domingo, 18 de octubre de 2020

Ley de sastre

-La Ley Constitucional Antibloqueo es una norma hecha a la medida para otorgarle a Maduro un amplio margen de maniobra, disponer sin cortapisas del erario público y favorecer el regreso de los fondos de la “boliburguesía”

@javiermayorca

El último acto en agenda de la Asamblea Nacional Constituyente, con la forma de una “ley constitucional”, paradójicamente le confirió a Nicolás Maduro la potestad de “inaplicar” las leyes que considere según su propia conveniencia.
Es el paraíso del político en posiciones de poder: gobernar sin poner atención a eso que llaman “el imperio de la ley”.
No bastó la emergencia económica, que ya tiene más de tres años, ahora complementada por una “alarma nacional” impuesta desde marzo con el pretexto de la pandemia. Era necesario darle más poder al Gobierno.
De allí que el texto aprobado por la ANC establezca en su artículo 19 que el Ejecutivo “procederá a inaplicar, para
casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya
aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia
de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva
unilateral u otra medida restrictiva o punitiva”.
Para el ex juez Jesús Ollarves, esto raya en la locura.
“Si antes decíamos que había un déficit en cuanto al estado de derecho, ahora podemos decir que hay un andamiaje seudolegal que le permite al régimen de Maduro quitarle vigencia y efectividad a cualquier norma del ordenamiento jurídico venezolano”, advirtió.
Según este docente y especialista en derecho internacional económico, la Ley Antibloqueo posibilita que el régimen disponga del erario público en medio de la clandestinidad, puesto que todas las informaciones y documentos relacionados con estas transacciones serían clasificadas como secretas o confidenciales, y divulgarlas podría constituir un delito.

Cortesía runrun.es
Atraer a la economía gris

Debido a las sanciones implantadas a través del Departamento del Tesoro estadounidense, y en menor medida por la Unión Europea y algunos países en forma individual, como Canadá y Suiza, los capitales internacionales evitan cualquier negociación con entidades del Estado venezolano, aún si se trata de vender alimentos o medicinas.
A la vuelta de apenas cinco años, invertir en Venezuela se ha convertido en una operación en extremo azarosa. Solo los iraníes se aventuran a abrir un automercado en el país, y los traders internacionales ya no se retratan con la gente de Maduro, no vaya a ser que terminen perseguidos y encarcelados en una remota isla africana, como el colombiano Alex Saab. No importa si son enviados del Gobierno dotados de pasaportes diplomáticos.
Aún así, de acuerdo con el analista de riesgos emergentes Alberto Ray el régimen de Maduro ha logrado mitigar en lo interno las consecuencias políticas de la presión internacional, y ahora se encamina hacia una fase de “estabilización”.
Pero los capitales de Rusia, China y Turquía no han sido suficientes, y según Ray tampoco necesitan de un instrumento como el aprobado por la ANC.
Esta ley, entonces, tiene otro “público”.
La idea, según este analista, es atraer a Venezuela recursos, en apariencia extranjeros, pero que realmente pertenecen a inversionistas nacionales.
“Es dinero oscuro, en apariencia asociado a estos aliados del régimen, para comprar a precios baratísimos, por no decir regalados, algunas industrias venezolanas. Pero es una ley para proteger al chavismo y a sus amigos, para que metan sus reales en el país”, afirmó.
Es difícil calcular el monto de los capitales que han salido del país por medios ilegales, y que podrían retornar mediante la aplicación de esta ley. Un reporte de Global Financial Integrity, presentado en marzo de este año, calcula en 8,46 millardos de dólares anuales en promedio la brecha entre los valores reales y los declarados para los bienes que fueron importados a Venezuela entre 2008 y 2017. Según los autores del reporte, este es uno de los indicadores más sólidos para acercarse al flujo de fondos ilícitos de un país a otro. Pero no es el único. Serían en total más de 76,1 millardos de dólares, los cuales en su mayoría se encuentran en manos de particulares que pudieron beneficiarse de la bonanza petrolera de principios de siglo, y que conformaron la clase llamada “boliburguesía”.
En esta misma línea, el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) Carlos Tablante, adelantó que Venezuela se aproxima a un proceso de “privatización salvaje”, mediante el cual serán entregadas a elementos cercanos al régimen “las pocas áreas que aún se pueden exprimir de la economía”.
“La comercialización de combustibles está en la mira, como uno de los objetivos de primera importancia”, advirtió.
Tablante cree que esta ley también será utilizada para “tentar” a algunos sectores empresariales que hasta el momento han sido hostiles o fríos ante las propuestas del régimen, con la perspectiva de llevar a cabo “negocios rápidos, sin controles y con extraordinarios márgenes de ganancia”. Esto incluye el oro del Arco Minero.

