domingo, 23 de agosto de 2020

Condenas exprés

-Las admisiones de culpa de diecisiete procesados por la Operación Gedeón, obtenidas a marcha forzada, son oro en polvo para un régimen ávido de legitimidad

@javiermayorca

El 13 de agosto, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que quince procesados por la Operación Gedeón fueron sentenciados a penas que llegan hasta los veinticuatro años de prisión.
Una semana antes, el 7 de agosto, los únicos dos extranjeros detenidos por este caso, los sargentos retirados del Ejército estadunidense Luke Denman y Airan Seth Berry, fueron condenados a veinte años tras las rejas. En ambos casos, indicó William Saab, todos los penados admitieron lo señalado en las acusaciones de los fiscales 73 y 74 del Ministerio Público, con competencia contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo, Jean Karin López y Teodoro León Aguilar, respectivamente.
Para llevar a cabo estas audiencias fue aplicado el mismo procedimiento: a última hora del día, el juez cuarto de control con competencia nacional en materia de terrorismo, José Macsimino Márquez, instaló el juzgado en una sala especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede Helicoide, sin permitir la participación de defensores privados como Alonso Medina, que había obtenido un poder especial de los familiares de los militares estadounidenses. De manera que los encausados solo fueron asistidos formalmente por defensores públicos, que avalaron todo lo sucedido.
Esta forma atropellada de actuar ha sorprendido a litigantes que se manejan en el ámbito de los presos políticos. Mucho más si se toma en consideración que, desde la emisión del decreto de alarma nacional, el 13 de marzo, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia la gran mayoría de los procesos judiciales ha entrado en virtual parálisis.
En el caso Gedeón, sin embargo, las cosas se vienen manejando con extremada premura, en una especie de carrera contra el tiempo. Los fiscales y el juez han continuado adelante, haciendo caso omiso a los amparos constitucionales que dos abogados (Sergio Aranguren y Lilia Camejo) han intentado por separado, alegando cuestiones tales como abuso de poder, denegación de justicia y omisión de pronunciamiento sobre las solicitudes que ambos han formulado, en intentos por llevar adelante la defensa técnica de sus clientes.
Aranguren es apoderado judicial del capitán de la Guardia Nacional Leonard Briceño Vivas, mientras que Camejo defiende al mayor del Ejército Carlos Arturo Rosario Pimentel y al capitán de la GN Eliant Felipe César Caraballo. Ninguno de ellos participó en los desembarcos en playas de los estados Vargas y Aragua, en lo que aparentemente formaba parte de un proyecto para derrocar a Nicolás Maduro. Sin embargo, los fiscales e investigadores de la Contrainteligencia Militar y el Sebin los involucraron en este complot.
Pero los abogados Aranguren y Camejo no han podido conocer a ciencia cierta cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan las acusaciones, puesto que desde el inicio de este caso las actas han permanecido bajo reserva, y solo han podido leer algunos fragmentos del expediente, dosificados por los fiscales.
Las solicitudes de amparo fueron acompañadas por sendas denuncias contra los fiscales y el juez. Según Aranguren, estas acciones debieron ocasionar la paralización del proceso y la eventual inhibición de los denunciados. Pero nada de esto ha sucedido, y el juicio ha continuado con las sentencias para los diecisiete involucrados que admitieron culpa.
¿Qué consecuencias pueden tener estas primeras sentencias en un expediente tan controversial? Estas decisiones se dan por lo que llaman en la jerga jurídica “admisiones de hecho”. Es decir, los procesados dan por ciertas las imputaciones formuladas por los fiscales, sin levantar objeciones. En otras palabras, avalan todo lo asentado en el documento acusatorio del Ministerio Público.
Desde luego, en un caso como este la importancia de las admisiones de hecho van en función del rol jugado por cada uno de los sentenciados en la Operación Gedeón.
De los diecisiete sentenciados hasta el momento, tres son civiles: el lanchero Cosme Alcalá, el mecánico Gustavo Adolfo Hernández y Fernando Noya. Otros cinco egresaron de distintos cuerpos de policía. Fueron los oficiales Rodolfo Jesús Rodríguez, Enderson Israel Ríos, Gilbert Barillas, José Armando Alvarado y Jefferson Díaz. Luego, está el ex funcionario de la Dgcim Rosmel Edecio Méndez. Además, figuran los efectivos de tropa Estewin Rojas, Enderson Rumi, Roberto Rondón y Carlos Conde. Y los sargentos retirados del Ejército de EEUU Luke Denman y Airan Berry, empleados de Silvercorp.
Solo dos oficiales han admitido culpa: el teniente Luis Manuel Paiva y el capitán Antonio José Sequea Torres, conocido por sus relaciones con distintos cuerpos de inteligencia, hasta que llegó el complot del 30 de abril de 2019. Sequea, según el régimen, era el líder del grupo que se embarcó en peñeros en la Guajira colombiana, el viernes 1 de mayo. Era, de hecho, el oficial de mayor graduación, junto al capitán Robert Colina, alias Pantera, que murió en Macuto.
Aunque todos los sentenciados presumiblemente participaron en los campamentos para entrenamiento instalados en Riohacha y otros puntos, solo tres testimonios resultan claves: los de los sargentos de Silvercorp y el de Sequea Torres, puesto que presumiblemente ellos tenían un mayor grado de conocimiento sobre los detalles de la operación.
Las admisiones de hecho de Sequea, Berry y Denman son prácticamente oro en polvo para un régimen ávido de legitimidad, que en más de una oportunidad ha jugado el papel de víctima en foros internacionales. Antes, fueron las sanciones. Ahora, tiene los elementos para decir al mundo que este complot denominado Gedeón iba más allá del plan de unos militares y policías desesperados por el estancamiento político de su país. Con estas sentencias, intentarán que les crean -ahora sí- que el régimen se sobrepuso a los designios urdidos en Washington y Bogotá.

