domingo, 26 de julio de 2020

Expreso de oriente

-Solo la pandemia ha detenido la carrera para poner en funcionamiento el primer automercado iraní Megasis en Venezuela

Texto y fotos:
@javiermayorca

Al aproximarse la inauguración del primer local de la cadena iraní de supermercados Megasis en Caracas, la actividad en sus instalaciones se hace cada vez más intensa.
El local abrirá en el este de Caracas
Desde la semana que comenzó el lunes 6 de julio, los alimentos y otras mercancías traídas en barco directamente de la república islámica están llegando en caravanas de camiones. Según el vocero y máximo representante del Consejo Comunal de la urbanización Terrazas del Ávila, José Antonio García, solo entre el miércoles 8 y el jueves 9 descargaron en los estacionamientos de ese local ocho contenedores de cuarenta pies cada uno.
Los vecinos del sector se mantienen atentos a la entrada y salida de vehículos de carga. De allí han salido máquinas registradoras, aparadores y mercancías de marcas desconocidas para el comprador nacional. 
Para el momento de la redacción de este reporte, quedaba mucho trabajo por ejecutar. El local donde operará el primer Megasis tiene 10.300 metros cuadrados, y alrededor una extensa playa de estacionamiento. Hasta el mes de enero, funcionó allí una sede de las tiendas Clap, la cadena donde comercializaban alimentos subsidiados por el Ejecutivo, traídos a Venezuela a través del consorcio Salva Foods, cuyos principales socios, los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, son el centro de un escándalo internacional por lavado de dinero. A pesar de todo el respaldo con el que contaban los empresarios colombianos de parte del régimen de Nicolás Maduro, los anaqueles de ese galpón difícilmente eran llenados. Tuvieron que arrendar algunos espacios y acudir a proveedores externos.
Ahora, las tiendas Clap han dado paso a una venta de alimentos al detal sobre la que recaen denuncias y sanciones estadounidenses por un supuesto financiamiento al terrorismo. 
Según el Wall Street Journal, Megasis es el punto de venta de alimentos marcas Delnoosh y Varamin. Ambas son subsidiarias de la corporación iraní ETKA, creada hace más de 60 años con dinero de la seguridad social de los militares retirados de Irán. ETKA, indica el rotativo, pertenece a las Fuerzas Armadas de Logística, una dependencia del ministerio de la Defensa iraní que ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense, por su participación en el desarrollo de misiles balísticos.
El reporte periodístico cita informes de inteligencia estadounidenses según los cuales la apertura de un negocio como Megasis en el extranjero requiere de autorización de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, otra entidad sancionada por el Tesoro.

Inspección comunal

En Venezuela, la gran mayoría de la población se mantiene ajena a los antecedentes reportados por el rotativo estadounidense. En los alrededores del nuevo local, prevalece la curiosidad por saber si productos tales como el aceite de oliva y las especias harán honor a la fama que poseen en otras latitudes.
El representante vecinal de Terrazas del Ávila se acercó el jueves 9 de julio para constatar el avance de los trabajos correspondientes al primer Megasis de Venezuela. Su presencia fue notada por los vigilantes del lugar. Cinco minutos después, salió a la calle un hombre de unos 35 años de edad que se presentó ante él como el encargado (manager) de turno. Dijo llamarse Rheza, natural de Teherán. 
Rheza dijo no hablar español, así que buena parte del breve diálogo se desarrolló en un inglés rudimentario, puesto que él tampoco parecía hablarlo con fluidez. Dijo que la apertura del supermercado estaba pautada para “dentro de dos semanas”. Pero ese objetivo no fue cumplido, presumiblemente por la radicalización de la cuarentena en el país. Este ha sido el segundo aplazamiento. 
Según el encargado, en la actualidad están acondicionando los espacios internos del local, y simultáneamente avanzan en la contratación del personal venezolano, que serán unos cien empleados. Precisó que el primer Megasis venezolano tendrá un horario corrido de 8 am a 9 pm.
Rheza dijo no temer a la delincuencia en una de las áreas más riesgosas de la capital más violenta del mundo, con una tasa de 74,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el último listado de la ONG Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
 100 empleos atraen a gente de Petare
“Los venezolanos son excelentes personas”, fue su respuesta. Y rápidamente se despidió.