Negocios crípticos

El artículo 32 del texto aprobado por la ANC hace referencia a la posibilidad de “proteger las transacciones” llevadas a cabo por el Ejecutivo mediante la creación e implementación de “cualquier mecanismo financiero (…) incluyendo el uso de criptoactivos e instrumentos basados en tecnologías de cadenas de bloques”, también conocidas como blockchains.
Esta disposición coloca enorme importancia en el uso de las monedas virtuales, una actividad que en el país es vigilada por la Superintendencia Nacional de Criptomonedas. Su máximo exponente, Joselit Ramírez Camacho, ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro. Recientemente, además, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita ubicarlo.
Desde 2018, cuando arreciaron las sanciones de EEUU, el régimen ha promovido el uso de las criptomonedas, al punto que puso sobre la mesa el Petro. Sin embargo, de acuerdo con Ray, Maduro no ha tenido éxito en este campo pues este criptoactivo “no es convertible”.
A pesar de todo, el régimen insiste en moverse en este campo.
“Venezuela es el país con más transacciones en criptomonedas en Latinoamérica. Es la manera más fácil y directa que tiene el régimen para mover dinero por el mundo. El secretismo de la Ley (Antibloqueo) y el anonimato de las criptos se potencian en este caso”, dijo. 

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Breves

ESTAFA EN BOGA

La estafa es uno de los pocos delitos que ha incrementado sus cifras absolutas durante 2020 con respecto al año anterior. Hasta el mes de septiembre, las autoridades habían recibido y procesado 7005 denuncias sobre timos de toda naturaleza, así como de sus delitos conexos, como pueden ser la suplantación de identidad, forjamientos de documentos, etc. Estos son llevados a cabo con la finalidad de “perfeccionar” el engaño y obtener una ganancia económica. Según cifras conocidas extraoficialmente, en los primeros nueve meses de 2019 fueron iniciadas 5700 averiguaciones de estafas. El incremento entonces, ha sido de 23% este año. Todo esto en un contexto de reducción general de las cifras de delitos, como consecuencia directa de la inmovilización social por la cuarentena y el éxodo a otros países, que ya supera los cinco millones de personas. La gran mayoría de los casos tiene como factor común que las víctimas son captadas a través de las redes sociales, mientras pasan largas horas expuestas a todo tipo de contenidos por internet. La web también ha servido como medio para las fases preparatorias de otros delitos, estos más violentos, como asaltos y secuestros. En septiembre, por ejemplo, Cicpc procesó la denuncia sobre el plagio de tres personas (dos hombres y una mujer) cautivas de una banda del sector Parosca, municipio Lander del estado Miranda, cuando fueron a concretar la adquisición de un camión ofrecido a través de Facebook Marketplace. Las víctimas fueron liberadas luego de pagar varios miles de dólares.