Breves

EXTRADICIÓN A PUNTO

El juicio de extradición del empresario colombiano Alex Naín Saab se acerca a su punto culminante. Tal y como lo habíamos adelantado en una entrega anterior, cuando apenas comenzaba el proceso, la decisión definitiva debe darse en septiembre, cuando los apoderados judiciales del “agente” del régimen venezolano agoten todos sus recursos ante la justicia de Cabo Verde. Era claro que Saab daría la pelea hasta el último momento, incluso tratando de plantear incidencias extrajudiciales, como la de la supuesta “expulsión” de uno de los abogados de su equipo de defensores. Más allá de los dimes y diretes, el proceso para decidir si se ajusta a derecho el traslado de Saab a Estados Unidos se ha desarrollado conforme a lo previsto en la detallada legislación caboverdiana, vigente desde 2011. Esto a pesar de las enormes presiones políticas para inclinar la balanza hacia uno u otro lado, tal y como lo reconoció el propio presidente del archipiélago africano, José Carlos Fonseca. Solo queda dirimir la apelación ventilada ante la Corte Suprema, con respecto a la decisión anunciada el 4 de agosto, que da luz verde al traslado. Salvo que se detecten serias fallas en el proceso, relativas al derecho constitucional a la defensa, la máxima instancia debería ratificar la sentencia previa. A partir de ese momento, se abre un lapso de veinte días para que se produzca la entrega al empresario a las autoridades de EEUU. Como se ha explicado en otras ediciones, los estadounidenses no podrán reextraditar a Saab a otro país, ni podrán imponer penas más elevadas que las máximas previstas en la legislación de Cabo Verde para el delito de lavado de dinero. Por lo tanto, aún si se da la extradición, Saab contará con un importante margen de maniobra ante los tribunales del estado de Florida. 

VIOLENCIA CONSTANTE

Mucho se ha advertido sobre una creciente violencia contra la mujer durante la pandemia. Esta creencia pareciera reafirmarse a la luz de casos recientes, ventilados a través de las redes sociales, que muestran a víctimas torturadas y desmembradas, ultimadas con extremada saña, cuyos cadáveres quedaron en plena vía pública, acompañados por carteles que las señalan de ser supuestos informantes de los cuerpos policiales. Estos casos desde luego que suscitan conmoción y contribuyen a colocar en el centro del debate todo lo relativo a la violencia contra el llamado “sexo débil”. Sin embargo, la revisión de cifras extraoficiales pareciera indicar otra realidad. Durante el primer semestre de 2020 -que abarca tres meses y medio de cuarentena- han matado a menos mujeres en el país que en la primera mitad de 2019. En este lapso hubo 223 víctimas, mientras que el año pasado fueron 390. La imposibilidad de moverse más allá de los confines de la propia comunidad pareciera influir poco en las cifras de violencia conocidas hasta ahora. En un esquema de reducción general de homicidios, las mujeres continúan representando aproximadamente el 10% de las víctimas. Lo que sí pareciera haber cobrado alguna importancia es el motivo pasional, a veces ligado con abuso sexual, que abarcó más del 23% de los casos reportados en el primer semestre. Otro 30% de las muertes de féminas fue catalogada como ajuste de cuenta, y en 25,5% de los casos la policía no pudo precisar el móvil del crimen. Finalmente, en 10,7% de las muertes los antisociales intentaban llevar a cabo robos genéricos o de vehículos.

