl Baduel), los enviados de la contratista de seguridad Silvercorp Airam Berry y Luke Denman, Fernando Noya Contramaestre (cuñado de Sequea), el capitán Víctor Pimienta Salazar y el lanchero Cosme Rafael Alcalá. El problema es que no tenían gasolina suficiente para llevar a cabo la travesía hasta la antilla holandesa, y no hubo más remedio que intentar alejarse lo más posible de Vargas para un nuevo desembarco. Lo ocurrido en la playa de Chuao el 4 de marzo, con la captura de este grupo, no fue ninguna proeza digna del retumbe de tambores, como intentó hacerlo ver la propaganda oficialista. Todos iban desarmados, sedientos y, para ese momento, con tres días sin probar alimentos.

Libros

La inseguridad constituye una de las preocupaciones más importantes de los venezolanos, a juzgar por las encuestas de opinión de todas las marcas y colores. No se trata de algo reciente. Por el contrario, desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, los porcentajes de personas angustiadas por los embates de la delincuencia fueron creciendo, casi al mismo ritmo que las tasas de homicidios del país. Paradójicamente, la bibliografía con tratamiento de este tema en profundidad ha sido escasa. En este contexto sale a las librerías la obra de los abogados Fermín Mármol García y Luis Izquiel, Revolución de la muerte: veinte años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela (Caracas, 2020). Tal y como lo indica el título, se trata de una visión documentada sobre los orígenes de la criminalidad en un país que, aún hoy en día, figura entre los más violentos del mundo. En estas páginas, ambos autores repasan los principales tópicos del problema, sin hacer concesiones al actual régimen. Se debe señalar, en aras de la imparcialidad, que tanto Mármol como Izquiel estuvieron involucrados de lleno en la elaboración del capítulo del Plan País sobre seguridad ciudadana. Y sin embargo este libro no es un panegírico del liderazgo opositor, sino más bien un ejercicio de crítica que surge de la preocupación compartida ante el avance de la violencia y la impunidad en Venezuela. Revolución de la muerte no pretende erigirse en tratado criminológico. Es más bien una explicación sencilla para comprender, por ejemplo, por qué los venezolanos sienten tanto miedo de salir a las calles de noche como lo tienen los habitantes de cualquier país en guerra, y también cuáles son los principales actores del delito organizado en el país, que tienen una incidencia permanente sobre las otras manifestaciones de ilegalidad, comunes y visibles. Este libro es un abrebocas para un debate informado que, tarde o temprano, será necesario en Venezuela. En función de esto, queda pendiente -quizá para una segunda edición- la valoración sobre el rol del sector militar, tanto en lo referido a su involucramiento como actor de la criminalidad, y también como posible factor para superarla.

domingo, 14 de junio de 2020

Irán en Cicpc

-El izado de la bandera de la república islámica en Parque Carabobo confirma la radicalización de un cuerpo antaño famoso por su neutralidad

@javiermayorca

Desde la semana pasada, la bandera de la República Islámica de Irán ondea en la fachada de la vieja sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
No es un hecho casual, producto de la mente de algún policía radical. De haber sido así, pronto la hubiesen arriado. En cambio, la bandera iraní es exhibida en forma continua desde hace varios días, en el tope del asta derecha de la entrada principal del edificio de Parque Carabobo, sede histórica de una de las cuatro instituciones de seguridad ciudadana del país.
No pusieron atención a leyes ni protocolos. Un despacho que se supone fundamental para preservar el estado de derecho en el país desatendió la norma correspondiente al uso de las banderas en las instituciones públicas, elaborada por el propio oficialismo en marzo de 2006. Según ese texto, el tricolor venezolano tenía que estar a la diestra, en señal de su mayor importancia. Sobre el tema, además, fue publicado un manual del Consejo General de Policía.
Este podría ser considerado un detalle insignificante, pero es un reflejo de la manera atropellada como se están desarrollando los procesos en el país, donde ya se perdió incluso la atención por las formalidades.
Nunca antes habían izado la bandera de un país extranjero en la vieja central de policía. Era la primera vez que lo hacían, y lo hicieron mal.