Trámite exprés

Los registros del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat) indican que este nuevo centro de compras fue inscrito a nombre de la compañía anónima Megasis 2020 (Registro de Información Fiscal J-500238703).
Como presidente de la entidad aparecen registrados Seyed Alí Hannani, venezolano de origen iraní de 55 años de edad, y su esposa Carmela Aidée Arciniegas de Hannani, colombiana nacionalizada venezolana, de 46 años. Los dos pusieron a la sede del local como su dirección fiscal.
En ambos casos, la inscripción en el registro tributario se llevó a cabo el miércoles 10 de junio de 2020, apenas diez días antes de que la embajada de la República Islámica de Irán en Caracas informara sobre la llegada a Venezuela del buque Golsan, que traía “alimentos para inaugurar el primer supermercado iraní en Venezuela”. 
Esta embarcación es propiedad de una empresa que también ha sido sancionada por el Tesoro, pues supuestamente es utilizada por la Guardia Revolucionaria para la ejecución de sus programas misilísticos.
El portavoz del consejo comunal observó que, quizá por la urgencia, los ejecutivos de Megasis han olvidado un trámite indispensable: el permiso de funcionamiento emitido por la alcaldía, en este caso la del municipio Sucre del estado Miranda. Para que esa autorización sea emitida, deben contar con el aval previo de los representantes vecinales, según lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
En el caso de Terrazas del Ávila, recordó García, hay un precedente muy cercano de ejercicio del poder comunal, cuando se impidió momentáneamente la puesta en funcionamiento de un autocine en el estacionamiento de la Universidad Metropolitana. El argumento, explicó, es que las funciones emitirían ruidos molestos.
“El trámite ante el consejo comunal es gratuito, pero siempre se le pide al comercio que haga alguna bienhechuría a la comunidad. La empresa, además, debe comprometerse a colocar sus señales y vigilar los alrededores”, indicó.

Relaciones ampliadas

La apertura de este primer Megasis no es una simple operación comercial. Según la propia embajada iraní, es la expresión de las “relaciones amistosas y fraternales” existentes entre Irán y Venezuela. Sucede en un contexto de escalada conflictiva entre estos dos países y Estados Unidos.
Según la internacionalista Elsa Cardoso, la puesta en funcionamiento de Megasis es una “costosa operación”, que tiene “un fuerte contenido geopolítico”.
“Se trata de un desafío al régimen de sanciones implantado por EEUU, al tiempo que es una señal explícita de los crecientes nexos económicos de Irán con el gobierno venezolano”, afirmó.
Observó que la entrada de los iraníes en la rama de distribución de alimentos ocurre luego de la puesta en marcha de acuerdos en el plano energético, que implicaron la traída al país de técnicos e insumos para la reactivación de refinerías en centro y occidente, así como la importación de gasolina para paliar una aguda escasez.
“Todo esto sucede mientras EEUU toma la bandera de romper el acuerdo nuclear que había con el régimen de Teherán”, observó.
El profesor de relaciones internacionales Carlos Romero recordó que los iraníes intentaron sin éxito entrar en el sector industrial venezolano durante el mandato de Hugo Chávez, quien firmó acuerdos con el gobernante iraní del momento, Mahmud Ahmadineyad, para la construcción y la puesta en funcionamiento de fábricas de automóviles (Venirauto) y de bicicletas (Fanabi).
“Estos proyectos no dieron resultados. Ahora, entramos en un plan que va hacia los consumidores finales”, dijo.
Romero advirtió que este es un paso más, dentro del desarrollo de las relaciones bilaterales entre Venezuela y la república islámica, que en un plazo cercano podría abarcar “campos más sensibles”.
“La ventana de la cooperación militar está abierta”, sentenció.

Breves

Fuente: FANB
Fuente: FANB
MENOS SOLES

El 5 de julio, Maduro ascendió a 130 oficiales a los grados del denominado generalato, que abarcan desde general de brigada y contralmirante a general en jefe y almirante en jefe. No hubo ascendidos a estas dos últimas jerarquías, que según la tradición establecida por el gobernante están reservadas hasta ahora al ministro de la Defensa (Vladimir Padrino), el jefe del Ceofanb (Remigio Ceballos) y el jefe de Estado Mayor de la Comandancia en Jefe (Jesús Suárez). Aun así, la cifra de beneficiados podría parecer exagerada para algún lector desprevenido. Lo cierto es que, durante los últimos seis años, Maduro viene aplicando una estrategia de disminución progresiva en cuanto a los ascensos a las máximas jerarquías de la FAN. El tope de ascendidos a estos grados lo alcanzó en 2014, con 229. Desde entonces los totales han disminuido, con la excepción de 2019, cuando ocurrió un leve incremento. Este punto ha sido escasamente analizado. Sin embargo, es claro que, si los ascensos a general están signados por la percepción de lealtad y obsecuencia, esta merma del 43% puede ser la consecuencia de un estado de desconfianza en Miraflores. De igual forma, con una FAN cada vez más reducida en cuanto a sus cuadros regulares, cabría preguntarse si realmente se justifica el acceso de 130 oficiales a la cúpula castrense.