EL NEGOCIO DEL SECUESTRO

Durante la pandemia, la actividad de los secuestradores en el país no ha parado. En los primeros seis meses de 2020 han sido denunciados cuarenta plagios. La paralización del país con motivo del decreto de alarma nacional pareciera no haber tenido mayor impacto, si se toma en cuenta que durante la primera mitad de 2019 fueron iniciadas 47 averiguaciones por este delito. El municipio Libertador y el estado Miranda acumulan la mayor cantidad de casos, como es habitual. En esta oportunidad, abarca el 50%, con una importante cantidad de casos en los Altos Mirandinos. Desde que comenzó la cuarentena, además, han repuntado los secuestros en Zulia, con víctimas en los municipios Catatumbo y Santa Rita. Las bandas de secuestradores también se mantienen activas en Carabobo, con casos reportados en Valencia y Naguanagua. En las ciudades, los captores intentan obtener sus pagos en lapsos de negociación que se prolongan por horas, pero que no pasan de un día. En cambio, en Aragua, Lara y Zulia los tiempos de cautiverio son más prolongados, y los montos negociados en rescate pueden ascender a los cientos de miles de dólares americanos. Los pagos son siempre en divisas extranjeras o prendas. El bolívar es despreciado por los delincuentes. En 2020, la mayoría de los casos se ha resuelto mediante negociación entre los delincuentes y los allegados a las víctimas. Solo en el 25% de los secuestros, las victimas han sido rescatadas o liberadas como consecuencia de la llamada “presión policial”.

Libros

A propósito de la operación Gedeón, el tema de los mercenarios se ha convertido en un tópico de conversación en el país. Pero es muy poco lo que se conoce a ciencia cierta sobre esta materia. Paradójicamente, la actuación de los denominados “ejércitos privados” o “contratistas militares privados” es casi un denominador común dentro de los conflictos armados posteriores a la caída del Muro de Berlín. En la entrega anterior, se recomendó una lectura introductoria sobre el tema (Corporate Warriors, de Peter Singer), que era muy próxima al surgimiento de este fenómeno. De mayor actualidad es la obra de Sean Mc Fate The Modern Mercenary, o El mercenario moderno (New York, 2014). El autor es un ex militar estadounidense, que luego de su retiro participó como consultor para DynCorp International, una de las empresas más afamadas de este ramo. Aunque DynCorp ha tenido actuaciones en casi todos los continentes, en el caso de Mc Fate la experiencia fue en el contexto de la reconstrucción del ejército de Liberia, desde los propios cimientos, tras la huida del dictador Charles Taylor en 2005. Este es un caso de estudio, puesto que la corporación fue contratada por el Departamento de Estado de EEUU para llevar a cabo la tarea, en forma paralela con otra compañía (Pacific Architecs & Engineers, PA & E), con la cual DynCorp no tenía relación alguna. El relato de Mc Fate es de extraordinario interés, puesto que saca a los ejércitos privados del molde en el que se habían metido, a propósito de sus desempeños como parte beligerante en otros conflictos, y pone el tema en una interesante perspectiva. Según el autor, la participación de los “ejércitos privados” ya no es una anomalía, sino una consecuencia natural de distintos factores, entre los cuales figura una creciente indisposición de los estados para involucrarse directamente en conflagraciones armadas más allá de sus fronteras. Los escenarios de Irak y Afganistán llegaron a tener a más contratistas privados que soldados regulares. Y esta es una tendencia que se verá también en otras latitudes. Rusia y China han generado importantes conglomerados de “ejércitos privados”, que ya comienzan a dejar su impronta en los lugares donde estos países poseen algún tipo de interés. Este “nuevo orden mundial”, nos advierte el autor, se caracteriza por la irrupción de actores no estatales (bandas armadas, grupos terroristas, corporaciones transnacionales, organismos multinacionales y ONGs, por citar algunos) que asumen cuotas de participación allí donde los gobiernos formales no pueden o no desean ejercer ninguna influencia. Se trata, según Mc Fate, de un mundo “neomedieval”, donde los ejércitos privados tienen un terreno fértil para proliferar, alentados por la disponibilidad de armas, la mayor accesibilidad de las tecnologías y una cierta parroquianización de los conflictos armados. Este libro resulta hasta cierto punto inquietante, pues nos asoma a un escenario mundial caótico, en el que desde luego el mejor postor siempre tendrá las de ganar. Puede ser leído en versión electrónica.


