domingo, 20 de septiembre de 2020

Mexicanización

 -En la medida en que se deteriora la institucionalidad del país, grupos armados de distinta índole parecieran asumir el control de parcelas del territorio, y cuestionan la capacidad del régimen para imponer su ley

@javiermayorca

¿Se está “mexicanizando” el país?
Por mexicanización se entiende la pérdida de poder del gobierno central hasta un punto en el que, sin hacerlo desaparecer, los distintos actores no estatales (guerrillas, colectivos, bandas armadas, grupos de “vigilantes”, etc.) llegan a ejercer control sobre parcelas de territorios dentro de ese Estado, a veces en connivencia con elementos del régimen formal, como pueden ser zonas o regiones militares, alcaldías o cuerpos policiales. En otras oportunidades, estos nuevos actores demuestran su fuerza precisamente mediante enfrentamientos violentos contra los representantes de las instituciones.
Esta situación ha sido pintada por autores como Ioan Grillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa. El último gran grupo armado es el Cartel Jalisco Nueva Generación, que parece haber recibido la posta de los Zetas.
Otros investigadores hablan de “somalización”, en referencia a la situación del país del norte de África. La diferencia es que México posee un gobierno constituido, que ejerce -o pretende ejercer- sus funciones en ciertos lugares de su territorio, y en otros no puede. Somalia, en cambio, llegó a ser un Estado absolutamente fallido hace treinta años, donde el poder real era ejercido por los jefes de ciertos clanes, fuertemente armados. Lo que propició la intervención de una fuerza multinacional de cascos azules, con EEUU a la cabeza. Fue este escenario el que inspiró el extenso reportaje de Marc Bowden, Black Hawk Down.
En Venezuela, el ataque con fusiles a la sede de la policía del municipio Libertador, atribuido a la banda de la Cota 905 liderada por Carlos Luis Revette, alias Coqui, que finalizó con la muerte de un agente y otros dos uniformados heridos, el 25 de agosto, no puede ser visto como un hecho aislado. Es, precisamente, una fuerte señal de lo que está ocurriendo en el país. En este mismo proceso se inscribe el incidente reportado en la Troncal 12, el martes 15 de septiembre. Frente al caserío Mazapa, un grupo armado que había bloqueado la carretera disparó a mansalva contra una patrulla debidamente identificada de la policía del municipio Pedro Gual (Cúpira). Al finalizar el tiroteo, según la minuta correspondiente, una mujer (Liliana Ortega Rangel) había muerto, y dos hombres que iban en el vehículo fueron heridos (el oficial Ronal Navas y un detenido, Luis Martínez).
Detalle del ataque a la patrulla del municipio Gual

En San Vicente de Aragua la organización de alias Flipper impone toques de queda a una población aterrorizada. Los militares y la FAES van de vez en cuando al lugar, y se retiran con algunos muertos a cuestas, como para dar la impresión de que no todo está perdido para el Gobierno. En José Félix Ribas del municipio Sucre el grupo de Wilexis Acevedo impone su yugo, mientras que en Guárico alias Malony recuperó los espacios perdidos tras la muerte de José Tovar Colina (Picure), líder fundador del Tren del Llano, según lo afirmado por el consultor Mario Mármol.
Si se tiende la mirada al sur, encontraremos una situación similar, aunque con ciertos matices.
Aquí conviene una explicación: cuando el régimen intenta recuperar los espacios que ha cedido o que le han arrebatado, por regla general hace ostentación o utiliza su fuerza armada. La amenaza suele ser suficiente. El regente de facto de las zonas de José Félix Ribas reculó cuando Maduro alzó su voz por televisión, luego de cinco noches de fiesta de plomo en el este de la capital. Así reaccionan generalmente los líderes de los grupos criminales: agachan la cabeza y esperan a que pase el vendaval.
Pero en El Callao (Bolívar), la banda dominante en los enclaves mineros divulgó un comunicado con tintes insurreccionales, el 12 de septiembre: “Nos encontramos en una guerra que no tiene sentido, por el simple hecho de defender nuestros derechos humanos, nuestro trabajo, nuestro pueblo. Estamos capacitados para seguir la guerra. No tenemos un año ni dos en esto. Esta lucha tiene más de siete años. Ustedes ni se imaginan la capacidad que tenemos para continuar una guerra en cualquier parte de Venezuela. Tenemos aliados en todos los estados del territorio nacional”.
Frente a esta ausencia de control sobre la totalidad del territorio, el régimen se encuentra atrapado en una dinámica “pendular”, según lo describió alguna vez el criminólogo Andrés Antillano. De un lado, está la pérdida de gobernabilidad. Del otro, está la retoma violenta, aunque paradójicamente sin ánimos de permanencia. Nada de generar institucionalidad. Esto es lo que diferencia fundamentalmente el caso venezolano del brasileño o el colombiano. En el fondo, es la ausencia de compromiso.
Es por esto que el régimen pareciera condenado a repetir las atrocidades descritas detalladamente en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y más recientemente por la Misión de Determinación de Hechos de ese mismo cuerpo. De Maduro para abajo lo saben, y por eso no se desharán de la FAES. La pregunta es, si sería posible aplicar alguna fórmula distinta el día de mañana, si ocurriese un cambio político en el país, con instituciones destruidas y una gobernabilidad frágil o inexistente.