LA MUERTE DEL GENERAL

La camioneta chocó  un árbol al intentar eludir el bloqueo
Las muertes del general de brigada de la Guardia Nacional Sergio Negrín Alvarado y del sargento Deivis Eduardo Suárez Castillo fueron la consecuencia de un conjunto de hechos, que hacen pensar en la existencia de una especie de fatum trágico, al estilo de la saga cinematográfica Destino Final. Todo comenzó con la súbita destitución del general Wilmer Octavio Herrera del comando de la zona 35 de ese componente, con sede en San Fernando de Apure. Herrera apenas estuvo un par de meses en esa posición. Su remoción ocurre con posterioridad a ciertos conflictos con sectores del oficialismo local, y una serie de acciones de menor envergadura que le dieron prominencia a este oficial en los medios regionales. La resolución sobre el nombramiento de su reemplazo (Negrín Alvarado) fue emitida por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, el domingo 11 de octubre, algo totalmente inusual que evidencia una situación de premura.  Negrín entregó la jefatura del Estado Mayor del comando de zona de la GN en Zulia, y en la noche del lunes inició el viaje a San Fernando, vestido de civil junto al sargento Suárez, quien como el general hizo pasantía por el Grupo de Acciones de Comando de Macarao. En el viaje, Negrín era monitoreado por el jefe de la zona de Yaracuy, general de brigada Wolmar Guevara. Cuando se perdió la comunicación, el oficial emprendió la vía que su compañero de fuerza debía recorrer. Luego, declaró a los agentes de Cicpc que Negrín tuvo que detener su marcha en el sector conocido como Alpargatón, al toparse con un bloqueo en la vía, colocado por delincuentes del sector. De acuerdo con una versión extraoficial, el sargento intentó una maniobra evasiva, cuando recibió un disparo mortal de una escopeta calibre 12, que atravesó el cristal del puesto de piloto de la pick up Hylux. Luego, desde el mismo lugar, le dieron un tiro en la cabeza al general, que iba en el puesto del copiloto. Se desconoce si los antisociales se llevaron alguna pertenencia de las víctimas, puesto que los investigadores de Cicpc encontraron en el sitio del suceso un celular, una tableta y una pistola Beretta. Los homicidios de Negrín y su conductor, hasta el momento, han sido catalogados como el producto de una “resistencia al robo”, en una Venezuela mexicanizada, donde las bandas también toman el control de las autopistas.

SIN RASTROS

400 personas han desaparecido en el país durante los primeros nueve meses de 2020, de acuerdo con cifras policiales conocidas extraoficialmente. El eje Distrito Capital-Miranda acumula la mayor cantidad de denuncias, con 166. Le siguen Bolívar (35), Aragua (23), Zulia (18) y Sucre (15). Todos estos estados están afectados por distintas manifestaciones de delito organizado, como la minería ilegal, el sicariato y el tráfico de drogas y de personas. Tal y como lo muestra el gráfico que acompaña esta información, los totales mensuales de denuncias fueron en ascenso durante la primera mitad del año. En julio hubo un descenso, y luego continuó la tendencia al alza. Las desapariciones han suscitado preocupación en las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, puesto que podrían ser una consecuencia de la acción de organizaciones del Estado, así como de grupos en conflicto por el control político. Las estadísticas, en todo caso, son preliminares, puesto que muchas denuncias sobre desapariciones son en realidad homicidios en los que no han encontrado los cadáveres. Así ocurrió con Neidis Josefina Chirinos, una mujer que se crió en orfanatos, y que aún adolescente se fue a vivir con Leo Duque. La joven desapareció en septiembre. Sin embargo, fue en octubre cuando se formalizaron las averiguaciones. El cadáver de Chirinos fue encontrado, desmembrado y empotrado, en el interior de una pared de la vivienda que ella y Duque compartían en Coche. Este fue el mismo hombre que intentó lanzarse al vacío mientras permanecía detenido en una oficina de Cicpc. El video de su rescate por los bomberos se hizo viral.

CAMBIO INFORMAL

Una nueva fórmula para el cambio de divisas están aplicando en algunas estaciones de servicio del Distrito Capital. Luego de que Nicolás Maduro anunciara el nuevo esquema de precios para la gasolina, se abrió una ventana de oportunidad para aquellas personas que buscan convertir dólares en bolívares y viceversa. Las operaciones son centralizadas en las cajas de estos locales. El interesado puede entregar las divisas y le simularán un pago en bolívares, a una tasa en la que ya se descuenta la comisión por el “servicio”. Según testimonios, la premura en la instauración del nuevo esquema de precios, con una gasolina llamada “subsidiada” a Bs 5000 el litro, en pocas estaciones, y en el resto el mismo hidrocarburo a $ 0,50 el litro, estimuló esta práctica. Muchos expendios de hidrocarburo han tenido que llevar una contabilidad manual, en cuadernos, y en general tratan de deshacerse cuanto antes de los bolívares. De allí que comenzaran a funcionar como casas de cambio informales. 