 

domingo, 9 de agosto de 2020

Venezuela: el rédito de la droga

-¿Hasta qué punto el tráfico de cocaína puede sustentar al régimen venezolano?

@javiermayorca

Con frecuencia se escucha a expertos en seguridad y opinadores que la merma en los ingresos de la renta petrolera ha obligado al régimen de Maduro a enfocarse en la obtención de recursos procedentes de distintos mercados ilegales.
Esta sospechada dependencia de la llamada economía negra ha servido como justificación para que se endilgue a este gobierno el remoquete de “narcorégimen”. Los señalamientos, además, se verían sustentados en acusaciones como las recientemente formuladas por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que involucran al gobernante venezolano y a otros trece importantes operadores del oficialismo en el denominado Cartel de los Soles, cuya principal actividad sería precisamente el tráfico de drogas.
No es la primera vez que la palabra narcorégimen es usada para catalogar a gobiernos en Latinoamérica. En Bolivia, el general de división Luis García Meza accedió al poder en 1980, gracias a un golpe de Estado financiado por Roberto Suárez, alias el Rey de la cocaína, que impidió la toma de posesión de Hernán Siles Zuazo. García Meza solo pudo sostenerse en el poder durante trece meses, debido a una creciente presión internacional liderada por EEUU, que denunció la alianza entre el gobernante de facto y el traficante.
Pero, en el caso boliviano, se trataba de utilizar los recursos del comercio internacional de drogas para propiciar un movimiento militar. En el caso venezolano, se indica la permanencia en el poder gracias al reemplazo de la renta petrolera.
La pregunta que surge de inmediato es cuánto podría obtener realmente el régimen, suponiendo que cada gramo de droga ilegal que pasa por su territorio saliera hacia los distintos mercados internacionales, y que ese dinero luego sea retornado completamente a las arcas del país.
Se plantea entonces la necesidad de establecer un modelo de análisis, que parte de ciertas premisas. En primer lugar, aunque son cada vez más frecuentes las informaciones sobre la detección de cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana, así como de enclaves para el procesamiento completo de la cocaína, Venezuela es catalogada todavía como un país de “tránsito” o “puente”, es decir, presta su territorio para el paso de las sustancias precursoras -en la fase de producción- así como también de las drogas ya terminadas.
Según la ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas Mildred Camero, por el país pasan unas 300 toneladas de cocaína al año. Si se toma esta cifra como cierta para 2019, estaríamos ante un incremento de 20% en el paso de esta sustancia, si se compara con lo señalado por ella misma para 2018, y de más de 100% con respecto a los años iniciales del régimen de Maduro.
Aunque los estimados de producción mundial de cocaína difieren según sea el organismo, la última cifra arrojada por la Organización de Naciones Unidas indica que salieron al mercado 1.723 toneladas de la mayor pureza. Se trata de una industria ilegal que se concentra básicamente en Perú, Bolivia y Colombia. Colombia ocupó el primer puesto entre los países productores, con aproximadamente 950 toneladas, de acuerdo con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por sus siglas en inglés).
La cocaína de Perú y Bolivia tiene sus rutas de salida naturales hacia Brasil, Argentina y el Pacífico, mientras que la colombiana puede ir por este océano o por el mar Caribe. Por Venezuela pasa, entonces, el 30% de la cocaína producida en Colombia.
¿Cuál sería la relación establecida entre los operadores venezolanos y los productores de la droga? Los casos consignados en EEUU contra Hugo Carvajal y los generales Reverol y Molina pueden ser tomados como referencia, aunque hay otros. De acuerdo con las acusaciones ventiladas en cortes de Nueva York y Florida, ellos no eran los propietarios de la mercancía sino los facilitadores de su paso. Es decir, los manejadores de las rutas internas. Entonces, la ganancia solo derivaría de un servicio prestado a los verdaderos carteles.
Un aspecto que ha sido objeto de debate en foros cerrados tiene que ver con el mayor involucramiento de efectivos policiales y militares venezolanos en el manejo de la ruta interna, en especial luego de la muerte de Hugo Chávez. Pareciera que durante los primeros años de este siglo no hubo un control férreo, pero en todo caso concentrado en el grupo reducido de oficiales que mencionó Walid Makled en entrevistas a distintos medios, antes de su extradición a Venezuela, y también el coronel Eladio Aponte, mientras era llevado a EEUU para convertirlo en informante. Eran los funcionarios que manejaban los puertos, aeropuertos y cuerpos de seguridad de alcance nacional.
Al morir Chávez ocurrió una dispersión, y entre 2015 y 2018 empezaron a verse casos de militares de baja graduación detenidos mientras llevaban alijos en sus propios vehículos, o en los de sus unidades.
Una primera conclusión, por ende, sería que el paso de drogas por el país no es controlado por una sola organización sino por varios grupos que presumiblemente intentan obtener un beneficio particular.

