domingo, 18 de octubre de 2020

Ley de sastre

-La Ley Constitucional Antibloqueo es una norma hecha a la medida para otorgarle a Maduro un amplio margen de maniobra, disponer sin cortapisas del erario público y favorecer el regreso de los fondos de la “boliburguesía”

@javiermayorca

El último acto en agenda de la Asamblea Nacional Constituyente, con la forma de una “ley constitucional”, paradójicamente le confirió a Nicolás Maduro la potestad de “inaplicar” las leyes que considere según su propia conveniencia.
Es el paraíso del político en posiciones de poder: gobernar sin poner atención a eso que llaman “el imperio de la ley”.
No bastó la emergencia económica, que ya tiene más de tres años, ahora complementada por una “alarma nacional” impuesta desde marzo con el pretexto de la pandemia. Era necesario darle más poder al Gobierno.
De allí que el texto aprobado por la ANC establezca en su artículo 19 que el Ejecutivo “procederá a inaplicar, para
casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya
aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia
de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva
unilateral u otra medida restrictiva o punitiva”.
Para el ex juez Jesús Ollarves, esto raya en la locura.
“Si antes decíamos que había un déficit en cuanto al estado de derecho, ahora podemos decir que hay un andamiaje seudolegal que le permite al régimen de Maduro quitarle vigencia y efectividad a cualquier norma del ordenamiento jurídico venezolano”, advirtió.
Según este docente y especialista en derecho internacional económico, la Ley Antibloqueo posibilita que el régimen disponga del erario público en medio de la clandestinidad, puesto que todas las informaciones y documentos relacionados con estas transacciones serían clasificadas como secretas o confidenciales, y divulgarlas podría constituir un delito.

Cortesía runrun.es
Atraer a la economía gris

Debido a las sanciones implantadas a través del Departamento del Tesoro estadounidense, y en menor medida por la Unión Europea y algunos países en forma individual, como Canadá y Suiza, los capitales internacionales evitan cualquier negociación con entidades del Estado venezolano, aún si se trata de vender alimentos o medicinas.
A la vuelta de apenas cinco años, invertir en Venezuela se ha convertido en una operación en extremo azarosa. Solo los iraníes se aventuran a abrir un automercado en el país, y los traders internacionales ya no se retratan con la gente de Maduro, no vaya a ser que terminen perseguidos y encarcelados en una remota isla africana, como el colombiano Alex Saab. No importa si son enviados del Gobierno dotados de pasaportes diplomáticos.
Aún así, de acuerdo con el analista de riesgos emergentes Alberto Ray el régimen de Maduro ha logrado mitigar en lo interno las consecuencias políticas de la presión internacional, y ahora se encamina hacia una fase de “estabilización”.
Pero los capitales de Rusia, China y Turquía no han sido suficientes, y según Ray tampoco necesitan de un instrumento como el aprobado por la ANC.
Esta ley, entonces, tiene otro “público”.
La idea, según este analista, es atraer a Venezuela recursos, en apariencia extranjeros, pero que realmente pertenecen a inversionistas nacionales.
“Es dinero oscuro, en apariencia asociado a estos aliados del régimen, para comprar a precios baratísimos, por no decir regalados, algunas industrias venezolanas. Pero es una ley para proteger al chavismo y a sus amigos, para que metan sus reales en el país”, afirmó.
Es difícil calcular el monto de los capitales que han salido del país por medios ilegales, y que podrían retornar mediante la aplicación de esta ley. Un reporte de Global Financial Integrity, presentado en marzo de este año, calcula en 8,46 millardos de dólares anuales en promedio la brecha entre los valores reales y los declarados para los bienes que fueron importados a Venezuela entre 2008 y 2017. Según los autores del reporte, este es uno de los indicadores más sólidos para acercarse al flujo de fondos ilícitos de un país a otro. Pero no es el único. Serían en total más de 76,1 millardos de dólares, los cuales en su mayoría se encuentran en manos de particulares que pudieron beneficiarse de la bonanza petrolera de principios de siglo, y que conformaron la clase llamada “boliburguesía”.
En esta misma línea, el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) Carlos Tablante, adelantó que Venezuela se aproxima a un proceso de “privatización salvaje”, mediante el cual serán entregadas a elementos cercanos al régimen “las pocas áreas que aún se pueden exprimir de la economía”.
“La comercialización de combustibles está en la mira, como uno de los objetivos de primera importancia”, advirtió.
Tablante cree que esta ley también será utilizada para “tentar” a algunos sectores empresariales que hasta el momento han sido hostiles o fríos ante las propuestas del régimen, con la perspectiva de llevar a cabo “negocios rápidos, sin controles y con extraordinarios márgenes de ganancia”. Esto incluye el oro del Arco Minero.