Pero este hecho, y la decisión que lo originó, no pueden restringirse a los confines de una sala de interrogatorios. Ciertamente, cuando la bandera de la república islámica era elevada frente a la llamada “policía científica”, la gasolina traída de ese país empezaba a ser dispensada en las estaciones de servicios, luego de haber cruzado medio mundo en cinco buques. Sabemos que no era un regalo ni un gesto de solidaridad revolucionaria, sino una costosa operación comercial, pagada con oro del Banco Central. Y aun así, fue saludada con servilismo.
No había otra justificación. Irán no tiene relaciones de ningún tipo con la policía judicial. Otros países como España, Francia e incluso EEUU han aportado mucho más para el desarrollo institucional de este cuerpo. Pero su directiva nunca ordenó elevar la bandera de alguna de estas naciones, por varios días y en lugar preferente. 
En el primer momento, la imagen de la bandera iraní al frente del edificio de Parque Carabobo fue recibida con incredulidad. Los viejos policías egresados de esa institución, acostumbrados a la neutralidad contra viento y marea, creyeron que se trataba de otra travesura de las redes sociales. Luego de hacer un par de llamadas, constataron que no era un montaje.
“Estamos ante un proceso sistemático de politización, que no tiene ningún sentido”, advirtió el ex director de ese organismo, Miguel Dao.
Para este comisario general, lo de la bandera iraní es un “exabrupto” que no debió ser avalado por la jerarquía de la institución.
“En mi caso, de haber sido el director, no lo permitiría. Otros, sí”, sentenció.
Dao no quiso mencionar en ningún momento al funcionario que rige los destinos de Cicpc, y sobre quien recaen todas las críticas, el comisario general Douglas Rico. Sin embargo, no ocultó su descontento hacia el mensaje que transmite la colocación de la bandera iraní, en la entrada de la central policial.
Al igual que el resto de las policías y componentes de la FAN, Cicpc ha visto afectado su desempeño por una creciente corrupción, cuyo capítulo más reciente fue el presunto involucramiento de dos importantes jefes de Carabobo en las redes de tráfico de drogas comandadas por Emilio Enrique Martínez, alias Chichí Smith. Pero era claro que los funcionarios de la institución hacían esfuerzos por mantenerse al margen de la diatriba política, aún incluso en contra de los dictados de su director.
El comisario general Douglas Rico es un ejemplo de cómo el poder modifica a los seres humanos. Este funcionario creció durante los primeros años del chavismo a la sombra del comisario Vicente Álamo, quien llegó a la subdirección durante la gestión de Marcos Chávez. Rico se hizo experto en la investigación de robos. La pesquisa sobre una banda de asaltantes de blindados lo hizo acreedor de un cangrejo de bronce, en la primera década de este siglo. Pero luego pidió una temprana jubilación, argumentando precisamente que la politización enrarecía el ambiente en las filas de Cicpc. Y se acomodó en la empresa privada.
Pero la vida da vueltas. Con la llegada de Miguel Rodríguez Torres a Relaciones Interiores, Rico fue reincorporado para que asumiera la subdirección. En 2016, con la destitución del comisario José Gregorio Sierralta, llegó al tope. 
Los cambios en él comenzaron a hacerse patentes con el caso del inspector jefe Oscar Pérez, cuyo grupo fue perseguido sin cuartel, señalado de llevar a cabo actos de terrorismo. Esto enrareció el clima interno del cuerpo. Antes que calmar la aguas, Rico se radicalizó aún más, al declarar en mayo de 2018 que Cicpc era una institución “revolucionaria”. Eso implicaba que serían aplastados quienes estuviesen contra el “proceso”, y mientras tanto los colectivos que matan en el 23 de Enero, a plena luz del día, permanecen impunes. Con estos antecedentes, no debía extrañar que la bandera iraní fuese izada por sus agentes.
El caso del actual director de Cicpc también tiene sus rarezas. A pesar de su permanencia prolongada en la conducción de este despacho, ha quedado fuera del radar de las sanciones estadounidenses. Tómese en cuenta que el Departamento del Tesoro ha congelado los bienes y eliminado las visas a jefes de casi todos los cuerpos de seguridad de alcance nacional, vinculados a la represión contra la disidencia política, como son el Sebin, Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana.
En este sentido, podría decirse que el izado de la bandera iraní en Parque Carabobo es como un reto, a ver si Washington reacciona. La pajita en el hombro, buscando pelea.