Lo que queda en el camino

Para recapitular: en Venezuela no se ha instalado por completo la industria de fabricación de drogas ilegales, y tampoco existe un control férreo de las rutas que posibilitan su paso. Esto implica que las ganancias no serán enteradas por completo a las arcas del país, para cubrir las necesidades del Estado. De hecho, lo más probable es que sean distribuidas entre los distintos grupos operativos y de poder, es decir, que sirven como reguladores.
¿De cuánto dinero estamos hablando? 
El precio de la cocaína sube y baja en cada país de acuerdo con diversos factores. En 2019, se incrementó levemente en Colombia, debido a una merma en la producción anual del arbusto que da la materia prima de esta droga. De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (una dependencia de la ONU) fue de unos 1.200 dólares promedio por kilo. La tendencia es que el monto se eleva en la medida en que se aleja el centro de producción. Pero en la frontera con Venezuela, por el área de Tibú, hay enclaves que representan el 10% del total de cultivos ilícitos en Colombia. Allí el precio, incluso, llega a bajar a 1000 dólares por kilo. 
De manera que, en números redondos, las 300 toneladas que pasaron por el país en 2019, según estimados de Mildred Camero, tendrían un valor aproximado de 300 millones de dólares en el punto de origen, que es la franja limítrofe. La cifra puede aumentar hasta 320 millones. Ese sería el tope. Pero realmente los transportistas de la droga no se quedan con todo, sino que cobran una tajada sobre este valor, que sería del 10% al 15%. Puede ser incluso una “tarifa plana” por viaje, si se trata de cantidades más o menos estables, que son llevadas por vía aérea hasta Centroamérica, República Dominicana o las costas ubicadas al norte del país. Con lo cual el rédito aminora considerablemente. Y desde luego no sirve para mantener a un Estado como el venezolano, aunque sí para pintar sonrisas en algunas de sus figuras representativas.
Esto en cuanto a la economía de la cocaína. Según estimados de la Casa Blanca, la economía de la marihuana, si bien abarca a muchos más consumidores finales, tiene precios 20 veces menores que los del alcaloide. Y los controles son más laxos.
Tanto la cocaína como la marihuana y las demás drogas ilegales tienen efectos en cascada dentro de cada país. Se generan redes de distribución para suplir los mercados en pueblos y ciudades que involucran a factores criminales, policiales y eventualmente políticos. Esa diversificación de intereses hace que sea prácticamente imposible un control de las ganancias desde el gobierno central. 
Es a este nivel donde se genera la mayor actividad represiva. En el caso venezolano, según cifras de la policía judicial, en 2019 fueron iniciados 1680 expedientes relacionados con delitos de drogas, que ocasionaron la detención de 3520 personas. El 72% fue imputado por “posesión”. Otro 25% afrontó cargos por consumo, y el resto (73 personas) por tráfico en sus distintas modalidades. Es decir, los traficantes solo dieron para el 2% de las detenciones. Estos números, vistos en términos generales, sirven para dar soporte a la propaganda oficial según la cual se está “atacando al flagelo de las drogas”. Pero, como se puede apreciar al discriminar las estadísticas, lo que ocurre es que se intenta afrontar un problema por sus consecuencias más evidentes, poniendo tras las rejas a quienes consumen o tienen en sus bolsillos pequeñas porciones de alguna sustancia prohibida.
Pero no van al fondo del asunto.
En conclusión, carece de asidero la expresión “narcorégimen”, cuando se usa para indicar que las finanzas del Estado venezolano se nutren de las ganancias del tráfico de drogas. Aún si fuese posible para el régimen apoderarse de los 300 millones de dólares que vale toda la cocaína al entrar por la frontera, eso no serviría ni siquiera para pagar un mes de las importaciones correspondientes al año pasado, que totalizaron los 6,2 millardos de dólares.
Sería necesario, entonces, analizar el impacto de cada una de las actividades ilegales en el país, lo cual es una tarea altamente difícil, pues la delincuencia organizada opera en las sombras. 