Negocios crípticos

El artículo 32 del texto aprobado por la ANC hace referencia a la posibilidad de “proteger las transacciones” llevadas a cabo por el Ejecutivo mediante la creación e implementación de “cualquier mecanismo financiero (…) incluyendo el uso de criptoactivos e instrumentos basados en tecnologías de cadenas de bloques”, también conocidas como blockchains.
Esta disposición coloca enorme importancia en el uso de las monedas virtuales, una actividad que en el país es vigilada por la Superintendencia Nacional de Criptomonedas. Su máximo exponente, Joselit Ramírez Camacho, ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro. Recientemente, además, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita ubicarlo.
Desde 2018, cuando arreciaron las sanciones de EEUU, el régimen ha promovido el uso de las criptomonedas, al punto que puso sobre la mesa el Petro. Sin embargo, de acuerdo con Ray, Maduro no ha tenido éxito en este campo pues este criptoactivo “no es convertible”.
A pesar de todo, el régimen insiste en moverse en este campo.
“Venezuela es el país con más transacciones en criptomonedas en Latinoamérica. Es la manera más fácil y directa que tiene el régimen para mover dinero por el mundo. El secretismo de la Ley (Antibloqueo) y el anonimato de las criptos se potencian en este caso”, dijo. 

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Breves

ESTAFA EN BOGA

La estafa es uno de los pocos delitos que ha incrementado sus cifras absolutas durante 2020 con respecto al año anterior. Hasta el mes de septiembre, las autoridades habían recibido y procesado 7005 denuncias sobre timos de toda naturaleza, así como de sus delitos conexos, como pueden ser la suplantación de identidad, forjamientos de documentos, etc. Estos son llevados a cabo con la finalidad de “perfeccionar” el engaño y obtener una ganancia económica. Según cifras conocidas extraoficialmente, en los primeros nueve meses de 2019 fueron iniciadas 5700 averiguaciones de estafas. El incremento entonces, ha sido de 23% este año. Todo esto en un contexto de reducción general de las cifras de delitos, como consecuencia directa de la inmovilización social por la cuarentena y el éxodo a otros países, que ya supera los cinco millones de personas. La gran mayoría de los casos tiene como factor común que las víctimas son captadas a través de las redes sociales, mientras pasan largas horas expuestas a todo tipo de contenidos por internet. La web también ha servido como medio para las fases preparatorias de otros delitos, estos más violentos, como asaltos y secuestros. En septiembre, por ejemplo, Cicpc procesó la denuncia sobre el plagio de tres personas (dos hombres y una mujer) cautivas de una banda del sector Parosca, municipio Lander del estado Miranda, cuando fueron a concretar la adquisición de un camión ofrecido a través de Facebook Marketplace. Las víctimas fueron liberadas luego de pagar varios miles de dólares.

LA MUERTE DEL GENERAL

La camioneta chocó  un árbol al intentar eludir el bloqueo
Las muertes del general de brigada de la Guardia Nacional Sergio Negrín Alvarado y del sargento Deivis Eduardo Suárez Castillo fueron la consecuencia de un conjunto de hechos, que hacen pensar en la existencia de una especie de fatum trágico, al estilo de la saga cinematográfica Destino Final. Todo comenzó con la súbita destitución del general Wilmer Octavio Herrera del comando de la zona 35 de ese componente, con sede en San Fernando de Apure. Herrera apenas estuvo un par de meses en esa posición. Su remoción ocurre con posterioridad a ciertos conflictos con sectores del oficialismo local, y una serie de acciones de menor envergadura que le dieron prominencia a este oficial en los medios regionales. La resolución sobre el nombramiento de su reemplazo (Negrín Alvarado) fue emitida por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, el domingo 11 de octubre, algo totalmente inusual que evidencia una situación de premura.  Negrín entregó la jefatura del Estado Mayor del comando de zona de la GN en Zulia, y en la noche del lunes inició el viaje a San Fernando, vestido de civil junto al sargento Suárez, quien como el general hizo pasantía por el Grupo de Acciones de Comando de Macarao. En el viaje, Negrín era monitoreado por el jefe de la zona de Yaracuy, general de brigada Wolmar Guevara. Cuando se perdió la comunicación, el oficial emprendió la vía que su compañero de fuerza debía recorrer. Luego, declaró a los agentes de Cicpc que Negrín tuvo que detener su marcha en el sector conocido como Alpargatón, al toparse con un bloqueo en la vía, colocado por delincuentes del sector. De acuerdo con una versión extraoficial, el sargento intentó una maniobra evasiva, cuando recibió un disparo mortal de una escopeta calibre 12, que atravesó el cristal del puesto de piloto de la pick up Hylux. Luego, desde el mismo lugar, le dieron un tiro en la cabeza al general, que iba en el puesto del copiloto. Se desconoce si los antisociales se llevaron alguna pertenencia de las víctimas, puesto que los investigadores de Cicpc encontraron en el sitio del suceso un celular, una tableta y una pistola Beretta. Los homicidios de Negrín y su conductor, hasta el momento, han sido catalogados como el producto de una “resistencia al robo”, en una Venezuela mexicanizada, donde las bandas también toman el control de las autopistas.