PANDEMIA EN CUARTELES

El 11 de julio, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino declaró que más de 160 efectivos castrenses estaban contagiados por coronavirus. El oficial puso sobre el tapete algo que ya se venía comentando, y que circulaba en minutas, cuya difusión solo había sido mitigada por la censura. Desde que comenzó la pandemia, se ha conocido sobre contagios entre efectivos de unidades militares y policiales ubicadas en Distrito Capital y Miranda, Vargas, Táchira, Aragua, Nueva Esparta, Zulia, Lara y Apure. Desde luego, lo más probable es que haya funcionarios enfermos en otros estados. La situación ha sido crítica en instalaciones de la Guardia Nacional en Zulia y de la Armada en Nueva Esparta, donde se ha ordenado pruebas rápidas a todos los efectivos de guardia. Esto es lógico, pues en ambos estados los militares de esos componentes desempeñan labores que implican permanente contacto con la ciudadanía. Según el infectólogo Julio Castro (referencia para la sociedad civil en esta materia) el país apenas está entrando en la “fase exponencial” de la pandemia, lo que implica una multiplicación del número de casos en lapsos cada vez más cortos. Esto sucede luego de cuatro meses de permanente despliegue de los funcionarios en calles, avenidas, autopistas, carreteras y estaciones de servicio. Muchos de ellos ni siquiera reciben su ración diaria de alimentos. En consecuencia, a estas alturas ya se encuentran extenuados y cada vez menos dispuestos para atender las crecientes demandas de la ciudadanía.

GASOLINA DE SANGRE

Un civil murió y otro resultó herido por disparos, mientras que un sargento de la Guardia Nacional también fue lesionado en la cabeza durante una situación confusa, reportada el sábado en la tarde en los alrededores de la estación de servicio Buenos Aires de Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui. Las minutas conocidas de forma extraoficial divulgan datos contradictorios, que intentan justificar el uso de fusiles AK-103 contra la población, con el argumento de que los militares eran atacados por lo que llaman “grupo estructurado de delincuencia organizada” (GEDO), liderado por un hombre al que identificaron solo por el alias (el Badó), y que supuestamente cobraba extorsión para permitir a la población surtirse de gasolina. Y se supone que las bombas son vigiladas por efectivos militares las 24 horas del día, por orden del ministerio de la Defensa. Este incidente ocurre apenas nueve días después de otra situación similar, en la que resultó muerto un pescador de Isla de Toas (Zulia), donde igualmente ocurrió un reclamo por la ausencia de acceso al hidrocarburo. En una comunidad de pescadores, disponer de gasolina para las lanchas marca la diferencia entre poder trabajar o languidecer en casa. En ambos casos, los militares intentan justificar el uso de sus fusiles con el supuesto de que respondían a ataques previos con armas de fuego, cuestión que hasta el momento no ha sido verificada.

POPULARIDAD MERMADA

En este contexto, el Observatorio Venezolano de la Violencia presentó los resultados de un estudio sobre la letalidad policial en el país. Las cifras son preocupantes, pues revelan un crecimiento exponencial en los homicidios a manos de uniformados durante los últimos cuatro años, que como se sabe aparecen registrados como muertes por “resistencia a la autoridad”. Según el reporte, en 2016 la proporción fue de 289 por cada 1000 homicidios, mientras que en 2019 fue de 802 por cada 1000 homicidios. Según la legislación penal vigente, la resistencia a la autoridad es un delito con una pena máxima de cinco años de prisión, por lo que puede ser catalogado como “menos grave”. Aún así, es usado como pretexto para el ejercicio de la acción letal de los policías y los militares. Las estadísticas del propio Gobierno indican que en 2015 hubo 4882 procedimientos por “resistencia a la autoridad”, que ocasionaron 2576 fallecidos. El promedio de muertes por expediente fue de 0,52. En 2019 hubo 4023 casos de este delito, que dejaron el saldo de 5201 cadáveres. El promedio de muertes por cada caso se elevó entonces de 0,52 a 1,29. Paradójicamente, el incremento de la letalidad policial en el país no ha ido acompañado de una mayor confianza en los cuerpos de seguridad. Por el contrario, según el informe presentado por el Observatorio de la Violencia, el 70% de los entrevistados en una encuesta especial calificó como malo o muy malo el desempeño de los agentes y militares.