Breves

ZAMORA RELOADED

El régimen avanza en una nueva ejecución de la Operación Zamora, tristemente recordada por la estela de muertes que dejó su anterior puesta en práctica, durante las protestas de 2017. Tres años después, este dispositivo militar-cívico es llevado a cabo por unidades de la Fuerza Armada de manera más discreta. Empezó con el decreto de alarma nacional, que en marzo se sumó a la emergencia económica para suspender nuevas garantías constitucionales. En julio, una orden impartida en unidades castrenses reveló que también se está ejecutando uno de los catorce subplanes de Zamora. Se llama Gas-Ven, y su objetivo es regular la actuación militar en todo lo relativo a la distribución y comercialización de hidrocarburos en el país. En este plan, así como en los demás, la Guardia Nacional tiene un rol protagónico, puesto que se trata de actividades orientadas a la preservación del orden interno. Sin embargo, hay otra lectura, según la cual los demás componentes, con el Ejército y la Milicia adelante, deben ir asumiendo también las funciones tradicionales de la GN, no vaya a ser que la situación se les escape de las manos. Las rondas con blindados que hemos visto en Bolívar se inscriben dentro del desarrollo de este plan.

LOS COLECTIVOS, SEGÚN CHRISTOPHER

Dos veces fue entrevistado el ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de brigada del Ejército Manuel Chistopher Figuera, por los miembros de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, para que aportara información con miras a la elaboración del documento presentado el miércoles 16 de septiembre. Las conversaciones fueron en mayo y en junio de 2020. Los detalles más importantes de estas sesiones fueron reflejados en la versión extensa del reporte, y tienen que ver con la participación de los colectivos armados en la defensa del régimen. Los colectivos, según la ONU, están en la categoría de “grupos armados no estatales”, aunque el reporte indica que en Venezuela cuentan con el respaldo activo del Ejecutivo. Según el general, los colectivos tienen entre sus misiones la recopilación de datos de inteligencia en los ámbitos político y criminal, que luego son enviados al Sebin. Indicó además que los ministros del gabinete de Maduro fueron instruidos para “darles pautas” a representantes de estos grupos armados, y que en un momento dado él decidió alejarse de tales encuentros. Otro dato consignado en el informe de la ONU -aportado por otro oficial de la FAN- indica que los miembros de los colectivos cobran por la nómina de la Milicia Bolivariana.