PS: luego de la publicación de esta entrega en Runrunes y en Tal Cual, el comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, reportó en su cuenta Twitter la quema de la bandera iraní que había sido izada en la sede de Cicpc en San Agustín. Hasta el momento, no se ha aclarado si esto fue producto de un accidente o de la acción de funcionarios molestos. En todo caso, Simonovis lo saludó.

Breves

-Una nueva forma de engaño están aplicando los delincuentes, para aprovecharse de la escasez de medicamentos en tiempos de cuarentena. Comienza con la distribución a través de grupos de mensajería (Whatsapp, Telegram, etc) de un mensaje en el que se ofrece en forma gratuita la conocida marca de insulina Lantus. “Recibimos un donativo muy grande por parte de laboratorios Pisa”, dice el texto. Luego da un número telefónico de Caracas atribuido a una supuesta asociación civil, cuyo nombre nunca es precisado. Pero esa marca específica de insulina no pertenece a la empresa mencionada. Además, ese laboratorio no opera en Venezuela, sino en México. Las investigaciones hechas hasta el momento por Cicpc indican que se trataría de un esquema destinado a la estafa o la extorsión vía telefónica, puesto que las personas interesadas en recibir donativos deben aportar numerosos datos personales, lo que incrementa el riesgo de ser víctima de amenazas.

-Hasta el mes de abril, Zulia era el estado donde los cuerpos de seguridad habían recibido la mayor cantidad de denuncias por extorsión, con 45. Eso equivale al 33% de los expedientes iniciados este año por el referido delito en todo el país. Aragua y Distrito Capital/Miranda totalizaron la misma cantidad de casos durante los primeros cuatro meses de 2020, con 21. Desde Zulia, se ha extendido a otros estados occidentales el uso de granadas para dar credibilidad a las amenazas, y apurar los pagos. Así han arremetido también contra comercios de Trujillo y Lara. Simultáneamente, los líderes de las bandas envían videos en los que aparecen ellos mismos exigiendo a las víctimas que cooperen, mediante la entrega de cantidades en divisas extranjeras. De esta forma, las pequeñas bandas se consolidan como grupos estructurados de delincuencia organizada.

-Desde el mes de marzo, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Nils Melzer, y la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Leigh Toomey, ambas entidades pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas, procesan las denuncias sobre torturas contra el capitán de navío Luis de la Sotta Quiroga, los tenientes coroneles (AV) Ruperto Molina Ramírez e (Ej) Igbert Marín Chaparro, y el coronel (Ej) Johnny Mejías Laya, presuntamente llevadas a cabo por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Según el informe suscrito por Melzer y Toomey, estas serían prácticas “sistemáticas en varios centros custodiados por al Dgcim, incluso en las instalaciones de la Dgcim en Boleíta”. A De la Sotta, por ejemplo, lo torturaron con polvillo lacrimógeno y asfixia con bolsa plástica. Al comandante Molina, indica el documento, intentaron coaccionarlo “a través de varias palizas para conseguir que firmara documentos autoinculpándose, pero se negó”. Mejías Laya “de forma sistemática habría sido golpeado con barrotes de madera, obligado a beber agua del inodoro y asfixiado con bolsas de plástico”. El informe, además, indica que todos los oficiales fueron desaparecidos en las fases previas a su presentación en los tribunales, y que los juzgados, así como los representantes del Ministerio Público, no atendieron a las recurrentes denuncias sobre torturas.