Breves

COVID EN EL SEBIN

El 4 de agosto, el comisionado de Juan Guaidó para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria, diputado José Manuel Olivares, reveló que un detenido en el Sebin-Helicoide fue llevado de emergencia al hospital clínico de la Ciudad Universitaria, al tenerse fuertes sospechas de que había sido contagiado por Covid-19. De manera extraoficial, fuentes de la policía política indicaron que se trata de Erick Echegaray, quien permanecía en ese centro de reclusión cumpliendo pena por el mismo caso de Walid Makled. Este contagio sería apenas la punta del iceberg. En Helicoide permanecen actualmente 160 reclusos, entre ellos once mujeres. Sesenta están siendo procesados por la Operación Gedeón desde el mes de mayo. Sin embargo, el contagio de Echegaray comenzó a manifestarse hace dos semanas, con fiebre sostenida, dolores y una merma en la capacidad olfativa. Luego, otros cuatro detenidos han caído enfermos con los mismos síntomas. Oficialmente, en la policía política no admiten la existencia de contagiados por Covid, pues eso pondría en evidencia que la transmisión se dio a través de funcionarios que cumplen labores de custodia en esa instalación. Desde la emisión del primer decreto de alarma nacional, el 13 de marzo, se ha impedido la visita de abogados y familiares. Los militares estadounidenses detenidos por el caso Gedeón, Luke Alexander Denman y Airan Seth Berry, están totalmente aislados.
PS: luego de la publicación de esta nota, el jueves 6 de agosto, fue reportada la muerte de Echegaray. Como ha ocurrido ya en otros casos, la causa del fallecimiento no ha sido establecida con claridad. Desde el Sebin, sin embargo, se insiste en que otros detenidos también han sido contagiados, sin que hasta el momento se hayan tomado acciones para mitigar la situación.

EL CONTRATO DE RAMÍREZ

El 29 de julio, la sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la solicitud de extradición contra el exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Las noticias emitidas en ese momento se basaron en un escueto boletín del TSJ, que no hacen referencia al detalle de los hechos que originaron las imputaciones contra Ramírez por los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir. El caso contra el exministro se sustenta en las presuntas irregularidades en la contratación por “adjudicación directa” de la empresa Petrosaudi Oil Services (Venezuela) LTD, representada por Xabier Justo, para continuar con los trabajos de perforación de dieciséis pozos submarinos en los sectores llamados Patao y Dragón, una tarea que se vio afectada por el hundimiento de la plataforma Aban Pearl, el 13 de mayo de 2010 a 150 kilómetros al noreste de Paria. Para ese momento, apenas tenía una semana en funcionamiento. Según la solicitud de extradición, Petrosaudi se comprometió a suministrar una unidad semisumergible llamada Saturn. El contrato con Pdvsa Servicios no fue solo para paliar una contingencia, pues la estatal comprometió los servicios de esta empresa por siete años, a una tarifa de 460.888 dólares diarios, independientemente de si el buque cumplía o no con el propósito de su contratación. La denuncia sobre los hechos que motivaron la solicitud de extradición fue formulada por el diputado Luis Parra (actual presidente de la AN paralela) en febrero de 2017, es decir, casi siete años después de la firma del contrato con Petrosaudi, y cuando ya era claro que Ramírez se deslindaba de Maduro. Parra señaló entonces que el pago por la operación de la Saturn era 274% superior a la media del mercado para ese tipo de trabajos. La sentencia del TSJ, cuyo ponente fue el magistrado Juan Luis Ibarra, establece que este sobreprecio “fue consentido de forma evidente por la junta directiva de Pdvsa Servicios”. Por otra parte, el Saturn presentó fallas que le impidieron la plena operatividad, y solo funcionó a plenitud durante el 42% del lapso contratado, de acuerdo con declaraciones tomadas a un grupo de empleados durante la investigación del Ministerio Público. En agosto de 2018 se tuvo conocimiento oficial sobre la permanencia de Ramírez en España, pero en noviembre del año pasado supieron que el exministro y ex embajador ante la ONU había pasado a Italia.