Libros

Sobre el caso Odebrecht se ha querido tender un manto de silencio en Venezuela. Pareciera que el esquema de sobornos descubierto inicialmente por un reducido grupo de policías federales y fiscales radicados en Curitiba, al sur de Brasil, en el marco de un expediente conocido como Lava Jato, o autolavado, ocasiona incomodidad en sectores políticos nacionales que van más allá del oficialismo, tal y como sucedió en el lugar de origen. Pero pocos atinan a establecer una secuencia de hechos. Según el extenso reportaje del periodista Vladimir Netto, The Mecanism (Londres, 2019), lo de Odebrecht, en realidad, no fue el origen sino una consecuencia muy importante de la pesquisa sobre las actividades de un cambista (Alberto Youssef) que servía como conducto para la distribución de las coimas derivadas de la asignación de contratos de la estatal petrolera Petrobras. Youssef tenía una larga trayectoria en el mundo del delito organizado, por lo que no sorprendió verlo nuevamente en el centro de una investigación, iniciada formalmente en 2013. Los que los agentes no podían avizorar entonces es que, a la vuelta de tres años, este caso con sus 29 capítulos policiales, ocasionaría el enjuiciamiento de dos expresidentes (Fernando Collor y Luis Inacio da Silva), la destitución de una mandataria en ejercicio (Dilma Roussef), el ascenso al poder de Jair Bolsonaro y una ola de averiguaciones en por lo menos siete países latinoamericanos, donde las empresas cariocas, con Odebrecht a la cabeza, expandieron sus capitales, así como los esquemas de sobornos. Entre estos territorios, desde luego, figura la Venezuela del chavismo-madurismo. No se olvide cuál fue el caso que motivó el enjuiciamiento intentado contra el gobernante Maduro por la fiscal en el exilio Luisa Ortega. Aunque el libro de Netto no hace énfasis en la proyección internacional de las averiguaciones, sí se puede colegir que este es un subproducto más bien tardío del proceso Lava Jato. De allí que todavía queda mucho por hurgar. Lo cierto es que la investigación relatada en The Mecanism pone en tela de juicio a todo un sistema político, que había establecido una simbiosis con un cartel de dieciséis empresas, conocidas como el Club, que se repartía los contratos a dedo, y luego retornaba jugosas tajadas a los funcionarios de turno y jefes de las principales toldas políticas, no solo el gobernante Partido de los Trabajadores. En este sistema, donde todos cobraban, el silencio era la norma. Para quebrarlo, fueron necesarias negociaciones y acuerdos judiciales con más de cincuenta personas. Y esta es quizá una de las primeras lecciones que recibe un lector desprevenido. No es posible desmadejar las marañas de la corrupción sin los datos de quienes participaron en ella. Claro está, en procesos conducidos por un sistema judicial independiente y debidamente supervisado. Otro dato de interés, en especial para quienes piensan en alguna transición, es que tales acuerdos con los procesados deben comportar la devolución de los activos generados por los sobornos. Esto no ocasiona sentencias de absolución. Pero, de cierta manera, en el caso brasileño los corruptos también “compraron” un tratamiento menos duro que el que tendrían si se produce una confiscación compulsiva de sus haberes. Esta es una forma de justicia más expeditiva. Economía procesal, la llamarían. El libro de Netto es una prueba fehaciente de la transparencia que prevalece en el particular sistema judicial carioca. Los hechos fueron plasmados casi en estricta secuencia cronológica, sin aderezos ni sensacionalismos. Y aun así fueron suficientes para una serie de Netflix. Esta obra está disponible en versión electrónica.

domingo, 12 de julio de 2020

Dos mitos en seguridad ciudadana

-Existen concepciones erróneas en materia de seguridad en las que parecieran coincidir oficialistas, opositores e independientes

@javiermayorca

La Real Academia de la Lengua Española nos dice que los mitos son historias ficticias que, por la fuerza de las repeticiones, son aceptadas como verdades escritas sobre piedra por amplios conglomerados.
En los mitos, igualmente, se habla de cosas o personas a las que les atribuyen cualidades que en la realidad no poseen.
En el ámbito de la seguridad los hay tan fuertes que casi constituyen puntos de encuentro entre integrantes de todos los sectores políticos y niveles socioeconómicos.
En esta entrega, se analiza dos de los mitos más difundidos en el país.