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Libros

Panamá es un país de enorme importancia para armar el rompecabezas del delito organizado en el hemisferio occidental. Su historia, su posición geográfica privilegiada y su sistema financiero son algunos de los factores que por años han constituido grandes atractivos para el delito de cuello blanco. El caso conocido como los Papeles de Panamá no surge por mera casualidad, sino que es el producto de una evolución institucional. A pesar de ello, la literatura de investigación sobre estos temas sigue siendo muy escasa. Uno de los últimos aportes surgió del trabajo mancomunado de los periodistas Rita Vásquez y J. Scott Bronstein. Tráfico, la frontera entre Panamá y Colombia: drogas, armas y migrantes (Ciudad de México, 2019) explora las actividades de los distintos grupos al margen de la ley, con énfasis en el área limítrofe del sur, donde el frente 53 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los remanentes de las organizaciones paramilitares, el clan Úsuga o clan del Golfo, intentan trasponer esa muralla verde conocida como el Tapón del Darién, lo que ha llevado la violencia a estos lugares, tradicionalmente habitados por poblaciones indígenas. Desde el norte, las amenazas no son menores. Según los autores, bien conocidos por su trabajo en el diario La Prensa, tanto las temibles maras como los nuevos y viejos carteles mexicanos (Jalisco Nueva Generación y Sinaloa) intentan sentar sus bases en el país. De igual forma, llegan a las grandes ciudades panameñas los capitales que han huido de Venezuela, y que han contribuido a cambiar el panorama urbano. Todos estos factores amenazan con romper un viejo equilibrio que, hasta el presente, ha preservado la gobernabilidad en Panamá. Una especie de acuerdo entre mafias que posibilitaba una vida pacífica en esos territorios. Pero eso puede cambiar. El libro de Bronstein y Vásquez debe ser visto como una radiografía y un llamado de alerta. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.

domingo, 4 de octubre de 2020

Recompensas

-El gobierno estadounidense pone cada vez más dinero sobre la mesa, para propiciar delaciones y capturas de jerarcas venezolanos. El sistema, según conocedores, se basa en ofertas públicas que incluso pueden ser litigadas