LISTA SIN CAMBIOS

No hubo cambios en la lista de naciones consideradas por la Casa Blanca como las mayores productoras o territorios de tránsito para las drogas ilícitas. Los 22 países mencionados en el memo remitido por Donald Trump al canciller estadounidense Mike Pompeo, el 16 de septiembre, fueron los mismos de 2019. Vale destacar que Venezuela está en ese grupo desde 2005, cuando Chávez cesó el cumplimiento del acuerdo de cooperación firmado con la oficina del Departamento de Estado para asuntos de drogas y cumplimiento de la ley (INL, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, la noticia no estaba en la lista de países sino en dos detalles incorporados en la misma declaración. En primer lugar, el señalamiento hacia Maduro como jefe criminal (kingpin) y la reiteración de que tendrá que “enfrentar a la justicia”. Y en lo estrictamente referido al tema de las drogas, un dato revelador: se ha registrado un incremento en la producción de coca tanto en Bolivia como en Perú, lo que se une a un proceso similar al reportado en Colombia. Esto quiere decir que la producción mundial de cocaína deberá subir en los próximos meses, con todo el impacto que eso tiene sobre la gobernabilidad de los países del área andina, incluida Venezuela. Ante la previsible disminución de los precios del alcaloide, con toda seguridad los grupos de traficantes intentarán potenciar la ruta hacia Europa, ya sea directamente por vía marítima o mediante envíos a los países de África Occidental, que según la investigadora Loretta Napoleoni terminan alimentando las finanzas de organizaciones terroristas. En toda esta dinámica, Venezuela juega un papel fundamental.

LARGO SILENCIO

Mucha confusión rodea el supuesto enfrentamiento entre los efectivos de una comisión combinada de la FAN e individuos que, según la primera minuta elaborada por el Grupo de Acciones de Comando de la GN, pertenecen al Frente 10 de las nuevas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En el grupo de los uniformados venezolanos participaban oficiales y tropas de la Aviación, el Ejército y la GN, adscritos a la 92 Brigada Caribe, con sede en el Fuerte Sorocaima de Guasdualito, estado Apure. El primer relato, filtrado de manera extraoficial, indica que el grupo de veinticuatro efectivos la FAN era encabezado por el general de división del Ejército Robinson Vera Cumare, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 31, y que la misión era capturar al jefe del Frente 10 del grupo subversivo, Ferley González, también llamado Fabián. Este individuo y sus seguidores son señalados por el secuestro de Francisco Alvarado, hermano del exgobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado. La prensa araucana ha asegurado que el cautivo fue trasladado a Apure, en julio. En este contexto ocurrió el tiroteo del sábado a las 6 am. El primer parte indica que murieron quince irregulares. Pero este dato es cuando menos impreciso. El relato ya citado y los conocidos con posterioridad, emitidos por distintos despachos, no aportan detalles sobre la identidad de los subversivos muertos. La imprecisión llegó al punto en que las primeras informaciones equivocaban los componentes a los que pertenecían los dos oficiales subalternos fallecidos. Las cosas se aclararon al final del sábado, luego del traslado de los cadáveres en helicóptero al hospital militar de San Cristóbal. Murieron el primer teniente de la Aviación Augusto David Linares Delgado, el teniente de la misma fuerza Miguel Ángel Mora García, el sargento mayor de tercera del Ejército Gabriel Alexander Pérez Silva y el sargento segundo Reiber David Chirino Reyes. Fueron heridos el sargento mayor de tercera del Ejército Franklin Enrique Ruiz Ramírez, el cabo segundo Fernando de Jesús Belisario y el cabo primero Álvaro Gilberto Gregorio. Curiosamente, todos ellos fueron impactados en extremidades superiores. Hasta el momento de la divulgación de esta nota (18 horas después del tiroteo), los voceros de la Fuerza Armada no habían divulgado una versión oficial. Un retardo mucho más prolongado que el visto en noviembre de 2018, cuando una célula del Ejército de Liberación Nacional emboscó y mató a tres efectivos de la Guardia Nacional en las afueras de Puerto Ayacucho. Por ende, se confirma el patrón de silencio oficial cuando se trata de sucesos que, en las primeras de cambio, son atribuidos a grupos irregulares cuya afinidad con el régimen es evidente. No se olvide que los líderes de las nuevas FARC, alias Iván Márquez y Jesús Santrich, han sido invitados públicamente a permanecer en suelo venezolano.