El verdadero poder de las armas

Una noción que pareciera estar imbuida en la cultura policial consiste en que los agentes deberían gozar de cierta paridad en cuanto al poder de fuego, con respecto a sus contrapartes del mundo de la delincuencia.
A pesar de esto, la impresión generalizada es que desde el propio Gobierno se ha pretendido desarmar a las policías, con propósitos inconfesables. Es cierto que durante el régimen de Maduro han ocurrido varias rondas de desarme a cuerpos de seguridad. Pero estas acciones parecieran ser selectivas, es decir, van más encaminadas a mermar los recursos de instituciones bajo el mando de alcaldes o gobernadores opositores, que por una concepción general de los medios que deben estar a la disposición de esos funcionarios, en cumplimiento del modelo trazado hace una década.
En otras palabras, los llamados “estándares” en cuanto al armamento han sido aplicados con rigor a las instancias de gobierno que no son afines al régimen. En cambio, se ha permitido que los cuerpos preventivos de estados y municipios gobernados por oficialistas se apertrechen con armamento de guerra, e incluso se hagan llamar “fuerzas armadas policiales”. Sus funcionarios, retratados con fusiles terciados en el pecho, como sucede en Lara, sugieren el acatamiento de modelos militaristas, dispuestos a aplicar “mano dura” contra los delincuentes.
Del otro lado, en sectores de la oposición también hay la convicción de que se debe incrementar el poder de fuego de los cuerpos preventivos. La reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, sancionada por el Parlamento (regido por opositores) en octubre de 2016, tiene una disposición transitoria según la cual “todas las armas y municiones que fueron retiradas de las policías estadales y municipales por alguna medida administrativa o por la aplicación de la resolución número 17.350, del 13 de febrero de 2011 (…) u  otro  instrumento  jurídico  de contenido  similar,  deberán  ser devueltas por el Ejecutivo Nacional a los organismos de los cuales fueron sustraídas”.
Esta es una lógica que el criminólogo Keymer Ávila ha descrito como de “guerra fría”: si el hampón tiene fusiles, todo policía también debe tenerlos, y de ser posible mejores.
“Si seguimos esa lógica, tarde o temprano tendremos a policías municipales con bazucas”, advirtió.
Pero esa convicción generalizada pareciera carecer de sustento científico o estadístico. En 2014, Avila llevó a cabo una investigación sobre la victimización policial. En esa época, sorprendían las cifras de agentes ultimados. Luego de revisar y sistematizar la información consignada en los expedientes penales, concluyó que el uso de armas largas en contra de los funcionarios “es excepcional”.
Los fusiles, como los exhibidos recientemente por miembros de bandas en Petare y la Cota 905, tienen según Ávila una utilidad más simbólica que instrumental. A partir del miedo que inspiran, se facilita el control en determinados territorios. Wilexis y Coqui los saben.
Lo cierto es que las policías preventivas usualmente se abstienen de intervenir cuando perciben que del otro lado hay hampones con FAL o AR-15. Desde luego, los impactos por los proyectiles de estas armas pueden ocasionar daños considerables. Pero la sola posesión en manos de antisociales no es argumento suficiente para no actuar, aun si se dispone solo de las armas reglamentarias.
Según el comisario jubilado de la policía judicial e instructor de tiro, John Tovar, tan importante como el armamento es el conocimiento táctico sobre su utilización y el permanente entrenamiento. Esto puede marcar una diferencia clave en situaciones comprometidas como las que día a día enfrentan los uniformados.
El ex funcionario indicó que la mayoría de los delincuentes no equipara el nivel de preparación que deben poseer los policías. Además, creen que el arma por sí sola es suficiente, pero “no tienen tácticas”.
Aún así, es raro ver que gendarmes con la dotación reglamentaria enfrenten a bandas que poseen armas de guerra. Para encontrar un ejemplo hay que remontarse a diciembre de 2012, cuando comisiones de las policías de Chacao y Sucre protagonizaron una larga refriega contra los integrantes de una renombrada banda de secuestradores, liderada por José Ricardo Suárez, alias Penco. Estos sujetos llevaban fusiles Colt AR-15, mientras que los uniformados tenían sus pistolas y escopetas reglamentarias. Luego de un intenso intercambio, en una calle ciega de Los Palos Grandes, murieron cuatro delincuentes, incluido el líder de los plagiarios. Ningún policía resultó herido. 

¿Cómo se traslada el hampa?