@javiermayorca

El miércoles 30 de septiembre, el Departamento de Estado de EEUU colocó en el muro de los solicitados del mundo otras dos ofertas de recompensa. Se trata de dos generales retirados de la Guardia Nacional, señalados como importantes actores de la corrupción y la negligencia que han propiciado el desastre en el sistema eléctrico del país: el mayor general Luis Alfredo Motta Domínguez y el general de brigada Eustiquio José Lugo Gómez.
Antes de presidir Corpoelec y ser investido con el título de ministro de Energía Eléctrica, Motta llegó a la posición de Comandante General de la GN. Pero la decisión de la cancillería estadounidense no se refiere a lo que pudo hacer en su vida como militar, sino a la supuesta recepción de sobornos por la asignación de contratos de la estatal eléctrica, para lo cual supuestamente contó con el concurso del general Lugo Gómez.
La oferta de recompensa indica que EEUU pagaría “hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o la condena” de alguno de estos oficiales.
Con estos dos, llegan a cinco los ex funcionarios por los que Washington ha colocado dinero sobre la mesa, solo esta semana, con la finalidad de llevarlos a los tribunales. Los otros fueron los comisarios Pedro Luis Martín (ex jefe de Inteligencia Económica del Sebin), Rodolfo Mc Turk y Jesús Itriago, respectivamente ex directores de Interpol Caracas y de Investigación de Drogas de Cicpc.
En concreto, estos exfuncionarios fueron señalados como “objetivos” dentro del Programa de Recompensas sobre Crimen Organizado Transnacional. Es la misma lista en la que colocaron al actual gobernante Nicolás Maduro; al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; a Diosdado Cabello, Tarek el Aissami, Joselit Ramírez, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá Cordones, quien hasta el momento es el único detenido, y por voluntad propia.
Según el comisario general de policía judicial Iván Simonovis (designado por Juan Guaidó comisionado para temas de seguridad) las ofertas de recompensas por solicitados datan del siglo XIX, y con el paso del tiempo han sido reguladas por leyes en EEUU.
“El principal objetivo es sencillamente motivar a las personas para que den información sobre la ubicación de alguien, o lo entreguen (…) Hoy por hoy, lo aplican con resultados en muchas partes”, explicó.
Según la Cancillería estadounidense, a través de este programa ha sido posible capturar y llevar a los tribunales a 75 personas, solicitadas por diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas, lo que ha implicado pagos que suman hasta el momento 130 millones de dólares.
Simonovis calificó de “delicados” los casos de quienes fueran sus compañeros de Cicpc (Mc Turk e Itriago) así como el de Martín.
“Tienen que ver con actividades propias de la DEA (Agencia para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés). Ellos son los que hacen mayor uso de esa herramienta. De todas las agencias, creo que el 70% de las solicitudes vienen de la DEA”, afirmó.
Con el pasar del tiempo, EEUU ha incrementado las sumas ofrecidas por las personas que solicita, y que se encuentran en el exterior. Por ejemplo, al comenzar este siglo anunciaron que pagarían cinco millones de dólares por Fabio Ochoa, quien llegó a traficar drogas con el clan de los Galeano y los Moncada, del cartel de Medellín. La misma cantidad colocaron sobre la mesa por las cabezas de numerosos integrantes del cartel del Norte del Valle.
Las cantidades ofrecidas ahora por las capturas de venezolanos como el mayor general (Ejército) Hugo Carvajal y el comisario Pedro Martín son las mismas a entregar por la detención de Nemesio Mencho Oseguera Cervantes, señalado líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las dos estructuras que lidera actualmente el tráfico de drogas en México.

Leer la letra chiquita

El pago de recompensas por capturas en casos de drogas que involucraban a personas en Venezuela data de los años ochentas del siglo XX. El primero del que se tuvo conocimiento involucró a una hermosa mujer, conocida como la mariposa o colibrí, la colombiana Marlene Navarro, señalada como cabecilla de un grupo de traficantes en el que también participaba Carlos Jader.
En 1986, luego de una investigación encubierta, Navarro fue detenida en Caracas y enviada a EEUU en un jet que partió de La Carlota, según el relato de David McClintick, Operación Pez Espada. Para eludir cualquier control de última hora en ese aeropuerto, la mujer fue trasladada en la bodega de la aeronave, en una jaula para perros.
Treinta y cuatro años después, las ofertas de recompensa se anuncian públicamente en la web. Pero no está claro cuál es el mecanismo aplicado para decidir qué dato amerita una recompensa y cuál no. Para este trabajo, se hizo una solicitud de información a la representación diplomática de EEUU. Pero no se obtuvo respuesta. Sin embargo, el abogado especialista en casos penales de lavado de dinero, Michael Díaz, recomendó leer con detenimiento las notas oficiales, de ser posible en su idioma original.
“Estas son ofertas públicas, y por lo tanto se debe estudiar las palabras que han usado. Es como un contrato o una oferta comercial. En este caso, el país hizo esa oferta por información que conduzca a la captura. Que sea clara y útil. Pero no que la misma persona haga la captura”, detalló.
Díaz participó como mediador en el reclamo de la recompensa de cinco millones de dólares, ofrecida por el gobierno peruano por la detención del ex jefe de inteligencia de ese país, Vladimiro Montesinos. La captura se llevó a cabo en Venezuela. Una acción en la que, por cierto, participó el entonces general de brigada Luis Motta Domínguez.
Según este abogado, los procesos de entrega de recompensas generalmente se desarrollan en forma discreta. No hay fotopose cuando el cheque es otorgado al ganador. Sin embargo, es posible que surjan litigios cuando algún informante se siente menospreciado.
“Cuando un país soberano hace una oferta de estas magnitudes, y EEUU lo es, se condiciona a que no tiene inmunidad. Esta es una legislación vigente. Y por lo tanto, el Estado puede ser llevado a los tribunales”, señaló.