SIN RASTROS

400 personas han desaparecido en el país durante los primeros nueve meses de 2020, de acuerdo con cifras policiales conocidas extraoficialmente. El eje Distrito Capital-Miranda acumula la mayor cantidad de denuncias, con 166. Le siguen Bolívar (35), Aragua (23), Zulia (18) y Sucre (15). Todos estos estados están afectados por distintas manifestaciones de delito organizado, como la minería ilegal, el sicariato y el tráfico de drogas y de personas. Tal y como lo muestra el gráfico que acompaña esta información, los totales mensuales de denuncias fueron en ascenso durante la primera mitad del año. En julio hubo un descenso, y luego continuó la tendencia al alza. Las desapariciones han suscitado preocupación en las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, puesto que podrían ser una consecuencia de la acción de organizaciones del Estado, así como de grupos en conflicto por el control político. Las estadísticas, en todo caso, son preliminares, puesto que muchas denuncias sobre desapariciones son en realidad homicidios en los que no han encontrado los cadáveres. Así ocurrió con Neidis Josefina Chirinos, una mujer que se crió en orfanatos, y que aún adolescente se fue a vivir con Leo Duque. La joven desapareció en septiembre. Sin embargo, fue en octubre cuando se formalizaron las averiguaciones. El cadáver de Chirinos fue encontrado, desmembrado y empotrado, en el interior de una pared de la vivienda que ella y Duque compartían en Coche. Este fue el mismo hombre que intentó lanzarse al vacío mientras permanecía detenido en una oficina de Cicpc. El video de su rescate por los bomberos se hizo viral.

CAMBIO INFORMAL

Una nueva fórmula para el cambio de divisas están aplicando en algunas estaciones de servicio del Distrito Capital. Luego de que Nicolás Maduro anunciara el nuevo esquema de precios para la gasolina, se abrió una ventana de oportunidad para aquellas personas que buscan convertir dólares en bolívares y viceversa. Las operaciones son centralizadas en las cajas de estos locales. El interesado puede entregar las divisas y le simularán un pago en bolívares, a una tasa en la que ya se descuenta la comisión por el “servicio”. Según testimonios, la premura en la instauración del nuevo esquema de precios, con una gasolina llamada “subsidiada” a Bs 5000 el litro, en pocas estaciones, y en el resto el mismo hidrocarburo a $ 0,50 el litro, estimuló esta práctica. Muchos expendios de hidrocarburo han tenido que llevar una contabilidad manual, en cuadernos, y en general tratan de deshacerse cuanto antes de los bolívares. De allí que comenzaran a funcionar como casas de cambio informales. 

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Libros

Panamá es un país de enorme importancia para armar el rompecabezas del delito organizado en el hemisferio occidental. Su historia, su posición geográfica privilegiada y su sistema financiero son algunos de los factores que por años han constituido grandes atractivos para el delito de cuello blanco. El caso conocido como los Papeles de Panamá no surge por mera casualidad, sino que es el producto de una evolución institucional. A pesar de ello, la literatura de investigación sobre estos temas sigue siendo muy escasa. Uno de los últimos aportes surgió del trabajo mancomunado de los periodistas Rita Vásquez y J. Scott Bronstein. Tráfico, la frontera entre Panamá y Colombia: drogas, armas y migrantes (Ciudad de México, 2019) explora las actividades de los distintos grupos al margen de la ley, con énfasis en el área limítrofe del sur, donde el frente 53 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los remanentes de las organizaciones paramilitares, el clan Úsuga o clan del Golfo, intentan trasponer esa muralla verde conocida como el Tapón del Darién, lo que ha llevado la violencia a estos lugares, tradicionalmente habitados por poblaciones indígenas. Desde el norte, las amenazas no son menores. Según los autores, bien conocidos por su trabajo en el diario La Prensa, tanto las temibles maras como los nuevos y viejos carteles mexicanos (Jalisco Nueva Generación y Sinaloa) intentan sentar sus bases en el país. De igual forma, llegan a las grandes ciudades panameñas los capitales que han huido de Venezuela, y que han contribuido a cambiar el panorama urbano. Todos estos factores amenazan con romper un viejo equilibrio que, hasta el presente, ha preservado la gobernabilidad en Panamá. Una especie de acuerdo entre mafias que posibilitaba una vida pacífica en esos territorios. Pero eso puede cambiar. El libro de Bronstein y Vásquez debe ser visto como una radiografía y un llamado de alerta. Este libro puede ser adquirido en formato electrónico.

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