NUEVA ESCLAVITUD

El 30 de julio se conmemoró nuevamente el día mundial contra la trata de personas, un delito que figura en la convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Según la Organización Internacional del Trabajo, se trata de una actividad que moviliza aproximadamente 150 millardos de dólares al año. La trata de personas es vista en la actualidad por la ONU como una nueva forma de esclavitud, que a menudo incorpora formas de explotación sexual. Cuando participan redes internacionales, este delito se entremezcla también con el de tráfico de migrantes. Ambas actividades representan enormes ganancias para las redes delictivas. Con el deterioro de la institucionalidad en el país, y la consecuente diáspora que ya supera los 5 millones de personas, Venezuela ha pasado a ocupar un lugar prominente como territorio de origen para estos delitos. El 25 de junio, el Departamento de Estado presentó su informe anual relacionado con el tema. Este documento contiene datos preocupantes sobre la realidad del país. Por ejemplo, se indica que sectores de jóvenes son incorporados en Bolívar a las filas de los grupos irregulares que operan en el Arco Minero, como el Ejército de Liberación Nacional, en condiciones de esclavitud. Además, el éxodo masivo de nacionales también ha puesto en entredicho la capacidad de otros países del área para tratar con el asunto, como Aruba, que fue degradado en este último lapso a una “lista de observación”. Las estructuras captan a jóvenes de ambos sexos para colocarlos en lugares tan lejanos como Macao, en el sur de China. Según este informe, Venezuela cuenta con un organismo que podría pesquisar tales delitos, como es la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. Pero este despacho no proyectó una labor de importancia, más allá de la ejecución de cineforos. De acuerdo con cifras conocidas de manera extraoficial, durante los primeros seis meses de 2020 las autoridades nacionales han abierto seis expedientes relacionados con estos delitos: cinco por trata de personas y el restante por tráfico de emigrantes. Solo se han producido cinco detenciones. Las averiguaciones fueron iniciadas en Falcón (1), Sucre (2) y Distrito Capital/Miranda (3). Nada se dice de áreas álgidas como Bolívar, Táchira, Zulia o Delta Amacuro.

DESLINDE MERCENARIO

Surgen nuevas informaciones que ponen en duda la solidez de Silvercorp, la empresa contratada para el entrenamiento en Colombia y el aporte de parte del pie de fuerza que participó en la Operación Gedeón. El 22 de mayo, fue consignado en los registros de esta corporación en Florida un documento firmado por el sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea de EEUU, Francis X. Reilly, con una “declaración de hecho”. En el texto, escrito en inglés, el militar dice haberse percatado de que su nombre y dirección de residencia anterior fueron utilizados para el registro de Silvercorp en el departamento de corporaciones del estado de Florida. Según Reilly, el inmueble referido le perteneció hasta el 30 de septiembre de 2019, cuando lo vendió a un tercero. Se trata de una casa en el 3658 Hollistein Circle de la ciudad de Melbourne, Florida. Acto seguido, el militar denunció que el documento de registro (que consigna su nombre mal escrito) “fue archivado en forma fraudulenta” y sin su “conocimiento o consentimiento”. Solicitó al despacho de corporaciones su total desvinculación con los registros de Silvercorp. Este sargento mayor retirado hizo la petición justo cuando estallaba el escándalo internacional por la participación de mercenarios en una fallida intentona contra Maduro. Rilley no contestó a una solicitud de información adicional para la redacción de esta nota.