Libros

Este mes salió a los anaqueles -reales y virtuales- la última obra del periodista Tom Burgis: Kleptopia, How Dirty Money is Conquering the World (New York, 2020). Podríamos traducirlo como Kleptopia, cómo el dinero sucio está conquistando al mundo. El autor de origen inglés ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la investigación de la fuente de economía y finanzas, no solo en su tierra natal sino también en EEUU y países de Africa y Suramérica, con el Financial Times como su principal tribuna. En Kleptopia, Burgis relata cómo se produjo la convergencia entre elementos de la política y la delincuencia organizada de los países del antiguo bloque soviético durante las primeras dos décadas del siglo XXI, con Kazakstán como principal centro de operaciones, gracias a la figura de quien fuera su primer gobernante de la era post soviética hasta 2019, Nursultan Nazarbayev. Hoy en día, sigue siendo considerado el hombre fuerte, al detentar la presidencia vitalicia del Consejo de Seguridad. Nazarbayev, nos relata Burgis, se erigió prácticamente en el principal magnate kazako, gracias al expolio sistémico de las mayores empresas, empezando por las estatales del área energética y continuando con las privadas, a las que cooptaba mediante la combinación de presiones a través de los órganos represivos y de supervisión fiscal, persecución física de sus representantes y, en última instancia, las ventas forzadas de sus activos a compañías dominadas por él. En las páginas de Kleptopia, el lector se pasea por Moscú, Almaty, Nueva York y, desde luego, Londres, cuya City nuevamente es señalada como la receptora de los fondos sucios de Europa, Asia y parte de Africa, antes y después de la crisis financiera de 2008.  En el caso del régimen kazako, como en otros tantos aquí y allá, se aseguraron prolongada impunidad a sus reiteradas violaciones a los derechos civiles, fronteras adentro, gracias al pleno respaldo ofrecido a los líderes de la “guerra mundial contra el terrorismo”. Mientras tanto, robaban lo que podían, mataban o enviaban al exilio a quienes representasen algún riesgo para su permanencia en el poder. Una fórmula conocida, aunque desde luego guardando las distancias. Kleptopia no es un relato optimista. No hay finales felices ni propaganda. Es, en cambio, un cuadro de crudo realismo, que nos revela cómo algunos países "democráticos" se hacen de la vista gorda para buscar en el dinero mal habido un salvavidas a sus golpeadas finanzas, a un alto costo, que termina pagando el ciudadano común. El libro está disponible en formato electrónico.

domingo, 6 de septiembre de 2020

Indultos

Los perdones presidenciales y las medidas tribunalicias para presos de conciencia obedecen a una operación política que comenzó a cobrar forma en diciembre de 2019