-Para el momento en que esta nota es redactada, aun no se define la situación con respecto al empresario colombiano Alex Nain Saab, detenido en el archipiélago de Cabo Verde desde el viernes. Hay varios detalles confiados por fuentes con acceso al caso de este comerciante de 48 años de edad, vital para los intereses del gobierno de Nicolás Maduro. Cabo Verde es un conjunto de diez islas ubicado en el Atlántico a 500 kilómetros al oeste de Senegal, que se independizó de Portugal en 1975. Entre los siglos XVI y XIX fue un importante punto para el trasiego de esclavos que navegaban desde África a América. Desde finales del siglo XX, la ruta se invirtió, y se convirtió en lugar de escala de los aviones y embarcaciones que llevan drogas ilegales hacia el continente africano, y de allí a Europa. Este pequeño país carece de tratado de extradición con Estados Unidos, lo que incrementa su atractivo para los delincuentes del mundo. Allí hizo escala el viernes el jet Bombardier con siglas de San Marino T7-JIS, donde iba Saab. El relato, conocido extraoficialmente, indica que en primera instancia el hombre mostró ante las autoridades migratorias su pasaporte original colombiano. Al revisar en el sistema de búsquedas internacionales, las autoridades caboverdianas se percataron de que sobre él pesaba una notificación roja, emitida a través de Interpol en julio de 2019, con cargos por conspiración para lavar dinero y lavado de dinero, según expediente ventilado en la Corte del Distrito Sur de Florida, donde también aparece coacusado su socio Álvaro Pulido. Una vez que le notificaron de la situación, Saab mostró un pasaporte diplomático emitido por el gobierno venezolano. Para el domingo 14 de junio, el dilema que se presentaba en el archipiélago africano era si le daban mayor peso a la nacionalidad originaria de Saab, o si conferían algún valor al estatus diplomático que le concedió el régimen de Maduro. Una situación parecida a la que se planteó en julio de 2014 con el mayor general Hugo Carvajal, cuando fue detenido en Aruba. Se debe recordar que en aquella oportunidad el lobby venezolano logró la liberación del oficial, con base en su presunto estatus diplomático. Al ser consultado sobre este caso, el comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, reveló que el régimen de Maduro ha intentado presionar a las autoridades de Cabo Verde a través de sus aliados rusos. Este caso es de la mayor importancia para Maduro y su entorno, y por eso según Simonovis han comisionado directamente al canciller Jorge Arreaza. De otra parte, EEUU también envió un equipo para lograr el traslado de Saab a su territorio. Según el comisario, el conflicto tardará varios días en ser dirimido.

Libros

Los países sudamericanos no están exentos del terrorismo.  Sus ciudadanos lo padecen de diversas formas. Quizá las más frecuentes son llevadas a cabo a través de grupos paraestatales, o por el Estado mismo, con la finalidad de oprimir o “neutralizar” a quienes sean considerados incómodos. Estas son manifestaciones del ejercicio del terror poco reportadas en foros internacionales, puesto que la calificación de un acto como terrorismo es básicamente una decisión del poder de turno. En cambio, pareciera haber un consenso mundial en cuanto a que las acciones de grupos como Estado Islámico para Irak y Siria (Isis, por sus siglas en inglés), o Boko Haram en el centro de África sí forman parte del menú del terrorismo. La tendencia en Latinoamérica es ver a estas estructuras como el producto de estados fallidos o de prolongadas disputas de raíz religiosa, que se desarrollan a miles de kilómetros de distancia, y que difícilmente llegarían a estas latitudes. En este contexto surge la última obra de José Levy, Terror alerta Isis, una amenaza para toda América (Bogotá, 2019). Se trata del mismo periodista y docente, conocido por sus reportes como el jefe de la corresponsalía de la cadena CNN en Español para los países del Medio Oriente. El mensaje del autor está claro desde las primeras páginas: lo de Isis amerita atención en los países latinoamericanos, en términos similares a la que debería prestarse hacia Hezbollah y, más recientemente, Al Qaeda. Aunque se trata del resultado de conflictos distintos, con objetivos diversos, los militantes de todas estas organizaciones podrían incorporar a los territorios latinoamericanos en sus teatros de operaciones, tal y como lo hizo en su oportunidad Hezbollah, con las voladuras de la embajada de Israel y de la Amia en Buenos Aires, en la última década del siglo pasado. Desde entonces hasta el presente, podría decirse que el mundo se “achicó” gracias a la tecnología o, visto a la inversa, los intereses locales se han globalizado (efecto glocal), más aún si se toma en cuenta, como argumenta Levy, que el proyecto de Isis es de naturaleza transnacional: comienza con la constitución de un califato que puede llegar, incluso, a las tierras españolas (Levante). El libro de Levy no tiene la exhaustividad académica de otros autores, pero sí ofrece un relato comprometido y sencillo de entender para el público de habla hispana. Puede ser adquirido en formato electrónico.