Aquí va el segundo mito.
Sobre las motos – y sus conductores- pareciera caer un estigma. Los usuarios de estos vehículos son permanentemente detenidos y verificados por los agentes de todas las policías, simplemente porque circulan sobre dos ruedas.
Esta opinión negativa hacia los llamados “motorizados” no se forjó exclusivamente durante los mandatos de Chávez y Maduro. En los ochentas del siglo pasado, por ejemplo, se llegó a prohibir mediante decreto presidencial que estos vehículos transitaran por las autopistas de Caracas.
Recientemente, sin embargo, gobernadores y alcaldes han implantado restricciones en sus territorios exclusivamente para los usuarios de motocicletas, también guiados por la noción de que son los medios de transporte predilectos de los delincuentes. El último de ellos ha sido el mandatario regional de Zulia, quien prohibió la circulación de estos vehículos durante las noches. Esta medida ha posibilitado la confiscación de facto de numerosas motos, sin mayor basamento que un decreto de alcance regional.
En el libro Revolución de la muerte (Caracas, 2020) los autores Fermín Mármol y Luis Izquiel -que participaron en la elaboración del capítulo sobre seguridad del Plan País de Juan Guaidó- también se muestran proclives a la imposición de restricciones al uso de motos, bajo la noción de que son los medios mayoritariamente utilizados por los asaltantes en las vías públicas.
Como se ve, tanto oficialistas como opositores parecieran coincidir en que los cuerpos de seguridad deben tener una actitud más rigurosa hacia quienes utilizan este medio de transporte. Pero, ¿qué dicen al respecto las estadísticas manejadas por las propias policías?
Según cifras conocidas extraoficialmente, en 2019 fueron reportados 15097 robos genéricos y robos de vehículos. Estos son delitos contra la propiedad caracterizados por un accionar violento, en los que las víctimas pueden tener una idea de cuáles fueron los medios utilizados por sus contrapartes. En los hurtos es más complicado determinarlo, puesto que por definición prevalecen la agilidad y la destreza para llevar a cabo los despojos de los bienes y del dinero.
De todos estos robos denunciados ante las policías, y presumiblemente investigados, se constató el uso de motocicletas por los victimarios solamente en 1006 casos. Esto equivale al 6,6%. En otros 898 (5,9%) casos las víctimas afirmaron que los asaltantes usaron autos, camionetas o camiones.
Como se ve, la diferencia entre el uso de motos y de otros vehículos en los robos de todo tipo fue muy pequeña. Pero las decisiones han sido contra los motorizados. Pareciera que el criterio estadístico no fue tomado en cuenta por gobernadores y alcaldes a la hora de aplicar medidas que ponen cortapisas a un derecho constitucional, como el de la libre circulación.
Lo cierto es que, en la Venezuela actual, con parques automotores extremadamente reducidos y poco acceso a los repuestos, la gran mayoría de los ladrones se traslada a pie, o con medios de transporte que no han sido determinados por los cuerpos policiales. Estas dos alternativas abarcan el 87% de los robos conocidos durante el año pasado. Son razones suficientes para abstenerse de tomar decisiones de gobierno que van directamente en contra de un grueso sector de la población.
Otra cosa distinta es obligar a los conductores de motos, y de todo tipo de vehículos, a acatar las normas del tránsito terrestre, y aplicar los correctivos previstos en ellas cuando se detectan infracciones. De esa forma se podría contrarrestar el ambiente de profunda anomia que se percibe en las calles y avenidas del país.

En próximas entregas, serán analizados otros mitos de la seguridad ciudadana en Venezuela.

Breves

DRONES/ONU

El 18 de junio, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas dictaminó que el gobierno venezolano  debería poner en libertad “sin dilación” al general de brigada (GN) Héctor Hernández da Costa, uno de los oficiales detenidos como consecuencia del estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante la celebración de un acto aniversario de la Guardia Nacional. El dictamen, identificado con el número 20/2020, indicó además que este oficial debería “obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”. Hernández fue apresado el 13 de agosto de 2018 durante una incursión de Contrainteligencia Militar en su vivienda, ubicada en Los Palos Grandes, llevada a cabo sin orden judicial ni presencia de representantes de la Fiscalía. “En días posteriores, se realizaron tres allanamientos más, durante los cuales se sembraron pruebas en su contra”, indica el documento. El oficial fue desaparecido durante cinco días, hasta su presentación en un tribunal, el 18 de agosto. Igualmente, “fue torturado por los miembros de la Dgcim para obligarlo a prestar una falsa declaración que inculpara a los dirigentes políticos de la oposición, implicándolos en el supuesto intento de magnicidio”. En esos días, le ofrecieron que si declaraba contra los políticos pasaría de ser imputado a testigo. En este caso, el Gobierno respondió ante la ONU a los señalamientos formulados por los representantes del general. Informó que Hernández da Costa fue aprehendido debido a una orden judicial expedida el 16 de agosto, es decir, tres días después de la incursión policial en su vivienda. Además de implicarlo en el caso de los drones, el régimen cree que él participó en los asaltos a la 41 brigada blindada del Ejército, y al puesto de la GN en Laguneta de la Montaña. Estas acciones fueron encabezadas, respectivamente, por grupos en los que participaban el capitán Juan Carlos Caguaripano y el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez. El alegato gubernamental no especifica cómo habría sido la participación de este general en ambos casos. Indicó, además, que los defensores de Hernández no denunciaron ante la juez de control “los supuestos actos de tortura, amenazas contra sus familiares y la colocación de evidencias falsas en su domicilio”. En su dictamen, el grupo de la ONU concluyó que las alegaciones del régimen en su descargo fueron “aisladas y no sustentadas”, y que por ende no desvirtúan las denuncias.