@javiermayorca

Nicolás Maduro adelantó el día de la Virgen de Las Mercedes.
Hasta hace poco tiempo, era tradición que cada 24 de septiembre, cuando se celebra la fecha de la llamada Patrona de los Presos, los presidentes de turno otorgaran perdones a reos por delitos considerados poco graves, y que habían mostrado buena conducta.
Pero lo ocurrido el lunes 31 de agosto es un proceso de naturaleza y propósitos totalmente distintos y mucho más complejos que el que tradicionalmente desemboca en el día de Las Mercedes.
Lo que se ha puesto de relieve inicialmente es la cantidad de indultos decretada ese día (110), en su mayoría para personas que aún no habían recibido sentencia, o cuyos procesos están paralizados pues ni siquiera están en el país, lo cual ha sido punto de debate entre juristas. Algo similar -aunque guardando las distancias- a las medidas otorgadas en sus respectivos momentos a Larry Tovar Acuña y al general de brigada Ramón Guillén Dávila. Sin duda, eran otros tiempos y otras leyes.
Simultáneo a los perdones presidenciales, los tribunales han impartido medidas cautelares de casa por cárcel. La más relevante ha sido la que beneficia al diputado Juan Requesens, enjuiciado en el caso del “magnicidio frustrado”, quien desde el 28 de agosto se encuentra en su residencia. Luego, otros presos han abandonado las celdas del Sebin, la Dgcim  y Ramo Verde, como por ejemplo el líder sindical de la CVG Ferrominera del Orinoco Rubén González.
Los indultos y estas medidas cautelares, aunque emitidos por autoridades distintas, forman parte del accionar de un mismo régimen. El objetivo de fondo entonces no es hacer justicia sino alcanzar ciertos propósitos políticos.
Las tácticas aplicadas ahora parecieran ser las mismas de otros momentos. No en balde, el director del Foro Penal Alfredo Romero ha acuñado la expresión “puerta giratoria” para describir el proceso en el que unos presos políticos salen de sus celdas, para que casi de inmediato esos espacios sean ocupados por otros opositores. Hay la sospecha de que todas estas libertades pronto serán revertidas.
Pero en realidad hay matices con respecto a lo visto en otras oportunidades. Por ejemplo, en la liberación del activista Yon Goicoechea, en noviembre de 2017, jugó un rol fundamental el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) general en jefe Gustavo González López, quien en nombre del régimen quería pactar la participación del dirigente en la elección municipal de diciembre de ese mismo año, con lo que se desvirtuaba parcialmente la decisión de los grandes partidos de retirarse de aquel proceso.
Ahora González López ha pasado a un segundo plano en la negociación, por más que él asegure que nada ocurre puertas adentro del Helicoide sin su consentimiento. Según fuentes con conocimiento directo de este proceso, la primera intervención del grupo liderado por Henrique Capriles fue en diciembre de 2019, cuando se produjo un acercamiento entre él y el parlamentario Requesens. En esa oportunidad, el ex gobernador de Miranda fue acompañado por Carlos Ocariz. 
En los primeros cinco meses de 2020, ocurrirían otros dos encuentros, con el diputado Stalin González ya incorporado. En ellos, Capriles no descubriría abiertamente su interés en fomentar la participación de individuos específicos en las venideras elecciones, pero sí sostendría que esa es la única ventana de oportunidad para lograr cambios políticos en el país. Para él las alternativas de un golpe militar o una intervención extranjera son escenarios cada vez más remotos.
La perspectiva de una pronta liberación emocionaba al diputado. El expresaba ese sentimiento a otros presos. Pero González López y posteriormente el jefe de Investigaciones Estratégicas de la policía política, comisario general Ángel Flores, advertían a “Reque” que lo mejor era mantener una actitud prudente.
A los presos políticos solo llegaban datos inconexos sobre el proceso que se desarrollaba en el exterior. Los beneficiarios en realidad no tenían conocimiento sobre la verdadera intención de las medidas, tal y como lo manifestó este miércoles el diputado Gilbert Caro.
Caro y Prieto, en libertad plena
Al parecer, hay múltiples objetivos. Según un abogado penalista que participó en la tramitación de estos perdones, con Requesens, Renzo Prieto y Gilbert Caro la idea es que promuevan sus candidaturas con miras en el proceso pautado para el 6 de diciembre. Pero en el caso de Roberto Marrero (jefe de despacho de Juan Guaidó), el propósito es ponerse a tono con las exhortaciones formuladas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet. Según el litigante consultado, la ONU es un foro vital para Maduro, en un momento en el que más de 50 países desconocen su mandato.
Marrero fue aprehendido por agentes de la policía política en marzo de 2019, cuando se reportó el hallazgo de fusiles y munición en su residencia de Las Mercedes. Posteriormente, el general Manuel Christopher Figuera (director de ese cuerpo al momento de la detención) reconocería que tal acción fue un montaje. Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional se pronunciaron en contra de la acción policial.
Para el momento de la redacción de este trabajo, los tribunales continuaban emitiendo medidas cautelares, en lo que sería la segunda fase del proceso de liberaciones. Hasta ahora, salvo lo ocurrido con Requesens, el régimen no ha tocado a los implicados en casos controversiales del ámbito militar como el de los drones y la Operación Gedeón. Sin embargo, hay un interés manifiesto en acelerar estos juicios, presumiblemente con el propósito de tomar luego alguna decisión de orden político.