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Breves

ESTUDIANTES CON FAMILIAS

Una de las instituciones más impactadas por el progresivo aislamiento internacional del país ha sido la Fuerza Armada. Antaño era usual el envío de contingentes de cada fuerza a distintas partes del mundo, para continuar sus procesos de formación acordes con el desarrollo de las carreras de cada oficial, y las áreas de interés del cuerpo castrense. Quien esto escribe conoció oficiales de la GN y de la Armada que hablaban tres idiomas de forma fluida, gracias a esas estadías en el extranjero. Este año, la Unión Europea intentó retomar la formación de oficiales, específicamente de la Guardia Nacional, en asuntos estrictamente ligados a seguridad ciudadana. Sin embargo, de acuerdo con un documento recientemente conocido, China y Rusia son los países que han recibido a la mayor cantidad de militares activos. Al revisar el tema central de los cursos, destaca lo relacionado con asuntos informáticos (“ciencias de la computación”) y aeroespaciales. El único país de Europa occidental que da alguna formación a efectivos de la FAN es España, pero en asuntos nada relacionados con cuestiones militares. Entre todos, apenas llegan a 30 uniformados. Una élite. Y la mayoría de ellos ha viajado con sus respectivas esposas e hijos.

ELN ACAMPA Y AMENAZA

Durante la celebración de la última sesión de la subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional, el diputado por Apure Luis Lippa denunció que el Ejército de Liberación Nacional habría instalado seis campamentos entre El Amparo y La Victoria. En cada uno estarían alojados cincuenta guerrilleros. Esto ha ocasionado el progresivo desplazamiento de los productores agrícolas y pecuarios que se niegan a pagar las extorsiones. Según el parlamentario, esta información es manejada por el régimen. Simultáneamente, indicó Lippa, los irregulares están visitando a los presidentes de los centros de votación que funcionarán en las próximas elecciones parlamentarias “para que sepan hacia dónde van a votar”.

UN GUIÑO A BACHELET

Desde el exilio, la hermana del capitán de navío Luis de la Sotta, Molly de la Sotta, reveló que el régimen preparó la escena para que algunos detenidos en la central de Contrainteligencia Militar fuesen entrevistados por enviados de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Indicó que el oficial, ex comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada (Turiamo), en los días previos a esa entrevista (12 de septiembre) fue sacado a un patio interno para que se asoleara, y también le permitieron ducharse tres veces a la semana, lo que en ese lugar es aparentemente algo inusual. En los días posteriores a ese sábado, tanto él como el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa fueron confinados, y las cosas volvieron a ser como antes. Ahora, sin embargo, en la sección donde ellos permanecen día y noche no hay aire acondicionado. Según Molly de la Sotta, el Gobierno hizo una concesión al permitir las visitas de la ONU a Dgcim y Sebin para posibilitar la permanencia del grupo de Bachelet en el país, y de esa manera guardar ciertas formas ante la comunidad internacional. 

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Tres preguntas a… Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas


1.-¿Para la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, los colectivos son actores o grupos armados no estatales?
Este punto necesita más investigación. Son actores no estatales, pero en el análisis de casos, mencionamos la información sobre la cooperación entre fuerzas estatales y algunos colectivos. Pero es algo en lo que se debe profundizar. Las personas alegan que en las protestas las muertes fueron provocadas por colectivos, y que el Estado no intervino. La investigación sobre grupos paraestatales es difícil y requiere de más tiempo. Al final, tuvimos cinco o seis meses de investigación concreta.

2.-¿Ustedes llegaron a detectar la presencia tantas veces denunciada de agentes extranjeros, como cubanos o rusos, que participaban en las torturas a opositores, o que asesoraban a los torturadores?
Por la naturaleza de nuestro mandato, nos enfocamos en la investigación de las actuaciones de miembros de fuerzas del Estado. Eso determinó un enfoque, más que en la actuación de otros actores. No se documentó la actuación de extranjeros.