ORO DE SANGRE

En una resolución aprobada el 9 de julio, el Parlamento Europeo hizo un llamado a los estados miembros para aplicar una “prohibición inmediata en el comercio interno y la circulación del oro de sangre ilegal desde Venezuela”. Es la primera vez que este cuerpo deliberante coloca al metal precioso procedente del país en la categoría de los llamados minerales de conflicto. Se trata de un nuevo paso en el proceso de estrechar el margen de maniobra del régimen de Maduro para obtener recursos procedentes de la venta internacional de materias primas. Este pronunciamiento, indica el consultor en minerales estratégicos Daniel Valero, fue tomado apenas días después de que un tribunal en Londres negara la entrega al régimen del oro depositado en las arcas del Banco de Inglaterra. Adelantó que el precedente del Reino Unido va a orientar las decisiones de las demás instancias internacionales. Recordó que la Unión Europea aprobó un reglamento para el tratamiento de casos como el del oro venezolano, que entrará en vigencia en enero de 2021. De la misma forma, EEUU tiene una ley sobre la materia, llamada Dodd-Frank. El punto clave de todo esto, según Valero, es que buena parte del valor del metal precioso viene dado por la “trazabilidad”, es decir la posibilidad de que un ente reconocido internacionalmente, como es London Metal, certifique el origen del oro. Las grandes transnacionales de informática, como Apple o Intel, han asumido esta norma. “No se va a poder trazar ningún mineral venezolano que esté incluido en la lista de los minerales de conflicto transables en el mundo”, advirtió. En consecuencia, el régimen venezolano entraría en una pequeña porción del mercado mundial (20%), que opera sobre la base del contrabando.

VUELOS DE LA DROGA

El 5 de julio, mientras en el país celebraban los ascensos militares, aterrizaba en una carretera del municipio mexicano Chunhuhub (Quintana Roo) un jet Gulfstream siglas XB-RCM cargado con aproximadamente 700 kilos de cocaína. Aunque las trazas de vuelo indicaban un punto de despegue desde Maracaibo, lo más probable es que el jet haya salido desde alguna pista del sur del lago o del Catatumbo. Según fuentes policiales, estos son los lugares donde se está produciendo con más frecuencia el embarque de drogas ilegales con destino en países centroamericanos como Honduras o Guatemala, y también México, como sucedió el domingo. El jet despegó poco después de las 6 am, y luego de aterrizar fue quemado por sus ocupantes. Una de las dos camionetas en las que fue colocado el alijo fue incautada por las autoridades mexicanas, mientras que la otra fue hallada después, ya sin carga. Este envío presumiblemente pertenecería al Cartel Jalisco Nueva Generación. La ONU ha advertido que debido a la pandemia los traslados de drogas ilegales desde Suramérica han perdido frecuencia. En el caso venezolano, estarían saliendo desde marzo un promedio de tres vuelos semanales, sospechosos de llevar sustancias ilícitas. En cuanto a la ruta marítima, preferida para el transporte de alijos a Europa y países de África Occidental, los participantes en la operación aeronaval encabezada por EEUU frente a las costas venezolanas, llamada Orión V, han reportado el decomiso de 50,3 toneladas de cocaína y otras 7,3 toneladas de marihuana hasta junio.