Breves

ACADEMIAS BAJO AMENAZA

El 28 de agosto, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, anunció en su cuenta Instagram que ese cuerpo de investigación había identificado a uno de los individuos que aparece en varios videos, conocidos públicamente a partir del 22 de agosto, en el que un grupo armado con fusiles AK-103 y granadas exige el pago de un porcentaje por el fichaje de una joven promesa del béisbol. Según el funcionario, se trata de Josué Ángel Santana Peña, de 24 años de edad, quien es solicitado por las autoridades desde 2016. Un aspecto clave en la identificación de este individuo fue un tatuaje en el brazo izquierdo. Más allá de este detalle, cabe preguntarse por qué elementos ligados a la megabanda Tren de Aragua pondrían su atención en la actividad deportiva de una academia infantil con sede en Maracay, al punto de conocer numerosos detalles sobre la vida privada de su director. Según policías familiarizados con el caso, el nexo viene de una situación que ha afectado no solo a estos deportistas sino también a la mayoría de la población del país: la escasez de comida. En Aragua, así como en casi todo el territorio venezolano, hubo momentos en los que conseguir un pollo o un kilo de harina de maíz era prácticamente imposible, excepto en el internado judicial del estado Aragua, mejor conocido como Tocorón. En medio de la necesidad por suministrar una carga calórica diaria a estos muchachos, en su mayoría de procedencia muy humilde, fue necesario para los representantes de la academia acudir al famoso bodegón Tokio, que opera en la referida instalación. Con el pasar del tiempo, la relación se hizo más estrecha, hasta que los delincuentes comenzaron a exigir que les entregaran una tajada por los fichajes. Las presiones no solo han sido en la forma de videos y mensajes de voz. También han disparado contra las fachadas de viviendas de allegados a las víctimas e incluso han colocado coronas fúnebres en la puerta de estos inmuebles. 

EN LA GN “ALGO HUELE MAL”

Hay estupor en la Guardia Nacional luego de la anulación, vía ministerio de la Defensa, de un conjunto de nombramientos para posiciones de comando, el pasado 21 de agosto. Según el general retirado Marco Ferreira, no es la primera vez que ocurre algo así. Solo que ahora llama la atención el elevado número de decisiones revertidas. Esto hace pensar que se trata de algo más que una mera disputa entre las facciones que hacen vida en ese componente, por mantener o hacerse del control de mercados importantes, como por ejemplo algunas zonas militares del Arco Minero. Para entender la magnitud de lo ocurrido, está la explicación del general de brigada retirado Régulo Díaz, ex subcontralor de la FAN. Los nombramientos, indicó, llevan un proceso. Una vez hecha la selección de los nombres para cada plaza, el jefe de Secretaría del despacho del ministro envía la decisión a la oficina de Resoluciones, donde se redacta el documento para la firma de la autoridad que hace el nombramiento. Luego, “se lo llevan de nuevo al ministro para la revisión y firma”. Cada funcionario que participa en la elaboración de los resueltos debe colocar su media firma en una casilla en la parte inferior del documento. Esto hace suponer que los nombramientos revertidos en primera instancia contaban con el visto bueno de Vladimir Padrino López. Según Díaz, la única explicación posible es que apenas salieron las primeras designaciones, “le fueron con el chisme” a Nicolás Maduro. Generalmente, indicó el oficial, cuando ya los nombres han sido seleccionados en cada fuerza, hay una revisión de Contrainteligencia Militar, que reporta directamente al mandatario. “Es el Presidente quien quita y pone, de acuerdo con un criterio que en este caso es de lealtad (…) Algo huele mal”, dijo.

NUEVA FUNCIÓN

Los colectivos han encontrado una nueva ocupación: regular las colas para acceder a las estaciones de servicio. En el 23 de Enero, Petare y El Llanito, los residentes han señalado que los integrantes de estos grupos armados determinan quién llena sus tanques de combustible y quién no. Son caras conocidas en cada sector de la ciudad, por lo que no es necesario para ellos llevar franelas con distintivos o logos. Las bombas que manejan tienen como factor común que expenden a Bs 5000 el litro, o “precio subsidiado” según la denominación oficialista. En algunos casos, el individuo que hace las gestiones exige una “propina” en la forma de efectivo o gasolina para llenar el tanque de su motocicleta, y así continuar las rondas por las estaciones de servicio cuya vigilancia le ha sido asignada. Para los colectivos, esta función se suma a la organización de ferias de alimentación, la distribución de las cajas Clap o el cobro de “impuesto revolucionario” a los comerciantes, sin contar desde luego con el hostigamiento a los votantes y militantes de la oposición. Esta nueva tarea contribuye a reforzar la fidelidad al régimen.