3.-¿Cómo evalúan la influencia del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, capitán Diosdado Cabello, en la represión a los opositores, tomando en cuenta que él no figura en ninguna cadena de mando?
A él se le menciona en varias declaraciones. Para determinar su posible contribución a crímenes de lesa humanidad se requiere más investigación, mientras que con otros llegamos más directo. El no está en ninguna cadena de mando. Pero tiene relevancia de distintas formas. Hay otras formas de responsabilidad penal que se ajustan a personas que hacen “contribuciones esenciales” a un plan común cuyo resultado es el de crímenes de lesa humanidad. En los casos de la ex Yugoeslavia y en Ruanda se penó a los que tuvieron “contribución esencial”. Sobre esto, no hemos llegado a conclusiones más fuertes pues no recopilamos información.

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Libros

Para los venezolanos, México y los mexicanos son referencia en muchos aspectos. Las similitudes entre el país azteca y el suramericano son muchas. Ambos, por ejemplo, son economías de base petrolera, que tuvieron o han tenido a Estados Unidos como socio principal en cuanto al intercambio de crudo por bienes y servicios. Ambos, además, atraviesan procesos de violencia estimulados por el flujo de dinero procedentes de la corrupción y las distintas actividades del delito organizado. En México, sin embargo, las estructuras al margen de la ley han logrado un desarrollo superior, luego de adueñarse de las rutas para la droga producida en los países andinos, así como la fabricada en su propio territorio. Por eso es importante llevar el pulso al devenir de esa particular relación entre los grupos delictivos y el estado mexicano. Mucho de lo que allá se hace tiene consecuencias en la seguridad ciudadana de los venezolanos. El libro de Jorge Hernández Meléndez, La nueva guerra, del Chapo al fentanilo (Ciudad de México, 2020) analiza la evolución de este proceso, con especial énfasis en lo sucedido desde la captura y extradición de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y el cambio percibido en los patrones de consumo de drogas en el mercado estadounidense, donde según el autor el fentanilo se ha convertido en la droga de moda, gracias a su poder narcótico cien veces mayor que el de la heroína, y la relativa facilidad para su fabricación y distribución.  Este libro entró en imprenta en junio, cuando ya se avizoraba además un reacomodo de los carteles y otros grupos de delincuencia organizada a propósito de la cuarentena por el Covid-19. Son procesos que, según el periodista mexicano, han consolidado la posición cimera de los carteles de Sinaloa o del Pacífico, comandado por Ismael Zambada, el Mayo, luego del envío del Chapo a EEUU, y del Cartel Jalisco Nueva Generación, regido por Nemesio Oseguera, el Mencho, a pesar de ciertas disputas intestinas que probablemente darán de qué hablar en el futuro inmediato. En ambos casos, indica Hernández, una parte importante de la cocaína manejada proviene de Venezuela, tras recorrer la tradicional ruta centroamericana. Luego de estas dos grandes organizaciones, hay otras ochenta que han logrado mayor o menor crecimiento en el territorio mexicano, y que han extendido sus tentáculos más allá de las fronteras. Es el caso de la Unión Tepito, una banda que cobró fama gracias al asesinato de venezolanas que fueron reclutadas a través de una página web para que hicieran servicios de acompañantes o escorts. La situación de seguridad en México no pinta nada bien, a juzgar por los datos aportados por este autor. En su análisis, el gobierno de López Obrador pareciera haber pactado de manera informal una suerte de pax mafiosa con estas organizaciones, guiado por la creencia de que así mitigará la violencia homicida. No obstante, lo que asoma en el horizonte es un recrudecimiento de las disputas por el control de territorios y, en fin de cuentas, una “pérdida de control” y de gobernabilidad que muy probablemente impactará a otros países. La obra de Hernández es un buen análisis de coyuntura periodística, de esos que hacen falta por estas latitudes. Puede ser adquirida en formato electrónico.

Para comunicarse con el autor de esta columna, puede escribir a través del formulario de esta página, o al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, y recibirá oportuna respuesta a sus planteamientos.