ALEX SAAB

Son innumerables las presiones ejercidas desde diversos gobiernos en torno al pedido de extradición del magnate colombiano Alex Naín Saab, detenido en el archipiélago Cabo Verde a instancias de Estados Unidos, bajo cargos de lavado de dinero en negociados con el régimen venezolano. Además de los pronunciamientos públicos del canciller Jorge Arreaza y del embajador con jurisdicción en ese país africano, Alejandro Correa, exigiendo la liberación de este hombre, con el argumento de que cumplía una “misión” de Estado, también se cuentan las gestiones que, de acuerdo con el investigador Joseph Humire, habría llevado a cabo el gobierno ruso en favor del empresario de 48 años de edad. El 5 de julio, además, el canciller estadounidense Mike Pompeo envió este mensaje al archipiélago, con motivo del 45 aniversario de su independencia: “EEUU está orgulloso de su cercana alianza con Cabo Verde; nuestra relación tiene sus raíces en más de 200 años de historia, y propósitos compartidos hacia la democracia, la seguridad regional y la prosperidad económica”.  El año pasado, Pompeo no se tomó esa molestia. De allí que el presidente de ese pequeño país, en las costas frente a Senegal, José Carlos Fonseca, calificara de “caso delicado” este proceso de extradición, e indicara además que nunca había recibido “tantas llamadas de jefes de estado extranjeros”. Luego de la última entrega de Crímenes sin Castigo (Los profesionales), dedicada a este tema, se produjo la remisión de los documentos que soportan la solicitud de extradición a territorio estadounidense. En este espacio reiteramos que el proceso podría extenderse hasta el último trimestre de 2020, a menos que Saab desista del juicio, lo que implicaría una negociación previa con EEUU. En todo caso, al colombiano le conviene llevar este litigio hasta el final, puesto que así se garantizaría ciertos beneficios, como por ejemplo que los norteamericanos se comprometan evitar las dobles imputaciones, penas de prisión por encima del límite establecido en la legislación caboverdiana y la reextradición a terceros países. Debe recordarse que los tribunales colombianos también han abierto expedientes penales en contra del famoso detenido.

Libros

Primero fue Bob Woodward, con Miedo. Ahora, el ex asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, con The Room Where It Happened (New York, 2020), todavía sin traducción oficial. Difícilmente, una gestión presidencial en Estados Unidos ha tenido tantas filtraciones, tan documentadas y en tan poco tiempo. Luego de sobreponerse a los intentos judiciales de su antiguo boss, para impedir que saliera a las librerías, la obra del ex consejero amenaza con transformarse en un auténtico éxito de ventas. No es para menos. Durante veinte meses, Bolton tuvo acceso irrestricto a todos los secretos de la administración liderada por Donald Trump. Aunque no es posible saber desde afuera si todos fueron plasmados en estas 588 páginas, lo cierto es que cada capítulo contiene información reveladora, especialmente en lo referido a los temas de la agenda internacional estadounidense, que abarcaron la mayor parte de su gestión. Desde la relación amor-odio hacia el gobernante ruso Vladimir Putin hasta la admiración velada por líderes autoritarios como el de Corea del Norte, Kim Jong Un, acaso por el poder que poseen para ejecutar sus decisiones sin las cortapisas derivadas de los contrapesos democráticos. Bolton -al igual que Woodward- pinta a un presidente errático, efervescente y en ocasiones chabacano, poco dado al estudio en profundidad sobre los temas clave de la agenda mundial. Trump, además, ha sido presa de la improvisación a la hora de conformar su equipo de gobierno, con lo que a menudo sus propias decisiones no han sido ejecutadas convenientemente. Todos los venezolanos que quieran entender por qué las cosas están como están, deberían pasearse por las páginas de Bolton, y en especial por el capítulo dedicado completamente al caso nacional (Venezuela libre). Algunas perlas: según el autor, Trump también abriga cierta admiración a la capacidad de Maduro para sostenerse. Por otro lado, las burocracias de los departamentos de Estado y Tesoro habrían retardado en forma clave la aceleración de las sanciones a los operadores del oficialismo, en momentos en que de acuerdo con Bolton esto era necesario para agudizar la crisis en el gobierno venezolano. En el caso de la cancillería, temían ataques contra el personal diplomático emplazado en Caracas. En lo referido al despacho de Steven Mnuchin (Tesoro), Bolton refirió una actitud de excesiva protección a los intereses de las petroleras estadounidenses que todavía operaban en el país. En esto, como en otros asuntos, el autor no se descargó completamente de responsabilidad por los magros resultados, pero tampoco asumió su cuota, más allá de algunos episodios en los que actuó con el deliberado interés de hacer un "control de daños". El libro es definitivamente un “baño de realidad”, dirigido a quienes albergan optimismos ilusorios en cuanto a la incidencia de factores externos en la realidad política del país. La obra puede ser adquirida en formato electrónico.

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