Tres preguntas a…Claudio Sandoval, designado embajador en Honduras por Juan Guaidó

1) Desde el mes de abril, se desarrolla en el Caribe y el Pacífico una operación aeronaval que, según lo declarado, intenta para el flujo de drogas hacia EEUU. ¿Cuánto de esas drogas ha transitado de alguna forma por Venezuela?
Toda la droga que entra a Honduras por vía aérea ha transitado y proviene de Venezuela.

2) ¿Cuál es la frecuencia de los vuelos sospechosos que parten de Venezuela? ¿Qué ruta siguen?
La frecuencia es constante y es algo que se mantiene como información confidencial para no alterar el curso de las actividades antinarcóticos. Ahora bien, desde que comenzó el operativo y realizamos la denuncia en abril, se ha venido observando que cada mes aparecen titulares sobre interdicciones de narcoaviones en Centroamérica, provenientes de Venezuela. Por allí puede echar un cálculo.

3) ¿En qué consiste la cooperación planteada entre su oficina y el gobierno hondureño? ¿Qué planes concretos adelanta?
Lo principal es cooperación a nivel de inteligencia e intelectual. Un producto concreto en el que colaboramos fue la Ley de Protección del Espacio Aéreo de Honduras, la cual fue creada, en su esencia, para combatir el tráfico aéreo de narcóticos proveniente de Venezuela.

Libros

El tema de las drogas, lícitas e ilícitas, admite numerosos enfoques o perspectivas. Desde los expertos en biología y neurociencias como Escohotado, que analizan la composición y los efectos de estas sustancias, hasta los periodistas y economistas que investigan el impacto de los conflictos originados en torno a su comercio, en un contexto de ilegalidad. Muchas de sus obras han sido comentadas en este mismo espacio. Ahora, Niko Vorobyov no entra en ninguna de tales categorías. Su vida pudo haber pasado inadvertida para el resto de la humanidad, perdida en el fondo de una celda de correccional británico, a la que fue a dar gracias al olfato de los perros K9, convenientemente ubicados en las entradas del underground londinense, que lo dejaron en evidencia como un pequeño vendedor (jíbaro, le diríamos en estas latitudes). Pero Vorobyov no se quedó de brazos cruzados, y se puso a estudiar el mundo en el que estaba inmerso, no solo como un dealer, sino también como un consumidor cada vez más frecuente, lo que generaba una peligrosa combinación para su integridad física. El resultado de este trabajo es Dopeworld, Adventures in the Global Drug Trade (Nueva York, 2019). El título podría traducirse como Mundo-narcótico, aventuras en el mercado global de las drogas. El autor, un ruso criado en Inglaterra, viajó durante más de dos años desde Perú y Colombia hasta el Sureste asiático, pasando además por los grandes centros de consumo en Norteamérica y Europa, para conocer en primera persona la particular relación que establecen los pobladores de cada uno de estos lugares con las drogas. Vorobyov no pierde la oportunidad de experimentar -y relatar en detalle- con la ayahuasca peruana, la cocaína altamente pura de las selvas colombianas, la heroína tailandesa y los “cristales” que pasan de mano en mano, desde Moscú (donde se venden a través de la dark web) hasta las universidades del Reino Unido. Pero estas páginas no contienen una apología al tráfico y al consumo de drogas, en el intento de respaldar una contracultura tan malcriada como el dogma ubicado al otro lado de los discursos, que hemos visto en cientos de lecturas. Dopeworld, en cambio, es un libro equilibrado y sincero, producto de una extensa búsqueda y escrito en términos alejados de la academia. Son páginas dirigidas al gran público, permanentemente salpicadas con notas autobiográficas, que bien valen la pena nuestra atención, en especial en estos días de confinamiento. Es, definitivamente, algo distinto. Esta obra puede ser adquirida en formato electrónico.

Para comunicarse con el autor de esta página puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, o enviar mensajes directos a las cuentas Twitter @javiermayorca o Instagram @crimenessincastigo. Tendrá oportuna respuesta.