CONDENA A PUERTA CERRADA

El viernes 7 de agosto, el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab informó a través de su cuenta Twitter sobre la condena a veinte años de prisión para los sargentos retirados y ex miembros de cuerpo de Boinas Verdes del Ejército de EEUU, Luke Denman y Airan Seth Berry, detenidos el 5 de mayo luego de desembarcar en la playa aragüeña de Chuao, como parte de la fallida operación Gedeón. Esta decisión se produjo en un juzgado expresamente instalado en el Sebin-Helicoide. Según William Saab, ambos admitieron culpa por los delitos de conspiración, asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo. Con esto, obtuvieron una rebaja de un tercio de la pena esperada. El acto judicial, sin embargo, se llevó a cabo sin el concurso del abogado que había obtenido un poder de los familiares de ambos militares, Alonso Medina Roa. “Se hizo la audiencia con defensa pública. Prohibieron la entrada a los defensores privados (..) El tribunal tenía la orden expresa de no aceptar nada de ningún defensor privado. A las 3 pm del viernes informaron que no habría audiencia. Sin embargo, en la noche la hicieron en el Sebin-Helicoide”, relató. Según Medina, este acto es violatorio del derecho constitucional a la defensa. “Al limitar este derecho, todo el proceso debe ser considerado nulo”, dijo. Sorprende la rapidez con la que impusieron estas condenas, en un sistema judicial cuya crónica lentitud se ha visto acentuada por la pandemia. La decisión del tribunal cuarto con competencia en terrorismo fue emitida luego de tres semanas de la visita al país del ex representante y ex gobernador estadounidense Bill Richardson.

Libros

La literatura sobre el tema de los mercenarios no es muy abundante. Debe uno acudir a libros e informes en inglés para encontrar algunas referencias de interés. Entre las obras más reconocidas tenemos Corporate Warriors, The Rise of the Privatized Military Industry (Washington, 2007), escrita por el politólogo Peter Warren Singer. La primera edición salió a las librerías en 2002. Pero el autor hizo una actualización en 2007, a propósito de la actuación de los denominados “ejércitos privados” en el conflicto de Irak. Esta obra, cuyo título se podría traducir como Guerreros corporativos. El surgimiento de la industria militar privatizada, aborda el tema del mercenarismo en forma balanceada y profusamente documentada, que denota cómo esta industria ha ganado terreno en forma constante tras la caída del muro de Berlín, por un sinfín de razones que van desde la mayor disponibilidad de sofisticados armamentos (la empresa rusa Sukhoi ha alquilado sus cazas y pilotos a Etiopía), junto a la entrada en el mercado laboral de cientos de militares que han quedado sin trabajo. Al mismo tiempo, tal y como en algún momento lo observó Mary Kaldor, desde la última década del siglo pasado los conflictos armados en todo el mundo cuentan con la participación de nuevos actores, que van desde grupos subnacionales hasta organizaciones transnacionales que no atienden a límites fronterizos y cuyos propósitos no necesariamente están alineados con los del Estado del que surgieron. En este contexto, los ejércitos privados confieren a las grandes corporaciones y a los gobiernos una nueva herramienta para la consecución de sus objetivos. Singer, sin embargo, advierte que la actuación de los “guerreros corporativos” en determinados contextos puede más bien atizar las disputas, no solo con el entorno sobre el cual pretenden incidir (caso de Papúa-Nueva Guinea) sino también con las fuerzas que se supone son sus aliadas (caso Irak). El problema de fondo, indica el autor, es que estas corporaciones están orientadas a la obtención de ganancias económicas. Todos los demás objetivos están en segundo plano. No importa si operan en las áreas de inteligencia, soporte logístico o si están en el teatro de guerra. Y esto marca una diferencia clave con respecto a los ejércitos regulares. Otra diferencia -que no es menor- se refiere a la ausencia de controles de los “guerreros corporativos”. Ellos y sus empresas permanecen en un área gris, de la que es muy difícil extraer información que permita conocer a ciencia cierta si han cumplido con sus objetivos, y ejercer así algún tipo de supervisión. Ante esta situación, Singer plantea la constitución de una instancia especial en la Organización de Naciones Unidas, que elabore un registro de estas empresas, reciba y procese las denuncias sobre la ejecución de excesos y establezca en fin de cuentas algún tipo de certificación. Nada sencillo, si se toma en cuenta que, en el siglo XXI, el ejercicio de la guerra es cada vez algo más “privatizado”. Los guerreros corporativos no son solo cuestión de lugares lejanos como los Balcanes, Liberia o el Congo. Singer analiza también las actuaciones de los mercenarios en Perú y Colombia. El caso venezolano, con el incidente Gedeón, solo nos confirma que estos nuevos actores llegaron para quedarse.